NO PERMITAMOS QUE LOS CRIMINALES SECUESTREN NUESTRA TRANQUILIDAD
Viernes, 08 de Agosto de 2008 Boletin No 648 PGR
ESPECIAL PARA la agencia NOTIMEX
“NO PERMITAMOS QUE LOS CRIMINALES SECUESTREN NUESTRA TRANQUILIDAD”
POR: EDUARDO MEDINA MORA ICAZA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
El secuestro es uno de los delitos que más nos lastiman como sociedad. Los criminales que los cometen, no sólo toman a ciudadanos como rehenes; agobian y aterran a la familia, amigos y seres queridos y cercanos; secuestran la tranquilidad de todos.
El secuestro y muerte de Fernando Martí nos afecta a todos, especialmente por las tristes y graves circunstancias que lo rodean. Dos personas murieron cruelmente y sin piedad alguna a manos de un grupo criminal, entre cuyos integrantes están miembros en activo de corporaciones policiales.
La PGR colabora en la investigación que está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), compartiendo información de sus bases de datos y análisis de otras investigaciones de casos similares. Eso es coadyuvar, apoyar a la autoridad responsable, jurídicamente, de conducir una investigación.
La autoridad responsable ha reportado varios avances en su investigación, y en SIEDO continuamos colaborando para que la indagatoria se materialice en más resultados. Lamentablemente, todo indica que los criminales actuaron contra sus rehenes antes de que intervinieran las autoridades.
Este secuestro, como todos los de las personas que han sido privadas de su libertad -algunos otros que se dan en circunstancias particularmente dolorosos para las familias y la sociedad por la crueldad que caracteriza a los criminales en sus acciones-, no pueden quedar ni quedarán impune. Un secuestro es demasiado.
Hacerle frente y encarar con resultados esta demanda social, que tiene la mayor de las prioridades para el Gobierno Federal y sin duda de la sociedad, implica varias cosas.
La voluntad política la ha mostrado con creces el Ejecutivo Federal durante todo este período de gobierno. El Presidente de la República se ha puesto directamente al frente de los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal para recuperar la seguridad, la confianza y la certidumbre de los mexicanos.
Bajo el liderazgo del Señor Presidente Calderón, el Gobierno Federal no ha escatimado un solo recurso para que México recupere todas las condiciones necesarias para que nuestro país vuelva a desplegar todo su potencial de desarrollo y se aprovechen todas las capacidades nacionales en el ámbito social, económico y cultural.
A nadie conviene, en cualquier trinchera o convicción ideológica, destruir la democracia que hemos construido en los años del milenio que corre. No podemos tampoco bajar la guardia frente a la delincuencia organizada. Su presencia es uno de los retos más formidables a la seguridad y confianza en el futuro, a la estabilidad de las instituciones, y a la tranquilidad de todos.
Vamos a combatir el secuestro con toda la fuerza del Estado, y con toda la energía social mostrada en su rechazo. Este es el compromiso del Gobierno y es también la convicción y el compromiso de las autoridades que somos directamente responsables, en todos los órdenes de Gobierno, de responder a la justa exigencia y reclamo social.
La visión estratégica es integral, con elementos de diferente orden jurídico, tecnológicos, policiales, de responsabilidades expresas del Ministerio Público y, sobre todo, del esfuerzo amplio y verdaderamente comprometido de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en lo federal y en el ámbito de responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.
El Presidente Calderón envío una nueva iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, proponiendo que la legislación penal federal –el Código Penal Federal- sancione con penas más severas a los secuestradores, incluso hasta con la imposición de la cadena perpetua, en los casos de secuestro agravado cuando los criminales sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública; secuestren a menores de edad o personas incapaces; lesionen, mutilen, torturen, lastimen gravemente o priven de la vida a víctimas; secuestren a un menor de edad y pretendan llevarlo a otro país con fines de lucro.
