Parte del discurso del Procurador Eduardo Medina Mora en Chihuahua, Chih., a 27 de noviembre de 2008
"El recrudecimiento de la actividad delictiva en Chihuahua nos obliga, a las autoridades federales y las locales, a encontrar formas más eficaces para acabar con la inseguridad.
La violencia en el estado obedece a varios factores: todos ellos de una dinámica tan compleja y delicada que debemos combatirlos de manera integral, con todas las capacidades federales, estatales y municipales y la energía de la participación social y ciudadana, igualmente comprometida.
La confrontación entre grupos rivales del crimen organizado es el principal motor de la violencia en el estado. Con las armas y violencia extrema, luchan entre sí para controlar las rutas de tránsito, la venta de drogas al menudeo, castigan a los miembros de sus propias organizaciones para frenar desviaciones y, además, no vacilan en usar la violencia en contra de los civiles que se encuentran en los lugares donde se enfrentan, o aún ejecutan a sus rivales.
En Chihuahua también han crecido las muertes de elementos de corporaciones de seguridad, y ello también revela que la confrontación se da contra las fuerzas del orden del gobierno sea este estatal, municipal o federal.
La combinación de todos estos factores preocupa y causa temor, y es la razón principal para ajustar y fortalecer las tácticas que conforman la estrategia contra la delincuencia organizada en el estado, en el Operativo Chihuahua, con acciones que nos lleven a resultados concretos y efectivos, como son los que nos demandan todos los días los chihuahuenses. Esto es lo que hemos refrendado como acuerdo el día de hoy.
El fortalecimiento de la estrategia se hace en el ámbito táctico y operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para generar la información de inteligencia, y además definir los objetivos de investigación específicos, con blancos y metas concretas del crimen organizado; pero también en estos fenómenos que afectan tanto la tranquilidad ciudadana, como son las extorsiones, los secuestros y los asaltos en carretera.
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado han suscrito las bases de colaboración operativa y cooperación técnica-científica cuyo objetivo es contar con mecanismos de coordinación operativa para atender con fundamento precisamente estos delitos que los ciudadanos no distinguen si son del orden común o son del orden federal.
Las bases crean grupos especiales de atención y seguimiento para atender casos de alto impacto social, la investigación de delitos con alta incidencia común y federal y mesas de trabajo conjuntas para cumplir órdenes de aprehensión, de localización y presentación, y otro tipo de mandatos ministeriales y judiciales.
Entre las acciones concretas de las bases quisiera yo destacar las siguientes:
– Atender a las metas conjuntas, los asuntos de interés mutuo, relacionados con integrantes de la delincuencia organizada
– Aprovechar integralmente los sistemas informáticos que contienen huellas dactilares de indiciados, procesados y sentenciados, víctimas y ofendidos por delitos, y mandatos ministeriales y judiciales
– Investigaciones con reglamentos de inteligencia para relacionar eventos aparentemente aislados, y así descubrir las estructuras criminales complejas que se tipifican como asociación delictuosa agravada en el fuero común, y delincuencia organizada en el federal.
Estas investigaciones podrán abarcar zonas amplias que incluyen varios municipios o, incluso, más de un estado.
Señoras y señores.
Señor Gobernador:
Fortalecer las tareas de campo que ensanchan la información que se necesita para las tareas tácticas y operativas de las fuerzas de seguridad federales y estatales, así como la suscripción de un convenio que permita combinar las capacidades jurídicas y la investigación de las Procuradurías son elementos centrales del ajuste y cambio de estrategia que estamos dando aquí, en Chihuahua, para responder a la problemática del estado.
Éxito que vendrá, desde luego, de la adecuada coordinación de las autoridades estatales, municipales y federales, pero también depende muchísimo, mucho más de lo que pudiéramos imaginar, de la responsabilidad y participación ciudadana.
En ningún lugar del mundo, como tampoco en México, la seguridad puede ser resultado exclusivo de la acción punitiva de la autoridad; construir una ciudadanía comprometida y responsable es un factor indispensable para combatir con eficacia a la delincuencia.
Las comunidades seguras necesitan, claro, buenos policías, pero esto no basta: las comunidades seguras las construimos los ciudadanos con el respeto a las leyes y reglamentos, y también es necesario que avancemos hacia la identificación de una cultura de respeto a la legalidad más sólida, que rechace de tajo los actos ilegales, que denuncien delitos y acepten autoridad y su oferta para colaborar con ellas.
Ciudad Juárez puede aglutinar, por ejemplo, estos propósitos y así poner en marcha un programa de “Tolerancia Cero” como el que se requiere ante una circunstancia tan extraordinariamente crítica que enfrentan en esa ciudad.
Chihuahua vive tiempos complejos, marcados por la violencia de las armas y las disputas entre los grupos del crimen organizado, pero yo estoy seguro, profundamente convencido, de que los chihuahuenses sabrán salir adelante, como lo muestra la historia de esta tierra, que tanto ha dado a la construcción de nuestro México.
