Los extraditables de Colombia

Editorial de El Tiempo, Mayo 13 de 2008

¡Se fueron!

Las imágenes de los 14 hombres de la cúpula paramilitar que sembraron el terror en vastas regiones de Colombia, cargados de cadenas subiendo la escalerilla de un avión de la DEA, serán sin duda de las más memorables entre las muchas del conflicto armado colombiano. Ver a Mancuso, 'don Berna', 'Jorge 40', 'Gordo Lindo' y otros jefes de las autodefensas extraditados a Estados Unidos es uno de esos actos del presidente Álvaro Uribe tan potentes e impredecibles como definitivos.

Los motivos citados por Uribe para adoptar la sorpresiva y drástica medida son el cúmulo de incuplimientos de los compromisos de los desmovilizados comandantes de las autodefensas adquirieron cuando aceptaron someterse a la Ley de Justicia y Paz y por cuenta de los cuales sus extradiciones estaban en suspenso. Según el gobierno había evidencia de que seguían delinquiendo desde prisión por medio de retaguardias que dejaron activas y estaban burlando a la Justicia a la hora de confesar sus crímenes y entregar sus propiedades, un proceso que llevaban a cabo a ritmo de cuentagotas. La medida despeja dudas con respecto a supuestos pactos secretos entre Uribe y los jefes paramilitares, de los que mucho se habló cuando se inició la desmovilización, pero abre al mismo tiempo interrogantes sobre aspectos centrales del proceso de Justicia y Paz, como son los de la verdad y la reparación de las víctimas.

De lo que no cabe duda es de que la medida fue bien recibida por todos los colombianos que cuestionaban que los autores de atroces crímenes y matanzas no recibieran adecuado castigo (por la Ley de Justicia y Paz habrían salido en 3 o 4 años). Aunque no sea por violación de derechos humanos, sino por narcotráfico, que es el delito que más interesa a E.U., lo previsible es que los jefes 'paras' sean condenados a largas penas en prisiones donde les resultará imposible seguir conspirando, amenazando y delinquiendo.

La medida también es un duro golpe a la estructura paramilitar, sobre la cual ejercían notoria influencia. Todo lo cual no oculta, a su vez, que esta extradición masiva revela un enorme fracaso del proceso de Justicia y Paz en lo que se refiere a los grandes jefes paramilitares. Para no hablar de la inoperancia de las cárceles, desde donde continuaban delinquiendo.

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No deja de ser un tanto incoherente que quienes antes denunciaban que Uribe no extraditaba a los jefes paramilitares por los compromisos que había adquirido con ellos, ahora lo cuestionen por hacerlo y hablen de una cortina de humo para tapar el escándalo de la 'parapolítica' y el caso Yidis. Pero, más allá de los opositores de oficio que le dan palo a Uribe porque boga o porque no boga, hay temas que inquietan. Es explicable la preocupación de las víctimas con respecto a que, con los principales jefes de las Auc en Estados Unidos, no se conozca plenamente la verdad de los innumerables crímenes que cometieron, ni haya la debida reparación.

La justicia gringa se interesa más en kilos de cocaína que en motosierras y palabras como parapolítica o reparación apenas si le preocupan, en el marco de los procesos por narcotráfico que motivaron esta extradición.

El Presidente y el Fiscal General han dicho que recibieron garantías de Washington de que fiscales del país podrán viajar a Estados Unidos e interrogar allí a los extraditados de manera amplia. Entre otras cosas, para que cuenten quiénes fueron sus cómplices en distintos sectores de la sociedad, en especial en la política. También confían en que los bienes y dineros que entreguen a la justicia norteamericana con el propósito de reducir sus penas sirvan para resarcir a las víctimas del paramilitarismo.

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Pero del dicho al hecho hay largo trecho. Más allá de las intenciones del gobierno colombiano e, incluso, de sus acuerdos con su homólogo de E.U., los jefes paramilitares quedan ahora a disposición de jueces que se caracterizan por su independencia constitucional, y a los que el Departamento de Justicia apenas si puede hacer 'sugerencias'. Y no hay que olvidar que los mecanismos de cooperación judicial de Estados Unidos con Colombia son lentos, complicados y a veces simplemente inoperantes. Para no ir lejos, en el caso de Chiquita Brands, la multinacional bananera acordó hace más de un año con el Departamento de Justicia de E.U. pagar una multa de 25 millones de dólares por entregar 1,7 millones a los 'paras' en Urabá. Pero la Fiscalía colombiana no ha conseguido que le envíen los datos que necesita para procesar a los ejecutivos de E.U. involucrados, con lo que el proceso, aquí, podría precluir. Y de los 25 millones de la multa, las víctimas en Colombia no han visto un solo dólar.

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Tanto el Gobierno como la Fiscalía deben realizar los mayores esfuerzos para que lo acordado con Washington no se quede en el papel. Además, deben aprovechar que estos personajes ya no están en Colombia en posición de perturbar la tarea de la Justicia, para quitarles de manera pronta y efectiva sus bienes y utilizarlos también para la reparación de las víctimas. Sólo si las autoridades colombianas tienen éxito en estas tareas, y si además los herederos de estos personajes también son perseguidos, podrá decirse que la decisión de extraditar a los 14 líderes de las Auc, que en principio camina en la dirección correcta, llegará a ser todo lo efectiva que exige el enorme daño que ellos le hicieron al país.editorial@eltiempo.com.co