En el mismo sentido, el Presidente Calderón le envío una excitativa a la Cámara de Senadores con el fin de que retome el dictamen de la iniciativa en la materia, presentada por el Ejecutivo Federal el 9 de marzo de 2007. La iniciativa también considera que los secuestradores no sean beneficiados con la liberación anticipada, ni sujetos de beneficio alguno para la compurgación de sus penas.
La propuesta para imponer cadena perpetua en casos de secuestro agravados, es un componente muy importante de esa visión integral, no la única.
Otros de los elementos fundamentales del fortalecimiento decidido del trabajo institucional en contra el secuestro, considera el cuidadoso análisis de la dinámica y perfiles del tipo delictivo en el país; más y mejor coordinación de todas las áreas que somos competentes en el Gobierno Federal; coordinación más puntual de Ministerio Públicos y policías, que en los términos del artículo 21 constitucional comparten la responsabilidad de investigar el delito; y más, mucho más atención directa a las víctimas, por el propio titular de la PGR, todo ello en orden a las instrucciones del Presidente de la República.
La falta de sanciones efectivas y oportunas, su rentabilidad, y los beneficios de liberación temprana que reciben muchos de quienes llegan a prisión y salen antes de cumplir su condena, son factores que incentivan la impunidad y le convierten en un problema muy complejo. Las redes criminales se tejen dentro y fuera de prisión, y continúan actuando pese a estar encarcelados.
Es imprescindible avanzar mucho más rápido en la renovación y depuración de las corporaciones de seguridad y justicia, en todos los órdenes de Gobierno, municipal, estatal y federal. Esta es una exigencia insoslayable.
He de reconocer, con coraje, tristeza e indignación, que en las averiguaciones previas, las investigaciones ministeriales y policiales estatales o de la Federación, descubren que en algunos casos hay ex-integrantes o elementos en activo de corporaciones de seguridad pública que participan en estos ilícitos de secuestro que ofenden profundamente a la sociedad. Esto es intolerable y exige aplicar todo el peso de la Ley.
La investigación policial y jurídica necesita ser dotada de mayores recursos, y lo mismo se requiere para ampliar, modernizar y fortalecer la tecnología aplicada en informática y equipos de comunicación orientados a la identificación de datos, voces y comunicaciones de los criminales, de los modus operandi, al seguimiento de los delincuentes que son encarcelados y luego librados con sanciones mínimas, o por libertad por beneficios.
Exige que los gobernadores y presidentes municipales destinen recursos para fortalecer las instituciones locales e incrementar la capacidad de respuesta en materia preventiva, reactiva y en la aplicación de la ley, ante los delitos que lastiman el tejido social y pulverizan las bases de cualquier acuerdo político.
Y en este marco me refiero a todo tipo de delitos, de alto impacto social y los que no lo son. No es viable ya que se sostenga una cultura que tolere la ilegalidad, la laxitud en el cumplimiento de la ley.
Los 33 procuradores de justicia del país hemos acordado un esquema de colaboración contra la delincuencia organizada, resolviendo los casos con un enfoque práctico que suma experiencia, capacidades y atribuciones de las áreas de gobierno federales y locales.
Este acuerdo tiene mucha importancia en el caso del secuestro, ya que las incidencias más recurrentes son de organizaciones criminales cercanas o incluso, asentadas, en las localidades donde se perpetran.
Así, las capacidades y despliegue de efectivos de las procuradurías locales, con mayor conocimiento del terreno, dinámica y estructuras sociales del lugar de los hechos, se favorecen con la tecnología y conocimiento de las redes delictivas regionales o, inclusive, de alcance nacional o transnacional, dedicadas al secuestro u otras formas de actividad criminal.
Este esfuerzo tiene un importante punto de apoyo para crecer y ser más efectivo, con la reforma constitucional que los mexicanos ya tenemos, y que nos servirá para impulsar un nuevo sistema de seguridad y justicia penal.
