Sorpresiva medida.
La madrugada de este martes 13, el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó a 14 paramilitares que estaban en distintas prisiones de alta seguridad del país y se habían desmovilizado como parte de una negociación con el gobierno colombiano a partir del 2003.
Dice la revista Semana que "la primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz."
En el listado de extraditados, que incluye en total a 13 ex jefes paramilitares y a un señalado narcotraficante, también están Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo). Además de Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias "Don Berna".
El operativo comenzó a las 12:15 de la madrugada.
El grupo salió en una nave de la agencia antidrogas DEA cerca de las 7:00 am con el plan de dejar a dos de los paramilitares en Miami, otros ocho en la capital estadounidense de Washington, mientras los otros cuatro serían entregados en Nueva York y Houston.
En Washington, la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el gobierno del presidente George W. Bush esperaba que las extradiciones ayudaran a persuadir al liderazgo del Partido Demócrata en el congreso estadounidense de que Bogotá sí combate la violencia y el narcotráfico. Los demócratas han obstaculizado la aprobación legislativa de un tratado de libre comercio con Colombia por considerar que el gobierno de Uribe no hace lo suficiente para combatir la violencia contra sindicalistas.
Comunicado desde la Casa de Nariño:
Intervención del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con motivo de la orden de entrega en extradición de unas personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz
“Ministros, Altos Mandos, Alto Comisionado, compañeros del Gobierno, amigos de los medios de comunicación, compatriotas todos:
Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega.
El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas.
Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.
Es en este Gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.
La verdad tiene que ser simple y oportuna. La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el Pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, cometidos en su mayoría antes de este Gobierno; la verdad sobre los procesos en curso propiciados por la firmeza de nuestra política de seguridad.
Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.
El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.
La Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz han reducido enormemente la violencia en el país. Por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos.
A la fecha se han desmovilizado 47.433 personas, han sido postuladas para la Ley de Justicia y Paz 3.284, y 639 de ellas, que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares, se encuentran en la cárcel.
La Procuraduría ha aceptado acompañar un procedimiento que aplicará la Fiscalía para resolver la situación jurídica de 19.377 integrantes de antiguas organizaciones paramilitares que hacen parte del grupo de desmovilizados.
La Ley de Justicia y Paz continúa.
Exigimos a los miles de desmovilizados cumplir con la Ley de Justicia y Paz; el país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar reincidencias en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de colaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Ahora los desmovilizados son más libres para que la reinserción les recupere plenamente su bienestar, su familia y su futuro.
Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita en el futuro la tragedia que estamos superando en el presente. Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz deben reparar a las víctimas, al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron; tampoco se les exigió.
La Policía Judicial, fiscales y jueces perseguirán e incautarán todos los bienes para reparar a las víctimas. Que haya propósito absoluto para este cometido.
Invitamos a los ciudadanos que tengan conocimiento a denunciar bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados para facilitar la extinción de dominio y la reparación de las víctimas.
Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran de su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales.
Recordamos a los compatriotas que el Gobierno ha expedido el decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de 7 billones de pesos.
Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición.
Las decisiones firmes protegen a las víctimas potenciales y deben animar a las víctimas actuales en el resarcimiento, que nunca será completo ni compensará el dolor causado en 50 años de terrorismo.
Pedimos respetuosamente a los jueces de la Patria continuar ayudándonos con la extradición, herramienta importante para rescatar el orden público.
No puede ser que la noble institución de la Tutela se utilice para eliminar la extradición, que se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común.
Agradecemos a los soldados y policías de la Patria su heroísmo, que ha abierto el camino de la paz, de la paz cada vez más cercana. Con las Fuerzas Armadas, la Constitución y el Pueblo, avanzamos hasta la derrota total de los criminales.
Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean menos estrictos que el actual proceso. Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean procesos de impunidad, como sucedió en el pasado.
Recuerdo que las guerrillas fueron los maestros que enseñaron a los paramilitares a penetrar las instituciones democráticas y a asesinar a periodistas, sindicalistas y a tantos colombianos, con el resultado de millones de familias abatidas en el luto y la tristeza.
Recuerdo que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado.
Compatriotas: toda la firmeza para tener una Colombia sin violencia, próspera en la inversión, fraterna en las relaciones con los trabajadores y equitativa en los beneficios. Bogotá, 13 de mayo de 2008”.
