Suple General Sergio Magaña Mier al General Sergio Aponte Polito.
Las razones del cambio/Reportaje.
Las razones del cambio/Reportaje.
Semanaro Zeta No. 1793
Adela Navarro Bello y Rosario Mosso Castro, reporteras.
La salida del General Sergio Aponte Polito como Comandante de la II Región Militar en el País no se debe al incidente del disparo en el restaurante Pampas de Mexicali donde se vio involucrado.
Tampoco a la falta de resultados en el combate al crimen organizado, que de eso tiene mucho y estadísticas que lo avalen.
Aponte se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez.
Además por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta.
Entrando el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, al General le fue entregada una carta donde el propio mandatario le solicitó formal y oficialmente que le ayudara en el combate al crimen organizado. La misiva firmada por el Secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, le abrió al militar la puerta para la investigación y el combate del narcotráfico y el crimen organizado en el Estado.
Lo que evidentemente no esperaban en la administración estatal, fue que las indagaciones del General tocaran las fibras más sensibles de la Procuraduría: Los principales colaboradores de Rommel Moreno Manjarrez. Entre ellos, tres en particular: Jesús Nelson Rodríguez, José Heredia González y Sonia Navarro.
En la primera carta pública del General la última semana de abril de 2008, de hecho escrita a petición expresa del Procurador Moreno quien exigió ante medios de comunicación que el militar presentara pruebas, señaló a los tres colaboradores de Rommel de corrupción.
Lo mismo hizo con agentes de la Policía Ministerial y funcionarios de diferentes agencias del Ministerio Público.
En aquel entonces, la misiva del General puso en un predicamento al Gobierno de Osuna Millán. El tratamiento de la información tuvo alcances nacionales, y una vez más la entidad resaltó por la inseguridad, en este caso entre sus propios funcionarios.
Luego de dar a conocer su denuncia a pregunta expresa del Procurador, el General Aponte Polito fue llamado desde el cuartel principal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Sin el aspaviento de su personalidad, el General acudió al llamado y regresó, días después, con un bajo perfil a Baja California.
En aquella reunión, al Comandante de la II Región Militar le llamaron la atención. Informantes de ZETA suponen que fue ante la queja del Procurador de Baja California, respaldado por el Gobernador, sobre las acusaciones públicas del General.
Finalmente en la misma fecha y en la Ciudad de México, en una reunión entre el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa; Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador; el General Sergio Aponte Polito y el Secretario de Gobierno, José Blake, habrían llegado a un acuerdo de coordinación para en un futuro obviar las acusaciones públicas.
A la llegada del General Aponte a Baja California su actitud fue otra. Dejó de ofrecer declaraciones a la prensa, de dar a conocer personalmente los golpes que el Ejército propinó al narcotráfico, especialmente en decomisos, e incluso no se le vio en reuniones oficiales. La verdad tras la ausencia de Aponte Polito fue que le prohibieron aparecer en público y cuanto más, hacer declaraciones a periodistas.
Pero el silencio del General no fue permanente. En junio reapareció para dar a conocer la detención de cerca de 60 personas en un bautizo; de entrada, todos fueron acusados de estar ligados al crimen organizado, cuando la realidad anotaba que en ese lugar y en ese día, se pretendía detener a dos peligrosos lugartenientes del cártel de los hermanos Arellano Félix: José Filiberto Parra Ramos “La Perra” y Raydel López “El Muletas”.
De ahí en adelante las apariciones del General fueron más frecuentes, hasta culminar con el caso del disparo de la discordia, hecho suscitado el domingo 20 de julio cuando trascendió que se había accionado un arma de fuego en la mesa donde el General degustaba alimentos con su esposa, su hija y, se supo días después, con el Mayor Justo Buenaventura Jaimes.
A pesar que las primeras declaraciones de testigos ubicaron al General como quien accionó el arma, el Mayor se auto inculpó tres días después, dejando al aire la veracidad de su dicho.