El secuestro es un delito que corresponde atender a las procuradurías estatales. La PGR atrae los casos donde hay vínculos con la delincuencia organizada. Pero ni unos ni otros somos capaces, como estamos hoy, de tener algún resultado si decidimos caminar solos, asilados, separados de la colaboración interinstitucional.
Necesitamos voluntad política expresa y corresponsable, mayor y más efectiva coordinación, más recursos. Este es un problema del Estado mexicano que requiere la participación y compromiso de todos. Necesitamos compartir la convicción de servicio, de humanizar las instituciones de seguridad y justicia, de dar calidad y calidez a la atención que ahí prestamos a los ciudadanos, víctimas y familiares de quienes sufrieron menoscabo a sus propiedades, a su libertad, a su integridad física o de la vida misma.
El Presidente Felipe Calderón, Alejandro Martí, Alfredo Harp Helú, María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace y muchos otros ciudadanos han externado su rechazo absoluto a la conformidad de ver crecer la criminalidad y los secuestros sin hacer un mayor esfuerzo, ya que no hacer nada es condenar a nuestros hijos a un futuro muy ominoso, que no es digno ni de la historia de los mexicanos ni del esfuerzo que muchos estamos haciendo para superar esta crisis.
Yo me sumo como ciudadano al hartazgo de la sociedad y como titular de la Procuraduría, me comprometo a que la institución que hoy encabezo y todos mis colaboradores, nos unamos plenamente al ¡Ya Basta¡
Lo haremos bajo un enfoque orientado a resultados, con transparencia y rendición de cuentas en todas las partes que nos permite la Ley, sin dejar de cumplir por ello con la secrecía obligada a todo Representante Social.
En la PGR investigaremos y haremos valer la Ley en los delitos federales que nos corresponde conocer, pero también en la obligada colaboración con las Procuradurías estatales en el impulso a sus capacidades en la atención de este delito del orden común. Daremos, además, un énfasis primordial a la implementación de la reforma constitucional, ya vigente, en materia de seguridad y justicia.
Impulsaremos la coordinación y colaboración operativa contra el crimen organizado con las otras áreas federales y con las procuradurías y policías de las entidades federativas y gobiernos municipales, y con ello haremos que la eficiencia de la PGR y la colaboración con las demás instituciones, verdaderamente contribuyan a enfrentar la incidencia delictiva, la del fuero común y del fuero federal, en los propios sitios donde ocurre el delito.
La colaboración con las procuradurías estatales para combatir el secuestro, apoyándoles con intercambio de información, apoyos técnicos, y otras modalidades, será una de las primeras prioridades para la PGR, sin descuidar la atención a los tipos delictivos federales, que son de nuestra entera responsabilidad.
Para fortalecer la perspectiva integral y el trabajo de fondo en contra de la criminalidad, común y federal, en la Procuraduría General de la República vamos a cerrar filas con la sociedad para propiciar y poner en marcha acciones concretas para rechazar la tolerancia social del delito, la corrupción y la impunidad.
Junto con el Consejo de Participación Ciudadana y los Delegados de la PGR en todo el país, vamos a poner en marcha una intensa campaña de prevención del delito y otras acciones para evitar que los niños y jóvenes entren en la dinámica del consumo de drogas, al que los busca inducir el narcomenudeo; con los congresos locales y los colegios, barras de abogados y centros de educación superior en Derecho, vamos a iniciar un intenso trabajo de concertación que nos permita materializar la reforma constitucional en materia de justicia y traducirla en acciones concretas, al alcance de la sociedad y en el más legítimo de los intereses de los mexicanos: su seguridad y justicia.
No debemos permitir que los criminales secuestren la seguridad de los mexicanos. En lo que está en las manos y capacidades del Gobierno Federal, de la SSP Federal, de la PGR, así será como norma de conducta y guía de desempeño institucional. Estoy cierto que todas las autoridades estatales y federales pondremos nuestro mejor empeño en ello.
