Reforma de Justicia Penal

Proceso lesgislativo; reforma de Justicia Penal

Versión estenográfica, jueves 6 de marzo de 2008:

EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, queda de primera lectura.
Pasamos ahora a la segunda lectura a un dictamen de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda relativo a la Supresión de un párrafo en el artículo 16 del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Debido a que el dictamen se encuentra en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
-Sí se omite la lectura, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias.
Antes de darle con mucho gusto la palabra a la senadora Rosario Ibarra, que presentará una moción suspensiva sobre el tema, sí quisiera informar a la Asamblea que por tratarse de un dictamen que solamente contiene la supresión de un párrafo a una artículo del decreto ya aprobado por ambas Cámaras, la discusión se llevará a cabo en lo general y en lo particular en un solo acto.
En consecuencia tiene la palabra la senadora Rosario Ibarra de Piedra, para presentar una moción suspensiva a la discusión del proyecto de dictamen.
-LA C. SENADORA MARIA DEL ROSARIO YBARRA DE LA GARZA: Señoras y señores senadores, antes de empezar y con el permiso de la presidencia, quiero pedir una disculpa de algo que de lo cual no tengo culpa.
Allá afuera había un grupo de gente del Frente Nacional Contra la Represión protestando contra esta ley precisamente, que es muy agresiva. Y había un infiltrado, un señor indigente, me explicaron los compañeros del Frente, que agredieron verbalmente a la senadora María de los Ángeles Moreno, al senador Creel, al señor senador también, y a varios otros; pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con quienes mantenemos algo que tiene que ser así, resistencia civil pacífica y la discusión en términos razonables con todos. Pido la disculpa a quienes resultaron agredidos por aquello de que cuando paso por allí empiezan a gritar Rosario y eso es como si fuera mi firma. Y probablemente alguien se está encargando de querer hacerme daño, como sucedió en Zimapán, en donde me atribuyeron unas declaraciones contra un diputado del PRD, que yo jamás hice, porque es mi entrañable amigo desde hace muchos años. Gracias.
-EL C. SENADOR GONZALEZ MORFIN: Yo agradezco mucho la intervención de la senadora Rosario Ybarra. Y bueno, todos la conocemos y sabemos que ella por supuesto que no tuvo nada que ver con esos hechos. Gracias senadora.
-LA C. SENADORA MARIA DEL ROSARIO YBARRA DE LA GARZA: Moción suspensiva. Sobre la discusión de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal y de justicia.
El pasado martes 26 de febrero en la Cámara de Diputados fue aprobada la minuta que devolvió el Senado de la República sobre modificaciones al dictamen sobre reformas constitucionales en materia penal y de justicia.
La discusión en la Cámara baja podría versar únicamente sobre las modificaciones que se realizaron en el Senado de la República, en donde se modificó el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional en el proyecto de dictamen.
Sin embargo la Cámara de Diputados suprimió la totalidad del párrafo VII de dicho numeral cuando en el Senado lo único que se modificó fue una parte del mismo párrafo.
Con tal supresión se viola lo dispuesto por el artículo 72 constitucional en su inciso e) donde se señala que cuando un proyecto se ha devuelto a la Cámara de origen por modificaciones realizadas por la revisora, la discusión sólo podrá versar sobre lo modificado y no sobre… aprobó por ambas Cámaras.
La razón de tal disposición, la “ratio”, como dicen los abogados, es que los debates sobre cuestiones suficientemente discutidas no se prolonguen indefinidamente ni lo que ya se aprobó se debata de manera ociosa. Lo que se busca evitar es precisamente en lo que estamos incurriendo.
Al agravio sustancial que representaba la materia de la reforma a las libertades públicas, ahora agregamos la violación de la más elemental lógica parlamentaria, subvirtiendo los principios más básicos del proceso legislativo.
Mas oprobioso para las formas parlamentarias es el hecho que la Cámara de Diputados ha publicado en varios medios de comunicación la reforma como un hecho consumado, cuando el proceso legislativo se encuentra aún lejos de culminar, desdeñando incluso que la discusión se realiza todavía aquí en esta soberanía.
Así la minuta que se discute está viciada de inconstitucionalidad por su deficiente tramitación. No podemos ni debemos permitir que reformas tan trascendentales para la sociedad sean aprobadas de modo tan desaseado, destrozando las formalidades que se exigen para su tramitación. Pésimo precedente sentaríamos legislando como lo dicte el apremio de intereses de grupo y no como lo orden la propia Constitución. Es por eso que los senadores que suscribimos la presente moción proponemos que se suspenda la discusión de la minuta que envía la Cámara de Diputados, se reponga el procedimiento legislativo para que se realice tal y como lo mandata nuestra ley fundamental y no convalides subterfugios parlamentarios que en verdad agravian terriblemente la función legislativa ante la sociedad que representamos.