Luego vendría la segunda carta-acusación el 3 de agosto, justo tres días antes que formalmente le comunicaran a Aponte Polito su nueva comisión, el 6 de agosto, en otro lugar de la República Mexicana.
Los señalamientos del General en la segunda misiva fueron prácticamente los mismos que en la primera: La corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado y la falta de conclusión en las pesquisas que se supone inició el Procurador Moreno a partir de conocerse la primera carta.
Hubo acaso tres novedades en la misiva del 3 de agosto: Mal uso de los recursos en la Secretaría de Seguridad Pública, la corrupción en un secuestro, y la no investigación sobre 52 elementos de la Policía Ministerial del Estado denunciados en ZETA en la edición 1785 del 13 al 19 de julio.
Esta segunda revelación del General y la crítica hacia las condiciones ilícitas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a pesar del acuerdo y la orden que Aponte tenía para no hacer declaraciones públicas y sobre todo, no iniciar críticas al Gobierno de Osuna Millán, fueron el principal motivo para su retirada del Estado.
La razón del cambio de General es sencilla: Le fue incómodo al gobierno local y contradijo la orden superior de no hablar o denunciar públicamente. De hecho, así lo dejó sentir en su carta del 3 de agosto:
“Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Pero el relevo llegó.
Aún así, la respuesta que el Gobierno dio a la carta de Aponte es prácticamente la misma que otorgó en abril a la primera misiva: personal retirado, investigado, pero nadie en prisión.
Con la excusa de evitar la percepción de intromisiones, por orden del Gobernador del Estado, la Procuraduría remitió la mayoría de los asuntos mencionados a la Procuraduría General de la República por tratarse de asuntos presuntamente ligados al crimen organizado; institución, la federal, donde tampoco han hecho nada.
En los casos de los 55 millones supuestamente mal utilizados en seguridad, la participación de Sonia Navarro en un secuestro y la investigación de 52 policías ministeriales, se ordenaron investigación con fecha posterior al reclamo de Aponte.
Gobernador Osuna Millán: La fuerza está en las instituciones
En entrevista con ZETA, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, aclaró que no fue él quien pidió el cambio del General, pero también que no promovieron la estadía del militar. A su vez, que no cambiará al Procurador de Justicia del Estado, pero que sí se investigarán, por instituciones fuera del ámbito estatal, los hechos que denunció Aponte Polito en su segunda carta.
A continuación la entrevista textual:
—El General Sergio Aponte era su principal soporte en el tema de la seguridad. ¿Cuáles serán las nuevas condiciones con el cambio?
-“Las mismas, el acuerdo que sostuve con el Presidente de la República fueron dos temas: El apoyo del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado y la incorporación de militares en los mandos de las corporaciones civiles y en las estructuras de las corporaciones civiles, eso va a continuar con la fuerza que ha caracterizado y el prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
— ¿Van a seguir las mismas condiciones con el general Magaña?
-“Sí, seguirán las mismas condiciones con quien designen, yo estoy esperando la confirmación oficial de quién será el relevo, esperamos el nombramiento respectivo”.
—Dada la popularidad, que es evidente, del General Aponte entre los bajacalifornianos, ¿no afectará esta salida a su administración?
-“No creo que la popularidad de un personaje como el General Aponte, el cual reconocemos el esfuerzo que ha hecho al frente de las fuerzas de la II Región Militar, vaya a afectar la actividad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los temas de las corporaciones del Estado, ha hecho un buen trabajo y hay que reconocérselo”.
—Una de las principales críticas del General fue hacia la corrupción dentro de la Procuraduría del Estado. ¿La salida del General significa que todo permanecerá tal cual en la Procuraduría?