Estos fueron los extraditados
a) De la Penitenciaría La Picota en Bogotá:
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'; Manuel Enrique Torregrosa;
b) De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí:
Salvatore Mancuso Gómez, alias 'Santander Lozada'; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'; Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'; Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'; Martín Peñaranda, alias 'El Burro' y Edwin Mauricio Gómez Lara.
c) Desde la cárcel Modelo de Barranquilla:
Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'; Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.
Perfiles de los 14 comandantes:
Dice la revista Semana que "la primera razón y la más obvia del por qué hasta ahora el gobierno se hastió con estos jefes paramilitares y los extraditó tiene que ver con el simple y llano hecho de que, a su juicio, seguían delinquiendo desde la cárcel. Eso sólo es motivo suficiente para extraditarlos porque incumplieron el requisito básico de la Ley de Justicia y Paz."
En el listado de extraditados, que incluye en total a 13 ex jefes paramilitares y a un señalado narcotraficante, también están Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo). Además de Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias "Don Berna".
El operativo comenzó a las 12:15 de la madrugada.
El grupo salió en una nave de la agencia antidrogas DEA cerca de las 7:00 am con el plan de dejar a dos de los paramilitares en Miami, otros ocho en la capital estadounidense de Washington, mientras los otros cuatro serían entregados en Nueva York y Houston.
En Washington, la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que el gobierno del presidente George W. Bush esperaba que las extradiciones ayudaran a persuadir al liderazgo del Partido Demócrata en el congreso estadounidense de que Bogotá sí combate la violencia y el narcotráfico. Los demócratas han obstaculizado la aprobación legislativa de un tratado de libre comercio con Colombia por considerar que el gobierno de Uribe no hace lo suficiente para combatir la violencia contra sindicalistas.
Comunicado desde la Casa de Nariño:
Intervención del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con motivo de la orden de entrega en extradición de unas personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz
“Ministros, Altos Mandos, Alto Comisionado, compañeros del Gobierno, amigos de los medios de comunicación, compatriotas todos:
Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega.
El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas.
Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.
Es en este Gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.
La verdad tiene que ser simple y oportuna. La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el Pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, cometidos en su mayoría antes de este Gobierno; la verdad sobre los procesos en curso propiciados por la firmeza de nuestra política de seguridad.
Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.
El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.
La Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz han reducido enormemente la violencia en el país. Por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos.
A la fecha se han desmovilizado 47.433 personas, han sido postuladas para la Ley de Justicia y Paz 3.284, y 639 de ellas, que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares, se encuentran en la cárcel.
La Procuraduría ha aceptado acompañar un procedimiento que aplicará la Fiscalía para resolver la situación jurídica de 19.377 integrantes de antiguas organizaciones paramilitares que hacen parte del grupo de desmovilizados.
La Ley de Justicia y Paz continúa.
Exigimos a los miles de desmovilizados cumplir con la Ley de Justicia y Paz; el país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar reincidencias en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de colaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Ahora los desmovilizados son más libres para que la reinserción les recupere plenamente su bienestar, su familia y su futuro.
Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita en el futuro la tragedia que estamos superando en el presente. Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz deben reparar a las víctimas, al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron; tampoco se les exigió.
La Policía Judicial, fiscales y jueces perseguirán e incautarán todos los bienes para reparar a las víctimas. Que haya propósito absoluto para este cometido.
Invitamos a los ciudadanos que tengan conocimiento a denunciar bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados para facilitar la extinción de dominio y la reparación de las víctimas.
Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran de su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales.
Recordamos a los compatriotas que el Gobierno ha expedido el decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de 7 billones de pesos.
Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición.
Las decisiones firmes protegen a las víctimas potenciales y deben animar a las víctimas actuales en el resarcimiento, que nunca será completo ni compensará el dolor causado en 50 años de terrorismo.
Pedimos respetuosamente a los jueces de la Patria continuar ayudándonos con la extradición, herramienta importante para rescatar el orden público.
No puede ser que la noble institución de la Tutela se utilice para eliminar la extradición, que se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común.
Agradecemos a los soldados y policías de la Patria su heroísmo, que ha abierto el camino de la paz, de la paz cada vez más cercana. Con las Fuerzas Armadas, la Constitución y el Pueblo, avanzamos hasta la derrota total de los criminales.
Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean menos estrictos que el actual proceso. Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean procesos de impunidad, como sucedió en el pasado.
Recuerdo que las guerrillas fueron los maestros que enseñaron a los paramilitares a penetrar las instituciones democráticas y a asesinar a periodistas, sindicalistas y a tantos colombianos, con el resultado de millones de familias abatidas en el luto y la tristeza.