Por lo expuesto, fundado a esta asamblea se propone.
Único.- Se suspende la discusión de la minuta que envía la Cámara de Diputados, se reponga el procedimiento legislativo para que se realice tal y como lo ordena nuestra ley fundamental desde el momento en que se metió el vicio procedimental, señalado en esta moción y vuelva a discutirse su contenido hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Está suscrito por varios diputados, cuyos nombres no tengo en su totalidad, pero el presidente tiene ya esta moción con los nombres de, creo que son casi 20 senadores los que han firmado.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias a usted, senadora. Efectivamente aquí está la moción presentada en los términos del reglamento. Y voy a pedir, antes que nada consultar a la asamblea si hay algún orador inscrito o se quiere inscribir para impugnar la moción suspensiva. De no ser así, voy a pedir a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica… Sí, senador Pablo Gómez, ¿dígame? Sonido en el escaño del senador Pablo Gómez.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ (Desde su escaño): Solicito una votación nominal.
-EL C. PRSIDENTE GONZALEZ MORFIN: ¿Hay algunos otros senadores que lo apoyen. Gracias.
En consecuencia, voy a pedir se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para tomar la votación sobre si se admite o no en este momento la moción suspensiva, en el entendido de que el sí es porque se admite la moción suspensiva y el no es porque se rechace.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Señor presidente, informo que de acuerdo al sistema de votación hubo 60 votos en contra; 25 en pro. Por lo tanto, no se toma en consideración la moción suspensiva.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión el dictamen. Informo a la asamblea que para hablar en contra se han inscrito los senadores Ricardo Monreal y Pablo Gómez; y para hablar a favor se han inscrito los senadores Ulises Ramírez y Alejandro González Alcocer.
En consecuencia, tiene la palabra para hablar en contra el senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Gracias, ciudadano presidente. Como ustedes saben, este tema es trascendente para la vida del país…
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Me permite un segundo, senador. Ruego a los presentes, a todos los compañeros y compañeras senadores nos ayuden guardando silencio para poder escuchar a nuestros compañeros que hacen uso de la palabra y también a quienes no son senadores que nos ayuden despejando los pasillos para que el murmullo no se oiga tanto. Adelante, senador.
-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Gracias, ciudadano presidente. Decía que este proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy importante para la vida del país; es muy importante para preservar las garantías individuales; y es muy importante para seguir viviendo en un régimen de libertades.
Sin embargo, esta ocasión debemos recordar los antecedentes de lo que hoy discutimos.
Nosotros nos hemos inscrito en contra de esta reforma, de este proyecto de decreto por distintas circunstancias.
Como ustedes saben, recordarán que el 12 de diciembre la Cámara de Diputados envió a esta colegisladora el proyecto de decreto que hoy se discute de nueva cuenta.
En esa ocasión, un día después, de manera muy rápida el Senado modificó dos párrafos: se eliminó el párrafo décimo del proyecto en el que se establecían las facultades del Procurador General de la República para tener acceso directo a documentación de carácter fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y toda la que tuviere el carácter de reservado y confidencial.

Este párrafo por fortuna fue eliminado, y también se modificó el párrafo undécimo eliminándose las palabras de información o conocimiento de cómo parte de las hipótesis que autorizaban a la policía para ingresar a un domicilio particular sin autorización judicial ante la exigencia de una amenaza inminente a la vida o la integridad de las personas.
Estos dos párrafos modificados fueron regresados a la Cámara de Diputados, cámara de origen; sin embargo la Cámara de origen, desde nuestro punto de vista, incurrió en un error de procedimiento. La Cámara de origen debió sólo de haber aprobado o desechado las modificaciones que se hicieron por la Colegisladora de acuerdo con el 72 Constitucional.
No fue así, y en esta parte queremos decir que nos allanamos, no obstante señalar con énfasis que el procedimiento implementado es erróneo, es atípico, es incorrecto. De acuerdo con el 72 de la Constitución la Cámara de origen debió de haber discutido sólo sobre éstos dos párrafos a los que he dado lectura y referencia, y que la Cámara incurrió en un exceso al omitir y eliminar otro párrafo con el que, repito, estamos de acuerdo y nos allanamos.
Incluso aquí en la discusión del 13 de diciembre por la noche, ya muy tarde, planteábamos esta modificación, no hubo oídos para modificarla, y aquí por la mayoría del PRI, del PAN, se autorizó tal y como venía de la Cámara de origen este artículo 16 Constitucional, incluyendo el undécimo párrafo del mencionado artículo.
