Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán,
Publiado en EL Universal, 13 de julio de 2008;
Libre expresión y... réplica censurada
Ejemplo de violación al derecho de réplica
Nadie sabe lo que va a ocurrir cuando la Suprema Corte resuelva sobre los amparos de notables respecto a la cuestionada enmienda al 41 constitucional, que según unos limita la libre expresión y que para otros es un ejemplo de equidad en tiempos electorales.
Lo cierto es que de suyo es un éxito para los que reclaman la primera premisa —que la reforma vulnera formas de la libre expresión— el hecho de que la constitucionalidad de esa parte de la reforma se haya logrado por la mínima diferencia de solo un voto del pleno de la Corte, lo que nos enseñan que el tema va mucho más allá del máximo tribunal.
Pero esa es sólo la primera buena noticia para los notables que apelan a la intervención de la Corte para que se pronuncie a favor de su causa. Y es que los integrantes del máximo tribunal decidieron dar entrada al amparo que promovieron —además de poderosos capitanes de empresa— quienes insisten que es inconstitucional la prohibición propuesta por el artículo 41 constitucional —aprobada en las recientes reformas electorales— que limita a cualquier persona que pretenda comprar espacios en radio y televisión para opinar sobre cuestiones electorales.
La Corte, como dijimos, dio entrada al amparo —lo que de suyo debe ser entendido como otro paso positivo—, que resolverá en definitiva al concluir el periodo vacacional vigente del Poder Judicial. Y como es común en este tipo de temas, todos se hacen la misma pregunta. ¿Qué va a pasar? En realidad nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos todos es que en torno al tema han aparecido preocupantes excesos, inaceptables mentira mediáticas y —ya en el extremo de la intolerancia y la inconsecuencia— resulta que uno de los diarios que más apasionadamente defiende la libertad de expresión quedó exhibido en su triste realidad: mercenario de la libre expresión y, al mismo tiempo, un feudo incapaz de reconocer el derecho de réplica. Pero vamos por partes.
ACLARACIÓN
Primero debemos aclarar que el autor de este espacio argumentó y defendió —y sigue argumentando y defendiendo— que es contraria a la libertad de expresión la reforma al artículo 41 de la Carta Magna, en donde de prohíbe a quienes tienen una opinión y dinero para expresarla —clase social que la siempre vendible simplificación popular identifica como “los ricos”— pagar un comentario, una crítica u opinión sobre tal o cual partido, candidato o fuerza política en contienda durante los tiempos electorales.
Al autor de este espacio le parece que si bien esa prohibición ya era parte de la legislación electoral, al llevarla a la Constitución en realidad lo que se consigue no es garantizar su cumplimiento, sino que se mutilan partes esenciales de una libertad fundamental; la de expresión, que tiene su fundamento precisamente en la llamada “opinión pública”, concepto que nadie quiere reconocer en México, que pocos quieren aceptar, y cuyas leyes —en su concepción básica de leyes naturales— se violan con esa norma de la Carta Magna mexicana.
En este espacio creemos que “el Estado policía” es la negación del Estado, y que el asunto se puede resolver rescatando la concepción primera del Estado; velar por libertades, derechos y la defensa de los bienes y la vida de las personas. Es decir, si el problema es que los ricos, por su poder económico, son los únicos capaces de pagar propaganda cara para denostar a sus adversarios, la solución no está en impedir que ello paguen, sino en convertir en un recurso gratuito, al alcance de todos el acceso a la publicidad en tiempos electorales —acceso a los medios—, cuya gratuidad sería como la reglamentación del consumo de bebidas alcohólicas en tiempos de la prohibición.
Si el problema son los ricos, hagamos gratuito el acceso de todos a los medios en tiempos electorales; ricos y pobres podrán acceder a espacios en radio y televisión, en igualdad de condiciones y bajo las reglas elementales de respetar a terceros, de no faltar a la verdad, de no mentir ni difamar. Pero el asunto va más allá. Otro de los problemas que presenta la nueva legislación electoral es que obliga al IFE a crear un monstruo burocrático para verificar que partidos y candidatos violen la nueva ley. Es decir, de nueva cuenta se crea la trampa para ese círculo de la zanahoria y el garrote. El asunto se puede resolver si, en cambio, el IFE sólo actuar a partir de una denuncia ciudadana, probada y confirmada. Pero eso no será posible porque de lo que se trata es de construir un “estado policía”, no un Estado en donde la razón de ser, el centro y el origen sea el ciudadano.