Estoy seguro de que aquí, sociedad y gobierno, los tres niveles de gobierno, podremos vencer a los enemigos de México.
Estoy cierto también que no hay, no habrá, espacio para la derrota.
La violencia en el estado obedece a varios factores: todos ellos de una dinámica tan compleja y delicada que debemos combatirlos de manera integral, con todas las capacidades federales, estatales y municipales y la energía de la participación social y ciudadana, igualmente comprometida.
La confrontación entre grupos rivales del crimen organizado es el principal motor de la violencia en el estado. Con las armas y violencia extrema, luchan entre sí para controlar las rutas de tránsito, la venta de drogas al menudeo, castigan a los miembros de sus propias organizaciones para frenar desviaciones y, además, no vacilan en usar la violencia en contra de los civiles que se encuentran en los lugares donde se enfrentan, o aún ejecutan a sus rivales.
En Chihuahua también han crecido las muertes de elementos de corporaciones de seguridad, y ello también revela que la confrontación se da contra las fuerzas del orden del gobierno sea este estatal, municipal o federal.
La combinación de todos estos factores preocupa y causa temor, y es la razón principal para ajustar y fortalecer las tácticas que conforman la estrategia contra la delincuencia organizada en el estado, en el Operativo Chihuahua, con acciones que nos lleven a resultados concretos y efectivos, como son los que nos demandan todos los días los chihuahuenses. Esto es lo que hemos refrendado como acuerdo el día de hoy.
El fortalecimiento de la estrategia se hace en el ámbito táctico y operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para generar la información de inteligencia, y además definir los objetivos de investigación específicos, con blancos y metas concretas del crimen organizado; pero también en estos fenómenos que afectan tanto la tranquilidad ciudadana, como son las extorsiones, los secuestros y los asaltos en carretera.
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado han suscrito las bases de colaboración operativa y cooperación técnica-científica cuyo objetivo es contar con mecanismos de coordinación operativa para atender con fundamento precisamente estos delitos que los ciudadanos no distinguen si son del orden común o son del orden federal.
Las bases crean grupos especiales de atención y seguimiento para atender casos de alto impacto social, la investigación de delitos con alta incidencia común y federal y mesas de trabajo conjuntas para cumplir órdenes de aprehensión, de localización y presentación, y otro tipo de mandatos ministeriales y judiciales.
Entre las acciones concretas de las bases quisiera yo destacar las siguientes:
– Atender a las metas conjuntas, los asuntos de interés mutuo, relacionados con integrantes de la delincuencia organizada
– Aprovechar integralmente los sistemas informáticos que contienen huellas dactilares de indiciados, procesados y sentenciados, víctimas y ofendidos por delitos, y mandatos ministeriales y judiciales
– Investigaciones con reglamentos de inteligencia para relacionar eventos aparentemente aislados, y así descubrir las estructuras criminales complejas que se tipifican como asociación delictuosa agravada en el fuero común, y delincuencia organizada en el federal.
Estas investigaciones podrán abarcar zonas amplias que incluyen varios municipios o, incluso, más de un estado.
Señoras y señores.
Señor Gobernador:
Fortalecer las tareas de campo que ensanchan la información que se necesita para las tareas tácticas y operativas de las fuerzas de seguridad federales y estatales, así como la suscripción de un convenio que permita combinar las capacidades jurídicas y la investigación de las Procuradurías son elementos centrales del ajuste y cambio de estrategia que estamos dando aquí, en Chihuahua, para responder a la problemática del estado.
Éxito que vendrá, desde luego, de la adecuada coordinación de las autoridades estatales, municipales y federales, pero también depende muchísimo, mucho más de lo que pudiéramos imaginar, de la responsabilidad y participación ciudadana.
En ningún lugar del mundo, como tampoco en México, la seguridad puede ser resultado exclusivo de la acción punitiva de la autoridad; construir una ciudadanía comprometida y responsable es un factor indispensable para combatir con eficacia a la delincuencia.
Las comunidades seguras necesitan, claro, buenos policías, pero esto no basta: las comunidades seguras las construimos los ciudadanos con el respeto a las leyes y reglamentos, y también es necesario que avancemos hacia la identificación de una cultura de respeto a la legalidad más sólida, que rechace de tajo los actos ilegales, que denuncien delitos y acepten autoridad y su oferta para colaborar con ellas.
Ciudad Juárez puede aglutinar, por ejemplo, estos propósitos y así poner en marcha un programa de “Tolerancia Cero” como el que se requiere ante una circunstancia tan extraordinariamente crítica que enfrentan en esa ciudad.
Chihuahua vive tiempos complejos, marcados por la violencia de las armas y las disputas entre los grupos del crimen organizado, pero yo estoy seguro, profundamente convencido, de que los chihuahuenses sabrán salir adelante, como lo muestra la historia de esta tierra, que tanto ha dado a la construcción de nuestro México.
Estoy seguro de que aquí, sociedad y gobierno, los tres niveles de gobierno, podremos vencer a los enemigos de México.
Estoy cierto también que no hay, no habrá, espacio para la derrota.
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