Juan R, Quintana

Juan R. Quintana, el Montesinos de Evo Morales
Joaquim Ibarz , corresponsal.

Publicado en La Vanguardia, 13/12/2008:

Foto de Ap Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del gobierno de Evo Morales

Como señala el adagio popular: camina como pato, tiene plumas y cola de pato, nada como pato, grazna cuá cuá…y dice que no es pato. Es lo que está ocurriendo en Bolivia con Juan Ramón Quintana, el hombre fuerte del gobierno de Evo Morales y operador de todas las guerras sucias contra la oposición. Pese a las evidencias que lo comprometen, Quintana, ministro de la Presidencia, niega que tenga algo que ver con un sonado escándalo de corrupción.
Algunos medios han comparado a Quintana con Vladimiro Montesinos, quien fuera jefe de la inteligencia y operador político del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Montesinos fue el brazo derecho del gobernante de origen japonés y Quintana lo es de Morales; los dos son ex militares que comparten un turbio pasado en su nada brillante carrera castrense. Los dos se formaron en la Escuela de las Américas en Panamá, estigmatizada por ser el lugar donde Estados Unidos formaron los dictadores latinoamericanos de las décadas de los 70 y 80.
El presidente del Senado, Oscar Ortiz, uno de los principales dirigentes de la alianza opositora Podemos, fue de los primeros en comparar a Juan Ramón Quintana con Vladimiro Montesinos.
"Lamento que el presidente Morales, en el día internacional de lucha contra la corrupción, se haya manchado con la impunidad. Cada vez queda de mayor evidencia el poder absoluto que acapara el ministro Quintana en este gobierno. Casi lo podría equiparar al que tuvo en su momento Montesinos en Perú. La dependencia que Fujimori sentía hacia Montesinos la vemos ahora en la que siente el presidente Morales hacia Quintana", dijo Óscar Ortiz.
A Quintana también lo han relacionado con el multimillonario húngaro George Soros, considerado el mayor especulador financiero del mundo.
Contra un cúmulo de testimonios y denuncias, Quintana niega que esté implicado en un sonado escándalo de corrupción que pone en cuestión la limpieza del llamado gobierno del cambio. Las acusaciones salpican ya al propio presidente Morales.
33 camiones con mercancía de contrabando
Desde hace días, los medios informativos bolivianos dedican las portadas y los espacios relevantes de los noticieros al escándalo del contrabando. Un convoy de 33 camiones cargados con mercancías no legalizadas se abrió paso por los puestos de control aduanero invocando el nombre de Juan Ramón Quintana.
Otros dos casos de cobro de sobornos por un ejecutivo de la empresa estatal petrolera YPFB para beneficiar ilegalmente a un comerciante y la desaparición de 100.000 bolivianos (unos 12.000 euros) de los fondos de la prefectura oficialista de Cochabamba, configuran un cuadro de escándalo que afecta la imagen de Morales. El propio presidente había alertado de actos de corrupción en "niveles bajos" de YPFB. El ministro de Salud, Ramiro Tapia, también detectó hechos irregulares en su área; lo mismo ocurrió en el viceministerio de Vivienda. En los últimos días también se ha denunciado que se adjudicó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos con un sobreprecio de 140 millones de euros. La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hizo la adjudicación a un solo proponente, la brasileña OAS Ltda.
El viernes 12 de diciembre dimitió el gobernador interino de Cochabamba, Rafael Punte, que había reemplazado en el cargo a Manfred Reyes Villa, quien fue revocado el 10 de agosto. En las últimas semanas, Punte fue cuestionado por supuestos casos de nepotismo y corrupción. La desaparición de 100.000 bolivianos el pasado día 9 comprometió más su posición.
Desde hace días, los medios informativos del país andino dedican las portadas y los espacios más relevantes de los noticieros al escándalo del contrabando por medio de 33 camiones que, cargados con mercancías diversas, se abrieron paso por los puestos de control aduanero invocando el nombre de Juan Ramón Quintana.
Los propios parlamentarios y dirigentes oficialistas coinciden en señalar que Quintana es el ministro más poderoso del gabinete gracias a la confianza ilimitada que le tiene el presidente Morales. En los últimos dos años, dirigió operaciones políticas, de seguridad y de comunicación; además, concentra la dirección de proyectos especiales de la presidencia. Dirige el aparato de comunicación del Gobierno, participa en la administración de los almacenes aduaneros, comandó en Pando las operaciones militares tras decretarse el estado de sitio. Son algunas de las responsabilidades del ministro de la Presidencia, que a sus 49 años está considerado como el hombre más influyente en el gobierno del presidente Morales.
