Grave error /Jaime Sánchez Susarrey
Publicado en Reforma, 17/05/2008;
El gobierno de la República cometió un grave error al aceptar el diálogo que le proponía el EPR. No se debe negociar con un movimiento armado cuyo fin declarado es la toma del poder y la destrucción del Estado burgués. La Constitución lo prohíbe explícitamente. Eso no significa, sin embargo, que la demanda del grupo guerrillero no debía ser atendida. La exi- gencia de que se investigue la desaparición de dos de sus militantes es atendible.
En un Estado democrático todos los ciudadanos, incluidos los que se levantan en armas, tienen derecho a un juicio conforme a la ley. Pero como bien sabe Perogrullo, para aplicar la ley no es necesario sentarse a negociar con nadie. En todo caso, el gobierno de la República podría haber formado una comisión de ciudadanos independientes que coadyuvara en la investigación que por oficio debe seguir la Procuraduría General de la República o la del estado de Oaxaca.
Ése fue el gran "malentendido". Y digo "malentendido", así, entre comillas, porque el EPR ofreció una tregua en tanto durara el diálogo para aclarar lo ocurrido con los desaparecidos. Jamás planteó, como lo ha reiterado públicamente, que estuviera dispuesto a abandonar la vía armada. En ese sentido ha sido más consistente y coherente que el gobierno de la República. Los guerrilleros están en lo que están: una guerra sin cuartel para derrotar al Ejército y tomar el poder. Al respecto no hay medias tintas ni confusión alguna.
Ha sido, por lo tanto, la Secretaría de Gobernación, seguramente avalada por el presidente Calderón, la que quedó en ridículo. Pero no sólo eso. La comedia de equivocaciones siguió, después, por la peor de las vías. La propuesta inicial del EPR contemplaba que el diálogo se entablara mediante un tercero interpuesto, es decir, una comisión mediadora integrada por varios ciudadanos. La respuesta oficial fue que el diálogo debería ser directo. Los eperristas reaccionaron de inmediato: denunciaron la intolerancia del gobierno autoritario y retiraron su ofrecimiento. Acto seguido, la Secretaría de Gobernación aceptó todas las condiciones de los guerrilleros.
No hay que ser adivino para advertir que el desenlace final será la derrota y la puesta en evidencia del gobierno de la República. Si la desaparición de ambos militantes se esclarece a satisfacción de la comisión mediadora y se castiga a los culpables, las aguas regresarán a su cauce. Los guerrilleros darán por terminada la tregua e implementarán nuevas acciones armadas. No hay en ello ningún misterio. Los términos y objetivos de la negociación fueron perfectamente establecidos desde el inicio.
El saldo de este pequeño sainete será entonces amargo. Primero, porque sentará un precedente: los guerrilleros tienen el poder y la capacidad de sentar a negociar al gobierno de la República en el momento que así lo decidan; segundo, sin esa presión, clamarán los eperristas a los cuatro vientos, jamás se habría esclarecido el delito. No hay, en consecuencia, otro camino que el de las armas para hacer efectiva la justicia. Tercero, el gobierno es débil y carece de autoridad moral. La justicia burguesa es de clase; no es ni nunca será la misma para todos.
Ahora bien, si la desaparición no se esclarece o, peor aún, no se esclarece a completa satisfacción de una comisión integrada exclusivamente por el EPR, el gobierno de la República se encontrará en el peor de los mundos posibles. Los eperristas denunciarán, de entrada, la complicidad del presidente de la República con la represión y con los cuerpos de seguridad que recurren a métodos ilegales. Proclamarán que la única vía para enfrentar esa ola represiva del régimen burgués autoritario es el pueblo levantado en armas. Y pasarán a ser víctimas, luchadores sociales, que no tienen otra opción que la de las armas. Desde la izquierda se les cobijará con el viejo razonamiento: no compartimos sus métodos, pero entendemos el motivo de su inconformidad y la nobleza de sus objetivos.