EXCESOS
Así pues, aquí no estamos con los notables, tampoco con los capitanes de empresa y menos con las televisoras y concesionarios de radio que han emprendido una vulgar campaña mediática que pretende hacer creer que la reforma al 41 constitucional es lo más parecido a la violación estalinista de la libertad de expresión. ¿Quiénes son los barones de la radio y la televisión para hablar de libertad de expresión, para reclamar censura?
Todos saben —pero pocos lo aceptan y lo reconocen— que entre los más poderosos concesionarios de la tv privada —sobre todo Televisa y TV Azteca— y las más fuertes familias que controlan la radio, están los más groseros e incongruentes censores y violadores de la libre expresión Todos los días se “muerden la lengua”, “escupen para arriba” y dan muestras formidables de incongruencia, porque lo que les importa es la renta de sus negocios familiares. Gritan a los cuatro vientos que el Estado aprobó una ley que censura y promueve la violación a la libre expresión, pero a cada minuto esos medios censuran, atentan contra la libre expresión, negocian, se prestan a “insultantes chanchullos” mediáticos.
Pero la incongruencia no sólo está en la radio y la televisión. También en algunos diarios. Hace ocho días, en su colaboración para Reforma, el estudioso de la cosa política preocupado por libertades fundamentales, pero también colaborador de Televisión Azteca, Jaime Sánchez Susarrey, dedicó su artículo semanal a la defensa de la tesis de los notables en torno a que el 41 constitucional significa una violación a la libre expresión. Pero no fue todo, cuestionó con severidad, con argumentos más hepáticos que razonables y en tono insultante e intolerante a uno de lo más reputados y reconocido experto del estudio de los medios, Raúl Trejo Delarbre.
Sánchez Susarrey, en tanto practicante del género de opinión, tiene el derecho de creer, pensar y decir lo que le plazca de la citada reforma y de los estudiosos de los medios, como Trejo Delarbre. Pero también el aludido tiene el derecho de reclamar su derecho constitucional de réplica. Pero en Reforma le negaron ese derecho, lo que coloca a Sánchez Susarrey en situación de misil y “protegido a ultranza”. ¿Con qué cara ese diario reclama al Estado la reforma al 41 constitucional?. Intolerancia en los extremos. Ayer de izquierda, hoy de la derecha.
LOS ESCENARIOS
Si la Corte acepta los amparos, éstos serán resueltos por un juez, y su resolución revisada por La Corte. Nadie sabe lo que pasará, pero todos vemos penosos espectáculos. Al tiempo.
Nadie sabe lo que va a ocurrir cuando la Suprema Corte resuelva sobre los amparos de notables respecto a la cuestionada enmienda al 41 constitucional, que según unos limita la libre expresión y que para otros es un ejemplo de equidad en tiempos electorales.
Lo cierto es que de suyo es un éxito para los que reclaman la primera premisa —que la reforma vulnera formas de la libre expresión— el hecho de que la constitucionalidad de esa parte de la reforma se haya logrado por la mínima diferencia de solo un voto del pleno de la Corte, lo que nos enseñan que el tema va mucho más allá del máximo tribunal.
Pero esa es sólo la primera buena noticia para los notables que apelan a la intervención de la Corte para que se pronuncie a favor de su causa. Y es que los integrantes del máximo tribunal decidieron dar entrada al amparo que promovieron —además de poderosos capitanes de empresa— quienes insisten que es inconstitucional la prohibición propuesta por el artículo 41 constitucional —aprobada en las recientes reformas electorales— que limita a cualquier persona que pretenda comprar espacios en radio y televisión para opinar sobre cuestiones electorales.
La Corte, como dijimos, dio entrada al amparo —lo que de suyo debe ser entendido como otro paso positivo—, que resolverá en definitiva al concluir el periodo vacacional vigente del Poder Judicial. Y como es común en este tipo de temas, todos se hacen la misma pregunta. ¿Qué va a pasar? En realidad nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos todos es que en torno al tema han aparecido preocupantes excesos, inaceptables mentira mediáticas y —ya en el extremo de la intolerancia y la inconsecuencia— resulta que uno de los diarios que más apasionadamente defiende la libertad de expresión quedó exhibido en su triste realidad: mercenario de la libre expresión y, al mismo tiempo, un feudo incapaz de reconocer el derecho de réplica. Pero vamos por partes.
ACLARACIÓN
Primero debemos aclarar que el autor de este espacio argumentó y defendió —y sigue argumentando y defendiendo— que es contraria a la libertad de expresión la reforma al artículo 41 de la Carta Magna, en donde de prohíbe a quienes tienen una opinión y dinero para expresarla —clase social que la siempre vendible simplificación popular identifica como “los ricos”— pagar un comentario, una crítica u opinión sobre tal o cual partido, candidato o fuerza política en contienda durante los tiempos electorales.