Recuerdo que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado.
Compatriotas: toda la firmeza para tener una Colombia sin violencia, próspera en la inversión, fraterna en las relaciones con los trabajadores y equitativa en los beneficios. Bogotá, 13 de mayo de 2008”.
Estos fueron los extraditados
a) De la Penitenciaría La Picota en Bogotá:
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'; Manuel Enrique Torregrosa;
b) De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí:
Salvatore Mancuso Gómez, alias 'Santander Lozada'; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'; Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'; Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'; Martín Peñaranda, alias 'El Burro' y Edwin Mauricio Gómez Lara.
c) Desde la cárcel Modelo de Barranquilla:
Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'; Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.
Perfiles de los 14 comandantes:
Las AUC, que figura en el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos, fueron creadas por narcotraficantes y terratenientes para llevar una guerra de exterminio contra sus rivales de las guerrillas y simpatizantes.
-Diego Murillo, o alias Don Berna. Comenzó trabajando al lado del extinto Pablo Escobar, jefe del desaparecido cartel de las drogas de Medellín y más tarde se unió a las AUC. Llegó a ser considerado uno de los más poderosos jefes del mundo criminal colombiano al comandar una temida banda de asesinos, la "Oficina de Envigado". Su ingreso y auge en la organización fue vista como la penetración y toma de poder por parte de los narcotraficantes de las AUC. Murillo fue acusado en julio del 2004 en Nueva York por conspiración para importar miles de kilos de cocaína a EE UU.
-Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandó un bloque de las AUC. Tovar es acusado de ordenar cientos de asesinatos y masacres en la costa caribeña colombiana, pero además es uno de los principales protagonistas de uno de los más recientes escándalos políticos del país al revelar detalles de reuniones que sostuvo con dirigentes políticos. Tales revelaciones y otras investigaciones han llevado desde el 2007 y hasta ahora a cerca de 31 congresistas a la cárcel y otros 30 son investigados. Tovar supuestamente también monitoreo envíos de cocaína desde la costa. Fue acusado en una corte estadounidense en marzo del 2005.
-Salvatore Mancuso fue comandante principal de las AUC. En septiembre del 2002, EE UU lo acuso por el envío de 17 toneladas de cocaína hacia ese país y Europa desde 1997. A diferencia de otros comandantes, Mancuso nació en el seno de una familia acomodada en la costa caribeña colombiana. Mancuso pareció ser el ex paramilitar más dispuesto a revelar detalles de lazos con políticos y militares.
-Hernán Giraldo comandó un bloque de las AUC en las zonas cercanas al balneario caribeño de Santa Marta. EE UU lo incluyó en listados de narcotraficantes en 2004 y en marzo del año siguiente le formuló cargos de narcotráfico. Estaba encargado de supervisar la producción de drogas en la región del parte nacional de la Sierra Nevada, que convirtió en uno de los mayores puntos de producción de cocaína en Colombia.
-Francisco Javier Zuluaga, conocido como "Gordo Lindo". Uno de los llamados narcos de "purasangre", que entraron al paramilitarismo para encubrir su actividad de tráfico de droga y más tarde beneficiarse de acuerdos de desmovilización con el gobierno. Para lograr ese objetivo compró en millones de dólares un bloque de las AUC. En noviembre del 1999 una corte en Florida, Estados Unidos, lo acusó por tráfico de drogas.
-Ramiro Vanoy, o "Cuco Vanoy". Otro narcotraficante quien ingresó en el proceso de paz con los paramilitares para beneficarse de sentencias reducidas. En noviembre de 1999 una corte de Florida lo acusó de tráfico de drogas.
-Juan Carlos Sierra, alias El Tuso. También considerado un traficante "purasangre", Sierra provocó un escándalo cuando se presentó como negociador de las AUC en 2004. El gobierno inicialmente rechazó su inclusión en las negociaciones, pero con el tiempo lo aceptó en el proceso. Fue acusado en septiembre del 2002 en Estados Unidos por tráfico de drogas.
-Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano. Supervisaba un bloque de las AUC en el sur de Colombia. En febrero del 2004, las autoridades estadounidenses lo calificaron como traficante. En diciembre del 2002 fue acusado en una corte estadounidense por narcotráfico.
-Martín Peñaranda, alias El Burro, perteneció al llamado bloque "Frente Resistencia Tayrona" y trabajó junto a Giraldo. En marzo del 2005 le formularon acusaciones de tráfico de drogas en EE UU.