La hipótesis jurídica a la que me refiero y que fue eliminada por la Cámara de Diputados dice lo siguiente: la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se está persiguiendo materialmente al inculpado en los términos del párrafo IV de este artículo, debiendo de informar de inmediato a la autoridad competente.
Esto fue eliminado y, repito, nos alegra, porque fue la presión de las ONGS, de estudiosos del derecho, de académicos y de personas vinculadas con la defensa de los derechos humanos lo que hizo posible que en Cámara de Diputados, a pesar del defectuoso y atípico procedimiento parlamentario que se siguió, a pesar de eso nosotros celebramos que se haya eliminado el undécimo párrafo del 16 Constitucional con el contenido al que he hecho referencia.
Sin embargo, también debemos advertir otras cosas, esta reforma que ha sido discutida en los últimos meses en distintos foros contiene graves retrasos, contiene una regresión en materia de protección de garantías individuales y derechos humanos, es una reforma incompleta, es una reforma totalmente persecutoria de los derechos de los ciudadanos y de los individuos de este país, y voy a fundamentar mi aseveración y mi dicho:
Primero, uno de los temas que más indignación ha causado en la población nacional es el tema del arraigo, el arraigo que ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional, el arraigo es precisamente el secuestro de las personas hasta por 80 días. Esta reforma prácticamente constitucionaliza esta arbitraria detención por la policía, este arbitrario secuestro, es un secuestro de los ciudadanos hasta por 80 días.
El otro tema que no se eliminó y que se mantiene en la redacción de esta reforma es el relativo a la ambigua, inexacta y absurda definición de lo que es la delincuencia organizada, que va a prestarse a interpretaciones indebidas y sobre todo acusaciones políticas de personas vinculadas con movimientos sociales, eso lo vamos a ver en el futuro lamentablemente.
Y el otro tema es el relativo a la extinción de dominio. Algunos como justificación han señalado que esta fue propuesta del Distrito Federal, que fue propuesta de algunos senadores del PRD; debo de advertir que dentro del Grupo Parlamentario del PRD en efecto hay opiniones distintas, algunos piensan que es correcta, nosotros pensamos que no, porque viola precisamente el principio de la presunción de inocencia. Es decir, a partir de la aprobación de esta reforma y después de que por el Constituyente permanente se ha aprobado en los estados, se podrá acusar de delitos de delincuencia organizada a tres personas, privarles de su patrimonio sin que exista una sentencia firme de un juez competente.
También el otro tema delicado es la extradición, renunciamos a nuestra soberanía, a partir de la aprobación de esta reforma por el Constituyente Permanente podrán los países, con los que hemos suscrito de alguna manera convenios de extradición, solicitar a personas vinculadas con el crimen organizado para que sean juzgadas antes que en este país donde pudo haberse cometido el delito por el cual se le está procesando.
Es decir, nuestro país, la autoridad jurisdiccional renuncia a ser quien procese a los presuntos delincuentes para enviarlos a otros países y sean juzgados y condenados en aquel, también el tema de las detenciones arbitrarias, y otros más.
Yo quisiera decirles a los senadores que deberíamos reflexionar en torno a lo que se está haciendo. Le quiero solicitar al Presidente de la Mesa Directiva, por favor integre y plasme completa la intervención que había preparado para el efecto, pero que obviamente las condiciones de la Asamblea no permiten dar lectura y casi no acostumbro hacerlo, pero lamentablemente en estos tema se ha dejado pasar una gran oportunidad para poder propiciar un sistema acusatorio más moderno, y se han dejado instituciones caducas, se ha regresado en materia de garantías individuales, habrán de cometerse multiplicidad de abusos.
Ya en este momento el Ejército en la calle está siendo señalado lamentablemente por multiplicidad de factores y por muchos sectores de la población, de los abusos que se están cometiendo en el allanamiento de morada, en abusos de autoridad, en cateos sin orden judicial, lo que está pasando en Michoacán, lo que está sucediendo en Baja California, lo que está sucediendo en Chihuahua, en varias partes del país. Y esto es el inicio.
Porque el haber suprimido este párrafo que ahora es motivo de este proyecto de decreto, es un avance muy importante para que en la Constitución como Carta Magna nuestra, no se hubiera establecido este precepto. Me parece que fue importante.
Sin embargo, hay jurisprudencia de la Corte. Lo saben muchos estudiosos del Derecho y muchos senadores.
Hay jurisprudencia de la Corte que permiten que esto se suscite y suceda en algunas partes del país, en todo el país. Y voy a referirme y con esto concluyo.
Si bien esta Cámara revisora consideró importante que nuestra Constitución se actualizara y se ajustara a la tesis jurisprudencia, la 21/2007, que es a la que se refiere la intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial, eficacia de las actuaciones realizadas y de las pruebas obtenidas, cuando es motivada por la Comisión de un delito en flagrancia.