Viernes, 08 de Agosto de 2008 Boletin No 648 PGR
ESPECIAL PARA la agencia NOTIMEX
“NO PERMITAMOS QUE LOS CRIMINALES SECUESTREN NUESTRA TRANQUILIDAD”
POR: EDUARDO MEDINA MORA ICAZA, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
El secuestro es uno de los delitos que más nos lastiman como sociedad. Los criminales que los cometen, no sólo toman a ciudadanos como rehenes; agobian y aterran a la familia, amigos y seres queridos y cercanos; secuestran la tranquilidad de todos.
El secuestro y muerte de Fernando Martí nos afecta a todos, especialmente por las tristes y graves circunstancias que lo rodean. Dos personas murieron cruelmente y sin piedad alguna a manos de un grupo criminal, entre cuyos integrantes están miembros en activo de corporaciones policiales.
La PGR colabora en la investigación que está a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), compartiendo información de sus bases de datos y análisis de otras investigaciones de casos similares. Eso es coadyuvar, apoyar a la autoridad responsable, jurídicamente, de conducir una investigación.
La autoridad responsable ha reportado varios avances en su investigación, y en SIEDO continuamos colaborando para que la indagatoria se materialice en más resultados. Lamentablemente, todo indica que los criminales actuaron contra sus rehenes antes de que intervinieran las autoridades.
Este secuestro, como todos los de las personas que han sido privadas de su libertad -algunos otros que se dan en circunstancias particularmente dolorosos para las familias y la sociedad por la crueldad que caracteriza a los criminales en sus acciones-, no pueden quedar ni quedarán impune. Un secuestro es demasiado.
Hacerle frente y encarar con resultados esta demanda social, que tiene la mayor de las prioridades para el Gobierno Federal y sin duda de la sociedad, implica varias cosas.
La voluntad política la ha mostrado con creces el Ejecutivo Federal durante todo este período de gobierno. El Presidente de la República se ha puesto directamente al frente de los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal para recuperar la seguridad, la confianza y la certidumbre de los mexicanos.
Bajo el liderazgo del Señor Presidente Calderón, el Gobierno Federal no ha escatimado un solo recurso para que México recupere todas las condiciones necesarias para que nuestro país vuelva a desplegar todo su potencial de desarrollo y se aprovechen todas las capacidades nacionales en el ámbito social, económico y cultural.
A nadie conviene, en cualquier trinchera o convicción ideológica, destruir la democracia que hemos construido en los años del milenio que corre. No podemos tampoco bajar la guardia frente a la delincuencia organizada. Su presencia es uno de los retos más formidables a la seguridad y confianza en el futuro, a la estabilidad de las instituciones, y a la tranquilidad de todos.
Vamos a combatir el secuestro con toda la fuerza del Estado, y con toda la energía social mostrada en su rechazo. Este es el compromiso del Gobierno y es también la convicción y el compromiso de las autoridades que somos directamente responsables, en todos los órdenes de Gobierno, de responder a la justa exigencia y reclamo social.
La visión estratégica es integral, con elementos de diferente orden jurídico, tecnológicos, policiales, de responsabilidades expresas del Ministerio Público y, sobre todo, del esfuerzo amplio y verdaderamente comprometido de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en lo federal y en el ámbito de responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.
El Presidente Calderón envío una nueva iniciativa a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, proponiendo que la legislación penal federal –el Código Penal Federal- sancione con penas más severas a los secuestradores, incluso hasta con la imposición de la cadena perpetua, en los casos de secuestro agravado cuando los criminales sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública; secuestren a menores de edad o personas incapaces; lesionen, mutilen, torturen, lastimen gravemente o priven de la vida a víctimas; secuestren a un menor de edad y pretendan llevarlo a otro país con fines de lucro.
