Culiacan: sin inteligencia

La guerra sin armas, sin estrategia, sin inteligencia...
Jorge Carrasco Araizaga, reportero

Publicado en la revista Proceso, No. 1648, 1 de junio de 2008;

Si los ciudadanos no contaran con las tranquilizadoras expresiones de funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República –para quien, “aunque no lo parezca”, la guerra antinarco está siendo “ganada” por las fuerzas federales–, pensarían lo contrario... Esto se infiere a juzgar por la mortífera capacidad de fuego mostrada en los últimos días por los narcotraficantes. Sin armas, sin estrategia y sin inteligencia, las corporaciones federales prácticamente se encuentran a merced del narcotráfico, como ocurrió el pasado 26 de mayo en Culiacán, Sinaloa…
Una simple llamada telefónica evidenció a la publicitada policía científica del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de paso ocasionó el más duro golpe a los operativos antinarco del gobierno federal con el asesinato de ocho policías federales.
La noche del pasado 26 de mayo, a las 10:50, hora local, la denominada Policía Federal que participa en el Operativo Culiacán-Navolato recibió una llamada anónima en la que se denunciaba la presencia de un grupo armado en una casa de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán.
Una veintena de policías se trasladó en tres camionetas pick up al número 1100 de la calle Alba de Acosta, la casa de seguridad en que los esperaba una célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes disputan el control del cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán.
Se trata del mismo grupo que ordenó la ejecución de Édgar Eusebio Millán Gómez. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal fue asesinado el pasado 8 de mayo, en represalia por el fallido operativo que dirigió para capturar a Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas; en la acción detuvo a nueve de sus guardaespaldas.
Pese a otras sensibles bajas que el cuerpo policial ha sufrido en semanas recientes a manos de los Beltrán, y sin ponderar la información anónima, los agentes destacados en Culiacán se trasladaron la noche del lunes a la casa reportada, en un populoso barrio de la ciudad.
Sin datos fidedignos y procesados mediante un sistema de inteligencia se presentaron en una de las zonas más conflictivas de la capital sinaloense, sector de “picaderos” donde dos semanas atrás detuvieron a siete delincuentes en posesión de armas largas y vehículos con reportes de robo.
La trampa estaba tendida. En cuanto los policías llegaron fueron recibidos a tiros por sicarios que los atacaron desde la casa de seguridad reportada. Algunos de ellos, incluso, estaban apostados como francotiradores en la parte alta del inmueble. Construida en dos niveles y de gran tamaño, la casa se convirtió en un refugio para los agresores, quienes dispararon también desde todas las ventanas de la construcción.
Pero el ataque letal también se lanzó desde un inmueble de la acera de enfrente. Ahí se encontraba otro grupo de agresores. Los policías que acudieron a la llamada anónima desconocían la manera en que se encontraban organizados los pistoleros.
En los primeros momentos de la balacera cuatro agentes fueron acribillados. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la que depende la denominada Policía Federal, varios policías recibieron tiros de frente y por la espalda. Tres más murieron en el hospital. Uno más, que alcanzó a subir adonde se encontraban los francotiradores, quedó en esa parte de la casa que sirvió de señuelo.
En total, fallecieron ocho uniformados y tres quedaron heridos. Son las bajas más numerosas que la Policía Federal ha sufrido en una sola acción desde que comenzaron los operativos antinarco, en diciembre de 2006, en Michoacán.
Del otro bando, sólo uno de los sicarios murió y tres fueron detenidos, incluida una menor de 14 años. Se estima que más de 20 sujetos huyeron antes de que llegaran cientos de refuerzos policiales y militares. En el ataque, los sicarios utilizaron por lo menos fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Las casas vecinas resultaron dañadas y sus habitantes vivieron una noche de terror.
La manera en que fueron asesinados los agentes federales revela que hubo una grave falla de inteligencia, el elemento que García Luna presume, de manera insistente, en su labor de reestructuración de las policías federales.
Menos riesgos y más fuerza
El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia –organización dedicada a la capacitación policial y de propuestas de políticas de seguridad y justicia–, Ernesto López Portillo Vargas, afirma: “Hechos de tal magnitud revelan que los sistemas de inteligencia policial y militar están rebasados”.
