El IFE de la seguridad pública

Otro nombre más se suma a la lista para el cargo de Secretariado Técnico de acuerdo como lo menciona el noveno transitorio de la ley de justicia penal. "Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales, la cual contará con una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así lo soliciten".

La columna Itinerario Político de Ricardo Alemán, 19 de agosto de 2008, menciona a César Camacho y Emilio Rabasa -apoyados por el PRI-; a Roberto Campa Cifrían - apoyado por Marcelo Ebrard, que no por el PRD-; a Gerardo Laveaga -apoyado por el procurador Medina Mora-; "en tanto que el Presidente propone al doctor Moisés Moreno, hombre de todas sus confianzas. Esa es la disputa, por esos gritos y sombrerazos. Y claro, nadie descarta la caída de cabezas", señala el columnista.

Y para sumar uno más -quizás el "caballo negro"- la columna Bajo Reserva en El Universal señala hoy que "El nombre de José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador jurídico de la PGR, se sumó a la lista de personajes mencionados para ocupar la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Observadores en el tema sugieren que el presidente Calderón designará, en la sesión de este jueves, a la persona que encabezará la máxima instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos comentan (¿quién?) que don José Luis es el mejor candidato para evitar las diferencias políticas de los grupos que disputan esa posición."

Dice Joaquín López Doriga en su columna En Privado (20/08/2008), en Milenio ".

"Y QUIÉN ES ÉL.- Una de las posiciones clave que se están jugando en este momento es la del secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un nombramiento directo del presidente de la República. Es más, lo deberían presentar en la sesión de mañana en Palacio Nacional, por lo que hoy podría conocerse el nombre."
En tanto, la columna Templo Mayor en Reforma le da un golpe a Campa Ciprian, de quien en la reunión del próximo jueves 21 sólo es un convidado de piedra: ( de Genaro García Luna, se dice que esta jugando un papel secundario, ya que el jóven secretario de Gobernación es quien lleva la negociación del acuerdo).

Dice El Templo Mayor:

"AUNQUE varios políticos quieren vender la idea de que convocar o acudir a una cumbre nacional de seguridad pública es todo un logro, ni lo uno ni lo otro tiene gran mérito.
Y ES QUE una reunión de esas características se debe hacer al menos cada seis meses, de acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A QUIENES han deshojado la margarita para decidir si van o no -como Marcelo Ebrard- a lo mejor se les olvidó o de plano no saben que la participación no es optativa.
LA LEY ESTABLECE bien clarito en su artículo 12 que el organismo está integrado por los titulares de la SSP, la PGR, Defensa, Marina, SCT, los gobernadores, el jefe de Gobierno del DF y el secretario ejecutivo.
ADEMÁS, el artículo 16 indica que quien debe de convocar a las sesiones es el presidente de esa instancia, quien invariablemente será el secretario de Seguridad Pública; en este caso, Genaro García Luna.
PERO quien convocó la semana pasada fue el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien ni siquiera forma parte de ese sistema.
Y A TODO ESTO, ¿dónde andará el secretario ejecutivo del sistema Roberto Campa, que no ha dicho ni pío sobre el tema?
¡NO POS' qué buena coordinación!"-

Lo que es un hecho es que el tema de la Coordinación ya se está cabildeando, por lo menos en el Senado. Una nota de Claudia Guerrero en Reforma informa que un borrador del "Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad", entregado a los coordinadores parlamentarios del Senado ( y de la que REFORMA tiene copia) subraya que el deber del Estado de otorgar seguridad y justicia a los ciudadanos se encuentra afectado por la situación de inseguridad, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.

Agrega la nota de Claudia que " Sin propuestas concretas para combatir la inseguridad, se explica que el objetivo del acuerdo es convocar al País entero a sumarse, comprometerse a cumplir y respetar las leyes, para enfrentar la inseguridad objetivamente.
"Conscientes y ciertos de que el beneficio es para todos, los firmantes de este Acuerdo hacemos pública nuestra determinación de convencer con nuestra acciones, que nuestros hechos inspiren la voluntad de los demás y los inviten a transformar nuestra realidad", dice.
Además -agrega la nota de la reportera-, la Secretaría de Gobernación cabildea con la bancada del PAN en el Senado la aprobación prioritaria de un paquete de reformas en materia de justicia y seguridad pública.
De acuerdo con un documento el Ejecutivo tiene interés en impulsar cambios al Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y la creación de una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública.
"Derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, es necesaria la modificación de un alto número de ordenamientos", señala el texto entregado a los legisladores.
En el informe, la dependencia también habla de crear una "instancia de coordinación", con la participación de los tres poderes de la Unión, la sociedad civil y el sector académico. En esa instancia también participarán las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y hasta los presidentes de los tribunales "para coadyuvar y apoyar a las autoridades locales que así lo soliciten".
En el documento, Gobernación defiende los avances de la reforma constitucional en materia de justicia que, afirma, permitirá adoptar un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados.

Lo que es un hecho es que todavía hasta hoy por la mañana no hay acuerdos, quizás por la tarde-noche en la sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores.