Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
Edomex: el narco rumbo a 2009 y 2012
Los criminales envían mensajes a la clase política del estado de México
Los criminales envían mensajes a la clase política del estado de México
El crimen de Vergara Cruz, nuevas reglas para aspirantes a alcaldes
El estado de México no sólo es la economía estatal más poderosa y con el mayor presupuesto; no sólo es la mayor fuerza legislativa federal y cuenta con el mayor potencial de votos —padrón de casi 9 millones—, sino que el gobernador es el más aventajado para 2012.
Por todas esas y muchas cosas más, buena parte del territorio del estado es una suerte de “tierra prometida” no sólo para la inversión, sino para las bandas criminales y del narcotráfico, que pelean rentables plazas como Metepec, Naucalpan, Tlanepantla, Ixtapan de la Sal o Valle de Bravo —entre otras de formidable potencial económico—, y se empeñan en colonizar y controlar alcaldías, diputaciones locales, distintos niveles del gobierno estatal y, según las más recientes evidencias, hasta parece que pretendieran someter al más aventajado de los presidenciables.
Y dígalo si no una reciente cadena de hechos que dejan ver una relación más causal que casual entre el crimen organizado y los poderes estatales. Primero, a pocos meses de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un viaje de sus hijos a Veracruz, presuntos sicarios mataron a los escoltas de los hijos del gobernador mexiquense. El asunto ameritó un manejo mediático de bajo perfil, digno de una casualidad.
Segundo, apenas el pasado 12 de septiembre —tres días antes de los ataques a Morelia—, en el territorio mexiquense aparecieron ejecutados 24 hombres presuntamente vinculados a los cárteles en disputa del corredor de los estados de México, Michoacán y Guerrero —La Familia y Los Zetas—, escalofriantes crímenes colectivos, no sólo por su número sino por el mensaje de los extremos a los que están dispuestos a llegar los criminales.
Y tercero, el pasado sábado 4 de octubre narcos confesos ejecutaron al alcalde priísta de Ixtapan de la Sal, Salvador Vergara Cruz —amigo e integrante del grupo político del gobernador Enrique Peña Nieto—, quien gobernaba uno de los más cotizados centros de descanso y diversión para la clase política de todo el país, incluido el propio mandatario mexiquense.
¿Qué debemos entender, y cómo explicar esos hechos?
El sentido común indica que una de las variantes fundamentales del crimen organizado —la doméstica distribución y venta de drogas al menudeo en México—, busca los mercados más rentables, donde la población cuenta con recursos extras más allá de la supervivencia y en donde es posible el control de los centros de poder, sean municipales y estatales. Y eso es lo que estamos viviendo. Es decir, al asesinar a un amigo de Peña Nieto, como el alcalde Vergara Cruz —porque se habría negado a negociar con los narcos—, éstos están dictando nuevas reglas para los aspirantes a alcaldes mexiquenses en 2009 —que por reforma electoral se empalmaron a las federales de julio próximo—; que no es suficiente buscar la candidatura de su partido, ganar la elección, sino negociar con el crimen organizado. La cultura de la plata o plomo.
¿Cuántos alcaldes de todos los partidos, diputados locales, federales y senadores mexiquenses e incluso colaboradores del gobierno estatal están sometidos a la presión y/o el chantaje del narco? ¿Cuántos de ellos prefirieron la plata, ante la posibilidad del plomo? El asesinato de Salvador Vergara Cruz es un mensaje harto claro.
Es decir, el ejercicio de la política y los puestos de elección popular en México ya no están bajo el control sólo de los partidos y los centros del poder institucional. No, en distintas regiones del país, sobre todo en los centros poblacionales de riqueza económica, los poderes municipales y locales —y su ejercicio— están bajo el control de las bandas criminales. Eso supone que en entidades como el estado de México no sólo se vive un peligroso cambio de la jerarquía de los poderes; el poder fáctico del narco tiene el control municipal, sino que el perfil del los futuros aspirantes a alcaldes ya no será el mismo. ¿Entonces qué ha cambiado?
Hoy aspirar a la presidencia municipal de una región bajo el control del narco significa estar dispuesto no a servir a los ciudadanos, sino a convertirse en aliado y/o cómplice del narcotráfico. Ese es el mensaje para los alcaldes en funciones y para los aspirantes a esos puestos de elección popular. ¿Y que hará el pigmeo IEEM? Su presidente Norberto Hernández no sabe ni cómo se llama, y no se puede esperar mucho.
Mientras tanto, el narcotráfico toca cada vez más cerca la puerta del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero por casualidad el mandatario mexiquense es, al mismo tiempo, el más aventajado presidenciable. Y eso lo saben las bandas criminales. Acaso por eso Peña Nieto reaccionó como pocos gobiernos. Detuvo a los criminales del alcalde Vergara Cruz y prometió blindar a los gobiernos municipales. ¿Pero es suficiente? No, el narco es la hidra de mil cabezas. Esa es la lucha para 2009 y 2012. Al tiempo.