-“No, de ninguna manera, todos los señalamientos del General, incluso de la referencia de 52 elementos en su última carta, fueron separados de sus cargos, de los cuales aparece hoy que trece de ellos, un órgano jurisdiccional los reinstaló pero los vamos a volver a sacar, y de aquellos señalamientos que ha hecho del tema de los alimentos en la Secretaría de Seguridad, hemos pedido la intervención de una instancia distinta al Gobierno del Estado como es el órgano superior de fiscalización del congreso del estado y ya se está realizando esa auditoría, y en el tema de un secuestro que habla, he instruido al Procurador para que el caso se turne a la Procuraduría General de la República, que sea una entidad distinta y no exista ninguna sospecha de tolerancia por parte del Gobierno del Estado a los señalamientos que ha hecho el General Aponte”.
—Tenemos conocimiento de que están promoviendo en el Congreso del Estado que le regresen al Gobernador la facultad de nombrar al Procurador de Justicia. ¿Tiene intenciones de cambiar al titular antes del informe?
-“No, es una promoción de nosotros, es de distintos análisis, y creo que el responsable de la seguridad pública es el titular del poder ejecutivo, sin embargo es una reforma Constitucional que los diputados tendrán mucho que ver y analizar esta parte”.
— ¿Habrá un cambio de titular en la Procuraduría?
-“La Procuraduría es de desgaste, de relevo, pero creo que el actual Procurador ha hecho un buen trabajo con muchos de estos incidentes, por lo pronto Rommel sigue firme en la Procuraduría, no tengo ninguna intención de cambiarlo, por lo pronto tiene la función que se le encomendó, que es la reforma para iniciar con un nuevo modelo de procuración de justicia, la apuesta es por un sistema y no por las personas”.
— ¿Pidió que se quedara Aponte?
-No es una solicitud personal, lo que yo platiqué con el Presidente fue el apoyo de las fuerzas federales, el apoyo del Ejército Mexicano ya es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa nombrar libremente a sus representantes y yo solicité el apoyo de la institución”.
—En contraparte, ¿pidió que fuera retirado?
“No, de ninguna manera y le reconozco el esfuerzo y el liderazgo, que el General Aponte realizó durante su estancia, luego que él mismo ha informado el nuevo encargo que le han encomendado sus superiores”.
— ¿Qué le diría a quienes en Baja California consideran que usted solicitó el retiro de Aponte?
-“No, de ninguna manera. Yo le diría a todos los bajacalifornianos que éste es un asunto de instituciones, que la fortaleza del combate a la delincuencia está en sus instituciones y que de ninguna manera vamos a bajar la guardia sino al contrario vamos a fortalecer las instituciones y las acciones en contra de la violencia, y de estos avances que hemos tenido, que se debe a la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales. Debo reconocer el gran esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del General Aponte en esta tarea que lideró en estos 19 meses que duró el General al frente de la II Región Militar, y creo que los resultados más contundentes se dieron en nuestra administración”.
Tampoco a la falta de resultados en el combate al crimen organizado, que de eso tiene mucho y estadísticas que lo avalen.
Aponte se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez.
Además por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta.
Entrando el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, al General le fue entregada una carta donde el propio mandatario le solicitó formal y oficialmente que le ayudara en el combate al crimen organizado. La misiva firmada por el Secretario de Gobierno, José Francisco Blake Mora, le abrió al militar la puerta para la investigación y el combate del narcotráfico y el crimen organizado en el Estado.
Lo que evidentemente no esperaban en la administración estatal, fue que las indagaciones del General tocaran las fibras más sensibles de la Procuraduría: Los principales colaboradores de Rommel Moreno Manjarrez. Entre ellos, tres en particular: Jesús Nelson Rodríguez, José Heredia González y Sonia Navarro.
En la primera carta pública del General la última semana de abril de 2008, de hecho escrita a petición expresa del Procurador Moreno quien exigió ante medios de comunicación que el militar presentara pruebas, señaló a los tres colaboradores de Rommel de corrupción.
Lo mismo hizo con agentes de la Policía Ministerial y funcionarios de diferentes agencias del Ministerio Público.
