LA PGR INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA SOLICITUD DEL IFAI
Miercoles, 29 de Octubre de 2008 Boletín 876/08
La Procuraduría General de la República informa a la opinión pública que, respecto a la solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información -IFAI- para consultar la respuesta de la solicitud de Asistencia Jurídica Mutua hecha en el año del 2003, y rendida el mismo año por el Gobierno del Reino de España al Gobierno de Mexico, respecto al señor Manuel Carlos Mouriño Atanes. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 13 fracción II, establece como información reservada aquella que podría menoscabar las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros Estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano.
Miercoles, 29 de Octubre de 2008 Boletín 876/08
La Procuraduría General de la República informa a la opinión pública que, respecto a la solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información -IFAI- para consultar la respuesta de la solicitud de Asistencia Jurídica Mutua hecha en el año del 2003, y rendida el mismo año por el Gobierno del Reino de España al Gobierno de Mexico, respecto al señor Manuel Carlos Mouriño Atanes. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 13 fracción II, establece como información reservada aquella que podría menoscabar las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros Estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano.
Es importante aclarar que no hubo una Asistencia Jurídica Mutua con el Reino de España como tal, sino una solicitud de información policial sin la existencia de averiguación previa alguna. En el caso expreso del documento que contiene la información solicitada, ésta la proporcionó el Reino de España con el carácter de confidencial al Estado Mexicano, por lo que se considera reservada conforme al artículo referido y, su publicación podría causar un detrimento a las relaciones internacionales de nuestro país. Empero, es importante considerar que la respuesta emitida el 15 de septiembre del año 2003, indica que no hay investigación alguna relacionada con actividades de blanqueo de dinero sobre Manuel Carlos Mouriño Atanes, ni de sus empresas. En este orden de ideas, se desprende que no hay elementos constitutivos de delito en que hubiere incurrido el señor Mouriño Atanes, y tampoco responsabilidad penal alguna, en España o en México, ya que no hay ninguna indagatoria en donde se encuentre considerado.
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■ Señala que las autoridades de España aceptaron que se difunda el contenido de la asistencia jurídica
Recula PGR; dará al IFAI los datos de la indagatoria al padre de Mouriño
■ Enmedio de críticas de varios sectores, la dependencia anuncia que se desiste del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco
Nota de Gustavo Castillo García en La Jornada (www.jornada.unam.mx), 31 de octubre de 2008;
Recula PGR; dará al IFAI los datos de la indagatoria al padre de Mouriño
■ Enmedio de críticas de varios sectores, la dependencia anuncia que se desiste del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco
Nota de Gustavo Castillo García en La Jornada (www.jornada.unam.mx), 31 de octubre de 2008;
Luego de las críticas que legisladores y otros actores sociales y políticos lanzaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por promover un amparo para no entregar la información que envió el gobierno de España a las autoridades mexicanas respecto de supuestas investigaciones de lavado de dinero que involucran a Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que entregará los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), toda vez que las autoridades ibéricas aceptaron ayer por la tarde que se difunda públicamente el contenido de la asistencia jurídica.
Esto ocurre también luego de que la PGR se desistiera de un amparo promovido ante autoridades federales, el cual ya le había sido concedido de manera definitiva para no difundir la información relacionada con el padre del secretario de Gobernación. La promoción de este recurso legal constituyó un referente histórico, porque se considera que es la primera ocasión en que la dependencia federal promueve este tipo de estrategias jurídicas en aras de evitar la transparencia.
Al filo de las 15 horas, tiempo de México, el gobierno de España autorizó a la PGR que enviara al IFAI y al solicitante de la información los documentos que integran la respuesta a una petición de asistencia jurídica mutua, realizada por la policía mexicana a las autoridades ibéricas en los años 2003 y 2006, informó Fernando Castillo, director de comunicación social de la procuraduría.
“El caso de la petición de asistencia jurídica con España, del señor Mouriño Atanes, no fue porque existiera una averiguación previa que la motivara, sino una solicitud de información policial que hizo el agregado de la PGR en ese país en los años 2003 y 2006, y esto fue motivado por la publicación de una nota periodística.
“En ese contexto, se debe puntualizar que no hay, ni en México ni en España, alguna investigación, acta circunstanciada o averiguación previa que indique que existe blanqueo de capitales por parte del señor Mouriño Atanes”, dijo el funcionario.
Entrevistado vía telefónica, mencionó que los documentos respectivos serían entregados al IFAI a más tardar la mañana de este viernes, dado que al mismo tiempo que se obtenía la aprobación de las autoridades ibéricas para entregar los datos, “la PGR se desistía del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, para no entregar la información, dado que podría incurrir en responsabilidades si la hubiera proporcionado sin ese aval”.
