Compró el narco a jefes de la SIEDO
Nota de Carlos Benavides y Francisco Gómez
Nota de Carlos Benavides y Francisco Gómez
Publicado en El Universal, en pp (www.eluniversal.com.mx) 27 de octubre de 2008;
También iban por datos de agentes de DEA, develó PGR en Operación Limpieza
La Procuraduría General de la República (PGR) descubrió y actuó en contra de células de funcionarios y jefes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que trabajaban para la organización criminal de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, que infiltraron ese organismo, la Oficina de la Policía Internacional (Interpol) y la embajada de Estados Unidos en México, y que pusieron en riesgo varias de las más importantes investigaciones en contra del crimen organizado en este sexenio y la vida de posiblemente decenas de personas que lo combaten.
Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL muestran cómo la penetración en los más altos niveles dentro de la lucha contra el crimen organizado en México, desde al menos 2004, dejó al descubierto nombres de militares, agentes y fiscales antimafia, y la identidad y acciones de agentes de la DEA en México. La investigación, denominada por la PGR como Operación Limpieza, se inició a principios de agosto pasado como resultado de declaraciones de testigos protegidos, y se tejió rápidamente para neutralizar a los presuntos responsables dentro del gobierno federal, detener a media docena de funcionarios y jefes policiales de la SIEDO, y minimizar el daño al combate al crimen.
Los documentos de la PGR establecen que los funcionarios y agentes federales trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos protegidos, contenidas también en los documentos, los empleados de la SIEDO podrían haber prestado sus servicios a varias de las principales organizaciones criminales del narcotráfico.
Entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. El viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.
Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue arraigado el 4 de agosto, y el 15 de octubre un juez federal le dictó un auto de formal prisión. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.
Consultada el viernes pasado sobre la Operación Limpieza y las consignaciones, la PGR declinó confirmar o desmentir la información. “No podemos dar ninguna información hasta el momento procesal oportuno, pero ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ni la subprocuradora de la SIEDO, Marisela Morales, tolerarán actos de corrupción”, dijo escuetamente Fernando Castillo, vocero de la PGR. La embajada de EU, inquirida sobre el caso y la probable quiebra de sus protocolos de seguridad, reiteró que por política no podrían realizar comentario alguno.
Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL muestran cómo la penetración en los más altos niveles dentro de la lucha contra el crimen organizado en México, desde al menos 2004, dejó al descubierto nombres de militares, agentes y fiscales antimafia, y la identidad y acciones de agentes de la DEA en México. La investigación, denominada por la PGR como Operación Limpieza, se inició a principios de agosto pasado como resultado de declaraciones de testigos protegidos, y se tejió rápidamente para neutralizar a los presuntos responsables dentro del gobierno federal, detener a media docena de funcionarios y jefes policiales de la SIEDO, y minimizar el daño al combate al crimen.
Los documentos de la PGR establecen que los funcionarios y agentes federales trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque de acuerdo con las declaraciones de algunos testigos protegidos, contenidas también en los documentos, los empleados de la SIEDO podrían haber prestado sus servicios a varias de las principales organizaciones criminales del narcotráfico.
Entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. El viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.
Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue arraigado el 4 de agosto, y el 15 de octubre un juez federal le dictó un auto de formal prisión. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.
Consultada el viernes pasado sobre la Operación Limpieza y las consignaciones, la PGR declinó confirmar o desmentir la información. “No podemos dar ninguna información hasta el momento procesal oportuno, pero ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ni la subprocuradora de la SIEDO, Marisela Morales, tolerarán actos de corrupción”, dijo escuetamente Fernando Castillo, vocero de la PGR. La embajada de EU, inquirida sobre el caso y la probable quiebra de sus protocolos de seguridad, reiteró que por política no podrían realizar comentario alguno.
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Vulneran Los Beltrán embajada de EU y PGR
Nota de Carlos Benavides y Francisco Gómez
Nota de Carlos Benavides y Francisco Gómez
El Universal Lunes 27 de octubre de 2008
Empleado de la sede entregó datos de la DEA a esa banda
El 11 de julio de 2008 una noticia que llegó desde Washington sacudió al gobierno mexicano. El cártel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva había penetrado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) hasta lo más alto de sus mandos operativos y de inteligencia desde cuando menos 2004.
En la embajada de México en Washington, un testigo protegido bajo el nombre clave Felipe desnudaba a los hombres de los Beltrán en la SIEDO. Prolijo en detalles, Felipe declaró como enviados de los Beltrán pagaban rentas mensuales a altos mandos de la SIEDO y cómo él mismo entró a trabajar a la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México y entregó información de la DEA al cártel de los Beltrán Leyva.