Asegura que no se previó la magnitud del ataque al que serían sometidas las fuerzas federales en un contexto como el de Sinaloa. “El proceso de inteligencia policial debiera dar los elementos necesarios para reducir los riesgos e incrementar la fuerza; no de manera indiscriminada, sino la clave del despliegue táctico para estar lo mejor preparado posible ante el embate y en su caso anticiparse”.
La acción contra la policía de la SSP confirmó también la denuncia hecha por el excomisario regional Javier Herrera Valles, recientemente destituido como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), componente principal de lo que García Luna presenta ya como Policía Federal, pese a que el Congreso aún no reforma la Ley Orgánica de la SSP para dar existencia legal a ese cuerpo.
Separado de la SSP por órdenes del propio García Luna, Herrera Valles no sólo acusó al funcionario federal de lucrar con los operativos en beneficio de sus amigos, sino que lo responsabilizó de la ineficiencia de los operativos debido a que no se realiza trabajo de inteligencia.
En entrevista con Proceso (1637), Herrera Valles aseguró: “Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.
Refiere que en las primeras semanas de los operativos ordenados por Felipe Calderón, había una total confusión entre los mandos de la secretaría:
“El área de inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’… todo aquello era la total descoordinación”.
En Culiacán el problema no fue de descoordinación, sino algo también grave: la falta de información de inteligencia para actuar en una de las zonas más conflictivas por la presencia de la delincuencia organizada.
Tal era el desconocimiento del lugar al que llegaron los policías federales que la propia SSP en su comunicado oficial aseguró que los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, cuando en realidad se trataba de Las Vegas.
Apenas llegaron los federales, los pistoleros les comenzaron a disparar causándoles las bajas. Desatado el tiroteo, varios sicarios salieron por el portón en dos camionetas abriendo fuego contra los policías. Una de ellas, tipo Chevrolet Tahoe, chocó contra un poste. Otros salieron por las dos puertas frontales de la casa.
Ante el fuego cruzado, los federales pidieron refuerzos. Llegaron más camionetas con numerosos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Federales de Apoyo, destacados por la SSP en el Operativo Culiacán-Navolato. El operativo fue echado a andar el pasado 13 de mayo, como respuesta al incremento de la violencia en el estado, que desde comienzos de mayo mantiene en zozobra a la población.
Los elementos del Gope y de Fuerzas Federales rescataron a los policías heridos que se habían arrastrado hacia una de las esquinas, así como los cuerpos de los policías abatidos enfrente del inmueble donde fueron emboscados.
También llegaron agentes de las policías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como un destacamento de la IX Zona Militar, ubicada a sólo unas cuadras del lugar de la celada. En total, se estima que llegaron entre 300 y 400 elementos entre civiles y militares armados. Pero cuando se presentaron, los policías federales ya habían caído.
Mutismo castrense
En el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó nada sobre la participación de los elementos castrenses en el enfrentamiento que duró casi cuatro horas, con tiroteos espaciados.
Hacia las 3:00 de la madrugada del martes, elementos del Gope pudieron entrar a la casa. Ahí aseguraron siete fusiles AK-47, 36 cargadores, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos calibre 7.62, de 20 unidades cada una. De la otra casa, los sicarios huyeron por la azotea. Ese inmueble fue asegurado por la PGR. Los militares activaron una granada que no estalló durante el ataque.
Horas después, en la tarde del martes, García Luna negó que sus elementos hubieran sido ejecutados y los presentó como víctimas de un enfrentamiento debido a la superioridad de fuego de los narcotraficantes. Aseguró que las armas de los delincuentes eran de calibre superior a los 50 milímetros.
Peor aún, en una muestra de la poca preparación con la que están actuando sus elementos en los operativos, dijo que la SSP va a “identificar los patrones de conducta que ellos generan en la parte criminal…”.
Al día siguiente del ataque, 200 policías federales más fueron desplazados a Culiacán, con lo que llegaron a 800 los destacados por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Ese desplazamiento colocó a ese estado como el segundo con el mayor número de efectivos de la SSP que forman parte de los operativos ordenados por Calderón. Casi igual que Sinaloa está Tamaulipas, donde hay 817 policías federales. En tercer lugar se encuentra Michoacán, con 584, y le sigue Ciudad Juárez, con 469.
