OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA JUSTICIA FEDERAL HARÁ BALANCES DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Comunicado de la SCJN
Comunicado de la SCJN
México, D. F., a 12 de diciembre de 2008
Así lo anunció el presidente de la SCJN y del CJF, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al rendir su informe anual de labores.
Destacó el compromiso de los juzgadores con la honestidad, y comentó que la vigilancia y la disciplina judicial son instrumentos continuos y permanentes para evitar y, en su caso, sancionar cualquier infracción, incluida la corrupción.
En materia de transparencia, exhortó a magistrados de tribunales colegiados para que videograben sus sesiones, a fin de que puedan ser difundidas posteriormente, como lo aprobó ayer la Cámara de Senadores.
El Poder Judicial de la Federación acordó con diversas organizaciones sociales la instauración del Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, para hacer propuestas y balances en torno al sistema de impartición de justicia, anunció hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Al rendir su informe anual de labores, comentó que 2009 será el Año de la Sociedad, y manifestó su convencimiento de que, con independencia de las políticas de transparencia, la observación de la ciudadanía es saludable para su propio fortalecimiento, y para el correcto ejercicio de la función pública.
También exhortó a los magistrados de tribunales colegiados para que videograben sus sesiones, a fin de que puedan ser difundidas posteriormente, como lo aprobó ayer la Cámara de Senadores.
Así lo anunció el presidente de la SCJN y del CJF, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al rendir su informe anual de labores.
Destacó el compromiso de los juzgadores con la honestidad, y comentó que la vigilancia y la disciplina judicial son instrumentos continuos y permanentes para evitar y, en su caso, sancionar cualquier infracción, incluida la corrupción.
En materia de transparencia, exhortó a magistrados de tribunales colegiados para que videograben sus sesiones, a fin de que puedan ser difundidas posteriormente, como lo aprobó ayer la Cámara de Senadores.
El Poder Judicial de la Federación acordó con diversas organizaciones sociales la instauración del Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, para hacer propuestas y balances en torno al sistema de impartición de justicia, anunció hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Al rendir su informe anual de labores, comentó que 2009 será el Año de la Sociedad, y manifestó su convencimiento de que, con independencia de las políticas de transparencia, la observación de la ciudadanía es saludable para su propio fortalecimiento, y para el correcto ejercicio de la función pública.
También exhortó a los magistrados de tribunales colegiados para que videograben sus sesiones, a fin de que puedan ser difundidas posteriormente, como lo aprobó ayer la Cámara de Senadores.
Ello, precisó, bajo los lineamientos que formule el CJF y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, protegiendo en todo momento los datos personales.
Ante los plenos del Alto Tribunal y del CJF, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro Ortiz Mayagoitia reconoció que hay problemas de distinta magnitud y en los diversos ámbitos; sin embargo, abundó, se ve la actitud y determinación de gobierno y sociedad para afrontarlos con la mayor unidad posible.
Con la asistencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y de Diputados, César Horacio Duarte Jáquez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, respectivamente, el presidente de la Corte explicó que a partir de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se han tenido reuniones con agrupaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a los compromisos.
Se refirió a la actividad jurisdiccional, y dijo que la principal actividad del Poder Judicial de la Federación (PJF) es la solución de conflictos, siempre que es llamado para ello.
Así, expresó, el Tribunal Constitucional de México -a través del Pleno y de sus Salas-, el TEPJF, los tribunales de Circuito y los juzgados de Distrito asumen su función como parte del Estado mexicano.
PJF, COMPROMETIDO CON LA HONESTIDAD
El ministro Ortiz Mayagoitia destacó el compromiso de los juzgadores con la honestidad, y en este sentido comentó que la vigilancia y la disciplina judicial son instrumentos continuos y permanentes para evitar y, en su caso, sancionar cualquier infracción, incluida la corrupción.
El PJF, tan pronto encuentra indicios o recibe denuncias formales, investiga a sus integrantes en todos los niveles, con la misma imparcialidad que exige la administración de justicia en México, indicó.
También se refirió a la nueva justicia en materia penal, e informó que para ello ya se han emprendido acciones para cumplir con lo que marca la reforma constitucional
“Nos encontramos en la antesala del cambio. Estamos obligados a adoptar todas las previsiones para iniciar, cuanto antes, el proceso de adaptación al nuevo marco constitucional”, externó el ministro Ortiz Mayagoitia.
Una democracia constitucional debe alcanzar su seguridad y tranquilidad respetando en todo momento el marco de garantías y libertades, que son el fundamento y la razón del poder público, y a la vez, el más preciado bien que tiene bajo su custodia y al que debe su legitimidad, apuntó.
El presidente del Alto Tribunal y del CJF refirió que se requieren más jueces y magistrados que estén listos para impartir justicia a tiempo, y atender la materia penal en su nueva configuración, sin que ello signifique desatender las altas responsabilidades en materia civil, administrativa, laboral y constitucional, que tiene a su cargo el PJF.
Agregó que el número de juzgadores disponibles para dictar sentencias incide directamente en la calidad y oportunidad del sistema nacional de impartición de justicia, y planteó la necesidad de contar con datos cada vez más precisos sobre las cargas de trabajo, y la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales federales y locales, para diseñar el perfil de los nuevos jueces penales que nuestra sociedad merece.
El derecho penal, señaló, es una de las ramas más sensibles de toda sociedad, porque tiene relación directa con la vida, la integridad y el patrimonio de todos sus miembros, y por eso la instrumentación de la reforma constitucional en materia penal necesita espacios de observación, participación y colaboración de la sociedad.
La reforma en comento, abundó, exige un nuevo derecho penal, que debe ser legislado, que deberá ser explicado y aprendido, para poder ser exigido y aplicado.
