Berlusconi busca la impunidad legal en Italia
El primer ministro anuncia una ley que impedirá juzgar a las altas autoridades
MIGUEL MORA - Roma -
El primer ministro anuncia una ley que impedirá juzgar a las altas autoridades
MIGUEL MORA - Roma -
Publicado en El País, 18/06/2008;
Tras un mes de luna de miel con los italianos, un índice de popularidad del 68%, mucho diálogo con la oposición e iniciativas legislativas (basuras, inmigración, seguridad ciudadana...) diseñadas para cultivar su nueva imagen de estadista, Silvio Berlusconi vuelve a sus esencias. En sólo 24 horas, desencadena una ofensiva contra jueces y fiscales, presenta decretos para bloquear los procesos en los que está imputado, irrita al presidente de la República, escandaliza a la oposición y es acusado de legislar para sí mismo violando la separación de poderes.
Tras mandar al Senado dos enmiendas que paralizarán durante un año los procesos de los delitos cometidos antes de 2002, fecha que cubre aquellos en los que él está imputado, Berlusconi ha enviado una carta abierta al presidente del Senado donde acusa a los "magistrados de extrema izquierda" de "inventar acusaciones fantasiosas" contra él, y en la que anuncia que está ultimando una ley, versión mejorada de otra declarada inconstitucional en 2004 (la llamada lodo Shifani), que impedirá juzgar a las cinco más altas autoridades del Estado mientras estén en activo.
Pero el ataque no se queda ahí. En su carta, Berlusconi escribe que el decreto ha sido "pensado por el bien de toda la colectividad", aunque admite que paralizará "uno entre tantos procesos intentados contra mí". Se refiere al caso Mills, y acusa a la juez y al fiscal de "usar la justicia con fines mediáticos y políticos", y de "estar supinamente inclinados a la tesis acusatoria". Ayer, sus abogados recusaron a la presidenta del tribunal milanés, Nicoletta Gandus.
En el centro del proceso contra Berlusconi está la acusación de haber ordenado el pago de 600.000 dólares (unos 387.000 euros) al abogado inglés David Mills como recompensa por no revelar, durante dos juicios en los que participó en calidad de testigo, informaciones sobre dos empresas off-shore de Mediaset, abiertas según la fiscalía para lavar dinero negro.
El clima de concordia queda hecho trizas. En el Senado, la oposición monta la primera bronca de la legislatura. Algunos portan carteles: "Impunidad para el primer ministro, tolerancia cero para los demás". Hay abucheos, y decenas de peticiones de palabra para obstruir la aprobación del decreto que incluye las enmiendas salva-Berlusconi.
El Partido Democrático, la Unión de los Demócratas Cristianos e Italia de los Valores aparecen unidos por primera vez. Antonio di Pietro declara que "Berlusconi está desplegando una estrategia criminal". El Partido Democrático habla de "golpe de mano" y la Asociación Nacional de Magistrados le acusa de "denigrar y deslegitimar a los jueces".
En el Quirinal, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, deja traslucir su indignación por el envío al Parlamento, sin consultarle, de las medidas para congelar los juicios. "Si hubieran estado en el decreto que me enseñaron, no lo habría firmado", declara. El conflicto institucional está servido.
Tras un mes de luna de miel con los italianos, un índice de popularidad del 68%, mucho diálogo con la oposición e iniciativas legislativas (basuras, inmigración, seguridad ciudadana...) diseñadas para cultivar su nueva imagen de estadista, Silvio Berlusconi vuelve a sus esencias. En sólo 24 horas, desencadena una ofensiva contra jueces y fiscales, presenta decretos para bloquear los procesos en los que está imputado, irrita al presidente de la República, escandaliza a la oposición y es acusado de legislar para sí mismo violando la separación de poderes.
Tras mandar al Senado dos enmiendas que paralizarán durante un año los procesos de los delitos cometidos antes de 2002, fecha que cubre aquellos en los que él está imputado, Berlusconi ha enviado una carta abierta al presidente del Senado donde acusa a los "magistrados de extrema izquierda" de "inventar acusaciones fantasiosas" contra él, y en la que anuncia que está ultimando una ley, versión mejorada de otra declarada inconstitucional en 2004 (la llamada lodo Shifani), que impedirá juzgar a las cinco más altas autoridades del Estado mientras estén en activo.
Pero el ataque no se queda ahí. En su carta, Berlusconi escribe que el decreto ha sido "pensado por el bien de toda la colectividad", aunque admite que paralizará "uno entre tantos procesos intentados contra mí". Se refiere al caso Mills, y acusa a la juez y al fiscal de "usar la justicia con fines mediáticos y políticos", y de "estar supinamente inclinados a la tesis acusatoria". Ayer, sus abogados recusaron a la presidenta del tribunal milanés, Nicoletta Gandus.
En el centro del proceso contra Berlusconi está la acusación de haber ordenado el pago de 600.000 dólares (unos 387.000 euros) al abogado inglés David Mills como recompensa por no revelar, durante dos juicios en los que participó en calidad de testigo, informaciones sobre dos empresas off-shore de Mediaset, abiertas según la fiscalía para lavar dinero negro.