En abril del 2007 Bolivia creó la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), que está bajo la supervisión del ministro de la Presidencia; este organismo debe "apoyar las gestiones del presidente para implementar proyectos singulares en el ámbito municipal, regional y social".
Quintana también maneja el millonario programa "Evo Cumple", que ha tenido a su disposición unos 190 millones de euros donados por el Gobierno de Hugo Chávez. Estos fondos se destinan a obras sociales, proyectos municipales y a respaldar a sindicatos afines al Gobierno. Muchas dádivas que regala Chávez ni siquiera ingresan en la Tesorería del Estado boliviano, por lo que se reparten –en cheque o en efectivo- sin control oficial. Venezuela entrega este dinero directamente al presidente Morales, quien lo distribuye entre sus adeptos. Parte de esos fondos se destinan a mejorar los cuarteles y a garantizar con sobresueldos la lealtad de los generales.
Control sobre los medios de comunicación del Estado
Otra función de vital importancia que ejerce Quintana es el control sobre los medios del Estado. Por un decreto, el Ministerio de la Presidencia tiene tuición sobre todos los medios oficiales de comunicación (Canal 7, Radio Patria Nueva, agencia ABI, etcétera.). El ministro es la cabeza rectora del directorio de Televisión Boliviana, con atribuciones para "diseñar la estrategia política y planes de desarrollo".
Mediante otro decreto, el Ministerio de la Presidencia pasó a formar parte del directorio de la empresa Depósitos Aduaneros de Bolivia.
El jueves pasado, Quintana asumió otra función más al ejercer el cargo de ministro interino de Exteriores, por la ausencia del canciller David Choquehuanca, quien se encontraba en Bélgica. En una reunión con el cuerpo diplomático reivindicó el proceso de cambio con rostro social que encabeza el presidente Morales.
Quintana ingresó al Ejército en 1977. Lo abandonó el 10 de mayo del 2000 al ser acusado de cometer acciones irregulares en un puesto fronterizo (Montesinos fue encarcelado y condenado cuando comandaba un puesto fronterizo, que abandonó para vender secretos militares a la CIA. El expediente de Quintana, archivado en el Comando General del Ejército, indica que fue acusado por "abandono arbitrario del puesto militar en coordinación con la Aduana y con los comerciantes, con el fin de recaudar fondos en beneficio propio, e ingerir bebidas alcohólicas". Con otros "deméritos" acumulados, once arrestos y tres llamadas de atención, el mayor Quintana tenía complicaciones para ascender de grado.
Los medios discrepan sobre si Quintana abandonó voluntariamente la milicia o fue expulsado por indigno comportamiento. En sus antecedentes castrenses, figura un caso ligado al contrabando.
Relegó al vicepresidente García Linera a un segundo plano
Para los observadores independientes resulta insólito que Quintana acumule tanto poder a pesar de que su carrera militar fue tan cuestionada. De hecho, con su protagonismo ha relegado a un segundo plano al vicepresidente Álvaro García Linera.
El diputado Ernesto Justiniano, del partido opositor Podemos, señala que Juan Ramón Quintana se siente muy seguro en el ministerio de la Presidencia porque, según declara a quien quiera escucharlo, Evo Morales no podría removerlo del cargo aunque así lo quisiera.
"Las razones de la seguridad del favorito son conocidas por todos en el partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y en el Palacio de Gobierno", afirma el congresista. Según Justiniano, Quintana monopolizó la llamada ayuda venezolana. "Gran parte de ese dinero fue a parar a los bolsillos de los altos funcionarios gubernamentales y de los dirigentes del MAS; otro porcentaje se destinó a comprar a dirigentes de los llamados movimientos sociales", afirma el diputado.
Justiniano comenta que la lista de los beneficiados solo es conocida por Quintana y por el propio Evo Morales, "ya que su difusión podría provocar un cataclismo de proporciones apocalípticas en el partido gobernante". Por eso prefieren mantener la lista bajo siete llaves y evitar cualquier posibilidad de que Quintana se vaya de la lengua.
El diputado Pablo Klinski, coordinador del grupo parlamentario de Podemos, coincide con Justiniano en que "Evo Morales encubrirá a Quintana porque sabe mucho sobre la corrupción del MAS y el gobierno (..), por eso no lo puede echar del cargo". Klinski afirmó que "Quintana no puede seguir en el gabinete, ha dejado de ser ministro de la presidencia para convertirse en ministro de la delincuencia".
Justiniano subraya que Quintana se siente protegido porque la corrupción y las actividades ilícitas "no serían la excepción sino la norma en el gobierno, por más que se quiera taparlo destituyendo y encarcelando de vez en cuando a corruptillos de poca monta".
El caso de los 33 camiones con contrabando no habría sido una iniciativa personal del ministro sino parte de una acción gubernamental. Justiniano incide en que "es una situación inédita en Bolivia y en el mundo, que un grupo de contrabandistas apele al presidente de la República para que facilite sus actividades y que éste derive el caso a su ministro de la Presidencia".
Jesús Chambi, supuesto líder de los contrabandistas, propietario de cuatro de los 33 camiones, mantiene una estrecha relación con el presidente Morales. Formaría parte del selecto grupo de dirigentes regionales de los "movimientos sociales" que se han enriquecido con la ayuda venezolana.
Cartas dirigidas al presidente Morales
El diario "La Razón", editado en La Paz, destacó el viernes en primera página que dos cartas clave tocan al presidente Morales en el escándalo del contrabando e involucraron al ministro Quintana. Una de las notas fue enviada al Jefe de Estado el 23 de junio por el citado Jesús Chambi, dirigente de la Organización Territorial de Base (OTB). La segunda fue remitida dos meses después (20 de agosto) por el ahora ex presidente de la Aduana, general César López.
Chamba, identificado como líder de los presuntos contrabandistas, pide a Morales un decreto supremo para la reexpedición de mercancía de la zona franca de Cobija hasta Brasil; explica que la mercancía no se distribuirá en Bolivia y "que genera divisas a favor de nuestra Patria, toda vez que es vendida a los ciudadanos brasileños residentes en Placido de Castro y del estado del Acre". Chambi menciona que en dos oportunidades -una en Pando y otra en el palacio presidencial- había conversado con Evo Morales sobre los problemas que tenían los comerciantes para el tránsito de su mercancía desde la zona franca de Cobija hasta la frontera con Brasil.
Sin que se hubiera atendido la demanda planteada por Chambi, la mercancía de contrabando salió de Cobija el 26 de julio en 33 camiones que fueron detenidos por el Control Operativo Aduanero (COA) por no haber pagado los impuestos correspondientes. Entonces, Chambi dijo que el convoy tenía "autorización del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana".
El director de la Aduana acusa a Quintana
El 4 de diciembre, el ex presidente de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), general César López, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, denunció ante la Comisión de la Cámara de Diputados que el ministro Quintana pactó con contrabandistas el libre tránsito de los 33 camiones con contrabando, provenientes de Chile y con destino Brasil. César López sostuvo que el 23 de agosto Quintana, hizo tratos con los acusados de la fuga de 33 camiones. A cambio de dar vía libre al contrabando, Quintana habría exigido apoyo para revocar el mandato del prefecto (gobernador) del departamento amazónico de Pando, Leopoldo Fernández, en el referéndum que se celebró el 10 de agosto. En contra de lo que indicaban las encuestas, los electores ratificaron a Fernández.
Quintana era buen amigo del general López, incluso fue testigo en su segundo matrimonio. El ex director de la Aduana dio a conocer esta relación para desvirtuar que tuviera interés político en perjudicar al ministro, tal como alega el Gobierno.
El escándalo adquirió mayor dimensión al cobrar cuerpo la denuncia de que los dramáticos enfrentamientos del 10 de septiembre en Pando entre partidarios y detractores del presidente Morales, que ocasionaron 19 muertos (17 pro oficialistas y dos opositores), habrían sido orquestados por Quintana con el fin de comprometer al gobernador Fernández y desviar la atención sobre la fuga de los camioneros. Aquella matanza sirvió al Gobierno para decretar el estado de sitio y detener al prefecto, miembro del grupo de gobernadores autonómicos opositores al gobierno (Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca). Fernández está preso en el penal de San Pedro. Quintana dirigió la aplicación del estado de sitio en Pando, que permitió la captura del prefecto Fernández y de otros dirigentes regionales. El 6 de agosto tildó de gusano al defenestrado gobernador. Le deseó que se "revuelque en su tumba con los gusanos".
La oposición boliviana ha señalado varias veces que el gobierno de Morales es responsable de los 19 muertos en Pando porque organizó a los campesinos para enfrentarse al ex prefecto Leopoldo Fernández. Por el contrario, una cuestionada comisión investigadora de Unasur culpó a los opositores de los hechos en Pando, a los que calificó como "crímenes de lesa humanidad".
La oposición denuncia que "de manera flagrante y reiterada no se respeta al gobernador Fernández el legítimo derecho a la defensa". Ya lo consideran un preso político.
Los trágicos choques de Pando se produjeron en el marco de un duro enfrentamiento entre el movimiento autonomista (apoyado por cinco de las nueve regiones de Bolivia) y el gobierno de Morales sobre la nueva Constitución, que se votará en referéndum el 25 de enero.
Evo Morales sigue la estrategia de la confrontación
Evo Morales sigue firme en su estrategia de confrontación pese a la grave situación económica y social que enfrenta el país. El columnista Mario Peña Rueda señala en el diario "El Deber" de Santa Cruz que "a fin de bajar y no encender más la temperatura política del país, el presidente debería parar su marcha hacia la hegemonía política total y cesar la represión embozada de procesos penales en los que se violan jurisdicciones territoriales y principios constitucionales relativos a la presunción de inocencia y derecho a la legítima defensa".
El general López denunció ante la comisión del Congreso que Quintana había formalizado un pacto con los contrabandistas para sacar de la zona franca de Cobija (Pando) 17 camiones cargados de contrabando. El ministro habría garantizado el paso libre hasta Puerto Montevideo, frontera con Brasil, población que el actual mandatario boliviano ha rebautizado como Puerto Evo (con esta medida, el presidente Morales emula a los dictadores Alfredo Stroessner y Rafael Leónidas Trujillo, quienes cambiaron el nombre de una población de Paraguay y de la República Dominicana, respectivamente, para imponer el propio). El general López acusó a Quintana de dejar marchar los camiones con contrabando, retenidos desde el 27 de julio en un puesto militar de Pando.
El primer eslabón de la cadena del negocio que alimenta a Puerto Evo es el puerto chileno de Iquique, desde donde parten por vía terrestre las mercancías con dirección a la Zona Franca de Cobija. En este punto se debe tramitar las legalizaciones correspondientes para trasladar la carga a Brasil. El comercio es próspero porque los productos que son internados desde Chile incluso triplican o cuadruplican su valor en la frontera con Brasil. Familias enteras viven de esta actividad. Según informó la emisora FM Bolivia, varios comerciantes involucrados en la salida de 33 camiones con contrabando provienen de Orinoca, pueblo natal del presidente Evo Morales.
Según las denuncias de la Aduana, el 26 de julio, los comerciantes trataron de trasladar los 33 camiones con contrabando, sin pagar los permisos y las facturas correspondientes, desde la zona franca hasta Montevideo o Puerto Evo.
El Ejército negó ayuda a la aduana
El 23 de agosto, los comerciantes, con apoyo de los pobladores de Santa Rosa y de Puerto Evo, se enfrentaron con la pequeña guarnición militar y con el personal de la aduana. En Cobija, sólo había siete agentes del COA, que no eran suficientes para mantener la custodia de los camiones. Los 50 policías que fueron enviados como refuerzo recibieron la orden de no participar en nada si no había respaldo militar; finalmente, los agentes regresaron a La Paz.
Más de cien comerciantes se apoderaron de los vehículos por la fuerza, y luego los condujeron hasta Puerto Evo. El general López pidió ayuda a los ministerios de Defensa y de Gobierno para recuperar la mercancía. El operativo de recaptura se suspendió por una llamada telefónica. El subcomandante del COA, teniente coronel Walter Villalpando, recibió instrucciones de mantener en suspenso el Operativo Retorno. El 23 de octubre se recuperaron cinco de los 33 camiones, pero sin carga: dos en Cobija y tres en El Alto.
El general López ha informado que pidió ayuda al presidente Morales para mantener el control de los camiones decomisados. Le contestaron que el Estado Mayor de del Ejército decidió no mandar refuerzos porque se confiaba en lograr una salida política. Tras conocer que el jefe de las Fuerzas Armadas, general Luís Trigo no atendería su petición, el 20 de agosto López envió una carta a Morales en la que le informaba que mantenía retenidos 33 camiones con mercancía extranjera que habían salido de manera ilegal de la zona franca de Cobija (Pando) rumbo a Puerto Evo. El alto oficial advirtió al presidente Morales que el contrabando interceptado amenazaba con convertirse en un complicado y potencial conflicto. Por ello, le pedía que el Ejército enviara tropas para proteger el retorno de los camiones a la Aduana de Cobija.
López comunicó al presidente que la negativa del comandante de las Fuerzas Armadas a prestarle ayuda le motivó a escribirle la carta y a pedirle una audiencia.
"Desconozco, hermano Presidente, las causas de la decisión tomada por el general Trigo. Mi deber es informarle sobre el riesgo que representa que los 33 camiones permanezcan en tan alejado lugar con una reducida custodia", escribió López en la carta.