Al autor de este espacio le parece que si bien esa prohibición ya era parte de la legislación electoral, al llevarla a la Constitución en realidad lo que se consigue no es garantizar su cumplimiento, sino que se mutilan partes esenciales de una libertad fundamental; la de expresión, que tiene su fundamento precisamente en la llamada “opinión pública”, concepto que nadie quiere reconocer en México, que pocos quieren aceptar, y cuyas leyes —en su concepción básica de leyes naturales— se violan con esa norma de la Carta Magna mexicana.
En este espacio creemos que “el Estado policía” es la negación del Estado, y que el asunto se puede resolver rescatando la concepción primera del Estado; velar por libertades, derechos y la defensa de los bienes y la vida de las personas. Es decir, si el problema es que los ricos, por su poder económico, son los únicos capaces de pagar propaganda cara para denostar a sus adversarios, la solución no está en impedir que ello paguen, sino en convertir en un recurso gratuito, al alcance de todos el acceso a la publicidad en tiempos electorales —acceso a los medios—, cuya gratuidad sería como la reglamentación del consumo de bebidas alcohólicas en tiempos de la prohibición.
Si el problema son los ricos, hagamos gratuito el acceso de todos a los medios en tiempos electorales; ricos y pobres podrán acceder a espacios en radio y televisión, en igualdad de condiciones y bajo las reglas elementales de respetar a terceros, de no faltar a la verdad, de no mentir ni difamar. Pero el asunto va más allá. Otro de los problemas que presenta la nueva legislación electoral es que obliga al IFE a crear un monstruo burocrático para verificar que partidos y candidatos violen la nueva ley. Es decir, de nueva cuenta se crea la trampa para ese círculo de la zanahoria y el garrote. El asunto se puede resolver si, en cambio, el IFE sólo actuar a partir de una denuncia ciudadana, probada y confirmada. Pero eso no será posible porque de lo que se trata es de construir un “estado policía”, no un Estado en donde la razón de ser, el centro y el origen sea el ciudadano.
EXCESOS
Así pues, aquí no estamos con los notables, tampoco con los capitanes de empresa y menos con las televisoras y concesionarios de radio que han emprendido una vulgar campaña mediática que pretende hacer creer que la reforma al 41 constitucional es lo más parecido a la violación estalinista de la libertad de expresión. ¿Quiénes son los barones de la radio y la televisión para hablar de libertad de expresión, para reclamar censura?
Todos saben —pero pocos lo aceptan y lo reconocen— que entre los más poderosos concesionarios de la tv privada —sobre todo Televisa y TV Azteca— y las más fuertes familias que controlan la radio, están los más groseros e incongruentes censores y violadores de la libre expresión Todos los días se “muerden la lengua”, “escupen para arriba” y dan muestras formidables de incongruencia, porque lo que les importa es la renta de sus negocios familiares. Gritan a los cuatro vientos que el Estado aprobó una ley que censura y promueve la violación a la libre expresión, pero a cada minuto esos medios censuran, atentan contra la libre expresión, negocian, se prestan a “insultantes chanchullos” mediáticos.
Pero la incongruencia no sólo está en la radio y la televisión. También en algunos diarios. Hace ocho días, en su colaboración para Reforma, el estudioso de la cosa política preocupado por libertades fundamentales, pero también colaborador de Televisión Azteca, Jaime Sánchez Susarrey, dedicó su artículo semanal a la defensa de la tesis de los notables en torno a que el 41 constitucional significa una violación a la libre expresión. Pero no fue todo, cuestionó con severidad, con argumentos más hepáticos que razonables y en tono insultante e intolerante a uno de lo más reputados y reconocido experto del estudio de los medios, Raúl Trejo Delarbre.
Sánchez Susarrey, en tanto practicante del género de opinión, tiene el derecho de creer, pensar y decir lo que le plazca de la citada reforma y de los estudiosos de los medios, como Trejo Delarbre. Pero también el aludido tiene el derecho de reclamar su derecho constitucional de réplica. Pero en Reforma le negaron ese derecho, lo que coloca a Sánchez Susarrey en situación de misil y “protegido a ultranza”. ¿Con qué cara ese diario reclama al Estado la reforma al 41 constitucional?. Intolerancia en los extremos. Ayer de izquierda, hoy de la derecha.
LOS ESCENARIOS
Si la Corte acepta los amparos, éstos serán resueltos por un juez, y su resolución revisada por La Corte. Nadie sabe lo que pasará, pero todos vemos penosos espectáculos. Al tiempo.
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