Según Fernando Castillo, el amparo fue solicitado porque “las asistencias jurídicas y el señalamiento de que su contenido es confidencial es una situación similar a la divulgación de una averiguación previa”.
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Esto ocurre también luego de que la PGR se desistiera de un amparo promovido ante autoridades federales, el cual ya le había sido concedido de manera definitiva para no difundir la información relacionada con el padre del secretario de Gobernación. La promoción de este recurso legal constituyó un referente histórico, porque se considera que es la primera ocasión en que la dependencia federal promueve este tipo de estrategias jurídicas en aras de evitar la transparencia.
Al filo de las 15 horas, tiempo de México, el gobierno de España autorizó a la PGR que enviara al IFAI y al solicitante de la información los documentos que integran la respuesta a una petición de asistencia jurídica mutua, realizada por la policía mexicana a las autoridades ibéricas en los años 2003 y 2006, informó Fernando Castillo, director de comunicación social de la procuraduría.
“El caso de la petición de asistencia jurídica con España, del señor Mouriño Atanes, no fue porque existiera una averiguación previa que la motivara, sino una solicitud de información policial que hizo el agregado de la PGR en ese país en los años 2003 y 2006, y esto fue motivado por la publicación de una nota periodística.
“En ese contexto, se debe puntualizar que no hay, ni en México ni en España, alguna investigación, acta circunstanciada o averiguación previa que indique que existe blanqueo de capitales por parte del señor Mouriño Atanes”, dijo el funcionario.
Entrevistado vía telefónica, mencionó que los documentos respectivos serían entregados al IFAI a más tardar la mañana de este viernes, dado que al mismo tiempo que se obtenía la aprobación de las autoridades ibéricas para entregar los datos, “la PGR se desistía del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, para no entregar la información, dado que podría incurrir en responsabilidades si la hubiera proporcionado sin ese aval”.
Según Fernando Castillo, el amparo fue solicitado porque “las asistencias jurídicas y el señalamiento de que su contenido es confidencial es una situación similar a la divulgación de una averiguación previa”.
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“Soy el primer interesado en que esa información se entregue”
Nota de Alonso Urrutia
Nota de Alonso Urrutia
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, “celebró” anoche la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de desistirse del amparo que promovió para impedir la entrega, al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), del expediente relacionado con una investigación realizada a su padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, efectuada en España. “Soy el primer interesado en que esta información se entregue”, señaló.
Entrevistado en el contexto de la firma de un convenio sobre observación electoral, el funcionario se refirió también –a pregunta expresa– a las versiones de su salida de la dependencia. Dijo que él continúa trabajando, como lo ha hecho desde que llegó. “No vamos a actuar en función de dichos o rumores, cualquiera que sea el interés que tengan”.
Al término de la ceremonia, Mouriño fue abordado sobre la molestia que generó entre los comisionados del IFAI el amparo promovido por la PGR, el cual justificó por la necesidad que tenía esa dependencia de interponer este recurso. Sin embargo, aseguró que no había nada qué ocultar en la información contenida en el expediente, pues “no hay ni ha habido investigación alguna ni en México ni en España, y todo se sustenta en notas periodísticas”.
Insistió en que es el primer interesado en que esta información se distribuya, confiando, dijo, en que sea pronto, para lo cual la decisión de la procuraduría de desistirse permitirá agilizar el cumplimiento de esta solicitud.
Mouriño también habló de otro tema en el cual se ha visto envuelto, como son las recurrentes publicaciones sobre su salida de Bucareli, a lo cual respondió que él se encuentra trabajando como parte de una generación política y un gobierno que pretende la transformación del país, como lo muestran, según mencionó, las cinco reformas estructurales que se han aprobado conjuntamente con otros actores políticos, al igual que se ha hecho con dos acuerdos nacionales: el de la calidad educativa y el de seguridad.
–¿Con la aprobación de la reforma energética se cierra un ciclo? –se le preguntó.
–No, se cumple con la aprobación de una reforma. Este gobierno va entrando, está en su segundo año, le queda mucho por hacer con los funcionarios que el presidente Calderón decida que lo tienen que acompañar.
En otro orden de ideas, dijo que en Morelos 70 por ciento de las escuelas han reanudado labores y confió en que pronto se normalice la actividad en aquella entidad en función de la prioridad, que debe ser que los alumnos estén en clases, concluyó el secretario.
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Entrevistado en el contexto de la firma de un convenio sobre observación electoral, el funcionario se refirió también –a pregunta expresa– a las versiones de su salida de la dependencia. Dijo que él continúa trabajando, como lo ha hecho desde que llegó. “No vamos a actuar en función de dichos o rumores, cualquiera que sea el interés que tengan”.