En el mismo sentido, el Presidente Calderón le envío una excitativa a la Cámara de Senadores con el fin de que retome el dictamen de la iniciativa en la materia, presentada por el Ejecutivo Federal el 9 de marzo de 2007. La iniciativa también considera que los secuestradores no sean beneficiados con la liberación anticipada, ni sujetos de beneficio alguno para la compurgación de sus penas.
La propuesta para imponer cadena perpetua en casos de secuestro agravados, es un componente muy importante de esa visión integral, no la única.
Otros de los elementos fundamentales del fortalecimiento decidido del trabajo institucional en contra el secuestro, considera el cuidadoso análisis de la dinámica y perfiles del tipo delictivo en el país; más y mejor coordinación de todas las áreas que somos competentes en el Gobierno Federal; coordinación más puntual de Ministerio Públicos y policías, que en los términos del artículo 21 constitucional comparten la responsabilidad de investigar el delito; y más, mucho más atención directa a las víctimas, por el propio titular de la PGR, todo ello en orden a las instrucciones del Presidente de la República.
La falta de sanciones efectivas y oportunas, su rentabilidad, y los beneficios de liberación temprana que reciben muchos de quienes llegan a prisión y salen antes de cumplir su condena, son factores que incentivan la impunidad y le convierten en un problema muy complejo. Las redes criminales se tejen dentro y fuera de prisión, y continúan actuando pese a estar encarcelados.
Es imprescindible avanzar mucho más rápido en la renovación y depuración de las corporaciones de seguridad y justicia, en todos los órdenes de Gobierno, municipal, estatal y federal. Esta es una exigencia insoslayable.
He de reconocer, con coraje, tristeza e indignación, que en las averiguaciones previas, las investigaciones ministeriales y policiales estatales o de la Federación, descubren que en algunos casos hay ex-integrantes o elementos en activo de corporaciones de seguridad pública que participan en estos ilícitos de secuestro que ofenden profundamente a la sociedad. Esto es intolerable y exige aplicar todo el peso de la Ley.
La investigación policial y jurídica necesita ser dotada de mayores recursos, y lo mismo se requiere para ampliar, modernizar y fortalecer la tecnología aplicada en informática y equipos de comunicación orientados a la identificación de datos, voces y comunicaciones de los criminales, de los modus operandi, al seguimiento de los delincuentes que son encarcelados y luego librados con sanciones mínimas, o por libertad por beneficios.
Exige que los gobernadores y presidentes municipales destinen recursos para fortalecer las instituciones locales e incrementar la capacidad de respuesta en materia preventiva, reactiva y en la aplicación de la ley, ante los delitos que lastiman el tejido social y pulverizan las bases de cualquier acuerdo político.
Y en este marco me refiero a todo tipo de delitos, de alto impacto social y los que no lo son. No es viable ya que se sostenga una cultura que tolere la ilegalidad, la laxitud en el cumplimiento de la ley.
Los 33 procuradores de justicia del país hemos acordado un esquema de colaboración contra la delincuencia organizada, resolviendo los casos con un enfoque práctico que suma experiencia, capacidades y atribuciones de las áreas de gobierno federales y locales.
Este acuerdo tiene mucha importancia en el caso del secuestro, ya que las incidencias más recurrentes son de organizaciones criminales cercanas o incluso, asentadas, en las localidades donde se perpetran.
Así, las capacidades y despliegue de efectivos de las procuradurías locales, con mayor conocimiento del terreno, dinámica y estructuras sociales del lugar de los hechos, se favorecen con la tecnología y conocimiento de las redes delictivas regionales o, inclusive, de alcance nacional o transnacional, dedicadas al secuestro u otras formas de actividad criminal.
Este esfuerzo tiene un importante punto de apoyo para crecer y ser más efectivo, con la reforma constitucional que los mexicanos ya tenemos, y que nos servirá para impulsar un nuevo sistema de seguridad y justicia penal.