En aquel entonces, la misiva del General puso en un predicamento al Gobierno de Osuna Millán. El tratamiento de la información tuvo alcances nacionales, y una vez más la entidad resaltó por la inseguridad, en este caso entre sus propios funcionarios.
Luego de dar a conocer su denuncia a pregunta expresa del Procurador, el General Aponte Polito fue llamado desde el cuartel principal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Sin el aspaviento de su personalidad, el General acudió al llamado y regresó, días después, con un bajo perfil a Baja California.
En aquella reunión, al Comandante de la II Región Militar le llamaron la atención. Informantes de ZETA suponen que fue ante la queja del Procurador de Baja California, respaldado por el Gobernador, sobre las acusaciones públicas del General.
Finalmente en la misma fecha y en la Ciudad de México, en una reunión entre el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa; Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador; el General Sergio Aponte Polito y el Secretario de Gobierno, José Blake, habrían llegado a un acuerdo de coordinación para en un futuro obviar las acusaciones públicas.
A la llegada del General Aponte a Baja California su actitud fue otra. Dejó de ofrecer declaraciones a la prensa, de dar a conocer personalmente los golpes que el Ejército propinó al narcotráfico, especialmente en decomisos, e incluso no se le vio en reuniones oficiales. La verdad tras la ausencia de Aponte Polito fue que le prohibieron aparecer en público y cuanto más, hacer declaraciones a periodistas.
Pero el silencio del General no fue permanente. En junio reapareció para dar a conocer la detención de cerca de 60 personas en un bautizo; de entrada, todos fueron acusados de estar ligados al crimen organizado, cuando la realidad anotaba que en ese lugar y en ese día, se pretendía detener a dos peligrosos lugartenientes del cártel de los hermanos Arellano Félix: José Filiberto Parra Ramos “La Perra” y Raydel López “El Muletas”.
De ahí en adelante las apariciones del General fueron más frecuentes, hasta culminar con el caso del disparo de la discordia, hecho suscitado el domingo 20 de julio cuando trascendió que se había accionado un arma de fuego en la mesa donde el General degustaba alimentos con su esposa, su hija y, se supo días después, con el Mayor Justo Buenaventura Jaimes.
A pesar que las primeras declaraciones de testigos ubicaron al General como quien accionó el arma, el Mayor se auto inculpó tres días después, dejando al aire la veracidad de su dicho.
Luego vendría la segunda carta-acusación el 3 de agosto, justo tres días antes que formalmente le comunicaran a Aponte Polito su nueva comisión, el 6 de agosto, en otro lugar de la República Mexicana.
Los señalamientos del General en la segunda misiva fueron prácticamente los mismos que en la primera: La corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado y la falta de conclusión en las pesquisas que se supone inició el Procurador Moreno a partir de conocerse la primera carta.
Hubo acaso tres novedades en la misiva del 3 de agosto: Mal uso de los recursos en la Secretaría de Seguridad Pública, la corrupción en un secuestro, y la no investigación sobre 52 elementos de la Policía Ministerial del Estado denunciados en ZETA en la edición 1785 del 13 al 19 de julio.
Esta segunda revelación del General y la crítica hacia las condiciones ilícitas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, a pesar del acuerdo y la orden que Aponte tenía para no hacer declaraciones públicas y sobre todo, no iniciar críticas al Gobierno de Osuna Millán, fueron el principal motivo para su retirada del Estado.
La razón del cambio de General es sencilla: Le fue incómodo al gobierno local y contradijo la orden superior de no hablar o denunciar públicamente. De hecho, así lo dejó sentir en su carta del 3 de agosto:
“Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Pero el relevo llegó.
Aún así, la respuesta que el Gobierno dio a la carta de Aponte es prácticamente la misma que otorgó en abril a la primera misiva: personal retirado, investigado, pero nadie en prisión.
Con la excusa de evitar la percepción de intromisiones, por orden del Gobernador del Estado, la Procuraduría remitió la mayoría de los asuntos mencionados a la Procuraduría General de la República por tratarse de asuntos presuntamente ligados al crimen organizado; institución, la federal, donde tampoco han hecho nada.