Entrevista en palacio del general López con el presidente Morales
El general López se reunió con Morales el 21 de agosto en la residencia de San Jorge. "Le informé de todo lo que estaba pasando y de las dificultades que habíamos enfrentado como Aduana para realizar trabajos de valoración de la mercancía ilícita, corriendo todos los riesgos, porque la amenaza de los contrabandistas era permanente", dijo el oficial ante la comisión del Congreso.
Tras 20 días de precaria custodia de los 33 camiones, el personal de la aduana fue rebasado por los contrabandistas, que se llevaron la mercancía valorada en más de un millón de dólares. Tres meses después, Morales destituyó a López.
Las repercusiones del escándalo del contrabando ya salpican al presidente Morales. El diario "La Prensa" publicó que los contrabandistas le enviaron dos cartas cuando los camiones estaban retenidos en la aduana, pidiéndole una solución política al problema.
Horas después de que la oposición pidiera la cabeza del influyente ministro, en un acto con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, Evo Morales cerró filas con Quintana y acusó al general López y a la oposición de inventar el escándalo con fines políticos. En un enérgico discurso pronunciado en la noche del martes, el presidente señaló que los ataques recibidos son una venganza por las investigaciones que hizo Quintana sobre el presunto desvío de ayuda económica de Estados Unidos a actividades conspirativas.
Morales aseguró que las denuncias contra Quintana son parte de un complot orquestado por agentes externos e internos. "¿Cuál es el delito del ministro? Haber investigado los fondos de Usaid (la agencia de cooperación de Estados Unidos). Cómo se manejaban para pagar a los opositores la plata del pueblo norteamericano y que los opositores conspiren contra el Gobierno", recalcó el presidente.
"Quiero decirles (a los opositores) que el ministro Quintana no se va a ir, va a seguir trabajando, investigando estos actos dudosos que vienen de agentes externos. Esto no es un problema interno, es una conspiración que viene de afuera en coordinación con nuestros opositores en Bolivia", dijo Morales.
Morales pierde los nervios y humilla a un periodista
Evo Morales perdió los nervios durante el acto celebrado en el Palacio Quemado (palacio de Gobierno). Al parecer, el escándalo del contrabando sacó de quicio al presidente. Increpó y atropelló al periodista Raphael Ramírez por trabajar en "La Prensa", uno de los diarios que investiga más a fondo las acusaciones contra el ministro Quintana. Morales exigió a los informadores del citado periódico que asistían al acto que pasaran al frente, so pena de ser tildados de mentirosos. Blandiendo el periódico con una mano, lanzó acusaciones y pretendidos desmentidos. Los medios informativos destacan que aunque Morales disponía de muchos recursos para quejarse sobre la nota de "La Prensa", recurrió al escarnio público del joven profesional. Aquel día, "La Prensa" había titulado en primera página: "Evo negoció 'luz verde' con los contrabandistas dos meses antes". Morales dijo que esa información era falsa.
Asociaciones de prensa de Bolivia, medios de comunicación, Defensor del Pueblo y opositores criticaron al presidente por el trato dado al periodista. Javier Zeballos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Prensa, entidad que agrupa a los diarios bolivianos, tildó el incidente de "lamentable, doloroso, indigno e humillante".
La Iglesia boliviana pidió al presidente Morales no ejercer abuso de poder. La Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que rechaza "el autoritarismo y el abuso de poder" ejercidos por el presidente de la República en contra de los periodistas "que cumplen con su labor informativa". El documento hace referencia al acto en palacio Quemado, donde el mandatario "se permitió llamar la atención a un periodista y dejó en evidencia un comportamiento desproporcionado, con expresiones y gestos de humillación, intimidación y amenaza".
Morales contesta las críticas con nuevos diatribas contra los medios. El viernes puso en tela de juicio la honestidad del 90 por ciento de los trabajadores de la prensa, al afirmar que sólo el 10 por ciento de los periodistas tiene dignidad. El mandatario manifestó que no dará más conferencias de prensa, y que presentará pruebas de periodistas que le piden dinero para su cobertura. "Las conferencias de prensa simplemente son para que insulten al Presidente. No necesito de conferencias de prensa. Yo tengo otro medio de información de boca a boca, es la mejor forma de comunicación. Por eso, no me pidan conferencias de prensa ni me consulten, tengo formas de comunicar e informar de esta manera al pueblo", dijo.
Ante los nuevos ataques, la Federación Nacional de la Prensa convocó un paro simbólico para el lunes próximo.