Así que, para decirlo en palabras llanas, la Secretaría de Gobernación se puso y puso al presidente de la República en el peor de los bretes posibles. No importa lo que haga, la condenación será implacable, definitiva y absoluta.
Todo esto ocurre en momentos particularmente graves. La ofensiva del crimen organizado parece imparable. Hace un año se decía que la ola de violencia no era contra el Estado, sino un ajuste de cuentas entre los propios narcotraficantes. Ahora que las ejecuciones se multiplican y alcanzan a altos mandos policiacos en la Ciudad de México, se nos dice que es porque los cárteles de la droga han perdido capacidad financiera y se están desintegrando.
La consistencia del argumento y del diagnóstico deja mucho que desear. Alguien que va perdiendo una guerra se repliega y no se arriesga a acciones ofensivas porque sabe que las consecuencias terminarán siendo fatales. No es éste, obviamente, el cálculo que está haciendo el crimen organizado. Su escalada confirma que tiene un alto poder de fuego y que se sabe impune o a salvo de las acciones punitivas del Ejército y las policías.
Pero desgraciadamente hay más. Funcionarios del gobierno colombiano han denunciado, con pruebas ciertas, que existe conexión e intercambio entre los cárteles de la droga en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La droga fluye a cambio de armas. También se sabe que la guerrilla colombiana está vinculada (asociada) con los cárteles de la droga colombianos. De ahí que la mayoría de los países, con la excepción de Venezuela, consideren a las FARC como una organización terrorista que practica secuestros, comete atentados y trafica drogas. Por si hiciera falta, hay evidencia de que Hugo Chávez apoya y financia a las FARC, como también hay evidencia de que Lucía Morett y otro grupo de jóvenes mexicanos recibían entrenamiento en el campamento de las FARC en Ecuador. Añado un dato más, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno legítimo de López Obrador, Gustavo Iruegas, acompañó a Lucía Morett en su viaje a Nicaragua donde ahora está siendo protegida por Daniel Ortega.
Son demasiadas coincidencias y conexiones para suponer que no hay aquí un mar de fondo. El mundo de la violencia tiene vasos comunicantes que van más allá de la ideología y tienen que ver con el viejo principio árabe: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto es lo que el novel secretario de Gobernación no ha entendido. Por eso, sin saber y como jugando, abrió una caja de Pandora de la que habrá de salir de todo menos... una paloma de la paz.
En un Estado democrático todos los ciudadanos, incluidos los que se levantan en armas, tienen derecho a un juicio conforme a la ley. Pero como bien sabe Perogrullo, para aplicar la ley no es necesario sentarse a negociar con nadie. En todo caso, el gobierno de la República podría haber formado una comisión de ciudadanos independientes que coadyuvara en la investigación que por oficio debe seguir la Procuraduría General de la República o la del estado de Oaxaca.
Ése fue el gran "malentendido". Y digo "malentendido", así, entre comillas, porque el EPR ofreció una tregua en tanto durara el diálogo para aclarar lo ocurrido con los desaparecidos. Jamás planteó, como lo ha reiterado públicamente, que estuviera dispuesto a abandonar la vía armada. En ese sentido ha sido más consistente y coherente que el gobierno de la República. Los guerrilleros están en lo que están: una guerra sin cuartel para derrotar al Ejército y tomar el poder. Al respecto no hay medias tintas ni confusión alguna.
Ha sido, por lo tanto, la Secretaría de Gobernación, seguramente avalada por el presidente Calderón, la que quedó en ridículo. Pero no sólo eso. La comedia de equivocaciones siguió, después, por la peor de las vías. La propuesta inicial del EPR contemplaba que el diálogo se entablara mediante un tercero interpuesto, es decir, una comisión mediadora integrada por varios ciudadanos. La respuesta oficial fue que el diálogo debería ser directo. Los eperristas reaccionaron de inmediato: denunciaron la intolerancia del gobierno autoritario y retiraron su ofrecimiento. Acto seguido, la Secretaría de Gobernación aceptó todas las condiciones de los guerrilleros.