La información que llegó de Washington a la PGR produjo una de las investigaciones más rápidas dentro de la dependencia, titulada Operación Limpieza, y que se presume es el ejercicio anticorrupción más importante en la lucha contra el crimen organizado, incluida la detención del zar antidrogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, y desmembramiento de una red al servicio del cártel de Juárez.
Felipe narró cómo después de servir en la Interpol entró a laborar a la embajada de Estados Unidos en México, tras lo cual la banda le solicitó nombres y teléfonos de los agentes de la DEA en México, así como información de uno de los 15 fugitivos más buscados por autoridades de EU, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Uno de los antecedentes más remotos sobre esta corrupción e infiltración del narco en la SIEDO, que dio origen a las sospechas, se dio la noche del 20 de enero, cuando durante la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el Ejército le encontró entre sus documentos un oficio de investigación dirigido a quien era uno de los principales mandos de la SIEDO, Miguel Colorado, donde se le pedía checar domicilios en Sinaloa. Uno era el sitio donde fue detenido el menor de los Beltrán Leyva. Esa sospecha se fortaleció con la indagación y declaración de testigos protegidos en México y EU, a lo largo de seis meses.
El 2 de julio, Felipe confesó que a través de uno de los hombres más cercanos a Colorado González, José Antonio Cueto López —un ex miembro de la extinta Policía Judicial Federal señalado como enlace entre el cártel de los Beltrán y la SIEDO—, “me asignaron como encargado de la oficina de Interpol, en el aeropuerto por recomendación de Cueto”.
Ahí, fue contactado por el cártel de Sinaloa. Aceptó que cuando ocupó ese puesto “le dijeron que a cambio de dinero, entretuviera a su gente en su oficina” cuando se lo indicaran los narcos. Comentó que por uno de esos favores recibió 15 mil dólares, que repartió con Cueto López, el hombre al que ese cártel contactó para llegar hasta el corazón de la SIEDO.
Tras dejar la Interpol, ingresó a la embajada de Estados Unidos en México, donde su labor era, relató, “investigador criminal” y su trabajo era captar información de todas las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno y tratar de construir una red de contactos para acceder a información en tiempo real. Durante el tiempo que laboró en la misión diplomática “se reunió con Cueto López entre 10 y 15 veces, varias con el enviado de los Beltrán Leyva, un hombre apodado El 19, por la falta un dedo de la mano”.
A finales del año pasado, Felipe recibió 30 mil dólares por informar a los Beltrán de las investigaciones de Estados Unidos para detener a Craig Petties, uno de los 15 hombres más buscados por el gobierno de ese país por introducir cocaína, y que fue arrestado por el Ejército el 11 de enero en Querétaro.
Se pactó que recibiría cada mes una cantidad similar por informar de las investigaciones de la DEA sobre el cártel y que se le pidió obtener los teléfonos de los agentes estadounidenses “porque queremos escucharlos”.
En su testimonio Felipe aseguró que “nunca le entregué documentación con logotipos oficiales de la embajada a El 19”, ni le proporcionó información sobre personas o ciudadanos que trabajan en la embajada y sólo fue una vez cuando recibió el pago por parte de El 19.
Sin embargo, de acuerdo con el también testigo protegido Jennifer, él fue quien le pidió personalmente a Cueto López en septiembre del año pasado información de los trabajos de la DEA en México en contra del cártel de Sinaloa, específicamente en contra de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie —de origen estadounidense y jefe de sicarios del cártel—, y de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. De inmediato, Cueto López le dijo a Jennifer que tenía un “contacto” dentro de la embajada.
A mediados de ese mes, Cueto López y Jennifer se entrevistaron con el “contacto” del primero dentro y que resultó ser el ahora testigo Felipe. “Le pregunté si sabía para quién trabajaba yo y él me dijo que sí, que era para el cártel de Sinaloa”, reveló Jennifer.
Le expuse, agregó, qué era lo que tenía que hacer; es decir, proporcionar información sobre operativos y en general cualquier información relacionada con los integrantes del cártel de Sinaloa. Aceptó trabajar para la organización y solicitó un pago de 50 mil dólares mensuales. Se consultó a líderes del cártel sobre la conveniencia del monto y a las 20:00 horas vino una contrapropuesta: 30 mil dólares por todo trabajo. Se aprobó el pago.
Ese día en Cuajimalpa, Jennifer entregó los primeros 30 mil dólares en 15 paquetes, cada uno de 2 mil dólares, pagos que se prolongaron hasta enero pasado. “Cerramos el trato y le entregué un radio Nextel, aunque dijo que no lo iba poder introducir a la embajada porque tenía miedo de que pudieran escuchar alguna conversación y que él me hablaría todos los días al salir de su trabajo”, narró.