EN 2008, TRANSPARENCIA ACTIVA
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia recordó que 2008 fue el Año de la Transparencia Judicial, que no se limitó a dejar ver, sino que exigió una actitud proactiva con la finalidad de que la transparencia se convirtiera en diálogo, interacción y corresponsabilidad.
En este sentido, destacó que la SCJN, el CJF y el TEPJF suscribieron convenios de colaboración con el objetivo de adoptar la plataforma tecnológica desarrollada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Asimismo, manifestó, la Corte y el Tribunal Electoral suscribieron convenios con Transparencia Mexicana –capítulo nacional de transparencia Internacional.
Finalmente, puntualizó que en 2008 se recibieron en el Alto Tribunal más de 76 mil solicitudes de acceso a la información, y el 99.5 por ciento ya fueron resueltas. En el CJF, informó, se recibieron más de 8 mil 500 solicitudes, y el 88% de ellas ya fueron atendidas.
Ante los plenos del Alto Tribunal y del CJF, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ministro Ortiz Mayagoitia reconoció que hay problemas de distinta magnitud y en los diversos ámbitos; sin embargo, abundó, se ve la actitud y determinación de gobierno y sociedad para afrontarlos con la mayor unidad posible.
Con la asistencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de Senadores y de Diputados, César Horacio Duarte Jáquez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, respectivamente, el presidente de la Corte explicó que a partir de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se han tenido reuniones con agrupaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a los compromisos.
Se refirió a la actividad jurisdiccional, y dijo que la principal actividad del Poder Judicial de la Federación (PJF) es la solución de conflictos, siempre que es llamado para ello.
Así, expresó, el Tribunal Constitucional de México -a través del Pleno y de sus Salas-, el TEPJF, los tribunales de Circuito y los juzgados de Distrito asumen su función como parte del Estado mexicano.
PJF, COMPROMETIDO CON LA HONESTIDAD
El ministro Ortiz Mayagoitia destacó el compromiso de los juzgadores con la honestidad, y en este sentido comentó que la vigilancia y la disciplina judicial son instrumentos continuos y permanentes para evitar y, en su caso, sancionar cualquier infracción, incluida la corrupción.
El PJF, tan pronto encuentra indicios o recibe denuncias formales, investiga a sus integrantes en todos los niveles, con la misma imparcialidad que exige la administración de justicia en México, indicó.
También se refirió a la nueva justicia en materia penal, e informó que para ello ya se han emprendido acciones para cumplir con lo que marca la reforma constitucional
“Nos encontramos en la antesala del cambio. Estamos obligados a adoptar todas las previsiones para iniciar, cuanto antes, el proceso de adaptación al nuevo marco constitucional”, externó el ministro Ortiz Mayagoitia.
Una democracia constitucional debe alcanzar su seguridad y tranquilidad respetando en todo momento el marco de garantías y libertades, que son el fundamento y la razón del poder público, y a la vez, el más preciado bien que tiene bajo su custodia y al que debe su legitimidad, apuntó.
El presidente del Alto Tribunal y del CJF refirió que se requieren más jueces y magistrados que estén listos para impartir justicia a tiempo, y atender la materia penal en su nueva configuración, sin que ello signifique desatender las altas responsabilidades en materia civil, administrativa, laboral y constitucional, que tiene a su cargo el PJF.
Agregó que el número de juzgadores disponibles para dictar sentencias incide directamente en la calidad y oportunidad del sistema nacional de impartición de justicia, y planteó la necesidad de contar con datos cada vez más precisos sobre las cargas de trabajo, y la capacidad de respuesta de los órganos jurisdiccionales federales y locales, para diseñar el perfil de los nuevos jueces penales que nuestra sociedad merece.
El derecho penal, señaló, es una de las ramas más sensibles de toda sociedad, porque tiene relación directa con la vida, la integridad y el patrimonio de todos sus miembros, y por eso la instrumentación de la reforma constitucional en materia penal necesita espacios de observación, participación y colaboración de la sociedad.
La reforma en comento, abundó, exige un nuevo derecho penal, que debe ser legislado, que deberá ser explicado y aprendido, para poder ser exigido y aplicado.
EN 2008, TRANSPARENCIA ACTIVA
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia recordó que 2008 fue el Año de la Transparencia Judicial, que no se limitó a dejar ver, sino que exigió una actitud proactiva con la finalidad de que la transparencia se convirtiera en diálogo, interacción y corresponsabilidad.
En este sentido, destacó que la SCJN, el CJF y el TEPJF suscribieron convenios de colaboración con el objetivo de adoptar la plataforma tecnológica desarrollada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Asimismo, manifestó, la Corte y el Tribunal Electoral suscribieron convenios con Transparencia Mexicana –capítulo nacional de transparencia Internacional.
Finalmente, puntualizó que en 2008 se recibieron en el Alto Tribunal más de 76 mil solicitudes de acceso a la información, y el 99.5 por ciento ya fueron resueltas. En el CJF, informó, se recibieron más de 8 mil 500 solicitudes, y el 88% de ellas ya fueron atendidas.
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Crece 40% rezago en tribunales.- Ortiz
Nota de Víctor Fuentes y Mayolo López
Reforma, 13-Dic-2008;
Nota de Víctor Fuentes y Mayolo López
Reforma, 13-Dic-2008;
Guillermo Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia, detalló que los 585 juzgados de distrito y tribunales de circuito iniciarán 2009 con 171 mil casos que se quedaron pendientes de este año y los anteriores.
Al cierre de 2007, explicó en su segundo informe, habían 135 mil asuntos pendientes y hace dos años eran 122 mil, es decir, el rezago creció 40% en dos años.
