En 2008 se documentaron 54 casos de intolerancia religiosa contra la población evangélica, que van de amenazas y delitos graves, como privación ilegal de la libertad, a amagos de muerte, robo con violencia y “donativos” sistemáticos de autoridades para beneficiar a la Iglesia católica, dice una nota de La Jornada (30/12/2008);
Para Óscar Moha Vargas, director en México de Voz de los Mártires, cuya sede se encuentra en Washington, EE UU, los casos de intolerancia y discriminación religiosa contra miembros de iglesias cristianas evangélicas continúan al alza en el país, la mayoría de las veces con la complicidad de las autoridades, principalmente estatales y municipales.
Esa organización pudo documentar -agrega la nota firmada por Antonio Roman-, con datos de las iglesias afectadas, población, nombres de víctimas y, en algunos casos, hasta las denuncias ante las autoridades correspondientes, más de 50 casos de intolerancia, en los cuales destacan actos como la expulsión de comunidades y pérdida de propiedades.
Moha Vargas advirtió de la “inadecuada atención” de las oficinas encargadas de asuntos religiosos a ese fenómeno, ya que se limitan sólo a la esfera administrativa, sin llegar a sanciones o a la impartición de justicia, dando con ello paso a la impunidad.
Junto con otras iglesias y organizaciones se identifica a Chiapas, Guerrero y Oaxaca como las entidades que presentan mayor número de violaciones a los derechos humanos. Además, mencionó que en esos estados los distintos niveles de gobierno avalan que los llamados “usos y costumbres” estén por encima de las garantías individuales y se violen artículos constitucionales, invalidando así la libertad de culto.
Uno de los más recientes actos de intolerancia religiosa se reportó en Hidalgo, donde la comunidad católica de Ixmiquilpan negó a una familia indígena sepultar a una mujer con el argumento de que profesaba otra religión.
Esa organización pudo documentar -agrega la nota firmada por Antonio Roman-, con datos de las iglesias afectadas, población, nombres de víctimas y, en algunos casos, hasta las denuncias ante las autoridades correspondientes, más de 50 casos de intolerancia, en los cuales destacan actos como la expulsión de comunidades y pérdida de propiedades.
Moha Vargas advirtió de la “inadecuada atención” de las oficinas encargadas de asuntos religiosos a ese fenómeno, ya que se limitan sólo a la esfera administrativa, sin llegar a sanciones o a la impartición de justicia, dando con ello paso a la impunidad.
Junto con otras iglesias y organizaciones se identifica a Chiapas, Guerrero y Oaxaca como las entidades que presentan mayor número de violaciones a los derechos humanos. Además, mencionó que en esos estados los distintos niveles de gobierno avalan que los llamados “usos y costumbres” estén por encima de las garantías individuales y se violen artículos constitucionales, invalidando así la libertad de culto.
Uno de los más recientes actos de intolerancia religiosa se reportó en Hidalgo, donde la comunidad católica de Ixmiquilpan negó a una familia indígena sepultar a una mujer con el argumento de que profesaba otra religión.
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