Sectas satánicas y discriminadores natos/ Roberto Blancarte
Publicado en Milenio Diario, Martes, 29 Julio, 2008;
Como si me quisieran dar la razón, después de haber escrito el martes pasado acerca de las actitudes discriminatorias que hay en muchos de nosotros, a lo largo de la semana han surgido una serie de notas y declaraciones que invocan la Inquisición moderna. El viernes MILENIO publicó en primera plana una nota sobre “Ritos satánicos en abusos a niños”, y se dice en el mismo encabezado que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría “proliferan casos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero”. Ya en las páginas interiores, Blanca Valadez reporta de manera más detallada la investigación del INP y queda claro que en uno por ciento de los casos se han hallado indicios de ritualismo satánico, de acuerdo con un libro de su director, Arturo Loredo Abdalá, titulado Maltrato en niños y adolescentes. Hasta allí, todo bien. Si acaso uno podría criticar un cierto sensacionalismo periodístico, pero dada la gravedad de los hechos y la importancia de señalar el fenómeno del difundido maltrato a los menores, la cuestión me parece más que justificable. Estaríamos hablando de un universo total de 32.4 millones de niños, de los cuales 3.2 millones serían entonces maltratados y de estos habría 32 mil niños involucrados en rituales satánicos.
Pero las cosas son más complejas. Cuando yo veo este tipo de noticias, dos pensamientos me vienen a la cabeza: el primero es que por supuesto las “autoridades competentes” tendrían que poner más atención a estos casos, pues si ya han sido reportados de alguna manera al Instituto Nacional de Pediatría o al autor del mencionado libro, quiere decir que hay indicios suficientes para comenzar una investigación. El segundo pensamiento es que, desafortunadamente, este tipo de casos vendrá seguramente a alimentar una mentalidad de por sí discriminadora en buena parte de nuestra población, y por lo tanto entre muchos de nuestros funcionarios. La reacción de los de Oaxaca fue inmediata y al principio parecía muy adecuada. Según el propio MILENIO, Mario Alberto Guzmán Castreana, titular encargado del área de gobierno y asuntos religiosos, habría indicado que no hay evidencias de quejas sobre la presencia del algún culto satánico. Habría dicho además de manera muy pertinente: “De haber algún caso se hubiera intervenido, pues independientemente de que se trata de un culto, se estaría constituyendo un delito grave tras incurrir en acciones de sadismo, perversión, tortura y pornografía en prejuicio de un menor”. Perfecto. Es decir, más allá de si se trata de algún culto, cuando hay delitos que perseguir, se persiguen y punto. Eso, en teoría, debería de evitar cualquier riesgo de discriminación en contra de otros cultos que podrían parecer extraños a la población (como la santería o la brujería) y que sólo por ello son objeto de discriminación, por la gente misma o por las autoridades.
Pero, ¡oh, no!, era demasiado bueno para ser verdad. Inmediatamente después, el mismo funcionario afirmó que recientemente el gobierno estatal emitió una prohibición legal para celebrar actos de santería y brujería alusivos a la Santa Muerte. Se habría incluso hecho llegar a las autoridades municipales en los 570 ayuntamientos de la entidad para que se realicen operativos y “rondines de vigilancia” para evitar cualquier acto litúrgico basado en la figura de la Santa Muerte. Y el funcionario indica, además, que dicha determinación se habría tomado luego que la Secretaría de Gobernación anunciara la cancelación del registro a la Iglesia tradicional Mex-USA.
Las confusiones son muchas y tan peligrosas como los problemas que quiere evitar. Ignora, de entrada, dicho funcionario que la cancelación o pérdida de registro de una asociación religiosa no significa que dicha agrupación esté fuera de la ley. De hecho, no es obligación de las organizaciones religiosas el estar registradas ante Gobernación y el derecho de las personas a creer en lo que quieran o agruparse para realizar sus cultos no disminuye por el hecho de estar o no registradas. Así que el Estado no tiene por qué andar erradicando cultos. Si alguno de ellos viola la ley, que se le aplique y basta. Ahora que se habla tanto de “libertad religiosa”, habría que ver si las jerarquías de otras iglesias, particularmente de la católica que tanto la defiende, están dispuestas a defender este derecho en todas las agrupaciones de creyentes, aunque estén en desacuerdo y les disgusten las creencias de éstas.