"Necesitamos más de 90 juzgados de distrito, más de 30 tribunales unitarios y más de 50 tribunales colegiados, tan sólo para afrontar satisfactoria y razonablemente las cargas de trabajo estadísticamente computadas.
"Con el presupuesto que nos han asignado, haremos lo posible por avanzar en estos objetivos", dijo Ortiz ante el Presidente Felipe Calderón.
Lo anterior, pese a que durante 2008, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instaló 50 nuevos juzgados y tribunales.
Fuentes judiciales han señalado que el presupuesto autorizado para 2009, si bien es superior al de este año, no será suficiente para todos los órganos que se requieren, ya que para operar necesitan 270 nuevos jueces y magistrados.
No se refirió a los comentarios de Calderón, que el mes pasado pidió al Poder Judicial aplicar su propia "Operación Limpieza", pero afirmó: "El Poder Judicial, tan pronto encuentra indicios o recibe denuncias formales, investiga a sus integrantes en todos los niveles".
Durante 2008 el CJF sólo destituyó a dos funcionarios: un magistrado de circuito -por retrasar ilegalmente la liberación de 23 acusados- y a un oficial administrativo.
El Ministro anunció que las organizaciones que convocaron a la marcha Iluminemos México han aceptado una propuesta del CJF para constituir un Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, que se reunirá cada tres meses con los consejeros, y dijo que en 2009 se dará énfasis a la participación de la sociedad.
El Poder Judicial ha cultivado una relación cercana con estas asociaciones desde la firma del Acuerdo Nacional para la Legalidad en agosto pasado, y Ortiz reiteró el cumplimiento de compromisos adoptados en ese evento.
Al referirse a los casos destacados resueltos este año por la Corte, el ministro no mencionó expresamente la sentencia que avaló la despenalización del aborto en el DF, tal vez la más importante desde la reforma judicial de 1995, sino que se limitó a señalar que en ese caso se implementaron innovaciones como la audiencia pública de los ministros para escuchar argumentos de ambas partes.
Informó que la Corte resolvió, en Pleno, 218 asuntos en 255 horas de deliberación. El año pasado, fueron 313 casos en casi 300 horas.
El Presidente Calderón estuvo acompañado por su secretario particular, el Secretario de Gobernación y el titular de la PGR.
Además, estuvieron los presidentes de ambas cámaras en el Congreso, Gustavo Madero y César Duarte, así como el presidente del IFE, Leonardo Valdés.
Al término de la ceremonia, Calderón comió con los ministros.
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Al cierre de 2007, explicó en su segundo informe, habían 135 mil asuntos pendientes y hace dos años eran 122 mil, es decir, el rezago creció 40% en dos años.
"Necesitamos más de 90 juzgados de distrito, más de 30 tribunales unitarios y más de 50 tribunales colegiados, tan sólo para afrontar satisfactoria y razonablemente las cargas de trabajo estadísticamente computadas.
"Con el presupuesto que nos han asignado, haremos lo posible por avanzar en estos objetivos", dijo Ortiz ante el Presidente Felipe Calderón.
Lo anterior, pese a que durante 2008, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) instaló 50 nuevos juzgados y tribunales.
Fuentes judiciales han señalado que el presupuesto autorizado para 2009, si bien es superior al de este año, no será suficiente para todos los órganos que se requieren, ya que para operar necesitan 270 nuevos jueces y magistrados.
No se refirió a los comentarios de Calderón, que el mes pasado pidió al Poder Judicial aplicar su propia "Operación Limpieza", pero afirmó: "El Poder Judicial, tan pronto encuentra indicios o recibe denuncias formales, investiga a sus integrantes en todos los niveles".
Durante 2008 el CJF sólo destituyó a dos funcionarios: un magistrado de circuito -por retrasar ilegalmente la liberación de 23 acusados- y a un oficial administrativo.
El Ministro anunció que las organizaciones que convocaron a la marcha Iluminemos México han aceptado una propuesta del CJF para constituir un Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, que se reunirá cada tres meses con los consejeros, y dijo que en 2009 se dará énfasis a la participación de la sociedad.
El Poder Judicial ha cultivado una relación cercana con estas asociaciones desde la firma del Acuerdo Nacional para la Legalidad en agosto pasado, y Ortiz reiteró el cumplimiento de compromisos adoptados en ese evento.
Al referirse a los casos destacados resueltos este año por la Corte, el ministro no mencionó expresamente la sentencia que avaló la despenalización del aborto en el DF, tal vez la más importante desde la reforma judicial de 1995, sino que se limitó a señalar que en ese caso se implementaron innovaciones como la audiencia pública de los ministros para escuchar argumentos de ambas partes.
Informó que la Corte resolvió, en Pleno, 218 asuntos en 255 horas de deliberación. El año pasado, fueron 313 casos en casi 300 horas.
El Presidente Calderón estuvo acompañado por su secretario particular, el Secretario de Gobernación y el titular de la PGR.
Además, estuvieron los presidentes de ambas cámaras en el Congreso, Gustavo Madero y César Duarte, así como el presidente del IFE, Leonardo Valdés.
Al término de la ceremonia, Calderón comió con los ministros.
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Falso argumento del rezago/Ana Laura Magaloni
Reforma, 20-Dic-2008;
El informe de labores del Poder Judicial federal que presentó el presidente de la Suprema Corte el pasado 12 de diciembre vuelve a poner en el centro de la discusión el viejo argumento del rezago judicial. El planteamiento es simple: el problema central de la justicia federal es que los tribunales no logran resolver en un año todos los asuntos que ingresan, lo cual pone en riesgo el acceso a la justicia de los ciudadanos. Según el informe de Ortiz Mayagoitia, se requeriría crear 170 tribunales más, lo cual equivale a un aumento de aproximadamente 30 por ciento de los costos operativos y de infraestructura del ya de por sí caro Poder Judicial federal. Me preocupan dos cosas de este planteamiento: la utilización de un concepto absurdo de rezago judicial y, sobre todo, la ausencia de toda visión crítica sobre los problemas centrales que hoy aquejan a los tribunales federales.
