¿Enemigos del Estado?

Enemigos” del Estado
Álvaro Delgado, reportero
Revista proceso No 1644, 4/05/2008;

El panista Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, estaba fuera de sí y, ante el estupor de los miembros de la misión internacional que da seguimiento a los crímenes contra periodistas en México, estalló contra Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc):
–¡Usted es enemiga del Estado!
–¿Yo soy enemiga del Estado?
–¡Sí, usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!
Era el lunes 21 de abril y, en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), se discutía el asesinato –el día 7– de las indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, en Putla de Guerrero, Oaxaca.
Un día antes de que les fuera otorgado, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Orientación a la Sociedad, Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, afirmó que ambas eran sólo “amas de casa” y que habían sido asesinadas por razones ajenas a la actividad informativa.
“Como en Amarc documentamos el caso, yo me permití expresarle que para nosotros sí eran periodistas y que, por la información con la que contamos, se les había asesinado por las denuncias que hacían de violaciones y agresiones a mujeres, pero también por hablar sobre la autonomía del municipio”, expone Calleja.
Castro le preguntó, enseguida, si ella tenía copia de un “contrato” específico para acreditar que ellas eran periodistas. “Yo le contesté que no existe, hasta el momento, ningún ordenamiento interno en el país que pudiera definir qué es ser periodista. Lo que sucede en este país es que, de manera discrecional y arbitraria, cada autoridad lo va definiendo”.
En la reunión con la misión internacional de documentación sobre ataques contra periodistas y medios de comunicación, que entre el 19 y 26 de abril realizó una visita a México, el funcionario –a quien los panistas dan condición de prócer– alegó, además, que La voz que rompe el silencio era una estación de radio que ni siquiera cuenta con permiso.
“Indudablemente esa es una falta administrativa –aceptó Calleja–, pero eso no justifica el asesinato de las dos locutoras y, además, el Estado sigue sin garantizarle a los pueblos indígenas lo que el artículo segundo constitucional dice, en el sentido de que tienen el derecho a instalar, operar y administrar sus propios medios de comunicación.”
Calleja, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) –que preside el panista Javier Corral–, relata: “Él ya estaba bastante enojado en ese momento y refirió que el lugar donde habían sido los asesinatos, en Putla de Guerrero, queda en un estado donde, dijo textualmente, ‘existe ese gobernador de ese partido que apoya y fomenta a las radios comunitarias’.”.
–Putla de Guerrero –le corrigió ella– no queda en el estado de Guerrero, sino en Oaxaca, señor subprocurador, y no teníamos conocimiento de que el gobernador Zeferino Torreblanca (del primer estado) apoye a las radios comunitarias.
–Bueno, bueno, en Oaxaca, en ese estado, ese gobernador de ese partido ayuda a que proliferen radios comunitarias.
–No, ese gobernador de ese partido no, porque en Oaxaca es donde hemos tenido las mayores agresiones a radios comunitarias. Y esas agresiones, además, han sido atraídas por la propia Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, con lo cual las radios comunitarias y la gente que trabaja en ellas han sido reconocidas por el propio Estado como periodistas.
Después de puntualizar que el gobernador era el priista Ulises Ruiz, Calleja le recordó a Castro que el propio Estado ha reconocido a las radios comunitarias, inclusive dotándolas de permisos, porque han demostrado el servicio social que prestan a las comunidades.
“Pero, mire, no se trata de pelearnos –concilió–. Nosotros lo que intentamos es aportar a que los crímenes y las agresiones no queden en la impunidad, sino que se encuentre a los culpables y sean castigados, como debe ser en un estado de derecho. No entiendo por qué nos trata como enemigos del Estado.”
Castro la interrumpió y fue cuando, ante el asombro de los representantes de las organizaciones internacionales y el fiscal especial para delitos contra periodistas, Octavio Orellana, le imputó la condición de “enemiga del Estado”.
