20 feb 2009

Algo no funciona

Columa Razones/Jorge Fernández Menéndez
Gabinete: algo no funciona
Algo no está funcionando en el equipo presidencial. Días atrás hablábamos de que muchos
funcionarios simplemente no aparecían, no daban la lucha política. Y ahora tenemos a varios que comienzan a hablar de temas que no son de su agenda y cometen errores sólo explicables por falta de tino o de sentido político.
El caso de la semana, sin duda, es la declaración de Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, en un desayuno en la embajada mexicana en París. Gerardo sostuvo que, si el presidente Calderón no hubiera lanzado la estrategia contra el narcotráfico, el próximo presidente “sería un narco”. Ahondó en el tema y dijo que los grupos del crimen organizado habían creado “un Estado dentro del propio Estado”, donde ponían autoridades, cobraban impuestos para protección y tenían un control pleno de la situación.
Quizás en un plática informal se podrían aceptar esas afirmaciones (como que Téllez diga que Salinas se robó la mitad de la partida secreta), pero en un encuentro formal en una embajada de México son inaceptables. En realidad, los operativos se tuvieron que lanzar para retomar el control de la situación en distintos rincones del país, debido a la creciente presencia del narcotráfico. Pero esos grupos no crearon un Estado dentro del Estado, aceptarlo sería como reconocer que estamos, efectivamente, ante ese Estado fallido que tanto se han negado a reconocer, con toda razón, las autoridades. Pero la afirmación de que el próximo presidente sería del narco, no tiene asidero: es simplemente una especulación. ¿Era, o es, ésa, una posibilidad? Por supuesto, nadie podría descartarlo. Otros países se han visto en situaciones similares, aunque estuvieran mucho más matizadas, como ocurrió con Ernesto Samper en Colombia o Carlos Menem en Argentina, pero asumimos que no sabemos con exactitud qué participación ha tenido el narcotráfico en las campañas políticas de México en el pasado, el reciente y el lejano. Sin embargo, nadie puede, en un ámbito oficial, especular con lo que habría sucedido si no se hubiera hecho algo. Como se ha dicho, se abona no sólo la tesis del Estado fallido sino también la del “catastrofismo”. Si a eso le sumamos que quien tuvo que salir a desmentir, hasta con cierta dureza, esas afirmaciones, fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, queda claro que, independientemente de la ligereza de cualquier funcionario, lo que no hay es un discurso articulado sobre cómo estamos en la lucha contra el narcotráfico, cuáles eran los desafíos y las prioridades inmediatas.
Ello se pone de manifiesto con otros dos comentarios muy desafortunados. La canciller Patricia Espinosa, que hasta ahora no se había equivocado casi nunca en sus declaraciones públicas, dijo que la inseguridad no afecta a todo el país y el narcotráfico y la violencia se concentran en tres entidades: Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Quizás ahí surgieron los principales líderes del narcotráfico y, sin duda, aunque no lo reconoce en el desplegado que mandó publicar el gobierno de esa entidad, sea en Chihuahua donde se está dando en estos momentos la principal batalla entre los diferentes grupos criminales. Pero leyendo los periódicos comprendemos que el tema va mucho más allá: el fin de semana anterior hubo 20 muertos en Chihuahua, once en Macuspana, Tabasco, y otros diez en la frontera entre Jalisco y Nayarit, en ejecuciones que involucraron a familias completas. Antes había sido asesinado el general Tello Quiñones en Cancún. Desde hace días, los llamados tapados asolaban a Monterrey. Comenzamos la semana con el enfrentamiento que dejó diez muertos en Reynosa, Tamaulipas, y al día siguiente otros en Torreón, Coahuila, donde hubo por lo menos otros siete muertos. El narcotráfico opera en todo el país: tiene, por supuesto, espacios clave, para el tráfico y el control, pero no se puede decir, menos puede hacerlo la canciller ante un auditorio internacional, que es un problema constreñido a tres estados. Lo desmintió el Presidente cuando reconoció la profundidad con que había penetrado el crimen organizado en la sociedad. Otra vez, no hay un discurso establecido que pueda explicar, ante cualquier auditorio, lo que sucede, cómo marchan las cosas y hacia dónde vamos.
Estuvo peor otro funcionario que en lo suyo es muy bueno: Rodolfo Elizondo, al afirmar que los medios están magnificando la violencia y ello afecta la imagen del país. No sé si algunos medios magnifican la violencia, seguramente sí, pero el hecho es que la violencia existe, allí está y tampoco se puede esconder debajo de la cama. Es condenable la difusión de narcomantas o de ciertas imágenes que son parte de la estrategia de intimidación del crimen organizado, pero no se puede no informar sobre el tema que está azotando a todo el país. La responsabilidad no es del mensajero. En todo caso, una vez más, falta presentar ante los medios una historia articulada y coherente de lo que estamos viviendo en la lucha contra el crimen organizado. En los medios, sin duda se han cometido excesos, pero en el gobierno ha habido enormes vacíos.
Dejando el tema del crimen y ahondando en la telenovela de las escuchas telefónicas y el pleito Téllez-Carpinteyro, es donde se vuelve a percibir que la operación interna no funciona: no se entiende cómo se pudo dejar crecer tanto el conflicto a esos niveles, hasta que, en una reunión del gabinete del sector, la entonces subsecretaria le entregó al Presidente las grabaciones del secretario que le habían sido suministradas por el director de la Cofetel. Es un desaseo casi total. Ahora viene la investigación sobre el tema, que deberá realizar la PGR. El problema radica en que, para ello, deberá recurrir a la SCT. Y allí los demandantes tendrán que convertirse en investigadores de su propia demanda. ¿No será razón suficiente para presentar la renuncia y dejar que la investigación avance sin suspicacias?

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