Nuestros funcionarios, desafortunadamente, siguen actuando como fieles vigilantes de la Iglesia católica. Así, el mencionado titular del área de gobierno y asuntos religiosos, quien debería garantizar el trato igualitario a todas las creencias y agrupaciones religiosas, se refiere a “sectas religiosas protestantes”, o “sectas budistas” o “sectas musulmanas” y habría calificado de peligroso el advenimiento de las mismas. O sea, el funcionario en cuestión no sólo sigue usando el término peyorativo de “sectas”, sino que las considera incluso peligrosas. Y no sólo confunde la cancelación del registro con estar fuera de la ley, sino que ha emprendido campañas para erradicar ciertos cultos. Parecería que estamos en los tiempos de la Inquisición, pero ahora los santos tribunales están presididos por funcionarios civiles de un Estado laico.blancart@colmex.mx
Pero las cosas son más complejas. Cuando yo veo este tipo de noticias, dos pensamientos me vienen a la cabeza: el primero es que por supuesto las “autoridades competentes” tendrían que poner más atención a estos casos, pues si ya han sido reportados de alguna manera al Instituto Nacional de Pediatría o al autor del mencionado libro, quiere decir que hay indicios suficientes para comenzar una investigación. El segundo pensamiento es que, desafortunadamente, este tipo de casos vendrá seguramente a alimentar una mentalidad de por sí discriminadora en buena parte de nuestra población, y por lo tanto entre muchos de nuestros funcionarios. La reacción de los de Oaxaca fue inmediata y al principio parecía muy adecuada. Según el propio MILENIO, Mario Alberto Guzmán Castreana, titular encargado del área de gobierno y asuntos religiosos, habría indicado que no hay evidencias de quejas sobre la presencia del algún culto satánico. Habría dicho además de manera muy pertinente: “De haber algún caso se hubiera intervenido, pues independientemente de que se trata de un culto, se estaría constituyendo un delito grave tras incurrir en acciones de sadismo, perversión, tortura y pornografía en prejuicio de un menor”. Perfecto. Es decir, más allá de si se trata de algún culto, cuando hay delitos que perseguir, se persiguen y punto. Eso, en teoría, debería de evitar cualquier riesgo de discriminación en contra de otros cultos que podrían parecer extraños a la población (como la santería o la brujería) y que sólo por ello son objeto de discriminación, por la gente misma o por las autoridades.
Pero, ¡oh, no!, era demasiado bueno para ser verdad. Inmediatamente después, el mismo funcionario afirmó que recientemente el gobierno estatal emitió una prohibición legal para celebrar actos de santería y brujería alusivos a la Santa Muerte. Se habría incluso hecho llegar a las autoridades municipales en los 570 ayuntamientos de la entidad para que se realicen operativos y “rondines de vigilancia” para evitar cualquier acto litúrgico basado en la figura de la Santa Muerte. Y el funcionario indica, además, que dicha determinación se habría tomado luego que la Secretaría de Gobernación anunciara la cancelación del registro a la Iglesia tradicional Mex-USA.
Las confusiones son muchas y tan peligrosas como los problemas que quiere evitar. Ignora, de entrada, dicho funcionario que la cancelación o pérdida de registro de una asociación religiosa no significa que dicha agrupación esté fuera de la ley. De hecho, no es obligación de las organizaciones religiosas el estar registradas ante Gobernación y el derecho de las personas a creer en lo que quieran o agruparse para realizar sus cultos no disminuye por el hecho de estar o no registradas. Así que el Estado no tiene por qué andar erradicando cultos. Si alguno de ellos viola la ley, que se le aplique y basta. Ahora que se habla tanto de “libertad religiosa”, habría que ver si las jerarquías de otras iglesias, particularmente de la católica que tanto la defiende, están dispuestas a defender este derecho en todas las agrupaciones de creyentes, aunque estén en desacuerdo y les disgusten las creencias de éstas.
Nuestros funcionarios, desafortunadamente, siguen actuando como fieles vigilantes de la Iglesia católica. Así, el mencionado titular del área de gobierno y asuntos religiosos, quien debería garantizar el trato igualitario a todas las creencias y agrupaciones religiosas, se refiere a “sectas religiosas protestantes”, o “sectas budistas” o “sectas musulmanas” y habría calificado de peligroso el advenimiento de las mismas. O sea, el funcionario en cuestión no sólo sigue usando el término peyorativo de “sectas”, sino que las considera incluso peligrosas. Y no sólo confunde la cancelación del registro con estar fuera de la ley, sino que ha emprendido campañas para erradicar ciertos cultos. Parecería que estamos en los tiempos de la Inquisición, pero ahora los santos tribunales están presididos por funcionarios civiles de un Estado laico.blancart@colmex.mx
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