Publicado en Excélsior (www.exonline.com.mx), 12/11/2008;
Seguridad, esquizofrenia y subestimación social
Como sociedad, quizá por las insuficiencias de las autoridades, de los medios o una cierta complacencia ante un fenómeno que advertimos sólo cuando nos toca de cerca, tenemos una suerte de esquizofrenia con respecto al tema de la seguridad y, sobre todo, del narcotráfico, lo mismo acerca de las medidas que se deben adoptar en la lucha contra el mismo.
Esta semana, en la reunión del grupo de alto nivel México-Colombia que se dio en el contexto de la visita del presidente Álvaro Uribe a nuestro país (por cierto, la diplomacia colombiana a veces debería reflexionar un poco más antes de declarar como “sus verdaderos aliados en la lucha contra el terrorismo” a ciertos grupos, pero ese es otro tema), el procurador Eduardo Medina-Mora reflexionó sobre una de las enseñanzas que a partir de Colombia habíamos aprendido, ambos países, con un costo social muy alto: “La subestimación de la capacidad de generación de violencia (del crimen organizado), de terror, su capacidad de generación de poder económico y de intimidación y destrucción institucional”. Retomando una frase del secretario de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, el procurador dijo que tanto México como Colombia “sabemos de la capacidad de fuego del crimen organizado, del poder corruptor de su dinero, de su creatividad para tratar de evadir la justicia, de las terribles consecuencias que ello imprime en los jóvenes”. Es así como, con características diferentes, con realidades que integran otros fenómenos, México y Colombia no son los únicos países de la región asolados por el narcotráfico y el crimen organizado (en Venezuela y Bolivia se mueve con impunidad; en Brasil, sobre todo en las fronteras amazónicas y en las grandes favelas de Río de Janeiro o los barrios marginales de Sao Paulo, el narcotráfico tiene un pleno control de la situación; Centroamérica está siendo avasallada en ciertas regiones por él), pero, sin duda, es donde tiene una mayor expresión social y política. La diferencia es que, como sociedad, a diferencia de Colombia y en forma muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, no terminamos de asimilarlo y de asumir un frente común contra la delincuencia organizada. En la sociedad, en los medios, incluso en una parte de la estructura de gobierno (federal, estatal, municipal), estamos escandalizados y preocupados por la inseguridad, pero todavía se sigue percibiendo el fenómeno como algo ajeno, extraño, como el enfrentamiento entre dos fuerzas (el Estado y el crimen organizado) en el que la sociedad tiene poco o nada que hacer más que lamentarse de las víctimas y de exigir, con razón, aunque ello no sea suficiente, mayor seguridad.
Quizá los que estamos subestimando el poder del narcotráfico somos nosotros: estamos subestimando la capacidad de daño que puede ejercer sobre nuestras familias y nuestro entorno, sobre nuestros hijos y nuestra sociedad. Y, en demasiadas ocasiones desde las expresiones sociales o partidarias o desde los mismos medios de comunicación, esa incomprensión se refleja en informaciones, explicaciones, que parecieran tan lejanas, tan despreocupadas (aunque se vistan de indignación social) por sus consecuencias, que terminan colaborando con la estrategia que el crimen necesita para tratar de consolidar su poder.
El tema es recurrente: pasó y sigue sucediendo con los medios que publican mantas, mensajes, fotos, que les envían los integrantes del crimen organizado (en ocasiones por incomprensión de lo que significa difundir gratuitamente el mensaje de quien se debería considerar un adversario, un enemigo; en otros casos, por corrupción y también debido al miedo de algunos editores), pero ocurre, también, por ejemplo, con la caída del avión en el que murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otros funcionarios. Ninguna tesis se puede descartar con la información que tenemos hasta ahora: puede haber sido un accidente o pudo haber sido un atentado o un accidente provocado. Pudo ser consecuencia de fallas mecánicas, errores humanos, condiciones atmosféricas o de la manipulación del equipo, de lo que se quiera. Se tienen, sin embargo, certidumbres: el avión no estalló en vuelo; el avión no venía envuelto en llamas cuando cayó sobre las calles de la ciudad; no fue derribado ni a disparos ni con un misil ni con una bomba o con cualquier tipo de explosivo. Además, los cuerpos, los restos casi completos del aparato y los equipos clave para reconstruir lo sucedido, han sido recuperados y están en manos de las instituciones internacionales más competentes para estudiarlo y ofrecer un dictamen sobre lo acontecido. Nadie puede evitar especular cotidianamente acerca de lo que realmente sucedió, pero hacerlo en los medios, públicamente, alimentar esas especulaciones con razonamientos inverosímiles y faltos de la más elemental información como para sustentarlos, es una actitud absolutamente irresponsable que ya hemos repetido muchas veces en el pasado y permite que una serie de vivales de la política, los medios y la seguridad hagan su agosto y ganen espacios esparciendo basura informativa, contaminando aún más una situación de por sí compleja y haciéndole el juego a quienes dicen combatir. No se trata de censurar la información, al contrario, de lo que se debería tratar es de frenar la irresponsabilidad informativa. Hoy, muchos de los mismos que aseguraban que La Paca había resuelto el caso Ruiz Massieu, inventan historias sobre el vuelo caído.
La ecuación es sencilla: cuanto mayores son las versiones infundadas, cuanto más se confunde la información con el chisme, cuando se da como buena, sin siquiera verificarla, una información, ya sea proporcionada por un grupo de delincuentes como por conducto de un medio prestigioso, se abona el terreno de la inestabilidad y la desestabilización. Y esa capacidad de desestabilizar es la que más hemos subestimado. Y la que más daño ejerce.