Al término de la ceremonia, Mouriño fue abordado sobre la molestia que generó entre los comisionados del IFAI el amparo promovido por la PGR, el cual justificó por la necesidad que tenía esa dependencia de interponer este recurso. Sin embargo, aseguró que no había nada qué ocultar en la información contenida en el expediente, pues “no hay ni ha habido investigación alguna ni en México ni en España, y todo se sustenta en notas periodísticas”.
Insistió en que es el primer interesado en que esta información se distribuya, confiando, dijo, en que sea pronto, para lo cual la decisión de la procuraduría de desistirse permitirá agilizar el cumplimiento de esta solicitud.
Mouriño también habló de otro tema en el cual se ha visto envuelto, como son las recurrentes publicaciones sobre su salida de Bucareli, a lo cual respondió que él se encuentra trabajando como parte de una generación política y un gobierno que pretende la transformación del país, como lo muestran, según mencionó, las cinco reformas estructurales que se han aprobado conjuntamente con otros actores políticos, al igual que se ha hecho con dos acuerdos nacionales: el de la calidad educativa y el de seguridad.
–¿Con la aprobación de la reforma energética se cierra un ciclo? –se le preguntó.
–No, se cumple con la aprobación de una reforma. Este gobierno va entrando, está en su segundo año, le queda mucho por hacer con los funcionarios que el presidente Calderón decida que lo tienen que acompañar.
En otro orden de ideas, dijo que en Morelos 70 por ciento de las escuelas han reanudado labores y confió en que pronto se normalice la actividad en aquella entidad en función de la prioridad, que debe ser que los alumnos estén en clases, concluyó el secretario.
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■ Hasta anoche, el organismo no había sido notificado oficialmente
Satisfacción en el IFAI por la reconsideración de la PGR
■ Podrá contar con la información referente al caso Mouriño Atanes
Elizabeth Velasco C.
La reconsideración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de permitir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conocer la investigación que solicitó al gobierno de España sobre la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue bien recibida por el comisionado ponente del caso, Juan Pablo Guerrero.
Sin embargo, al cierre de esta edición el IFAI todavía no recibía alguna notificación oficial en la cual la procuraduría confirmara lo anterior.
A las 14.35 de ayer la vocería de la PGR hizo pública su reconsideración, con el argumento de que el gobierno de España había autorizado difundir la investigación sobre Mouriño Atanes, según declaró Fernando Castillo, vocero del Ministerio Público Federal (MPF).
Luego de las declaraciones de Castillo, el comisionado Guerrero manifestó a La Jornada su “aprecio por la reconsideración de la dependencia federal, por permitir al IFAI realizar su trabajo, y al solicitante de esa información, el derecho a hacerlo”.
La indagatoria que se efectuó al padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, involucra a nueve compañías en las que Mouriño Atanes era accionista o dueño en 2003. Éstas son: Co-texsant SA; Prefabricados de Puentes SA; Inverhismex SL; Prefabricados Tecnológicos de Hormigón SL; Sabancuy RMSL; Campetón SL; Construcciones Exisa SA; Expugil SL, y Cotexmur SL, según se desprende de la carta PGR/ALUES/802/03.
En dicha misiva, enviada el 12 de septiembre de 2003 a la Brigada de Delitos del gobierno de España, Carlos Miguel López Torres, agregado policial de la PGR para la Unión Europea y Suiza, solicitaba apoyo a esa instancia, “con el propósito de establecer si autoridades del Reino de España estaban realizando alguna investigación por el delito de blanqueo de capitales en torno del señor Manuel Carlos Mouriño Atanes”.
En la carta, López Torres solicitaba a las autoridades españolas su “amable auxilio con el propósito de coadyuvar a las referidas investigaciones” que se realizaban en México.
La petición tiene su origen en el fax que en septiembre de 2003 envió Ricardo Gutiérrez Vargas, director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, a López Torres, a quien se le encargó “verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país”.
En el fax, marcado con el número DGAPII/8286A03-AEI-, Gutiérrez Vargas informó a López Torres que esa solicitud tenía su origen en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la procuraduría. Y detalló: “Lo anterior es necesario para integrar debidamente la investigación que realiza la citada unidad especializada en nuestro país”.
En la misiva al gobierno de España se solicitaron algunas precisiones: “Los delitos por los que es investigado (Mouriño Atanes), autoridad que lo investiga, así como los nombres de las empresas de las que es dueño”.