En los casos de los 55 millones supuestamente mal utilizados en seguridad, la participación de Sonia Navarro en un secuestro y la investigación de 52 policías ministeriales, se ordenaron investigación con fecha posterior al reclamo de Aponte.
Gobernador Osuna Millán: La fuerza está en las instituciones
En entrevista con ZETA, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, aclaró que no fue él quien pidió el cambio del General, pero también que no promovieron la estadía del militar. A su vez, que no cambiará al Procurador de Justicia del Estado, pero que sí se investigarán, por instituciones fuera del ámbito estatal, los hechos que denunció Aponte Polito en su segunda carta.
A continuación la entrevista textual:
—El General Sergio Aponte era su principal soporte en el tema de la seguridad. ¿Cuáles serán las nuevas condiciones con el cambio?
-“Las mismas, el acuerdo que sostuve con el Presidente de la República fueron dos temas: El apoyo del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado y la incorporación de militares en los mandos de las corporaciones civiles y en las estructuras de las corporaciones civiles, eso va a continuar con la fuerza que ha caracterizado y el prestigio de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
— ¿Van a seguir las mismas condiciones con el general Magaña?
-“Sí, seguirán las mismas condiciones con quien designen, yo estoy esperando la confirmación oficial de quién será el relevo, esperamos el nombramiento respectivo”.
—Dada la popularidad, que es evidente, del General Aponte entre los bajacalifornianos, ¿no afectará esta salida a su administración?
-“No creo que la popularidad de un personaje como el General Aponte, el cual reconocemos el esfuerzo que ha hecho al frente de las fuerzas de la II Región Militar, vaya a afectar la actividad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los temas de las corporaciones del Estado, ha hecho un buen trabajo y hay que reconocérselo”.
—Una de las principales críticas del General fue hacia la corrupción dentro de la Procuraduría del Estado. ¿La salida del General significa que todo permanecerá tal cual en la Procuraduría?
-“No, de ninguna manera, todos los señalamientos del General, incluso de la referencia de 52 elementos en su última carta, fueron separados de sus cargos, de los cuales aparece hoy que trece de ellos, un órgano jurisdiccional los reinstaló pero los vamos a volver a sacar, y de aquellos señalamientos que ha hecho del tema de los alimentos en la Secretaría de Seguridad, hemos pedido la intervención de una instancia distinta al Gobierno del Estado como es el órgano superior de fiscalización del congreso del estado y ya se está realizando esa auditoría, y en el tema de un secuestro que habla, he instruido al Procurador para que el caso se turne a la Procuraduría General de la República, que sea una entidad distinta y no exista ninguna sospecha de tolerancia por parte del Gobierno del Estado a los señalamientos que ha hecho el General Aponte”.
—Tenemos conocimiento de que están promoviendo en el Congreso del Estado que le regresen al Gobernador la facultad de nombrar al Procurador de Justicia. ¿Tiene intenciones de cambiar al titular antes del informe?
-“No, es una promoción de nosotros, es de distintos análisis, y creo que el responsable de la seguridad pública es el titular del poder ejecutivo, sin embargo es una reforma Constitucional que los diputados tendrán mucho que ver y analizar esta parte”.
— ¿Habrá un cambio de titular en la Procuraduría?
-“La Procuraduría es de desgaste, de relevo, pero creo que el actual Procurador ha hecho un buen trabajo con muchos de estos incidentes, por lo pronto Rommel sigue firme en la Procuraduría, no tengo ninguna intención de cambiarlo, por lo pronto tiene la función que se le encomendó, que es la reforma para iniciar con un nuevo modelo de procuración de justicia, la apuesta es por un sistema y no por las personas”.
— ¿Pidió que se quedara Aponte?
-No es una solicitud personal, lo que yo platiqué con el Presidente fue el apoyo de las fuerzas federales, el apoyo del Ejército Mexicano ya es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa nombrar libremente a sus representantes y yo solicité el apoyo de la institución”.