El estado de México no sólo es la economía estatal más poderosa y con el mayor presupuesto; no sólo es la mayor fuerza legislativa federal y cuenta con el mayor potencial de votos —padrón de casi 9 millones—, sino que el gobernador es el más aventajado para 2012.
Por todas esas y muchas cosas más, buena parte del territorio del estado es una suerte de “tierra prometida” no sólo para la inversión, sino para las bandas criminales y del narcotráfico, que pelean rentables plazas como Metepec, Naucalpan, Tlanepantla, Ixtapan de la Sal o Valle de Bravo —entre otras de formidable potencial económico—, y se empeñan en colonizar y controlar alcaldías, diputaciones locales, distintos niveles del gobierno estatal y, según las más recientes evidencias, hasta parece que pretendieran someter al más aventajado de los presidenciables.
Y dígalo si no una reciente cadena de hechos que dejan ver una relación más causal que casual entre el crimen organizado y los poderes estatales. Primero, a pocos meses de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un viaje de sus hijos a Veracruz, presuntos sicarios mataron a los escoltas de los hijos del gobernador mexiquense. El asunto ameritó un manejo mediático de bajo perfil, digno de una casualidad.
Segundo, apenas el pasado 12 de septiembre —tres días antes de los ataques a Morelia—, en el territorio mexiquense aparecieron ejecutados 24 hombres presuntamente vinculados a los cárteles en disputa del corredor de los estados de México, Michoacán y Guerrero —La Familia y Los Zetas—, escalofriantes crímenes colectivos, no sólo por su número sino por el mensaje de los extremos a los que están dispuestos a llegar los criminales.
Y tercero, el pasado sábado 4 de octubre narcos confesos ejecutaron al alcalde priísta de Ixtapan de la Sal, Salvador Vergara Cruz —amigo e integrante del grupo político del gobernador Enrique Peña Nieto—, quien gobernaba uno de los más cotizados centros de descanso y diversión para la clase política de todo el país, incluido el propio mandatario mexiquense.
¿Qué debemos entender, y cómo explicar esos hechos?
El sentido común indica que una de las variantes fundamentales del crimen organizado —la doméstica distribución y venta de drogas al menudeo en México—, busca los mercados más rentables, donde la población cuenta con recursos extras más allá de la supervivencia y en donde es posible el control de los centros de poder, sean municipales y estatales. Y eso es lo que estamos viviendo. Es decir, al asesinar a un amigo de Peña Nieto, como el alcalde Vergara Cruz —porque se habría negado a negociar con los narcos—, éstos están dictando nuevas reglas para los aspirantes a alcaldes mexiquenses en 2009 —que por reforma electoral se empalmaron a las federales de julio próximo—; que no es suficiente buscar la candidatura de su partido, ganar la elección, sino negociar con el crimen organizado. La cultura de la plata o plomo.
¿Cuántos alcaldes de todos los partidos, diputados locales, federales y senadores mexiquenses e incluso colaboradores del gobierno estatal están sometidos a la presión y/o el chantaje del narco? ¿Cuántos de ellos prefirieron la plata, ante la posibilidad del plomo? El asesinato de Salvador Vergara Cruz es un mensaje harto claro.
Es decir, el ejercicio de la política y los puestos de elección popular en México ya no están bajo el control sólo de los partidos y los centros del poder institucional. No, en distintas regiones del país, sobre todo en los centros poblacionales de riqueza económica, los poderes municipales y locales —y su ejercicio— están bajo el control de las bandas criminales. Eso supone que en entidades como el estado de México no sólo se vive un peligroso cambio de la jerarquía de los poderes; el poder fáctico del narco tiene el control municipal, sino que el perfil del los futuros aspirantes a alcaldes ya no será el mismo. ¿Entonces qué ha cambiado?
Hoy aspirar a la presidencia municipal de una región bajo el control del narco significa estar dispuesto no a servir a los ciudadanos, sino a convertirse en aliado y/o cómplice del narcotráfico. Ese es el mensaje para los alcaldes en funciones y para los aspirantes a esos puestos de elección popular. ¿Y que hará el pigmeo IEEM? Su presidente Norberto Hernández no sabe ni cómo se llama, y no se puede esperar mucho.
Mientras tanto, el narcotráfico toca cada vez más cerca la puerta del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero por casualidad el mandatario mexiquense es, al mismo tiempo, el más aventajado presidenciable. Y eso lo saben las bandas criminales. Acaso por eso Peña Nieto reaccionó como pocos gobiernos. Detuvo a los criminales del alcalde Vergara Cruz y prometió blindar a los gobiernos municipales. ¿Pero es suficiente? No, el narco es la hidra de mil cabezas. Esa es la lucha para 2009 y 2012. Al tiempo.
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