De acuerdo con la SSP, hasta antes de que se enviaran los refuerzos a Culiacán, la Policía Federal tenía 4 mil 766 policías en diferentes estados como parte de los operativos. La actual cifra representa la cuarta parte de los 20 mil elementos con que cuenta en total, en su mayoría integrantes de la PFP.
Los elementos adicionales llegaron a Culiacán la mañana del 28 de mayo pasado en dos aviones de la corporación, tipo Boeing 727 con matrícula XC FPA, al mando del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP.
En declaraciones a la prensa, el militar aseguró que, luego de una llamada anónima, un grupo de inteligencia de la corporación alertó a los uniformados de que un grupo armado se encontraba en la zona del ataque.
Dijo que la agresión se dio desde diferentes casas, por lo que los uniformados quedaron en medio de varios fuegos desde distintos ángulos. Explicó así las bajas: Los agentes recibieron “fuego de al lado, de enfrente; al ver que oponíamos resistencia o que les íbamos ganando, llegaron por la parte posterior, salieron de otras casas”.
Su versión de la resistencia o de que “iban ganando” se contradice con el hecho de que los policías de la SSP no sabían cuantos sicarios había en la zona, cómo estaban distribuidos y el armamento con que contaban. El propio general, un día después de los hechos aún no sabía cuántos sicarios estuvieron involucrados en el tiroteo.
Al igual que García Luna, negó que se tratara de una ejecución y dijo que los sicarios utilizaron armamento más potente que el de los elementos de la SSP: “Nos arrojaron granadas, nos atacaron con armas de calibres superiores, normalmente las que manejan el Ejército y las fuerzas especiales”. Precisó que por lo menos les lanzaron cinco granadas.
En el ataque, añadió, se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible”. El general Cruz López insistió en que no fue una ejecución, “simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”.
Enseguida se refirió a lo que no tuvieron los agentes emboscados en Culiacán: “Nosotros tenemos que actuar con la inteligencia de blancos específicos; necesitamos aquí, ¿cuántos, 50 mil, 60 mil hombres para estar en las calles día a día? Sería materialmente imposible. Entonces hay que privilegiar la inteligencia”.
Sin indicar a partir de cuándo ni cómo, dijo que la Policía Federal elevará el calibre de las armas que utiliza, de 2.23 a 7.62; aunque aseguró que la SSP tiene 4 mil de esas piezas que disparan en ráfaga, la mitad de las que se requieren en la actualidad.
Sobre los responsables del ataque, se limitó a decir: “Se supone que es una célula derivada de otra célula de los Beltrán”.
Mantas acusadoras
El mismo día en que llegaron los refuerzos policiales desde la Ciudad de México, el miércoles 28, amanecieron en distintos puntos de la capital sinaloense cinco mantas en contra de García Luna y del comandante de la III Región Militar y exjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo, general de división Roberto Miranda Sánchez, quien también tiene un programa de denuncia anónima.
Firmados por “policías honestos de Culiacán”, en uno de los mensajes se acusa al secretario y al general de proteger a Arturo Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo, quienes, según la PGR, se unieron en contra de El Chapo Guzmán. Fue la segunda ocasión en menos de un mes que aparecieron mantas en contra del general Miranda y de García Luna.
“General Roberto Miranda; secretario que vende y entrega a sus policías, Genaro García Luna; en su memoria y conciencia, si es que tienen, llevarán la muerte de tantos policías y gente inocente, y todo por ser fieles de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo. Señor presidente, en manos de quién estamos”, decía uno de los mensajes colocados el miércoles 28.
Otro apuntaba: “En estos operativos los resultados son: pueblo pierde vidas y Miranda gana dólares, ¡que bien! Pudiera pagar la nómina aquí en la corporación”.
Más directa, en otra manta se leía: “General Miranda: sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y respaldo en el cuartel militar. ¿Qué no tiene un grupo de inteligencia, por qué no lo había detectado si estaban a dos cuadras del cuartel…”. El mensaje aludió a la cercanía de las instalaciones de IX Zona Militar con las casas de seguridad desde las que la célula de los Beltrán Leyva atacó a los federales.