-Edwin Mauricio Gómez, alias El Repetido. Trabajó con el recientemente capturado traficante Miguel Angel Mejía Múnera. También un traficante "purasangre" quien pagó millones por una banda paramilitar y sumarse al proceso con el gobierno. Fue acusado en marzo del 2005 en una corte del distrito de Columbia por tráfico de drogas.
-Diego Alberto Ruiz Arroyave, alias El Primo. Hermano del extinto mafioso Miguel Angel Arroyave. Acusado en octubre del 2004 en el distrito sur de Texas por tráfico de drogas.
-Manuel Enrique Torregrosa, alias Chan. Fue uno de los primeros paramilitares en ser excluido por las autoridades del proceso de paz con el gobierno, quien le acusó de seguir operando tras las rejas. Acusado en mayo del 2007 en el distrito de Florida por tráfico de drogas.
-Eduardo Enrique Vengoechea. Está acusado de supervisar embarques de cocaína en la costa caribeña. Acusado en el distrito de Columbia en marzo del 2005 por narcotráfico.
-Nodier Giraldo. se encargaba de las finanzas del grupo de paramilitares de Hernán Giraldo y fue acusado en marzo
El caso de Don Berna, aparte.
Diego Murillo, alias "Don Berna"; el hombre que llegó a dominar los bajos mundos de Medellín y parte de Antioquia, colaboró con la Justicia colombiana; hace dos meses empezó a dar información que ha dado con el hallazgo de 300 desaparecidos y había prometido seguir contando
La extradición estaba autorizada desde 2005.
El 7 de septiembre de 2005 la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a EE UU de Don Berna, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos de narcotráfico y lavado de dinero según la resolución de acusación No. 03 Cr 1188, dictada el 6 de octubre de 2003 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EE UU.
La petición de extradición de Don Berna se formalizó el 10 de junio del 2005. Pero, el presidente Uribe suspendió entonces la aplicación del pedido de extradición poniendo condiciones a Don Berna a que se comporte como “un monje".
Las condiciones
El presidente Álvaro Uribe, aclaró que Don Berna no será extraditado mientras cumpla con cuatro condiciones, a saber:
i) "Que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz con las AUC y contribuya a la participación de sus miembros en el proceso de paz.
ii) "Que abandone las actividades ilícitas.
iii) Que colabore efectivamente con la verdad, la justicia y la reparación en los términos establecidos en la ley 975 de 2005.
iv) "Que cumpla con las condiciones y procedimientos establecidos en esa Ley (Justicia y Paz)".
La extradición se hará efectiva en el momento en que incumpla esas condiciones. Y al parecer no las cumplió.
-Diego Murillo, o alias Don Berna. Comenzó trabajando al lado del extinto Pablo Escobar, jefe del desaparecido cartel de las drogas de Medellín y más tarde se unió a las AUC. Llegó a ser considerado uno de los más poderosos jefes del mundo criminal colombiano al comandar una temida banda de asesinos, la "Oficina de Envigado". Su ingreso y auge en la organización fue vista como la penetración y toma de poder por parte de los narcotraficantes de las AUC. Murillo fue acusado en julio del 2004 en Nueva York por conspiración para importar miles de kilos de cocaína a EE UU.
-Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandó un bloque de las AUC. Tovar es acusado de ordenar cientos de asesinatos y masacres en la costa caribeña colombiana, pero además es uno de los principales protagonistas de uno de los más recientes escándalos políticos del país al revelar detalles de reuniones que sostuvo con dirigentes políticos. Tales revelaciones y otras investigaciones han llevado desde el 2007 y hasta ahora a cerca de 31 congresistas a la cárcel y otros 30 son investigados. Tovar supuestamente también monitoreo envíos de cocaína desde la costa. Fue acusado en una corte estadounidense en marzo del 2005.
-Salvatore Mancuso fue comandante principal de las AUC. En septiembre del 2002, EE UU lo acuso por el envío de 17 toneladas de cocaína hacia ese país y Europa desde 1997. A diferencia de otros comandantes, Mancuso nació en el seno de una familia acomodada en la costa caribeña colombiana. Mancuso pareció ser el ex paramilitar más dispuesto a revelar detalles de lazos con políticos y militares.