No hay que ser adivino para advertir que el desenlace final será la derrota y la puesta en evidencia del gobierno de la República. Si la desaparición de ambos militantes se esclarece a satisfacción de la comisión mediadora y se castiga a los culpables, las aguas regresarán a su cauce. Los guerrilleros darán por terminada la tregua e implementarán nuevas acciones armadas. No hay en ello ningún misterio. Los términos y objetivos de la negociación fueron perfectamente establecidos desde el inicio.
El saldo de este pequeño sainete será entonces amargo. Primero, porque sentará un precedente: los guerrilleros tienen el poder y la capacidad de sentar a negociar al gobierno de la República en el momento que así lo decidan; segundo, sin esa presión, clamarán los eperristas a los cuatro vientos, jamás se habría esclarecido el delito. No hay, en consecuencia, otro camino que el de las armas para hacer efectiva la justicia. Tercero, el gobierno es débil y carece de autoridad moral. La justicia burguesa es de clase; no es ni nunca será la misma para todos.
Ahora bien, si la desaparición no se esclarece o, peor aún, no se esclarece a completa satisfacción de una comisión integrada exclusivamente por el EPR, el gobierno de la República se encontrará en el peor de los mundos posibles. Los eperristas denunciarán, de entrada, la complicidad del presidente de la República con la represión y con los cuerpos de seguridad que recurren a métodos ilegales. Proclamarán que la única vía para enfrentar esa ola represiva del régimen burgués autoritario es el pueblo levantado en armas. Y pasarán a ser víctimas, luchadores sociales, que no tienen otra opción que la de las armas. Desde la izquierda se les cobijará con el viejo razonamiento: no compartimos sus métodos, pero entendemos el motivo de su inconformidad y la nobleza de sus objetivos.
Así que, para decirlo en palabras llanas, la Secretaría de Gobernación se puso y puso al presidente de la República en el peor de los bretes posibles. No importa lo que haga, la condenación será implacable, definitiva y absoluta.
Todo esto ocurre en momentos particularmente graves. La ofensiva del crimen organizado parece imparable. Hace un año se decía que la ola de violencia no era contra el Estado, sino un ajuste de cuentas entre los propios narcotraficantes. Ahora que las ejecuciones se multiplican y alcanzan a altos mandos policiacos en la Ciudad de México, se nos dice que es porque los cárteles de la droga han perdido capacidad financiera y se están desintegrando.
La consistencia del argumento y del diagnóstico deja mucho que desear. Alguien que va perdiendo una guerra se repliega y no se arriesga a acciones ofensivas porque sabe que las consecuencias terminarán siendo fatales. No es éste, obviamente, el cálculo que está haciendo el crimen organizado. Su escalada confirma que tiene un alto poder de fuego y que se sabe impune o a salvo de las acciones punitivas del Ejército y las policías.
Pero desgraciadamente hay más. Funcionarios del gobierno colombiano han denunciado, con pruebas ciertas, que existe conexión e intercambio entre los cárteles de la droga en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La droga fluye a cambio de armas. También se sabe que la guerrilla colombiana está vinculada (asociada) con los cárteles de la droga colombianos. De ahí que la mayoría de los países, con la excepción de Venezuela, consideren a las FARC como una organización terrorista que practica secuestros, comete atentados y trafica drogas. Por si hiciera falta, hay evidencia de que Hugo Chávez apoya y financia a las FARC, como también hay evidencia de que Lucía Morett y otro grupo de jóvenes mexicanos recibían entrenamiento en el campamento de las FARC en Ecuador. Añado un dato más, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno legítimo de López Obrador, Gustavo Iruegas, acompañó a Lucía Morett en su viaje a Nicaragua donde ahora está siendo protegida por Daniel Ortega.
Son demasiadas coincidencias y conexiones para suponer que no hay aquí un mar de fondo. El mundo de la violencia tiene vasos comunicantes que van más allá de la ideología y tienen que ver con el viejo principio árabe: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto es lo que el novel secretario de Gobernación no ha entendido. Por eso, sin saber y como jugando, abrió una caja de Pandora de la que habrá de salir de todo menos... una paloma de la paz.
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