Un ejemplo de la colaboración que dio Felipe al cártel de Sinaloa fueron los datos entregados en noviembre de 2007. “Me entregó información por escrito de la DEA con teléfonos, fotografías y direcciones de un fugitivo de nombre Craig Petties”, contó.
Esa información tenía fotografías del acusado, datos de los domicilios que eran investigados, números de radios y teléfonos que investigaba la DEA y los marshalls, ya que era uno de los 15 fugitivos más buscados por EU. Los Beltrán habían infiltrado con éxito a uno de los suyos en la embajada.
El hombre de los Beltrán en la embajada era un eslabón de la cadena que se entrelazaba con los de la SIEDO. Fernando Rivera le informaba al cártel de los operativos de la PGR y del Ejército en su contra; Miguel Colorado conducía las indagaciones sobre el cártel y evitaba que llegaran a buen puerto; ambos tenían el apoyo de José Antonio Cueto que manejaba la labor de intermediario entre policías, fiscales y narcotraficantes. Se cerraba así el círculo perfecto de la corrupción.
Empleado de la sede entregó datos de la DEA a esa banda
El 11 de julio de 2008 una noticia que llegó desde Washington sacudió al gobierno mexicano. El cártel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva había penetrado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) hasta lo más alto de sus mandos operativos y de inteligencia desde cuando menos 2004.
En la embajada de México en Washington, un testigo protegido bajo el nombre clave Felipe desnudaba a los hombres de los Beltrán en la SIEDO. Prolijo en detalles, Felipe declaró como enviados de los Beltrán pagaban rentas mensuales a altos mandos de la SIEDO y cómo él mismo entró a trabajar a la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México y entregó información de la DEA al cártel de los Beltrán Leyva.
La información que llegó de Washington a la PGR produjo una de las investigaciones más rápidas dentro de la dependencia, titulada Operación Limpieza, y que se presume es el ejercicio anticorrupción más importante en la lucha contra el crimen organizado, incluida la detención del zar antidrogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, y desmembramiento de una red al servicio del cártel de Juárez.
Felipe narró cómo después de servir en la Interpol entró a laborar a la embajada de Estados Unidos en México, tras lo cual la banda le solicitó nombres y teléfonos de los agentes de la DEA en México, así como información de uno de los 15 fugitivos más buscados por autoridades de EU, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Uno de los antecedentes más remotos sobre esta corrupción e infiltración del narco en la SIEDO, que dio origen a las sospechas, se dio la noche del 20 de enero, cuando durante la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, el Ejército le encontró entre sus documentos un oficio de investigación dirigido a quien era uno de los principales mandos de la SIEDO, Miguel Colorado, donde se le pedía checar domicilios en Sinaloa. Uno era el sitio donde fue detenido el menor de los Beltrán Leyva. Esa sospecha se fortaleció con la indagación y declaración de testigos protegidos en México y EU, a lo largo de seis meses.
El 2 de julio, Felipe confesó que a través de uno de los hombres más cercanos a Colorado González, José Antonio Cueto López —un ex miembro de la extinta Policía Judicial Federal señalado como enlace entre el cártel de los Beltrán y la SIEDO—, “me asignaron como encargado de la oficina de Interpol, en el aeropuerto por recomendación de Cueto”.
Ahí, fue contactado por el cártel de Sinaloa. Aceptó que cuando ocupó ese puesto “le dijeron que a cambio de dinero, entretuviera a su gente en su oficina” cuando se lo indicaran los narcos. Comentó que por uno de esos favores recibió 15 mil dólares, que repartió con Cueto López, el hombre al que ese cártel contactó para llegar hasta el corazón de la SIEDO.
Tras dejar la Interpol, ingresó a la embajada de Estados Unidos en México, donde su labor era, relató, “investigador criminal” y su trabajo era captar información de todas las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno y tratar de construir una red de contactos para acceder a información en tiempo real. Durante el tiempo que laboró en la misión diplomática “se reunió con Cueto López entre 10 y 15 veces, varias con el enviado de los Beltrán Leyva, un hombre apodado El 19, por la falta un dedo de la mano”.
A finales del año pasado, Felipe recibió 30 mil dólares por informar a los Beltrán de las investigaciones de Estados Unidos para detener a Craig Petties, uno de los 15 hombres más buscados por el gobierno de ese país por introducir cocaína, y que fue arrestado por el Ejército el 11 de enero en Querétaro.
Se pactó que recibiría cada mes una cantidad similar por informar de las investigaciones de la DEA sobre el cártel y que se le pidió obtener los teléfonos de los agentes estadounidenses “porque queremos escucharlos”.