Es decir, que con esta jurisprudencia hay la posibilidad de cualquier autoridad de introducirse a los domicilios particulares para ejercer órdenes de cateos o para verificar distintas presunciones de delitos.
Ahora, basta una llamada anónima para poder invadir tu privacía y para poder allanar tu domicilio.
Por esa razón, ciudadano Presidente, nosotros votaremos en contra en lo general y en lo particular. Así lo hicimos el 13 de diciembre.

Hoy celebramos que se haya suprimido el undécimo párrafo del 16 constitucional. Pero no resuelve el fondo de nuestro reclamo. Y por esa razón, a pesar de estar a favor del propósito que el Senado intenta, creo que el procedimiento que se siguió fue irregular, atípico, ilegal. Y por eso nuestro voto será en contra en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto. Muchas gracias, ciudadano Presidente. (Aplausos).
- EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Monreal.
Y como lo ha solicitado, voy a solicitar –perdón por la redundancia-, voy a pedir a la Secretaría que el documento de su intervención se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
Y siguiente con el registro de oradores, tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen el senador Ulises Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
- EL C. SENADOR ULISES RAMIREZ NUÑEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Vengo a posicionar en pro el dictamen que fue discutido en el seno de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos.
Y voy a iniciar con una frase que utiliza muy frecuentemente nuestro compañero Monreal: “Es muy preocupante”, pero es muy preocupante que cuando se discute un tema, cuando se consensa un tema en el seno de la discusión que se da en las Comisiones, se llegue a un acuerdo en el fondo y en el fondo y en el procedimiento; y venir aquí a la Tribuna a desconocer lo que los mismos compañeros del PRD propusieron.
Decir también que es preocupante, que estamos exigiendo que se cumpla a cabalidad el procedimiento y lo vienen a violar.
El artículo 72, fracción e), es clarísimo. Aquí venimos a discutir solo y exclusivamente la eliminación del párrafo doceavo del articulo 16, señalar de manera contundente que todo el texto, que todo el decreto es inamovible. Se ha discutido y ahora la discusión deber versar exclusivamente sobre el párrafo que se está eliminando.
Y también debo decir, analizamos profundamente, lo discutimos con compañeros de todas las fracciones parlamentarias, con compañeros diputados y elegimos cuál fue la salida técnica que menos problema traía el dictamen. Y esa es la que se está presentando el día de hoy.
¿Y por qué estamos a favor? Primero, en el Grupo Parlamentario del PAN, señalamos que estábamos dispuestos a ir a una reforma constitucional que diera mayores facultades al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada, que diera mayores facultades a los cuerpos policíacos, al ministerio público, y lo hicimos. Pero siempre bajo la premisa de no violentar las garantías individuales de los mexicanos.
Por eso, en la historia primaria de este artículo, se eliminó lo que se refería a romper el secretario bancario fiduciario. Y también eliminamos la posibilidad como venía el párrafo de la Cámara de Diputados de que con cualquier información o conocimiento de cualquier persona, las policías pudieran irrumpir en el domicilio de cualquier ciudadano.
Estuvimos de acuerdo porque pensamos que esa posibilidad sí violentaba garantías individuales y lo modificamos. Y ahora, estamos de acuerdo en la eliminación de este párrafo por varias razones:
La primera.- Porque ha dado muestras el Congreso de que no tenemos oídos sordos a la crítica que la prensa, los especialistas y la sociedad hizo sobre este párrafo.
Y, segundo.- Porque creemos que es una necesidad impostergable del país que entre en vigor esta reforma constitucional.
Para concluir también respecto del procedimiento que es lo que se señaló aquí, tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, señalan que “cuando hay errores de procedimiento en discusiones, en reformas constitucionales, se le ha dado mucho mayor peso a dos elementos que aquí estamos cumpliendo a cabalidad”.
Primero. Que este tipo de reformas se discutan con el quórum suficiente para poder hacerlo, como es el caso. Y,
Segundo.- Que se cumpla el requisito de que se vote con una mayoría calificada a una reforma constitucional como es el caso.
Por eso, en Acción Nacional venimos a defender el dictamen. Y lo mismo que hoy lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo para dotar, como señalé en el principio de mi intervención, de mayores facultades a los órganos del Estado para seguir esa lucha valiente que han hecho en todo el país y combatir a la delincuencia organizada.
Nosotros sí creemos que la sociedad está anhelando un cambio en el tema de la impartición de justicia y de la seguridad.
Por eso, venimos aquí a dar nuestro aval a este dictamen.
Muchas gracias, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, Senador.

Y en los términos del 102, para responder a alusiones personales, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Gracias, ciudadano Presidente.
Quiero aclararle al preopinante que yo nunca estuve de acuerdo con el procedimiento que ahora se está tratando.
Es que cuando a veces suben los de la izquierda bajan el volumen del sonido y no se escucha.
Es que allá unos compañeros de la derecha me dicen que no se oye.
- EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ (Desde su escaño): La derecha está sorda.
- EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Les comentaba que que solicite el uso de la palabra para alusiones porque de manera congruente siempre sostuve que este procedimiento que ahora se está llevando acabo para la aprobación de este paquete de reformas a la Constitución es irregular.
He sostenido siempre que la interpretación del artículo 72 constitucional, en sus párrafos, era primero que la Cámara de Diputados sólo podía discutir lo que el Senado había modificado. Ese es el trámite parlamentario, porque los demás artículos estaban aprobados por las dos cámaras, habían ya pasado el proceso bicameral, quedando pendiente el de las legislaturas estatales. Por eso niego categóricamente que haya existido un consenso para que este procedimiento se aplicara, lo niego.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con el procedimiento y por esa razón fui consecuente, y ahí están las expresiones en los medios de comunicación, lo que sostuve y lo que he sostenido hasta ahora.
Incluso ahora lo que se argumenta y lo que se alega, que escucharon y que fueron oído sensibles a los reclamos, eso no es así, porque el día 13 de diciembre por la noche aquí discutíamos una y otra vez, y concretamente pedíamos se eliminara ese párrafo, que era una barbaridad jurídica, y no hubo oídos para que se escuchara nuestra propuesta.
Aquí tengo el Diario de Debates, incluso en este particular hubo quien se atrevió a decir que especialistas en la materia penal estaban de acuerdo con la reforma que se estaba discutiendo. Mencionaron a Sergio García Ramírez, lo recuerdo muy bien, Sergio García Ramírez tuvo que escribir para señalar lo incorrecto y lo desafortunado que representa esta reforma para la sociedad mexicana.
Por esa razón yo no admito el que se diga que hubo consenso y que aquí se viene a diferir de ese consenso. En una cosa sí estoy de acuerdo y también lo he sostenido. La reforma, la modificación la supresión de este párrafo, el undécimo, en el propósito es fundamental y estamos de acuerdo en que se haya suprimido, no en el procedimiento.
Lo pudimos haber hecho aquí en el Senado de la República el día 13 de diciembre y no se quiso hacer.

Recordemos los debates que sostuvimos y los argumentos que se dieron para mantener intacto ese párrafo que la Cámara de Diputados suprimió, y me atrevo a decir, por presión de las organizaciones no gubernamentales, por presión de las organizaciones civiles, por académicos y por estudiosos del derecho, pero no por la sensibilidad de algunos que aquí votaron a favor de mantener ese párrafo undécimo el día 13 de diciembre, muy tarde, por cierto, por las dos, tres de la mañana. Muchas gracias, ciudadano presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Monreal. Y siguiendo con el orden de oradores, tiene la palabra para hablar en contra del dictamen el senador Pablo Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas senadoras, ciudadanos senadores, la primera aclaración que debo hacer es que en el proyecto que se consulta se dice que se aprueba la modificación hecha por la Cámara de Diputados, y para los efectos del artículo 135 se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. ¿Qué quiere decir para los efectos del 135? Se le envió a las legislaturas de los estados, pero entonces no debe aprobarse, debe enviarse, de aprobarse que se envíe y no someter a consideración del Senado un proyecto de decreto que ya fue votado, entonces está mal, entonces si se pone a consideración del Senado ustedes comprenderán que yo tengo que votar en contra porque voté en contra de la votación, y la Constitución no admite, en el trámite legislativo, dos votaciones, eso era en el siglo XIX cuando el Congreso era unicameral, que se votaba dos veces toda ley, pero ya no existe.
No terminamos de resolver los problemas de los más elementales procedimientos. Un Congreso mexicano que tiene desde 1822, que se hizo el primero, no había otro, no hizo nada pero había otro. ¡Qué es eso!
Hay cosas que no se entienden en México. Pero permítanme ciudadanas y ciudadanos legisladores. Tratar de hacer rápidamente un balance de esta reforma de Seguridad y Justicia, si este proyecto llegara a convertirse en texto de la Constitución el país no contará con un nuevo sistema de justicia, y tampoco contará con un nuevo sistema de seguridad pública.
Se trata de reformas que no son producto de un proyecto general de seguridad pública y justicia, sino de algo que yo pudiera calificar como pliegos petitorios de las autoridades. La autoridad necesita aprehender sin orden de aprehensión, de juez, y lo pide, se le ha dado.