Ya para entonces, Castro se mostraba iracundo ante los integrantes de la misión, uno de los cuales, Darío Ramírez –de la organización no gubernamental Capítulo XIX y el único mexicano junto con Calleja–, le pidió respeto. “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”, respondió el funcionario.
Reclamo a Calderón
El espectáculo ofrecido por Castro –consejero jurídico de la Presidencia de la República con Vicente Fox, cargo del que se separó momentáneamente para, como diputado, liderar el desafuero del entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador– y la acusación contra Calleja se tradujo en el envío de una carta de las organizaciones internacionales a Felipe Calderón para informarle de esos hechos y exigirle una “disculpa”.
“Los miembros de la misión internacional desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de dicha subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas.
“Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito, por lo que esperamos una explicación y una disculpa por parte del gobierno federal ante esta delicada situación.”
La carta a Calderón, enviada el viernes 2, está firmada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), la Internacional Media Support (IMS), el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), Reporteros sin Fronteras, Artículo XIX y la AMARC, y estaba en curso la firma del resto de las organizaciones de la misión: internacional Press Institute (IPI), Rory Peck Trust, la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En la comunicación se detalla a Calderón que los integrantes de la misión sostuvieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, víctimas y sus familiares, así como entrevistas con autoridades estatales y federales, entre ellas con Castro, quien “condujo la reunión en un tono confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.
Ante el fiscal especial Octavio Orellana, quien apenas si habló, María Salazar, del Centro de Protección a Periodistas, preguntó sobre los avances en el caso de Brad Will, asesinado en Oaxaca durante las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Castro “le preguntó que si ella tenía claro la calidad migratoria de Brad Will cuando ingresó al país. Ella le dijo que no y él le respondió que como ciudadano, que ni siquiera se presentó ante el Estado mexicano como periodista, pero aun así ellos tenían el caso”, describe Calleja, quien asegura que Castro puso en entredicho la calidad de periodista de Will y del medio para el que trabajaba, Indymedia.
Castro también se mostró hostil con Sahara de Jong, del Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), con sede en Bélgica, quien le hizo ver la condición de México como país peligroso para los periodistas. “A ver, ¿tiene usted elementos concretos para venir a decir que México es uno de los países con mayores problemas para periodistas? Y a ver, ¿qué dicen de Cuba, a ver cómo está Cuba con la libertad de expresión?”.
De Jong le respondió a Castro que sí tenía elementos para afirmarlo; le entregó un documento, y le aclaró: “Yo estoy con autoridades mexicanas para hablar de México, no para hablar de Cuba. Entonces, lo que yo quisiera es que habláramos de México y de los casos concretos, porque por más que usted me diga que no está tan grave la situación, lo único que vemos es que no hay, por lo menos en la mayor parte de los asesinatos y agresiones a periodistas, casos resueltos”.
Castro depuso, momentáneamente, su conducta hostil y respondió que había voluntad del gobierno de atender los casos de los crímenes, como la federalización de los delitos contra periodistas, pero no dio más información de la que ya tenían las organizaciones. “Y concluyó la reunión. Ya no había ambiente para seguir”, dice Calleja, quien se acercó al funcionario para despedirse.
–No entiendo la actitud de usted. La verdad es que para nosotros es importante saber qué están haciendo ustedes, sobre todo porque creo que podemos aportar elementos para que los casos no queden impunes.
–¡Tú estás hablando de impunidad y no existe impunidad! –respondió Castro–. Y les contesté así, a ti y a Darío, porque son mexicanos. A los extranjeros les contesto bien.
La misión emitirá en un mes su informe sobre la visita que hizo a México y, tal como se dice en la carta enviada a Calderón, incluirá la acusación de Castro contra Calleja, quien lamenta la conducta de choque del funcionario. “Es sumamente preocupante que se nos vea como enemigos del Estado, porque a los enemigos se les puede eliminar”.