El clima de concordia queda hecho trizas. En el Senado, la oposición monta la primera bronca de la legislatura. Algunos portan carteles: "Impunidad para el primer ministro, tolerancia cero para los demás". Hay abucheos, y decenas de peticiones de palabra para obstruir la aprobación del decreto que incluye las enmiendas salva-Berlusconi.
El Partido Democrático, la Unión de los Demócratas Cristianos e Italia de los Valores aparecen unidos por primera vez. Antonio di Pietro declara que "Berlusconi está desplegando una estrategia criminal". El Partido Democrático habla de "golpe de mano" y la Asociación Nacional de Magistrados le acusa de "denigrar y deslegitimar a los jueces".
En el Quirinal, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, deja traslucir su indignación por el envío al Parlamento, sin consultarle, de las medidas para congelar los juicios. "Si hubieran estado en el decreto que me enseñaron, no lo habría firmado", declara. El conflicto institucional está servido.
Italia mía/ Editorial; El País,18/06/2008;
No hay novedad en el nuevo Berlusconi. Actúa como siempre. Ejerce la política como si fuera el presidente del consejo de administración de una empresa. Escucha a los miembros de ese órgano, pero hace y deshace a su gusto. Y en su propio beneficio, que es lo más grave. El primer ministro italiano ha vuelto al poder hace un mes y medio por tercera vez en menos de 15 años con los mismos prejuicios de antes y la desconfianza hacia la judicatura, que, sostiene, está en manos de magistrados de izquierda empeñados en arruinar su carrera.
Durante los dos anteriores mandatos eludió con hábiles artimañas los diversos procesos abiertos contra él por presunta colusión de sus intereses empresariales con el ejercicio del poder. Ahora pretende hacer lo mismo con el argumento de la existencia de un proyecto de ley de seguridad, que el Parlamento va a tramitar por vía de urgencia, con el fin de desatascar la parálisis de los millares de procedimientos judiciales sin resolver. La norma prioriza los procedimientos penales con cadena perpetua o más de 10 años de prisión, especialmente los que crean alarma social (mafia, terrorismo, violaciones). Y al mismo tiempo suspende por un año el desarrollo de juicios relativos a hechos cometidos antes del 30 de junio de 2002 y que se encuentren en una fase comprendida entre la audiencia preliminar y el juicio oral, y que pueden ser castigados con penas de hasta 10 años de cárcel.
El proyecto podría justificarse si no fuera porque una de esas suspensiones atañe directamente a las vicisitudes siempre difíciles de Il Cavaliere con la justicia: el llamado caso Mills, abierto en marzo de 1997 y cuya sentencia en primera instancia podría dictarse en los próximos meses. Berlusconi fue imputado por corrupción tras haber sobornado con 588.000 euros al abogado británico David Mills para que falseara su testimonio en dos juicios contra el actual jefe de Gobierno, celebrados en 1997 y 1998, por irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de su empresa Mediaset. Berlusconi fue absuelto, pero la fiscalía solicita ahora ochos años de prisión.
El líder del Pueblo de la Libertad hace bueno el pronóstico mordaz de Romano Prodi, su antecesor, de que salvo el papado, el político y magnate está dispuesto a comprar todo sin importarle si eso supone una violación al Estado de derecho de un país democrático como es Italia.
Durante los dos anteriores mandatos eludió con hábiles artimañas los diversos procesos abiertos contra él por presunta colusión de sus intereses empresariales con el ejercicio del poder. Ahora pretende hacer lo mismo con el argumento de la existencia de un proyecto de ley de seguridad, que el Parlamento va a tramitar por vía de urgencia, con el fin de desatascar la parálisis de los millares de procedimientos judiciales sin resolver. La norma prioriza los procedimientos penales con cadena perpetua o más de 10 años de prisión, especialmente los que crean alarma social (mafia, terrorismo, violaciones). Y al mismo tiempo suspende por un año el desarrollo de juicios relativos a hechos cometidos antes del 30 de junio de 2002 y que se encuentren en una fase comprendida entre la audiencia preliminar y el juicio oral, y que pueden ser castigados con penas de hasta 10 años de cárcel.
El proyecto podría justificarse si no fuera porque una de esas suspensiones atañe directamente a las vicisitudes siempre difíciles de Il Cavaliere con la justicia: el llamado caso Mills, abierto en marzo de 1997 y cuya sentencia en primera instancia podría dictarse en los próximos meses. Berlusconi fue imputado por corrupción tras haber sobornado con 588.000 euros al abogado británico David Mills para que falseara su testimonio en dos juicios contra el actual jefe de Gobierno, celebrados en 1997 y 1998, por irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de su empresa Mediaset. Berlusconi fue absuelto, pero la fiscalía solicita ahora ochos años de prisión.
El líder del Pueblo de la Libertad hace bueno el pronóstico mordaz de Romano Prodi, su antecesor, de que salvo el papado, el político y magnate está dispuesto a comprar todo sin importarle si eso supone una violación al Estado de derecho de un país democrático como es Italia.
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