La autoridad es el Ministerio Público, la autoridad policíaca quiere meterse en cualquier parte sin orden judicial, y ese fue el punto que no se le concedió. La autoridad quiere poner en la Constitución el llamado arraigo, que es el secuestro de posibles delincuentes para mantenerlos hasta por 80 días bajo interrogación e incomunicación, porque eso es lo que ocurre, y se le concede.
La autoridad pide mayores armas para lo que considera que es delincuencia organizada, y define delincuencia organizada de la manera más simple y de la manera más inexacta también. Pero supongamos que hubiera sido exacta la definición, que no fuera ambigua, sino exhaustiva, sería lo mismo.
Cualquier definición que se ponga con el propósito de suspender derechos fundamentales siempre será un abuso, un acto contra tales derechos fundamentales, y contra el constitucionalismo como instrumento de conquista de dichos derechos.
Hoy la Constitución, en su artículo 29 dice que el Congreso puede suspender garantías mediante un decreto, pero si este proyecto se aprueba la Constitución dirá que la autoridad policial, puesta de acuerdo, o sea el Ministerio Público con un juez le puede a cualquiera suspender sus garantías, a cualquiera, acusándolo de delincuencia organizada y asociándolo con otras dos personas, y diciendo: que su propósito es cometer delitos de manera continuada. Y ya.
Los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, y que son negados en la Constitución, de acuerdo con el arbitrio y la decisión de la autoridad, constituyen una regresión, un paso atrás en la lucha a favor de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, en general, esto es lo que está haciendo este proyecto.
Pero hay otras cosas más. Cuando el Estado mexicano se impone a sí mismo la renuncia de su jurisdicción para entregar a una persona sometida a proceso a otro país, está renunciando por decisión propia a uno de los elementos que constituyen la soberanía.
No se puede aceptar que el Gobierno le quite a un juez, a una persona, para mandarlo a McAllen.
Aquí en este Recinto hay muchos senadores que provienen de un partido, que se ufanaba de la defensa de la soberanía, y que puso en sus documentos básicos durante toda su historia, porque era un Partido-Estado, la defensa puntual de la soberanía. Hasta eso han olvidado.
La soberanía no es una entelequia, es una cuestión que requiere medios de acción. Y si el Estado mismo renuncia al ejercicio de sus potestades soberanas, sencillamente no tiene remedio.
Yo no estoy en contra de las extradiciones. Estoy en contra de que la extradición sea un elemento que suspenda un proceso judicial, porque todo individuo tiene derecho al proceso debido, y esta también es un derecho fundamental. Y no se le puede suspender ese derecho. Ese es el problema.
El pliego petitorio que presentaron las autoridades tiene un elemento central, un argumento central: la delincuencia organizada. Nuevas formas de delincuencia muy poderosas, que en los últimos años han venido tomando mayor importancia.
Señores: Debo decirles, y sé que no están de acuerdo porque no han analizado el asunto en el fondo, que el problema de la llamada delincuencia organizada es un problema de seguridad del Estado, no es un problema de justicia, esencialmente.
Antes de ser un problema de seguridad pública --que de repente lo es-- es un problema de seguridad del Estado.
El Estado mexicano, en sus estructuras, desde las federales hasta las municipales, en el Poder Judicial y la Procuración de Justicia, es tan débil, está tan desarticulado, es tan corrupto, tan corrupto, como en pocos países del mundo. Ha estado tan vinculado al narcotráfico y otros negocios, secuestro y demás, que la situación hizo crisis. Pero no es un problema del sistema judicial de la Constitución, es un problema del Estado mexicano, tal como opera.
Las leyes persiguen la corrupción, las leyes, teóricamente, no permiten que la policía mire hacia otro lado, prohíben recibir dinero, sobornos; prohíben la arbitrariedad del agente policiaco; prohíben también omisiones, y sin embargo, esta es la característica de la seguridad pública, de la procuración de justicia y de la administración de justicia también.
Entonces, piden los jefes de estas estructuras, a través de un pliego petitorio, que se les permita poder actuar en contravención al respecto de derechos fundamentales, y el Congreso les otorga.
No hay un reclamo del Congreso a esos aparatos. Al contrario, hay una complicidad.
¿Para poder ejercer bien su función, necesitan la arbitrariedad autoritaria? Contestan, sí, te la doy.
Pero no preguntaron, no pregunta el Congreso a estos aparatos. ¿Para ejercer bien tu función, tienes que ser probo o responsable, y tienes que actuar correctamente? No le estamos haciendo un reclamo.
El Congreso, la representación nacional no le hace un reclamo a la seguridad pública, a la procuración de justicia en la judicatura, son ellos quienes le hacen un reclamo al Congreso, y les exigen disminuir, afectar, lesionar derechos fundamentales para que ellos asuman derechos nuevos, les llaman facultades: “A título de la discrecionalidad del ejercicio de tales facultades”, eso no es más que derecho de la policía y del ministerio público, y de los jueces, hacer lo que les dé la gana. No hay un proyecto de cambio.