La manta agregaba: “… Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo y Vicente para atacar a sus rivales. Qué lástima general corrupto, dónde quedó su lealtad a la patria y su honestidad. La verdad, soy yo mil veces más honesto que tú. General vendido”.
Ernesto López Portillo dice que con las mantas, “esas organizaciones nos avisan a todos que están por encima de cualquier institución del Estado. No tengo duda de que alguien que hace ese acto opera sobre la base de esa certeza. Estamos en un momento dramático que nos debería llevar a una revisión total de la respuesta de las instituciones y de la sociedad frente a la delincuencia organizada”.
Añade que si bien la respuesta violenta era previsible, pues incluso las mejores policías pueden verse rebasadas por la delincuencia en hechos específicos, lo que está ocurriendo es que las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad para desafiar al Estado mexicano.
Lo peor, añade, es que cada hecho de violencia de la delincuencia organizada que no es castigado alienta a que se realice otro. Pero además de la impunidad, dice, estamos ante una compleja suma de fallas, que pasa por la inteligencia y la profesionalización de las policías.
Cauto, considera que en este momento no se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico, centralizada en el uso de la fuerza, sea un fracaso y menos un éxito. “No existen elementos suficientes para afirmarlo, lo que sí se puede decir es que es insuficiente”.

Atrapado por la violencia
Erubiel Tirado, reportero
Entronizado por el poder militar como gobernante y sin llegar aún al primer tercio de su mandato, Felipe Calderón enfrenta una de las peores encrucijadas de la principal acción por la que se le reconoce dentro y fuera del país: su guerra contra las drogas y el crimen organizado.
El enfrentamiento de más de cuatro horas ocurrido en Culiacán el pasado 27 de mayo, presuntamente con miembros del reconfigurado cártel de los Beltrán Leyva (al que se le atribuye el asesinato, 10 días antes, del comisario Édgar Millán Gómez), le ha infligido al gobierno calderonista una de sus peores derrotas en cuanto a bajas oficiales se refiere en una sola acción: ocho policías muertos.
No menos importante resulta el incidente violento en sí cuando se observa que las fuerzas de seguridad federal fueron recibidas no sólo por ráfagas de armas de alto poder, sino por armamento táctico, como granadas de fragmentación, en una inusual reacción que denota cierta especialización militar de los delincuentes. Únicamente así se explica que un grupo de sicarios lograse escapar de un cerco policiaco-militar de más de 400 elementos en el lugar, y luego de varias horas de refriega.
Identidad criminal, vulnerabilidad oficial
El comportamiento táctico que se observa estaría corroborando, en los hechos, los primeros indicios de las nuevas configuraciones estructurales (no sólo reacomodos y pugnas territoriales) de los cárteles mexicanos que, de un modo u otro estarían añadiendo (como lo hiciera originalmente el cártel del Golfo) habilidades castrenses a su capacidad de fuego, a veces muy superior a la de la mayor parte de las fuerzas policiacas del país.
Los Zetas, cuyos elementos originales son de extracción militar de élite y brazo armado inicialmente al servicio del cártel de Osiel Cárdenas, han ampliado no sólo su estructura, pretendidamente autosuficiente (con la preparación de nuevos sicarios reclutados civil o militarmente), sino diversificado el ámbito cualitativo de sus acciones mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras organizaciones.
De este modo, el fenómeno mercenario castrense se convierte en un factor independiente o muy versátil en el complejo entramado del narco en México. Es aquí donde el gobierno muestra una de las principales debilidades de su publicitada Estrategia Nacional de Seguridad que el gobierno se niega a reconocer y, más aún, a corregir.
Otra de las enseñanzas lamentables del incidente de Culiacán es la disparidad de equipo y preparación que prevalece al interior de las corporaciones con las que se implementa la estrategia calderonista, aun tratándose de elementos de la misma institución. Esto nos habla de que el gobierno cifró su confianza en formaciones policiacas y militares de élite, sin prever que en el futuro debería formar cuadros especializados en sus propias instituciones. A este escenario debe añadirse una mal disimulada rivalidad de desempeño entre las corporaciones que participan en los llamados operativos conjuntos: la Policía Federal Preventiva acudió sola al lugar donde emboscaron a sus elementos, sin acompañamiento alguno de las fuerzas militares emplazadas en la región desde dos semanas atrás (más de 2 mil elementos, entre soldados y marinos).