Caso histórico
En entrevista, el especialista en derecho a la información y materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México John Ackerman destacó la importancia de que la sociedad se mantenga alerta sobre la resolución de este caso, “estratégico e histórico para el IFAI”, porque está en juego el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y el avance o retroceso en la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales.
El académico observó varias aristas en el caso: la resistencia reiterada por parte de la Procuraduría General de la República a rendir cuentas sobre asuntos relevantes; ejemplo de ello es el caso de los hermanos Bribiesca, que amenazaron con denunciar a los comisionados del IFAI si la procuraduría entregaba información de las indagatorias que los involucran en el delito de tráfico de influencias.
Mencionó también la decisión del Poder Judicial de otorgar el amparo a la dependencia federal para no revelar datos del caso del padre del secretario de Gobernación, y la postura de la mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, quienes no tenían por qué manifestarse por esperar la resolución del amparo, sino resolver, como lo hizo Guerrero Amparán, ordenando a la Procuraduría General de la República entregar versión pública de la información.
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Satisfacción en el IFAI por la reconsideración de la PGR
■ Podrá contar con la información referente al caso Mouriño Atanes
Elizabeth Velasco C.
La reconsideración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de permitir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conocer la investigación que solicitó al gobierno de España sobre la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue bien recibida por el comisionado ponente del caso, Juan Pablo Guerrero.
Sin embargo, al cierre de esta edición el IFAI todavía no recibía alguna notificación oficial en la cual la procuraduría confirmara lo anterior.
A las 14.35 de ayer la vocería de la PGR hizo pública su reconsideración, con el argumento de que el gobierno de España había autorizado difundir la investigación sobre Mouriño Atanes, según declaró Fernando Castillo, vocero del Ministerio Público Federal (MPF).
Luego de las declaraciones de Castillo, el comisionado Guerrero manifestó a La Jornada su “aprecio por la reconsideración de la dependencia federal, por permitir al IFAI realizar su trabajo, y al solicitante de esa información, el derecho a hacerlo”.
La indagatoria que se efectuó al padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, involucra a nueve compañías en las que Mouriño Atanes era accionista o dueño en 2003. Éstas son: Co-texsant SA; Prefabricados de Puentes SA; Inverhismex SL; Prefabricados Tecnológicos de Hormigón SL; Sabancuy RMSL; Campetón SL; Construcciones Exisa SA; Expugil SL, y Cotexmur SL, según se desprende de la carta PGR/ALUES/802/03.
En dicha misiva, enviada el 12 de septiembre de 2003 a la Brigada de Delitos del gobierno de España, Carlos Miguel López Torres, agregado policial de la PGR para la Unión Europea y Suiza, solicitaba apoyo a esa instancia, “con el propósito de establecer si autoridades del Reino de España estaban realizando alguna investigación por el delito de blanqueo de capitales en torno del señor Manuel Carlos Mouriño Atanes”.
En la carta, López Torres solicitaba a las autoridades españolas su “amable auxilio con el propósito de coadyuvar a las referidas investigaciones” que se realizaban en México.
La petición tiene su origen en el fax que en septiembre de 2003 envió Ricardo Gutiérrez Vargas, director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, a López Torres, a quien se le encargó “verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país”.
En el fax, marcado con el número DGAPII/8286A03-AEI-, Gutiérrez Vargas informó a López Torres que esa solicitud tenía su origen en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la procuraduría. Y detalló: “Lo anterior es necesario para integrar debidamente la investigación que realiza la citada unidad especializada en nuestro país”.
En la misiva al gobierno de España se solicitaron algunas precisiones: “Los delitos por los que es investigado (Mouriño Atanes), autoridad que lo investiga, así como los nombres de las empresas de las que es dueño”.
Caso histórico
En entrevista, el especialista en derecho a la información y materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México John Ackerman destacó la importancia de que la sociedad se mantenga alerta sobre la resolución de este caso, “estratégico e histórico para el IFAI”, porque está en juego el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y el avance o retroceso en la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales.
El académico observó varias aristas en el caso: la resistencia reiterada por parte de la Procuraduría General de la República a rendir cuentas sobre asuntos relevantes; ejemplo de ello es el caso de los hermanos Bribiesca, que amenazaron con denunciar a los comisionados del IFAI si la procuraduría entregaba información de las indagatorias que los involucran en el delito de tráfico de influencias.
Mencionó también la decisión del Poder Judicial de otorgar el amparo a la dependencia federal para no revelar datos del caso del padre del secretario de Gobernación, y la postura de la mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, quienes no tenían por qué manifestarse por esperar la resolución del amparo, sino resolver, como lo hizo Guerrero Amparán, ordenando a la Procuraduría General de la República entregar versión pública de la información.
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Vigentes, investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño: SFP
Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
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Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
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