Hablaron de los juicios orales. Oigan, eso no es un cambio, es una técnica procesal, que por lo demás, en materia federal tiene muy poco sentido. En todo caso, en delitos del fuero común, que puede ser muy bueno, y se está estableciendo en los estados. Pero no se requiere obligar a todos los estados a hacerlo, cuando todavía no existe, ni la experiencia. Eso no es un cambio.
¿Qué cosa es, entonces, esto? Más que un pliego petitorio de autoridades ineptas y corruptas que existen en este país en materia de seguridad pública, de procuración de justicia y de impartición de justicia.
Si no se quiere reconocer esa realidad, se culpa a los narcos y a los secuestradores, y finalmente al Congreso, para que provea las condiciones que ofenden derechos fundamentales establecidos en la inmensa mayoría de las constituciones del mundo; y que son, no sólo inviolables, señores senadores, son inmodificables en la doctrina hoy predominante en el mundo sobre los derechos fundamentales. Fíjense bien lo que estoy diciendo.
Nos estamos poniendo, con estas reformas, hubiera sido peor con los de los allanamientos. Hubiera sido mucho peor.
Pero sigue siendo malo. En contra del mundo, del mundo, en materia de inviolabilidad de derechos fundamentales.
Por eso es muy grave este asunto. Y nos va a llover la crítica, en serio, muy en serio.
Lo que se está apunto de consumar en este proceso de reformas, no es un asunto secundario. Y va a penar este país como Estado; y van a preguntar, dónde está la sociedad mexicana, que permite a su parlamento ofender de esa manera derechos fundamentales, que ya se consideran invariables, invariables en el mundo.
Rebajar este país en su calidad, en materia de derechos humanos; francamente, algunos podría decir que entonces no los merecemos; yo no tengo ya mis dudas, eh…
Porque si solamente las voces nuestras, de los organismos no gubernamentales, de los académicos, del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es cualquier iniciante –termino, señor presidente— y ustedes lo conocen muy bien, esas son las que se han escuchado, ni la prensa, toda ella, hizo de esto –más excepcionalmente— un problema. La televisión, fría; la radio, a medias, que es más libre; todos en la histeria, en la histeria de la delincuencia organizada, para ir en contra de derechos fundamentales, ésa es la divisa.
Bueno, pero los sindicatos, las otras agrupaciones sociales, la patronal, todo en silencio.
No defienden derechos fundamentales inalienables e inmodificables.
Está mal este país. Es lastimoso, pero, bueno, vendrán cambios, y tendremos que volver sobre estos pasos ignominiosos, para defender causas humanas, básicas, fundamentales e irrenunciables. Gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador.
Para hablar a favor del dictamen, tiene la palabra el senador Alejandro González Alcocer.
-EL C. SENADOR ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER: (Desde su escaño) Presidente, como que no hay debate en el tema, declino. Gracias.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Alcocer.
Para hablar en contra, tiene la palabra la senadora Rosario Ybarra de la Garza.
-LA C. SENADORA ROSARIO YBARRA DE LA GARZA: La explicación de Pablo Gómez, me satisfizo, siento que tiene toda la razón y no voy a hablar sobre eso.
Solamente les voy a manifestar mi preocupación por lo que está pasando, aún cuando todavía no se aprueba esta ley.
Hoy en la mañana me hablaron de Monterrey, en la Colonia San Bernabé, una colonia pobre, del municipio de San Nicolás de los Garza, por allá, llegó la policía uniformada, la policía judicial y el ejército. En un operativo antinarco y antidelincuencia organizada.
Y que un jovencito, dijo su madre, lo dijo a la prensa, y lo dijeron por la radio, ésa que no está tan callada y tan vendida; la madre dijo que iba a comprar tortillas –el jovencito —y que en el camino se puso a platicar con dos compañeritos; tres, delincuencia organizada y se los llevó la policía.
Y después se llevaron a 154 menores, y completen el resto con adultos, sin orden, sin ningún mandato especial apegado a la Constitución, sino simplemente contra algún mandato de la policía o por la voluntad de la policía judicial uniformada y del ejército.
Y después, el otro desaguisado que tiene que ver con la corrupción –de la que hablaba Pablo Gómez— cuando iba a la familia a buscarlos, le decían: sí se lo lleva, pero se los lleva si paga 500 pesos de multa.
La corrupción, la simulación y la impunidad en este país, son tres de por hay otra amazona de la Apocalipsis, de esas que hay en estos tiempos.