Desde una visión más amplia, debe destacarse que el crimen organizado está aprendiendo rápido de los errores gubernamentales, al aprovechar no sólo la inveterada corrupción con la que sistemáticamente infiltra a las corporaciones de seguridad en los tres niveles de gobierno, sino las pugnas interburocráticas y los protagonismos institucionales que anulan la coordinación y el intercambio de información fundamentales para una intervención eficiente contra la delincuencia. Ante la ineficacia probada del empleo de tácticas contrainsurgentes en la lucha contra el narcotráfico y del énfasis meramente presencial de los operativos conjuntos, el gobierno calderonista tendrá que acelerar el reclutamiento y formación de nuevos cuadros policiacos si no quiere admitir su derrota antes de concluir el sexenio.
La delgada línea...
Con casi mil 500 muertos en lo que va del año, Calderón cierra el mes de mayo como uno de los más violentos con la marca de la desesperación al observar, por un lado, una larga secuela de enfrentamientos donde la correlación de fuerzas no siempre ha sido favorable a su gobierno, pese a la retórica del autoengaño oficial que, un día sí y otro también, afirma que “el Estado va ganando la guerra contra el crimen”. El recuento de batallas a lo largo de casi año y medio de operativos policiaco-militares traza una singular geografía que involucra los cuatro puntos cardinales del territorio nacional: Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.
Destaca por sus implicaciones, como efecto colateral negativo, el hecho de que las instituciones policiacas o militares se sientan agraviadas en lo individual y emprendan, con la complacencia presidencial, una respuesta de represión indiscriminada en las zonas en cuestión y al margen de las directrices de la misma estrategia nacional de seguridad. Así ocurrió en el caso del incidente de Carácuaro, Michoacán, en mayo del año pasado, donde al Ejército se le permitió actuar sin cortapisas en acciones que bien podrían caracterizarse de venganza institucional por la muerte emboscada de varios de sus elementos, en un incidente por demás irresponsable.
Por otro lado, y no menos importante en el análisis son las acciones de la delincuencia organizada que dejan entrever el desarrollo de una inteligencia criminal como parte de una estrategia enfocada a disminuir las capacidades del gobierno para enfrentarla.
Los asesinatos selectivos de cuadros y funcionarios estratégicos para las fuerzas de seguridad, no son actividades aisladas ni fortuitas y ponen al gobierno entre la espada y la pared, porque los pocos funcionarios confiables con los que cuenta, la mayoría forjados en actividades de inteligencia, están siendo expuestos y exterminados por el hampa a una tasa más rápida que la de sustitución y formación de dichos cuadros.
Ante esta circunstancia, de poco servirán los 3 mil nuevos elementos que prometió la Secretaría de Seguridad Pública con su “nuevo modelo” de formación policial que ha tomado como base el curso trimestral de una policía estatal norteamericana (no de una agencia federal) y menos aún la sustitución de mandos policiales cuando persiste la mortal mezcla de corrupción e ineficiencia en buena parte de su estructura.
Por la parte militar bien se puede decir lo mismo teniendo como parámetro la inercia institucional de salvaguardar a sus elementos de cualquier escrutinio que ponga en duda su desempeño y exposición ante el poder corruptor del narcotráfico. A diferencia de los últimos regímenes priistas que se vieron obligados a admitir esa realidad, con los gobiernos panistas se estableció una regla no escrita de dejar hacer y dejar pasar a cambio del respaldo armado al régimen y para los fines que el propio presidente determine.
Difícilmente el gobierno admitirá sus fallas y menos su derrota. El presidente Calderón podrá seguir argumentando que la violencia creciente es una respuesta del narcotráfico porque sus acciones “han golpeado de manera clave a la estructura financiera y operativa” de varios de los cárteles, pero lo cierto es que la recomposición del fenómeno está demostrando aspectos de los que no se tenía precedente.