—En contraparte, ¿pidió que fuera retirado?
“No, de ninguna manera y le reconozco el esfuerzo y el liderazgo, que el General Aponte realizó durante su estancia, luego que él mismo ha informado el nuevo encargo que le han encomendado sus superiores”.
— ¿Qué le diría a quienes en Baja California consideran que usted solicitó el retiro de Aponte?
-“No, de ninguna manera. Yo le diría a todos los bajacalifornianos que éste es un asunto de instituciones, que la fortaleza del combate a la delincuencia está en sus instituciones y que de ninguna manera vamos a bajar la guardia sino al contrario vamos a fortalecer las instituciones y las acciones en contra de la violencia, y de estos avances que hemos tenido, que se debe a la coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales. Debo reconocer el gran esfuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del General Aponte en esta tarea que lideró en estos 19 meses que duró el General al frente de la II Región Militar, y creo que los resultados más contundentes se dieron en nuestra administración”.
***
La pregunta de Ciro:
Columna La Historia en Breve/Ciro Gomez Leyva
üblicado en Milenio Diario, 12/08/2008;
¿Qué pasó con Polito?
Apenas el domingo 3 de agosto, el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Región Militar (con sede en Mexicali), difundió una carta en que decía: “Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Se presentó. Aponte Polito fue relevado el viernes 8 y designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
Su caso es insólito en el Ejército, pues en un breve lapso estuvo cuatro veces en el centro de la polémica: a finales de abril, cuando denunció a la procuraduría estatal y, específicamente, a tres funcionarios; el 21 de junio, al anunciar que había detenido a 58 personas en un bautizo en Tijuana (22 de ellos enfrentan acción penal); el 20 de julio, cuando habría disparado porque sí un tiro en el restaurante Pampas, de Mexicali; y el referido 3 de agosto, al acusar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a 52 elementos de la Policía Ministerial.
El semanario Zeta interpreta así la salida de Aponte Polito: “Se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría del estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez; además de por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta”.
¿Por qué entonces su promoción al Tribunal Militar?, preguntarán los escépticos.
gomezleyva@milenio.com
Apenas el domingo 3 de agosto, el general Sergio Aponte Polito, comandante de la Segunda Región Militar (con sede en Mexicali), difundió una carta en que decía: “Hago del conocimiento de la sociedad de Baja California que durante el transcurso de mi carrera militar, he sido relevado del mando en cuatro ocasiones (Sonora, Chiapas, Quintana Roo y Sinaloa) por combatir frontalmente al narcotráfico y denunciar la corrupción en la que incurren algunas autoridades. Tengo la convicción de que en este caso, al hacer uso de los medios de comunicación para defenderme de las intrigas y calumnias que afectan mi dignidad y el prestigio del Ejército, no se presente el quinto relevo”.
Se presentó. Aponte Polito fue relevado el viernes 8 y designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
Su caso es insólito en el Ejército, pues en un breve lapso estuvo cuatro veces en el centro de la polémica: a finales de abril, cuando denunció a la procuraduría estatal y, específicamente, a tres funcionarios; el 21 de junio, al anunciar que había detenido a 58 personas en un bautizo en Tijuana (22 de ellos enfrentan acción penal); el 20 de julio, cuando habría disparado porque sí un tiro en el restaurante Pampas, de Mexicali; y el referido 3 de agosto, al acusar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a 52 elementos de la Policía Ministerial.
El semanario Zeta interpreta así la salida de Aponte Polito: “Se va de Baja California por denunciar ante la población, la corrupción en la Procuraduría del estado, encabezada por Rommel Moreno Manjarrez; además de por romper el silencio que le fue ordenado por sus superiores en abril, luego de la primera carta”.
¿Por qué entonces su promoción al Tribunal Militar?, preguntarán los escépticos.
gomezleyva@milenio.com
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