Como sociedad, quizá por las insuficiencias de las autoridades, de los medios o una cierta complacencia ante un fenómeno que advertimos sólo cuando nos toca de cerca, tenemos una suerte de esquizofrenia con respecto al tema de la seguridad y, sobre todo, del narcotráfico, lo mismo acerca de las medidas que se deben adoptar en la lucha contra el mismo.
Esta semana, en la reunión del grupo de alto nivel México-Colombia que se dio en el contexto de la visita del presidente Álvaro Uribe a nuestro país (por cierto, la diplomacia colombiana a veces debería reflexionar un poco más antes de declarar como “sus verdaderos aliados en la lucha contra el terrorismo” a ciertos grupos, pero ese es otro tema), el procurador Eduardo Medina-Mora reflexionó sobre una de las enseñanzas que a partir de Colombia habíamos aprendido, ambos países, con un costo social muy alto: “La subestimación de la capacidad de generación de violencia (del crimen organizado), de terror, su capacidad de generación de poder económico y de intimidación y destrucción institucional”. Retomando una frase del secretario de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, el procurador dijo que tanto México como Colombia “sabemos de la capacidad de fuego del crimen organizado, del poder corruptor de su dinero, de su creatividad para tratar de evadir la justicia, de las terribles consecuencias que ello imprime en los jóvenes”. Es así como, con características diferentes, con realidades que integran otros fenómenos, México y Colombia no son los únicos países de la región asolados por el narcotráfico y el crimen organizado (en Venezuela y Bolivia se mueve con impunidad; en Brasil, sobre todo en las fronteras amazónicas y en las grandes favelas de Río de Janeiro o los barrios marginales de Sao Paulo, el narcotráfico tiene un pleno control de la situación; Centroamérica está siendo avasallada en ciertas regiones por él), pero, sin duda, es donde tiene una mayor expresión social y política. La diferencia es que, como sociedad, a diferencia de Colombia y en forma muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, no terminamos de asimilarlo y de asumir un frente común contra la delincuencia organizada. En la sociedad, en los medios, incluso en una parte de la estructura de gobierno (federal, estatal, municipal), estamos escandalizados y preocupados por la inseguridad, pero todavía se sigue percibiendo el fenómeno como algo ajeno, extraño, como el enfrentamiento entre dos fuerzas (el Estado y el crimen organizado) en el que la sociedad tiene poco o nada que hacer más que lamentarse de las víctimas y de exigir, con razón, aunque ello no sea suficiente, mayor seguridad.
Quizá los que estamos subestimando el poder del narcotráfico somos nosotros: estamos subestimando la capacidad de daño que puede ejercer sobre nuestras familias y nuestro entorno, sobre nuestros hijos y nuestra sociedad. Y, en demasiadas ocasiones desde las expresiones sociales o partidarias o desde los mismos medios de comunicación, esa incomprensión se refleja en informaciones, explicaciones, que parecieran tan lejanas, tan despreocupadas (aunque se vistan de indignación social) por sus consecuencias, que terminan colaborando con la estrategia que el crimen necesita para tratar de consolidar su poder.
El tema es recurrente: pasó y sigue sucediendo con los medios que publican mantas, mensajes, fotos, que les envían los integrantes del crimen organizado (en ocasiones por incomprensión de lo que significa difundir gratuitamente el mensaje de quien se debería considerar un adversario, un enemigo; en otros casos, por corrupción y también debido al miedo de algunos editores), pero ocurre, también, por ejemplo, con la caída del avión en el que murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otros funcionarios. Ninguna tesis se puede descartar con la información que tenemos hasta ahora: puede haber sido un accidente o pudo haber sido un atentado o un accidente provocado. Pudo ser consecuencia de fallas mecánicas, errores humanos, condiciones atmosféricas o de la manipulación del equipo, de lo que se quiera. Se tienen, sin embargo, certidumbres: el avión no estalló en vuelo; el avión no venía envuelto en llamas cuando cayó sobre las calles de la ciudad; no fue derribado ni a disparos ni con un misil ni con una bomba o con cualquier tipo de explosivo. Además, los cuerpos, los restos casi completos del aparato y los equipos clave para reconstruir lo sucedido, han sido recuperados y están en manos de las instituciones internacionales más competentes para estudiarlo y ofrecer un dictamen sobre lo acontecido. Nadie puede evitar especular cotidianamente acerca de lo que realmente sucedió, pero hacerlo en los medios, públicamente, alimentar esas especulaciones con razonamientos inverosímiles y faltos de la más elemental información como para sustentarlos, es una actitud absolutamente irresponsable que ya hemos repetido muchas veces en el pasado y permite que una serie de vivales de la política, los medios y la seguridad hagan su agosto y ganen espacios esparciendo basura informativa, contaminando aún más una situación de por sí compleja y haciéndole el juego a quienes dicen combatir. No se trata de censurar la información, al contrario, de lo que se debería tratar es de frenar la irresponsabilidad informativa. Hoy, muchos de los mismos que aseguraban que La Paca había resuelto el caso Ruiz Massieu, inventan historias sobre el vuelo caído.
La ecuación es sencilla: cuanto mayores son las versiones infundadas, cuanto más se confunde la información con el chisme, cuando se da como buena, sin siquiera verificarla, una información, ya sea proporcionada por un grupo de delincuentes como por conducto de un medio prestigioso, se abona el terreno de la inestabilidad y la desestabilización. Y esa capacidad de desestabilizar es la que más hemos subestimado. Y la que más daño ejerce.
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