Comencemos por el concepto de rezago judicial. Ningún poder judicial puede aspirar a quedar en "ceros" al fin del año como parece sugerir el referido informe. Una razón elemental es que los asuntos van ingresando mes con mes, por tanto, aquellos que ingresan en los últimos cuatro meses del año, por decir algo, es muy probable que sean resueltos en los primeros meses del año siguiente. Según los datos que dio Ortiz Mayagoitia, en 2008 los juzgados de distrito y los tribunales colegiados resolvieron 80 por ciento de su carga total de trabajo y los tribunales unitarios 85 por ciento. Es decir, es muy probable que al "corte de caja" sólo quedaran los asuntos que ingresaron en los últimos meses del año, o bien, aquellos en donde las propias estrategias dilatorias de los litigantes frenaron la posibilidad de que los jueces emitieran una sentencia. Con todo, contar con un Poder Judicial que resuelve 80 por ciento de su carga anual de trabajo es una cifra récord en el mundo.
¿Por qué insisten los jueces en hablar de un problema inexistente? Quizá sólo porque es un discurso aprendido. Durante los años del régimen autoritario, si uno revisa los informes de labores del Poder Judicial federal o las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas legales en esta materia, el problema que se menciona en forma recurrente es el del rezago. Cabe destacar que, según un estudio que elaboré con mi colega Layda Negrete, el rezago, de 1940 a la fecha, nunca ha sido superior a 25 por ciento. No parece que éste sea el problema nodal de la justicia federal. Sin embargo, en los años del autoritarismo es probable que no hubiese un contexto adecuado para hablar de los que sí eran los problemas de un poder judicial que funcionaba en ese contexto y, por tanto, se generó una cultura judicial en torno a una cuestión meramente formal: cuántos asuntos entraban y cuántos salían cada año.
El contexto ha cambiado. Es indispensable, por tanto, traspasar la cortina de humo que ha creado el viejo discurso del rezago para así comenzar a detectar, analizar y proponer soluciones a los problemas de la justicia federal. Los jueces federales tienen a su cargo una función central en una democracia: garantizar que el poder se someta al derecho, en concreto a la Constitución, y que los ciudadanos puedan tener un ámbito de protección constitucional que garantice el ejercicio de su libertad y, a la vez, que genere un suelo común de derechos y obligaciones iguales para todos. Si nos atenemos a los resultados, claramente hay algo que no está funcionando en nuestra justicia constitucional: vivimos en una sociedad basada en regímenes "jurídicos" de excepción, de privilegios injustificados y de enormes desigualdades jurídicas entre sus miembros. Si bien es cierto que estos problemas rebasan a los jueces, también lo es que lejos de ayudar a destrabar algunos de estos nudos sociales y políticos varias de las decisiones de los jueces los han reforzado, o bien, los han ignorado.
No es una cuestión trivial que nuestros tribunales federales, incluida la Corte, estén desbordados de amparos fiscales y, a la vez, las tragedias y abusos que se viven todos los días en las agencias del MP sean completamente invisibles para nuestros juzgadores. Tampoco es un asunto menor que la Corte haya decidido remitir para su resolución a los tribunales colegiados cualquier asunto que tenga que ver con la inconstitucionalidad de leyes locales, las cuales, cabe destacar, se refieren a los aspectos centrales de la vida ordinaria de los ciudadanos, desde las normas del registro civil o de apertura de un negocio hasta sus relaciones familiares y contractuales. Finalmente, no es un dato menor que se haya tenido que reformar dos veces la Constitución para que el amparo no sea un mecanismo para reinstalar policías corruptos, o bien, que sea una práctica recurrente y avalada por los propios jueces que los demandantes interpongan amparos con el solo objeto de suspender el acto de autoridad y continuar violando las leyes.
La gran asignatura pendiente del Poder Judicial federal es poderse mirar a sí mismo y evaluar con rigor y honestidad intelectual sus aciertos y sus desaciertos. Sólo desde una visión crítica los jueces federales podrán ir definiendo y desempeñando el papel que están llamados a desempeñar en la democracia mexicana. El falso argumento del rezago es una cortina de humo para postergar esta asignatura.
Comencemos por el concepto de rezago judicial. Ningún poder judicial puede aspirar a quedar en "ceros" al fin del año como parece sugerir el referido informe. Una razón elemental es que los asuntos van ingresando mes con mes, por tanto, aquellos que ingresan en los últimos cuatro meses del año, por decir algo, es muy probable que sean resueltos en los primeros meses del año siguiente. Según los datos que dio Ortiz Mayagoitia, en 2008 los juzgados de distrito y los tribunales colegiados resolvieron 80 por ciento de su carga total de trabajo y los tribunales unitarios 85 por ciento. Es decir, es muy probable que al "corte de caja" sólo quedaran los asuntos que ingresaron en los últimos meses del año, o bien, aquellos en donde las propias estrategias dilatorias de los litigantes frenaron la posibilidad de que los jueces emitieran una sentencia. Con todo, contar con un Poder Judicial que resuelve 80 por ciento de su carga anual de trabajo es una cifra récord en el mundo.
¿Por qué insisten los jueces en hablar de un problema inexistente? Quizá sólo porque es un discurso aprendido. Durante los años del régimen autoritario, si uno revisa los informes de labores del Poder Judicial federal o las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas legales en esta materia, el problema que se menciona en forma recurrente es el del rezago. Cabe destacar que, según un estudio que elaboré con mi colega Layda Negrete, el rezago, de 1940 a la fecha, nunca ha sido superior a 25 por ciento. No parece que éste sea el problema nodal de la justicia federal. Sin embargo, en los años del autoritarismo es probable que no hubiese un contexto adecuado para hablar de los que sí eran los problemas de un poder judicial que funcionaba en ese contexto y, por tanto, se generó una cultura judicial en torno a una cuestión meramente formal: cuántos asuntos entraban y cuántos salían cada año.
El contexto ha cambiado. Es indispensable, por tanto, traspasar la cortina de humo que ha creado el viejo discurso del rezago para así comenzar a detectar, analizar y proponer soluciones a los problemas de la justicia federal. Los jueces federales tienen a su cargo una función central en una democracia: garantizar que el poder se someta al derecho, en concreto a la Constitución, y que los ciudadanos puedan tener un ámbito de protección constitucional que garantice el ejercicio de su libertad y, a la vez, que genere un suelo común de derechos y obligaciones iguales para todos. Si nos atenemos a los resultados, claramente hay algo que no está funcionando en nuestra justicia constitucional: vivimos en una sociedad basada en regímenes "jurídicos" de excepción, de privilegios injustificados y de enormes desigualdades jurídicas entre sus miembros. Si bien es cierto que estos problemas rebasan a los jueces, también lo es que lejos de ayudar a destrabar algunos de estos nudos sociales y políticos varias de las decisiones de los jueces los han reforzado, o bien, los han ignorado.
No es una cuestión trivial que nuestros tribunales federales, incluida la Corte, estén desbordados de amparos fiscales y, a la vez, las tragedias y abusos que se viven todos los días en las agencias del MP sean completamente invisibles para nuestros juzgadores. Tampoco es un asunto menor que la Corte haya decidido remitir para su resolución a los tribunales colegiados cualquier asunto que tenga que ver con la inconstitucionalidad de leyes locales, las cuales, cabe destacar, se refieren a los aspectos centrales de la vida ordinaria de los ciudadanos, desde las normas del registro civil o de apertura de un negocio hasta sus relaciones familiares y contractuales. Finalmente, no es un dato menor que se haya tenido que reformar dos veces la Constitución para que el amparo no sea un mecanismo para reinstalar policías corruptos, o bien, que sea una práctica recurrente y avalada por los propios jueces que los demandantes interpongan amparos con el solo objeto de suspender el acto de autoridad y continuar violando las leyes.
La gran asignatura pendiente del Poder Judicial federal es poderse mirar a sí mismo y evaluar con rigor y honestidad intelectual sus aciertos y sus desaciertos. Sólo desde una visión crítica los jueces federales podrán ir definiendo y desempeñando el papel que están llamados a desempeñar en la democracia mexicana. El falso argumento del rezago es una cortina de humo para postergar esta asignatura.
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Anula la Corte castigo a jueces
Por
Víctor Fuentes
Reforma, 08-Dic-2008
En 12 años, el Poder Judicial sólo ha removido de sus cargos a 22 jueces y magistrados por presuntas irregularidades, pero ha reinstalado a 41 por ciento de ellos.
Son nueve los jueces y magistrados que tras ser destituidos por el Consejo de la Judicatura Federal entre 1995 y 2007, fueron reinstalados por orden de la Suprema Corte de Justicia.
Actualmente hay 961 jueces y magistrados federales, quienes en caso de destitución pueden impugnar ante la Corte.
Por ejemplo, Fernando López Murillo, magistrado de Guadalajara destituido en 2003 por cinco sentencias favorables a narcos como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Héctor "El Güero" Palma, ganó en la Corte el año pasado.
Aunque está suspendido porque sigue sujeto a proceso penal, López ya demandó al Consejo de la Judicatura el pago de salarios caídos que, según fuentes judiciales, podrían ascender a 14 millones de pesos.
Los otros ocho que ganaron en la Corte sí están en funciones. Estos incluyen a los jueces Jorge Carenzo y Enrique González, destituidos por emitir fallos a favor de un secuestrador y tres presuntos narcos, así como María Esther Rodríguez, señalada por su relación con el abogado de un ex director de Seguridad Pública de Baja California Sur acusado de traficar 10 toneladas de cocaína.
El Consejo de la Judicatura sólo puede aplicar sanciones por conductas administrativas, pero no puede revisar los criterios jurídicos de los jueces. La Corte resuelve estos casos en sesiones privadas y, por ejemplo, López Murillo y Carenzo ganaron en votaciones de 4 contra 3.
En los expedientes
El pasado 25 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal destituyó a un magistrado, cuyo nombre no se ha revelado, por retrasar varios meses la liberación de personas detenidas ilegalmente.
Se trata de la primera sanción de este tipo en 2008. El caso no ha llegado a la Corte.
De tres magistrados removidos por acoso sexual, dos ganaron en la Corte. Uno de ellos, José Trinidad Jiménez, se dirigió así a una subalterna: "Mire, la mandé llamar porque me acaban de notificar esta pendejada que hizo, este escrito que presentó donde dice que yo ando con la abogada Tere, y sí ando y qué, eso qué, a quién le importa, pregunto, ¿a usted le importa?, qué, ¿está despechada o qué?, yo al contrario, ahora la veo con más pecho".
Ello consta en el expediente del magistrado revisado por la Corte, donde finalmente se determinó que no era una conducta grave y reincidente, por lo que fue reinstalado.
Agustín Cerón, de quien la Corte no se apiadó, fue removido por acoso sexual a una viuda que tenía un amparo ante su tribunal colegiado.
"Mis ojos no se pueden quedar mirando hacia tus ojos porque se me van hacia tus senos", le dijo el magistrado a la viuda.
Según el expediente, pese a los rechazos de la ofendida, el magistrado fue varias veces a visitarla a su casa.
En 12 años...
Entre 1995 y 2007, el Consejo de la Judicatura Federal removió a 22 jueces y magistrados por las siguientes causas:
Los jueces
5 Ganaron en la Corte
6 Perdieron en la Corte
1 Ganó y luego perdió
1 Humberto Ortega Zurita. Juez Sexto de Distrito en Salina Cruz.
Destituido en 1997.
Negligencia y desorden administrativo. Nombramiento irregular de un secretario.
Perdió en la Corte (unánime)
2 María Esther Rodríguez Juárez. Juez de Distrito en La Paz.
Destituida en 1999.
Denuncia de PGR por supuesto romance con un litigante que llevaba más de 50 amparos y causas penales ante el juzgado. Entre ellas una contra Fernando Gastélum Lara, ex director de SP de BCS acusado de tráfico de cocaína.
Ganó en la Corte dos veces (unanimidad)
3 Carlos Hugo León Rodríguez. Juez Primero de Distrito en Chilpancingo.
Destituido en 2002.
Denuncia de 15 empleados del juzgado por alcoholismo y maltrato.
Perdió en la Corte (unanimidad)
4 Daniel Bastida Medina Juez Quinto de Distrito en Cd. Nezahualcóyotl.
a)- Destituido en 2002. Por cerrar su juzgado sin permiso del CJF el 12 de diciembre de 2000.
Ganó en la Corte (unanimidad)
b)- Destituido en 2005. Su secretaria particular robó billetes de depósito de la caja fuerte del juzgado para cobrarlos por su cuenta, en complicidad con funcionarios de Nafin.
Perdió en la Corte (unanimidad)
5 Carlos Gregorio Ortiz García. Juez Primero de Distrito en Campeche.
Destituido en 2003.
Denuncia de 22 empleados por alcoholismo y maltrato; ausencias constantes de hasta 15 días seguidos Perdió en la Corte (unánime)
6 Daniel Heriberto Núñez Juárez.Juez Décimo de Distrito en Coatzacoalcos.
Destituido en 2003.
Sentencias irregulares en 4 casos de narcotráfico, 2 de tráfico de migrantes, 2 de fraude fiscal, uno de portación de arma prohibida, una evasión de presos, un peculado contra la Lotería Nacional, un cohecho a empleados de CFE y un juicio de fianzas en que Pemex reclamaba 150 millones de pesos.
Perdió en la Corte (unánime)
7 Juan Ramírez Díaz. Juez Quinto de Distrito de Amparo Penal en el DF.
Destituido en 2003.
Desechó pruebas contra el presunto secuestrador Mario Vainer y lo amparó contra el auto de formal prisión.
Perdió en la Corte (6-2)
8 Jorge Carenzo Rivas. Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal en el DF.
Destituido en 2003.
Al igual que Juan Ramírez, amparó al presunto secuestrador Vainer contra otro auto de formal prisión.
Ganó en la Corte. (4-3)
9 José Susano Lucio Lucio. Juez Quinto de Distrito en Tamaulipas.
Destituido en 2004.
Venta de la plaza de chofer: el contratado tenía que compartir la mitad de su salario con cuñado del juez
Perdió en la Corte. Unánime
10 Felipe Consuelo Soto. Destituido en 2005.
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el DF.
Nombró como actuario a una persona que no era Licenciado en Derecho.
Ganó en la Corte. (4-3)
11 Enrique González Meyenberg. Destituido en 2006.
Juez Primero de Distrito en La Paz.
Denuncia del Gobernador Narciso Agúndez. Liberó a tres detenidos en una finca donde había armas y drogas.
Ganó en la Corte. (9-1)
12 Álvaro Carrillo Cortés. Juez Primero de Distrito en Oaxaca.
Destituido en 2006.
En un periodo de un año y cinco meses desechó 70 demandas de amparo sin fundamento.
Ganó en la Corte. (Unanimidad)
Los magistrados
4 Ganaron en la Corte
6 Perdieron en la Corte
1 Humberto Valencia Valencia. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Civil y Penal en Monterrey.
Destituido en 1999.
Siendo juez en Hermosillo, dictó sentencias favorables a narcotraficantes locales.
Perdió en la Corte (unánime)
2 Nicandro Martínez López. Magistrado del Tribunal Unitario en Guadalajara.
Destituido en 1999.
Invalidó cargos de lavado de dinero contra Adán Amezcua, argumentó que se había derogado ese delito.
Perdió en la Corte (unánime)
3 Roberto Terrazas Salgado. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Ciudad Victoria.
Destituido en 2000.
Denuncia de sus colegas por alcoholismo, agresiones físicas e introducción de una pistola a una sesión tribunal.
Perdió en la Corte (unánime)
4 Raúl Melgoza Figueroa. Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en el DF.
Destituido en 2000.
Rezago inexcusable en la resolución de 613 expedientes. El CJF lo demandó para devolver 475 mil pesos de salario que cobró indebidamente
Perdió en la Corte (7-2)
5 Fernando López Murillo. Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Guadalajara.
Suspendido en 2000. Destituido en 2003. Sigue suspendido por estar sujeto a juicio penal.
Cinco sentencias favorables a narcos como Héctor "El Güero" Palma, Joaquín "El Chapo" Guzmán y Oscar Malherbe.
Ganó en la Corte. (4-3)
El CJF no podía sancionar por una interpretación del magistrado, sobre omisión de PGR de presentar conclusiones acusatorias; tampoco por sus criterios sobre valoración de pruebas.
6 Agustín Cerón Flores. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Chihuahua.
Destituido en 2001.
Acoso sexual a quejosa en un amparo.
Perdió en la Corte. (unánime)
7 Carlos Lazalde Montoya. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Culiacán.
Destituido en 2003
Omitió declarar terrenos y casas en Durango y Mazatlán, centenarios, cuentas y créditos bancarios.
Perdió en la Corte (6-2)
8 Héctor Gálvez Tánchez. Magistrado del Tribunal Colegiado en Torreón.
Destituido en 2004.
Acoso sexual a dos empleadas.
Ganó en la Corte (5-3)
La mayoría, incluidas las dos ministras, consideró que el magistrado ya había sido suspendido por esas conductas, y la sanción era suficiente.
9 José Trinidad Jiménez Romo. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Mazatlán.
Destituido en 2005.
Nombró oficial judicial a una menor de 16 años, hija de otra empleada con la que tenía "estrecha amistad".
Levantó acta administrativa a la oficial reemplazada por la menor y le hizo comentarios sexuales.
Ganó en la Corte. (unánime)
No se consideró conducta grave y reincidente.
Por
Víctor Fuentes
Reforma, 08-Dic-2008
En 12 años, el Poder Judicial sólo ha removido de sus cargos a 22 jueces y magistrados por presuntas irregularidades, pero ha reinstalado a 41 por ciento de ellos.
Son nueve los jueces y magistrados que tras ser destituidos por el Consejo de la Judicatura Federal entre 1995 y 2007, fueron reinstalados por orden de la Suprema Corte de Justicia.
Actualmente hay 961 jueces y magistrados federales, quienes en caso de destitución pueden impugnar ante la Corte.
Por ejemplo, Fernando López Murillo, magistrado de Guadalajara destituido en 2003 por cinco sentencias favorables a narcos como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Héctor "El Güero" Palma, ganó en la Corte el año pasado.
Aunque está suspendido porque sigue sujeto a proceso penal, López ya demandó al Consejo de la Judicatura el pago de salarios caídos que, según fuentes judiciales, podrían ascender a 14 millones de pesos.
Los otros ocho que ganaron en la Corte sí están en funciones. Estos incluyen a los jueces Jorge Carenzo y Enrique González, destituidos por emitir fallos a favor de un secuestrador y tres presuntos narcos, así como María Esther Rodríguez, señalada por su relación con el abogado de un ex director de Seguridad Pública de Baja California Sur acusado de traficar 10 toneladas de cocaína.
El Consejo de la Judicatura sólo puede aplicar sanciones por conductas administrativas, pero no puede revisar los criterios jurídicos de los jueces. La Corte resuelve estos casos en sesiones privadas y, por ejemplo, López Murillo y Carenzo ganaron en votaciones de 4 contra 3.
En los expedientes
El pasado 25 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal destituyó a un magistrado, cuyo nombre no se ha revelado, por retrasar varios meses la liberación de personas detenidas ilegalmente.
Se trata de la primera sanción de este tipo en 2008. El caso no ha llegado a la Corte.
De tres magistrados removidos por acoso sexual, dos ganaron en la Corte. Uno de ellos, José Trinidad Jiménez, se dirigió así a una subalterna: "Mire, la mandé llamar porque me acaban de notificar esta pendejada que hizo, este escrito que presentó donde dice que yo ando con la abogada Tere, y sí ando y qué, eso qué, a quién le importa, pregunto, ¿a usted le importa?, qué, ¿está despechada o qué?, yo al contrario, ahora la veo con más pecho".
Ello consta en el expediente del magistrado revisado por la Corte, donde finalmente se determinó que no era una conducta grave y reincidente, por lo que fue reinstalado.
Agustín Cerón, de quien la Corte no se apiadó, fue removido por acoso sexual a una viuda que tenía un amparo ante su tribunal colegiado.
"Mis ojos no se pueden quedar mirando hacia tus ojos porque se me van hacia tus senos", le dijo el magistrado a la viuda.
Según el expediente, pese a los rechazos de la ofendida, el magistrado fue varias veces a visitarla a su casa.
En 12 años...
Entre 1995 y 2007, el Consejo de la Judicatura Federal removió a 22 jueces y magistrados por las siguientes causas:
Los jueces
5 Ganaron en la Corte
6 Perdieron en la Corte
1 Ganó y luego perdió
1 Humberto Ortega Zurita. Juez Sexto de Distrito en Salina Cruz.
Destituido en 1997.
Negligencia y desorden administrativo. Nombramiento irregular de un secretario.
Perdió en la Corte (unánime)
2 María Esther Rodríguez Juárez. Juez de Distrito en La Paz.
Destituida en 1999.
Denuncia de PGR por supuesto romance con un litigante que llevaba más de 50 amparos y causas penales ante el juzgado. Entre ellas una contra Fernando Gastélum Lara, ex director de SP de BCS acusado de tráfico de cocaína.
Ganó en la Corte dos veces (unanimidad)
3 Carlos Hugo León Rodríguez. Juez Primero de Distrito en Chilpancingo.
Destituido en 2002.
Denuncia de 15 empleados del juzgado por alcoholismo y maltrato.
Perdió en la Corte (unanimidad)
4 Daniel Bastida Medina Juez Quinto de Distrito en Cd. Nezahualcóyotl.
a)- Destituido en 2002. Por cerrar su juzgado sin permiso del CJF el 12 de diciembre de 2000.
Ganó en la Corte (unanimidad)
b)- Destituido en 2005. Su secretaria particular robó billetes de depósito de la caja fuerte del juzgado para cobrarlos por su cuenta, en complicidad con funcionarios de Nafin.