El secuestro es un delito que corresponde atender a las procuradurías estatales. La PGR atrae los casos donde hay vínculos con la delincuencia organizada. Pero ni unos ni otros somos capaces, como estamos hoy, de tener algún resultado si decidimos caminar solos, asilados, separados de la colaboración interinstitucional.
Necesitamos voluntad política expresa y corresponsable, mayor y más efectiva coordinación, más recursos. Este es un problema del Estado mexicano que requiere la participación y compromiso de todos. Necesitamos compartir la convicción de servicio, de humanizar las instituciones de seguridad y justicia, de dar calidad y calidez a la atención que ahí prestamos a los ciudadanos, víctimas y familiares de quienes sufrieron menoscabo a sus propiedades, a su libertad, a su integridad física o de la vida misma.
El Presidente Felipe Calderón, Alejandro Martí, Alfredo Harp Helú, María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace y muchos otros ciudadanos han externado su rechazo absoluto a la conformidad de ver crecer la criminalidad y los secuestros sin hacer un mayor esfuerzo, ya que no hacer nada es condenar a nuestros hijos a un futuro muy ominoso, que no es digno ni de la historia de los mexicanos ni del esfuerzo que muchos estamos haciendo para superar esta crisis.
Yo me sumo como ciudadano al hartazgo de la sociedad y como titular de la Procuraduría, me comprometo a que la institución que hoy encabezo y todos mis colaboradores, nos unamos plenamente al ¡Ya Basta¡
Lo haremos bajo un enfoque orientado a resultados, con transparencia y rendición de cuentas en todas las partes que nos permite la Ley, sin dejar de cumplir por ello con la secrecía obligada a todo Representante Social.
En la PGR investigaremos y haremos valer la Ley en los delitos federales que nos corresponde conocer, pero también en la obligada colaboración con las Procuradurías estatales en el impulso a sus capacidades en la atención de este delito del orden común. Daremos, además, un énfasis primordial a la implementación de la reforma constitucional, ya vigente, en materia de seguridad y justicia.
Impulsaremos la coordinación y colaboración operativa contra el crimen organizado con las otras áreas federales y con las procuradurías y policías de las entidades federativas y gobiernos municipales, y con ello haremos que la eficiencia de la PGR y la colaboración con las demás instituciones, verdaderamente contribuyan a enfrentar la incidencia delictiva, la del fuero común y del fuero federal, en los propios sitios donde ocurre el delito.
La colaboración con las procuradurías estatales para combatir el secuestro, apoyándoles con intercambio de información, apoyos técnicos, y otras modalidades, será una de las primeras prioridades para la PGR, sin descuidar la atención a los tipos delictivos federales, que son de nuestra entera responsabilidad.
Para fortalecer la perspectiva integral y el trabajo de fondo en contra de la criminalidad, común y federal, en la Procuraduría General de la República vamos a cerrar filas con la sociedad para propiciar y poner en marcha acciones concretas para rechazar la tolerancia social del delito, la corrupción y la impunidad.
Junto con el Consejo de Participación Ciudadana y los Delegados de la PGR en todo el país, vamos a poner en marcha una intensa campaña de prevención del delito y otras acciones para evitar que los niños y jóvenes entren en la dinámica del consumo de drogas, al que los busca inducir el narcomenudeo; con los congresos locales y los colegios, barras de abogados y centros de educación superior en Derecho, vamos a iniciar un intenso trabajo de concertación que nos permita materializar la reforma constitucional en materia de justicia y traducirla en acciones concretas, al alcance de la sociedad y en el más legítimo de los intereses de los mexicanos: su seguridad y justicia.
No debemos permitir que los criminales secuestren la seguridad de los mexicanos. En lo que está en las manos y capacidades del Gobierno Federal, de la SSP Federal, de la PGR, así será como norma de conducta y guía de desempeño institucional. Estoy cierto que todas las autoridades estatales y federales pondremos nuestro mejor empeño en ello.
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