La relativa eficacia de la estrategia de seguridad está siendo disminuida a golpe de una constante y creciente baja de elementos en los enfrentamientos, y de asesinatos selectivos, en tanto se sigue privilegiando una estrategia basada en la fuerza y la eventual discrecionalidad de sus brazos institucionales armados, con consecuencias negativas para la población civil.

El Estado, derrotado en Sinaloa
Ismael Bojórquez, reportero.

A Culiacán llegaron miles de soldados y policías federales. Los militares tomaron el mando de las corporaciones locales y el gabinete de Seguridad anunció el enésimo operativo que esta vez sí aca-baría con la violencia. Como respuesta, el ejército del narco se ensaña e impone el miedo. “Cuídense”, es lo mejor que puede decir el secretario de Gobernación a los sinaloenses.
CULIACÁN, SIN.- “Cuídense, esto se está poniendo muy pesado”, les dijo Juan Camilo Mouriño a los representantes empresariales y del gobierno con los que se reunió el 13 de mayo en esta ciudad. Todavía no se cumplían dos semanas completas de mayo y ya se habían acumulado aquí 52 asesinatos, la mayoría relacionados con el narcotráfico.
El secretario de Gobernación tenía razón. En los siguientes ocho días se perpetraron 25 homicidios más, dos de ellos policías ministeriales. Para el 19 de mayo, la cifra había crecido a 77.
Mouriño encabezó la reunión del gabinete de seguridad que se llevó a cabo aquí a petición del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.
Después del encuentro fue anunciado el Operativo Culiacán-Navolato, como parte del cual llegaron al centro del estado mil 433 soldados, 740 policías federales, 500 marinos y 50 elementos de la PGR, entre peritos, fiscales y agentes del Ministerio Público: en total, 2 mil 723 elementos federales más.
Sin embargo, el despliegue resultó inútil para contener la violencia. Para el jueves 29 la cifra subió a 108 crímenes, cantidad que nunca había alcanzado Sinaloa en un período similar.
También el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, vaticinó: “La guerra sigue y caerán más policías y gente inocente”, les dijo a los empresarios. Un día después de anunciado el operativo, un grupo de gatilleros baleó la base de la Policía Ministerial en Guamúchil. El ataque no causó heridos.
El lunes 19 fueron acribillados dos policías ministeriales en Guasave. A raíz de esto, un comandante de la corporación, Rufino Aispuro Soto, fue trasladado a Culiacán. Pero la muerte lo venía siguiendo. El 28 de mayo por la mañana fue encontrado su cadáver en un barrio residencial. Tenía su arma de cargo a un lado y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.
El 25 por la noche, mientras hacían un rondín por la zona rural de la sindicatura El Tamarindo, de Culiacán, dos policías municipales descubrieron en un maizal a la patrulla 0702, que había desaparecido junto con cuatro agentes desde el 1 de mayo. Los cuerpos estaban en la cajuela. De acuerdo con el reporte del forense, fueron asesinados el mismo día que los levantaron.
Militarización y miedo
El 19 de mayo, sin que la violencia hubiese mermado ante los operativos federales, el gobierno de Aguilar Padilla anunció que tres militares tomaban el mando de la policía municipal de Culiacán, de la Ministerial y de la Estatal Preventiva.
La respuesta de los narcotraficantes fue recrudecer la violencia; en los primeros ocho días de los nuevos mandos cometieron 30 asesinatos más.
En uno de éstos, la noche del 27, ocho policías federales cayeron acribillados durante la persecución de un grupo de gatilleros que ejecutaron a dos jóvenes en la colonia Rubén Jaramillo. Los policías los persiguieron pero los sicarios les tendieron una trampa. Llegaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Vegas y ahí los estaba esperando otra célula de gatilleros.
Cuatro de los policías fueron abatidos en cuanto se bajaron de la unidad, otro de ellos cayó cuando pretendía sorprender a los sicarios entrando por una azotea, dos más murieron en la batalla y uno en el hospital, el día siguiente. Tres quedaron heridos. Sólo murió un gatillero. El tiroteo duró cuatro horas y, pese a que fuerzas del Ejército se unieron a los policías federales, los delincuentes rompieron el cerco y huyeron.