-Hernán Giraldo comandó un bloque de las AUC en las zonas cercanas al balneario caribeño de Santa Marta. EE UU lo incluyó en listados de narcotraficantes en 2004 y en marzo del año siguiente le formuló cargos de narcotráfico. Estaba encargado de supervisar la producción de drogas en la región del parte nacional de la Sierra Nevada, que convirtió en uno de los mayores puntos de producción de cocaína en Colombia.
-Francisco Javier Zuluaga, conocido como "Gordo Lindo". Uno de los llamados narcos de "purasangre", que entraron al paramilitarismo para encubrir su actividad de tráfico de droga y más tarde beneficiarse de acuerdos de desmovilización con el gobierno. Para lograr ese objetivo compró en millones de dólares un bloque de las AUC. En noviembre del 1999 una corte en Florida, Estados Unidos, lo acusó por tráfico de drogas.
-Ramiro Vanoy, o "Cuco Vanoy". Otro narcotraficante quien ingresó en el proceso de paz con los paramilitares para beneficarse de sentencias reducidas. En noviembre de 1999 una corte de Florida lo acusó de tráfico de drogas.
-Juan Carlos Sierra, alias El Tuso. También considerado un traficante "purasangre", Sierra provocó un escándalo cuando se presentó como negociador de las AUC en 2004. El gobierno inicialmente rechazó su inclusión en las negociaciones, pero con el tiempo lo aceptó en el proceso. Fue acusado en septiembre del 2002 en Estados Unidos por tráfico de drogas.
-Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano. Supervisaba un bloque de las AUC en el sur de Colombia. En febrero del 2004, las autoridades estadounidenses lo calificaron como traficante. En diciembre del 2002 fue acusado en una corte estadounidense por narcotráfico.
-Martín Peñaranda, alias El Burro, perteneció al llamado bloque "Frente Resistencia Tayrona" y trabajó junto a Giraldo. En marzo del 2005 le formularon acusaciones de tráfico de drogas en EE UU.
-Edwin Mauricio Gómez, alias El Repetido. Trabajó con el recientemente capturado traficante Miguel Angel Mejía Múnera. También un traficante "purasangre" quien pagó millones por una banda paramilitar y sumarse al proceso con el gobierno. Fue acusado en marzo del 2005 en una corte del distrito de Columbia por tráfico de drogas.
-Diego Alberto Ruiz Arroyave, alias El Primo. Hermano del extinto mafioso Miguel Angel Arroyave. Acusado en octubre del 2004 en el distrito sur de Texas por tráfico de drogas.
-Manuel Enrique Torregrosa, alias Chan. Fue uno de los primeros paramilitares en ser excluido por las autoridades del proceso de paz con el gobierno, quien le acusó de seguir operando tras las rejas. Acusado en mayo del 2007 en el distrito de Florida por tráfico de drogas.
-Eduardo Enrique Vengoechea. Está acusado de supervisar embarques de cocaína en la costa caribeña. Acusado en el distrito de Columbia en marzo del 2005 por narcotráfico.
-Nodier Giraldo. se encargaba de las finanzas del grupo de paramilitares de Hernán Giraldo y fue acusado en marzo
El caso de Don Berna, aparte.
Diego Murillo, alias "Don Berna"; el hombre que llegó a dominar los bajos mundos de Medellín y parte de Antioquia, colaboró con la Justicia colombiana; hace dos meses empezó a dar información que ha dado con el hallazgo de 300 desaparecidos y había prometido seguir contando
La extradición estaba autorizada desde 2005.
El 7 de septiembre de 2005 la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a EE UU de Don Berna, quien es requerido para comparecer a juicio por delitos de narcotráfico y lavado de dinero según la resolución de acusación No. 03 Cr 1188, dictada el 6 de octubre de 2003 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EE UU.
La petición de extradición de Don Berna se formalizó el 10 de junio del 2005. Pero, el presidente Uribe suspendió entonces la aplicación del pedido de extradición poniendo condiciones a Don Berna a que se comporte como “un monje".
Las condiciones
El presidente Álvaro Uribe, aclaró que Don Berna no será extraditado mientras cumpla con cuatro condiciones, a saber:
i) "Que cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz con las AUC y contribuya a la participación de sus miembros en el proceso de paz.
ii) "Que abandone las actividades ilícitas.
iii) Que colabore efectivamente con la verdad, la justicia y la reparación en los términos establecidos en la ley 975 de 2005.
iv) "Que cumpla con las condiciones y procedimientos establecidos en esa Ley (Justicia y Paz)".
La extradición se hará efectiva en el momento en que incumpla esas condiciones. Y al parecer no las cumplió.
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