En su testimonio Felipe aseguró que “nunca le entregué documentación con logotipos oficiales de la embajada a El 19”, ni le proporcionó información sobre personas o ciudadanos que trabajan en la embajada y sólo fue una vez cuando recibió el pago por parte de El 19.
Sin embargo, de acuerdo con el también testigo protegido Jennifer, él fue quien le pidió personalmente a Cueto López en septiembre del año pasado información de los trabajos de la DEA en México en contra del cártel de Sinaloa, específicamente en contra de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie —de origen estadounidense y jefe de sicarios del cártel—, y de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. De inmediato, Cueto López le dijo a Jennifer que tenía un “contacto” dentro de la embajada.
A mediados de ese mes, Cueto López y Jennifer se entrevistaron con el “contacto” del primero dentro y que resultó ser el ahora testigo Felipe. “Le pregunté si sabía para quién trabajaba yo y él me dijo que sí, que era para el cártel de Sinaloa”, reveló Jennifer.
Le expuse, agregó, qué era lo que tenía que hacer; es decir, proporcionar información sobre operativos y en general cualquier información relacionada con los integrantes del cártel de Sinaloa. Aceptó trabajar para la organización y solicitó un pago de 50 mil dólares mensuales. Se consultó a líderes del cártel sobre la conveniencia del monto y a las 20:00 horas vino una contrapropuesta: 30 mil dólares por todo trabajo. Se aprobó el pago.
Ese día en Cuajimalpa, Jennifer entregó los primeros 30 mil dólares en 15 paquetes, cada uno de 2 mil dólares, pagos que se prolongaron hasta enero pasado. “Cerramos el trato y le entregué un radio Nextel, aunque dijo que no lo iba poder introducir a la embajada porque tenía miedo de que pudieran escuchar alguna conversación y que él me hablaría todos los días al salir de su trabajo”, narró.
Un ejemplo de la colaboración que dio Felipe al cártel de Sinaloa fueron los datos entregados en noviembre de 2007. “Me entregó información por escrito de la DEA con teléfonos, fotografías y direcciones de un fugitivo de nombre Craig Petties”, contó.
Esa información tenía fotografías del acusado, datos de los domicilios que eran investigados, números de radios y teléfonos que investigaba la DEA y los marshalls, ya que era uno de los 15 fugitivos más buscados por EU. Los Beltrán habían infiltrado con éxito a uno de los suyos en la embajada.
El hombre de los Beltrán en la embajada era un eslabón de la cadena que se entrelazaba con los de la SIEDO. Fernando Rivera le informaba al cártel de los operativos de la PGR y del Ejército en su contra; Miguel Colorado conducía las indagaciones sobre el cártel y evitaba que llegaran a buen puerto; ambos tenían el apoyo de José Antonio Cueto que manejaba la labor de intermediario entre policías, fiscales y narcotraficantes. Se cerraba así el círculo perfecto de la corrupción.
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Redacción, El Universal on line, Ciudad de México Lunes 27 de octubre de 2008
07:39
En conferencia de prensa de última hora, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Espacializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, confirmó que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico a cambio de información clasificada, como publica hoy EL UNIVERSAL.
La subprocuradora de la PGR explicó que entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández.
De acuerdo con la funcionaria, ambos recibieron pagos de hasta 450 mil dólares mensuales de la organización de los Beltrán Leyva.
Morales señaló que para su captura se organizaron cateos, se juntó decumentación y otros objetos asegurados y se formularon dictámenes periciales y diversas testimoniales.
En consecuencia, dijo, se puso a disposición del Ministerio Público Federal a Fernando Rivera Hernández. El 4 de agosto se le arraigó por 40 días y luego por 30. En octubre se ejerció acción penal acusándolo delincuencia organizada y contra la salud en modalidad de colaborar al fomento de la actividad ilícita.
Además, detalló que el viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.
Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.
07:39
En conferencia de prensa de última hora, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Espacializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, confirmó que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico a cambio de información clasificada, como publica hoy EL UNIVERSAL.
La subprocuradora de la PGR explicó que entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán están el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández.
De acuerdo con la funcionaria, ambos recibieron pagos de hasta 450 mil dólares mensuales de la organización de los Beltrán Leyva.
Morales señaló que para su captura se organizaron cateos, se juntó decumentación y otros objetos asegurados y se formularon dictámenes periciales y diversas testimoniales.
En consecuencia, dijo, se puso a disposición del Ministerio Público Federal a Fernando Rivera Hernández. El 4 de agosto se le arraigó por 40 días y luego por 30. En octubre se ejerció acción penal acusándolo delincuencia organizada y contra la salud en modalidad de colaborar al fomento de la actividad ilícita.
Además, detalló que el viernes pasado, un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su puesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína.
Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo.
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