Y nos asustamos mucho, ahora, de todo lo que está pasando. Pero lo fuimos dejando pasar. Nunca, nunca escuché en esta cámara, ni en la Cámara de Diputados, en ninguna de las otras legislaturas, quien protestara por el secuestro oficial.
Se asustan del secuestro de ahora. Pero no se asustaron del secuestro oficial. Cuando se llevaron a cientos de compañeros, a un arraigo, que algunos ya cumplen 34 y 35 años de arraigo, que estaban en los sótanos del Campo Militar No. 1; en las Bases Navales, que en la Base Naval de Icacos, en Acapulco, y en otros lugares.
No vamos a avanzar, si permitimos, unos secuestros, sí; y otros secuestros, no.
Y al parecer los secuestros de los narcotraficantes, los secuestros que cometen los narcotraficantes, tampoco son muy castigados. Porque salen pronto los narcotraficantes de la cárcel.
Y algunas cosas terribles de ilegalidad en este país. Me hablaron esta mañana de la cárcel de Puebla. Hay por ahí unos muchachos campesinos de la Unión Campesina Independiente, tienen nueve años encarcelados, tienen derecho a preliberación desde hace mucho, quisieron ponerse en huelga de hambre hoy; y anoche los secuestraron y se los llevaron a lugares de segregación inmundos, como lo hay en las cárceles de este país.
Entonces, creo que vamos para atrás. Que bien decía Pablo Gómez, que estamos dando pasos hacia atrás, que estamos dando saltos atávicos, cuando deberíamos de procurar que hubiera justicia.
Yo me opongo tajantemente a esa ley, porque sin orden de aprehensión, hacen muchísimas cosas.
Sin orden de aprehensión la han hecho siempre, pero ahora con permiso para llevarse a las personas sin orden de aprehensión, y con ese arraigo de 80 días, donde se les borren las huellas de la tortura, si es que les borran y no se van a la tumba con ellas.
Cuidado, compañeros senadores; cuidado, porque cualquiera de ustedes, cualquiera de sus hijos, puede caer en ese ámbito terrible de lo que es el facultar a las policías y soldados a hacer lo que no deben, a rasgar la Constitución más de lo que ya la han hecho.
Se los dice, se los digo a nombre de las madres y familiares enteros de 557 víctimas que nos falta por rescatar. Se los digo a nombre de los que han caído recientemente en Atenco, en Oaxaca, en muchísimos otros lugares del país. Y me lo pidieron las madres de Monterrey, de la Colonia San Bernabé, hoy en la mañana.
Cuidado, cuidado compañeros senadores, cualquiera de ustedes, se los garantizo, cualquiera puede ser víctima. En mi lista de desaparecidos, tengo agentes judiciales que le sirvieron a Toledo Corro; y tengo un teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, desaparecido en Ciudad Juárez en tiempo de Zedillo.
Y no ha hecho nada el Gobierno, ninguno de los presidentes. Y cuando se le preguntó a Zedillo, por los desaparecidos, tuvo el descaro de decir: hablen a Locatel.
Como para reírse. Así como le dijo a la señora que no traía “cash”.
Esas con las conciencias de quienes han gobernado este país.
No caigamos nosotros, señores senadores, en ese crimen, en ese crimen de lesa humanidad; que es permitir que se lleven a la gente a lugares que no sabemos. Y se pueden llevar a cualquiera, les repito, cuidado, recuerden que se los estoy advirtiendo.
Cuidado, cualquiera de ustedes o de sus familias, puede ser víctima de ese atraco a la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senadora Rosario Ybarra.
Habiéndose agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, y saber si el Senado de la República aprueba la supresión de un párrafo al artículo 16 constitucional.
Por supuesto, el sí es porque se apruebe la supresión del párrafo del artículo 16 constitucional; el no, es porque no se apruebe esa supresión…
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ ( Desde su escaño): Lo que está Señor Presidente, lo que está es a discusión es el dictamen,
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Así lo dije, senador, la supresión.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ (Desde su escaño): Es la supresión. Y o quisiera que quedara en el Diario de los Debates, en este momento que lo que está a discusión es el dictamen.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Sí, el Proyecto de Decreto. . .
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ (Desde su escaño): Así es.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: . . . en lo que no ha sido aprobado por el Senado queda a supresión de un párrafo, pero está a discusión, por supuesto el Proyecto de dictamen que está contenido hoy en la Gaceta Parlamentaria en sus términos.
(Se recoge la votación)
-EL C. SECRETARIO RIVERA PEREZ: Seño Presidente, informo que de acuerdo al sistema electrónico de votación se emitieron 71 votos en pro, 25 en contra.
-EL C. PRESIDENTE SANTIAGO CREEL MIRANDA: Aprobado en sus términos el dictamen el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política y los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos en lo dispuesto en el artículo 135 constitucional.