Perdió en la Corte (unanimidad)
5 Carlos Gregorio Ortiz García. Juez Primero de Distrito en Campeche.
Destituido en 2003.
Denuncia de 22 empleados por alcoholismo y maltrato; ausencias constantes de hasta 15 días seguidos Perdió en la Corte (unánime)
6 Daniel Heriberto Núñez Juárez.Juez Décimo de Distrito en Coatzacoalcos.
Destituido en 2003.
Sentencias irregulares en 4 casos de narcotráfico, 2 de tráfico de migrantes, 2 de fraude fiscal, uno de portación de arma prohibida, una evasión de presos, un peculado contra la Lotería Nacional, un cohecho a empleados de CFE y un juicio de fianzas en que Pemex reclamaba 150 millones de pesos.
Perdió en la Corte (unánime)
7 Juan Ramírez Díaz. Juez Quinto de Distrito de Amparo Penal en el DF.
Destituido en 2003.
Desechó pruebas contra el presunto secuestrador Mario Vainer y lo amparó contra el auto de formal prisión.
Perdió en la Corte (6-2)
8 Jorge Carenzo Rivas. Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal en el DF.
Destituido en 2003.
Al igual que Juan Ramírez, amparó al presunto secuestrador Vainer contra otro auto de formal prisión.
Ganó en la Corte. (4-3)
9 José Susano Lucio Lucio. Juez Quinto de Distrito en Tamaulipas.
Destituido en 2004.
Venta de la plaza de chofer: el contratado tenía que compartir la mitad de su salario con cuñado del juez
Perdió en la Corte. Unánime
10 Felipe Consuelo Soto. Destituido en 2005.
Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el DF.
Nombró como actuario a una persona que no era Licenciado en Derecho.
Ganó en la Corte. (4-3)
11 Enrique González Meyenberg. Destituido en 2006.
Juez Primero de Distrito en La Paz.
Denuncia del Gobernador Narciso Agúndez. Liberó a tres detenidos en una finca donde había armas y drogas.
Ganó en la Corte. (9-1)
12 Álvaro Carrillo Cortés. Juez Primero de Distrito en Oaxaca.
Destituido en 2006.
En un periodo de un año y cinco meses desechó 70 demandas de amparo sin fundamento.
Ganó en la Corte. (Unanimidad)
Los magistrados
4 Ganaron en la Corte
6 Perdieron en la Corte
1 Humberto Valencia Valencia. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Civil y Penal en Monterrey.
Destituido en 1999.
Siendo juez en Hermosillo, dictó sentencias favorables a narcotraficantes locales.
Perdió en la Corte (unánime)
2 Nicandro Martínez López. Magistrado del Tribunal Unitario en Guadalajara.
Destituido en 1999.
Invalidó cargos de lavado de dinero contra Adán Amezcua, argumentó que se había derogado ese delito.
Perdió en la Corte (unánime)
3 Roberto Terrazas Salgado. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Ciudad Victoria.
Destituido en 2000.
Denuncia de sus colegas por alcoholismo, agresiones físicas e introducción de una pistola a una sesión tribunal.
Perdió en la Corte (unánime)
4 Raúl Melgoza Figueroa. Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en el DF.
Destituido en 2000.
Rezago inexcusable en la resolución de 613 expedientes. El CJF lo demandó para devolver 475 mil pesos de salario que cobró indebidamente
Perdió en la Corte (7-2)
5 Fernando López Murillo. Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Guadalajara.
Suspendido en 2000. Destituido en 2003. Sigue suspendido por estar sujeto a juicio penal.
Cinco sentencias favorables a narcos como Héctor "El Güero" Palma, Joaquín "El Chapo" Guzmán y Oscar Malherbe.
Ganó en la Corte. (4-3)
El CJF no podía sancionar por una interpretación del magistrado, sobre omisión de PGR de presentar conclusiones acusatorias; tampoco por sus criterios sobre valoración de pruebas.
6 Agustín Cerón Flores. Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Chihuahua.
Destituido en 2001.
Acoso sexual a quejosa en un amparo.
Perdió en la Corte. (unánime)
7 Carlos Lazalde Montoya. Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Culiacán.
Destituido en 2003
Omitió declarar terrenos y casas en Durango y Mazatlán, centenarios, cuentas y créditos bancarios.
Perdió en la Corte (6-2)
8 Héctor Gálvez Tánchez. Magistrado del Tribunal Colegiado en Torreón.
Destituido en 2004.
Acoso sexual a dos empleadas.
Ganó en la Corte (5-3)
La mayoría, incluidas las dos ministras, consideró que el magistrado ya había sido suspendido por esas conductas, y la sanción era suficiente.
9 José Trinidad Jiménez Romo. Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Mazatlán.
Destituido en 2005.
Nombró oficial judicial a una menor de 16 años, hija de otra empleada con la que tenía "estrecha amistad".
Levantó acta administrativa a la oficial reemplazada por la menor y le hizo comentarios sexuales.
Ganó en la Corte. (unánime)
No se consideró conducta grave y reincidente.
10 M.C.T.M. (El CJF reservó su nombre) Magistrada del Tribunal Unitario en San Luis Potosí.
Separada definitivamente (no destituida) en 2007.
Se le diagnosticó trastorno mental crónico. 20 empleados la denunciaron por maltrato y prepotencia. Le dieron licencia de 6 meses para someterse a examen médico que no cumplió.
Ganó en la Corte (5-2)
Separada definitivamente (no destituida) en 2007.
Se le diagnosticó trastorno mental crónico. 20 empleados la denunciaron por maltrato y prepotencia. Le dieron licencia de 6 meses para someterse a examen médico que no cumplió.
Ganó en la Corte (5-2)
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