La red de los Bours
Ricardo Ravelo, reportero.
Revista Proceso, No 1645, 11 de mayo de 2008;
El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadunidense describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos.
GUAYMAS, SON.- Al amparo del gobierno encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.
De igual forma, la justicia “se tuerce” en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:
“El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales.”
Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.
Y en cuanto a lo que llama “el negocio más rentable” –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: “El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.
“Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio.”
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –“falsamente”, dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.
El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.
Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.
De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien “tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico”.
El Ruso “fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa”, especifica el entrevistado.
Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta–, “Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí”.
–¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
–No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta cómo crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.
Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal, le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.
En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron “haciendo buenas migas” y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.
Explica: “Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto de las actividades a las que se dedica”.
De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, “para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada”.
Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico.
Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues “el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo” del presunto narcotraficante.
Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales “está bien protegido por el gobierno de Bours”, pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.
Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briseño, entre otros.
Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación “porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental”.
Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que “los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos”.
De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.
El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.
Narra: “Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”.
–¿Qué le dijeron?
–Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
–¿Y qué pasó?
–Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.
Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. Ahí, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.
Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora “es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico”. La agencia resalta otras “ventajas” que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:
“La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos.”
En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, “es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.
“En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio.”
La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como “plazas primordiales del narco” a cargo de grupos locales “no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas”.
A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y “cerebro” del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles “blancos” del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.
Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.
De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.
Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según los datos confirmados por Proceso, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.
Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.
El informe de la DEA añade otro dato revelador: “Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la Policía Municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la Policía Municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, donde era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador, Eduardo Bours”.
Otros informes policiacos con los que cuenta Proceso añaden: “Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador general de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours”.
Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la Policía Judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.
En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar.
Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo.
Ricardo Ravelo, reportero.
Revista Proceso, No 1645, 11 de mayo de 2008;
El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadunidense describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos.
GUAYMAS, SON.- Al amparo del gobierno encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.
De igual forma, la justicia “se tuerce” en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:
“El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales.”
Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.
Y en cuanto a lo que llama “el negocio más rentable” –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: “El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.
“Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio.”
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –“falsamente”, dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.
El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.
Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.
De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien “tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico”.
El Ruso “fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa”, especifica el entrevistado.
Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta–, “Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí”.
–¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
–No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta cómo crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.
Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal, le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.
En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron “haciendo buenas migas” y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.
Explica: “Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto de las actividades a las que se dedica”.
De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, “para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada”.
Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico.
Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues “el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo” del presunto narcotraficante.
Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales “está bien protegido por el gobierno de Bours”, pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.
Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briseño, entre otros.
Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación “porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental”.
Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que “los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos”.
De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.
El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.
Narra: “Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”.
–¿Qué le dijeron?
–Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
–¿Y qué pasó?
–Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.
Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. Ahí, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.
Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora “es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico”. La agencia resalta otras “ventajas” que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:
“La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos.”
En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, “es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.
“En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio.”
La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como “plazas primordiales del narco” a cargo de grupos locales “no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas”.
A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y “cerebro” del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles “blancos” del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.
Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.
De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.
Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según los datos confirmados por Proceso, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.
Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.
El informe de la DEA añade otro dato revelador: “Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la Policía Municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la Policía Municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, donde era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador, Eduardo Bours”.
Otros informes policiacos con los que cuenta Proceso añaden: “Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador general de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours”.
Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la Policía Judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.
En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar.
Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo.
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