Por todo esto, en todas las policías se respira el miedo. Lo dicen los agentes, los comandantes y hasta los directivos, y se hacen recomendaciones: no anden solos, no se expongan, salgan de sus bases sin el uniforme.
El signo más reciente de ese miedo es que en la base central de la Policía Ministerial, ubicada en Culiacán, se construyeron barricadas. En todas las oficinas que dan a la calle se colocaron barreras de costales de arena. Los empleados dicen que fue por órdenes del procurador, Luis Antonio Cárdenas Fonseca, quien pidió que se protegieran todas las instalaciones y se reforzara la vigilancia.
De igual forma, después del atentado que sufrió la base de la Policía Ministerial en la ciudad de Guamúchil, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Salvador Alvarado cubrió con ladrillos las ventanas que dan a la calle.
No es gratuito ese miedo. El viernes 30 de mayo por la mañana, un comando armado atacó a dos comandantes cuando charlaban a 30 metros de la base de la Policía Ministerial en Mazatlán. Uno de ellos, Antonio Ibarra Castañeda, es el jefe de esta corporación en el puerto y sobrevivió; el otro, Ramón Castro Maldonado, era comandante de la Policía Estatal Preventiva adscrito a Mazatlán y murió en el ataque.
Puro circo
Una de las demandas de los empresarios cuando se reunieron con el gabinete de seguridad fue que se combatiera el lavado de dinero. Veremos qué se puede hacer, dijo Mouriño.
Un día después fueron cerradas 26 casas de cambio que operaban en una zona de Culiacán donde desde hace 25 años se venden y compran dólares en la calle sin recibos ni registros, nada, sólo el dinero, mano a mano. Pueden ser 10, 20 dólares, o 200 mil, la cantidad no importa. La mayoría de estos negocios están registrados en Hacienda, pagan impuestos y tienen el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo menos dos de ellos aparecen registrados en la Asociación Nacional de Casas de Cambio.
Fue esta zona donde se inició Blanca Margarita Cázares Salazar, a quien la DEA rebautizó como La Emperatriz y la acusó de dirigir empresas en las que se lava dinero del narcotráfico.
Para el presidente de la Cámara del Comercio de Culiacán, José Luis Aispuro, esta medida es insuficiente y busca más bien un impacto mediático, pues dice que el grueso del dinero proveniente del narcotráfico no está en esas casas de cambio, sino en otras ramas de la economía que han permanecido intocadas:
“Mientras sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Tenemos que ir al fondo. Afuera de Culiacán lo primero que te preguntan es cuántos muertos hubo esta semana. Es el último cartucho que le queda al gobierno federal y la sociedad ya no está para aguantar mucho. Y la verdad, hasta ahora los resultados son más bien pobres. Lo que han logrado en decomisos de armas y drogas, no son suficientes.
“Hay que darle seguimiento al dinero. ¿Que hay secreto bancario? Sí, pero de todas formas te puedes meter a la información y descubrir las redes del lavado. Hay empresas que nacen y de repente crecen, y dices: ah, cabrón, ¿de dónde? Se tiene que hacer inteligencia en cuanto al lavado del dinero; en la medida que lo haga el gobierno podrá dar golpes contundentes; lo que hizo en el mercadito con los vendedólares no es más que espectáculo; esa no es una medida contra el lavado de dinero. Tenemos tres semanas y hasta ahora no han cerrado ninguna empresa importante, por tanto no es creíble que estén combatiendo el lavado.”
Para Carlos Raúl Pimentel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Culiacán, los niveles de violencia que hay en Sinaloa afectan las inversiones:
“Hay empresarios que se iban a venir a Sinaloa y que ya de plano no vienen; otras empresas ya instaladas se están yendo; hay empresas que van a cerrar, que dicen: aquí no se puede, mejor nos vamos. Unos empresarios de Guadalajara que estaban a punto de venirse dijeron no, mejor no vamos”.
Las razones están a la vista. Por ejemplo, durante la balacera del 30 de abril, en la colonia Guadalupe, varios proyectiles se impactaron en una bodega que acababan de abrir.