Gómez Mont en Ginebra

Ginebra, Suiza, a 10 de febrero de 2009
El día de hoy, México sustentó su informe sobre la situación de derechos humanos en el país ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza.
Encabezó la delegación de México estuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo acompañaron funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Defensa Nacional y Seguridad Pública; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como por las titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Instituto Nacional de las Mujeres.
El cuarto periodo ordinario de sesiones del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos concluirá el próximo viernes 13 de febrero, cuando se aprobará el informe final del grupo de trabajo de dicho mecanismo, el cual tiene como objetivo evaluar cada cuatro años la situación de los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU; hasta ahora 59 países han sido revisados.
Durante su gira de trabajo por Ginebra, el secretario Gómez Mont se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay; con el secretario general de la Organización Internacional para las Migraciones; William Swing; así como con legisladores, representantes de órganos autónomos de derechos humanos y de la sociedad civil mexicana que asistieron a la sustentación del informe.
Esta fue su intervención.
Señor Presidente del Consejo;
Señora Alta Comisionada;
Distinguidos delegados y delegadas;
Invitados especiales; Señoras y señores:
Comparezco ante ustedes para presentar el Informe de México en materia de Derechos Humanos. México se somete al Mecanismo de Examen Periódico Universal con la convicción de que la promoción y protección de los derechos humanos es una obligación irrenunciable de todos los gobiernos y un imperativo ético universal.
Este foro es testigo y muestra de que para mi país, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos es una herramienta invaluable para impulsar cambios estructurales internos.
Agradezco y reconozco a los actores nacionales e internacionales que proporcionaron los insumos para este examen. En especial, a la Oficina del Alto Comisionado, a las organizaciones sociales, a los órganos autónomos en la materia, las instituciones académicas, y diversas dependencias de los gobiernos federal y locales.
Nos acompañan legisladoras, funcionarios de organismos autónomos de derechos humanos, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas. Su presencia muestra que la construcción de un México donde los derechos humanos sean plenamente respetados, es tarea compartida de todos los mexicanos.
Derechos Humanos y Democracia
México es una democracia en proceso de consolidación. En las últimas décadas se han registrado avances históricos en materia de libertades ciudadanas y representación política, que han abierto la puerta a la pluralidad y la alternancia en los distintos órdenes de gobierno.
En este proceso, México enfrenta dos retos fundamentales:
· El fortalecimiento de un Estado de derecho efectivo, con instituciones de seguridad y de justicia capaces de proteger a la ciudadanía. Es en un entorno de auténtica gobernabilidad democrática donde el goce y ejercicio de los derechos humanos alcanza su plenitud.
· Así como la superación de las desigualdades que caracterizan a la sociedad mexicana, particularmente a través de la atención a la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema.
La consolidación democrática ha derivado en profundas transformaciones en las instituciones políticas, jurídicas y sociales que se han traducido en un mayor goce de todos los derechos humanos. Ese proceso se ha manifestado en:
· Una división efectiva de poderes, con plena independencia y autonomía del poder judicial y un poder legislativo cada vez más plural y democrático;
· Una extensa red de organismos públicos a nivel federal y local, encargados de la defensa de los derechos humanos;
· Una sociedad civil más activa, participativa y vigilante del desempeño de las instituciones de gobierno;
· El fortalecimiento y armonización del marco legal e institucional de promoción y protección de los derechos humanos ; y
· La total cooperación y apertura de México al escrutinio de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Hoy, los tratados internacionales de derechos humanos, conforme a la Constitución, son Ley Suprema y tienen una jerarquía superior a las leyes federales y locales, por lo que pueden ser invocados ante los tribunales. La Constitución mexicana de 1917 fue pionera en el reconocimiento de garantías individuales y sociales. Recientemente ha sido reformada para incorporar estándares internacionales de derechos humanos específicos, como:
· El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas;
· La prohibición expresa de toda forma de discriminación;
· El reconocimiento de la obligación del Estado de reparar el daño por afectar derechos de particulares;
· La abolición de la pena de muerte;
· La reforma al sistema de justicia para menores en conflicto con la ley;
· El derecho a la información; y
· Una reforma integral al sistema de seguridad pública y justicia penal, con un énfasis en los principios universales del debido proceso.
En un esfuerzo adicional, el Congreso discute diversas reformas para introducir plenamente el concepto de derechos humanos en el texto constitucional.
México tiene desafíos en materia de armonización legislativa a nivel de los gobiernos locales. Mientras que se registran avances sustantivos en cuestiones como la justicia para adolescentes, los derechos de la niñez, la igualdad entre hombres y mujeres, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; deben redoblarse aún esfuerzos en temas como la trata de personas, la prevención y sanción de la tortura, los derechos de los pueblos indígenas, la prevención de la discriminación, los derechos de las personas con discapacidad, la protección de la igualdad, y la prevención y sanción de la desaparición forzada de personas.
Avances institucionales en Derechos Humanos
En México existe un alto grado de institucionalización y de consolidación de políticas públicas para la protección de los derechos humanos. México cuenta con una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creada desde 1990, que cumple con los Principios de París.
En el caso del Gobierno Federal, existen oficinas especializadas de derechos humanos en diversas instituciones, particularmente en las dependencias responsables de la seguridad pública y procuración de justicia, y en las propias fuerzas armadas, cuyos representantes hoy nos acompañan. Existe el mandato de crear unidades especializadas de derechos humanos en todas las dependencias e instituciones del Gobierno Federal.
Seguiremos fortaleciendo los espacios institucionales de diálogo con la sociedad civil. La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno federal y las organizaciones en la materia, ha logrado el impulso de reformas legislativas de gran relevancia, como la iniciativa para abolir la pena de muerte.
Los avances institucionales son inseparables de las políticas públicas. Contamos hoy con un Programa Nacional de Derechos Humanos, elaborado a través de un proceso de consultas con la sociedad civil, académicos y especialistas. Dicho Programa, que contiene estrategias, indicadores y metas claras, es el referente obligado del Estado Mexicano para la consolidación de una política integral de derechos humanos.
La cooperación permanente con los mecanismos internacionales de derechos humanos, ha sido un factor de fortalecimiento de la legislación, las políticas públicas y las instituciones nacionales. Por ello, de 2001 a 2008, México ha ratificado prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus Protocolos Facultativos. Asimismo, la invitación abierta y permanente de México a todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, ha derivado en 21 visitas de mecanismos universales y regionales a nuestro país en los últimos años.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establecida a invitación del gobierno de México desde 2002, y con la cual se mantiene un acuerdo de continuidad de actividades, ha realizado contribuciones de gran relevancia. Destacan el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México de 2003, que identifica la mayor parte de nuestros retos en la materia, el monitoreo de la situación de los derechos humanos y su asesoría para la elaboración de los últimos dos Programas Nacionales.
Seguridad Pública y Derechos Humanos
Un desafío central que enfrenta México en materia de derechos humanos es la consolidación de un Estado de derecho eficaz que garantice la seguridad de los mexicanos, elemento esencial para un disfrute más pleno de tales derechos humanos. En este tema, el informe presentado por México parte de una premisa fundamental: la impunidad, la inseguridad pública y la corrupción representan, en sí mismas, una agresión inaceptable contra los derechos humanos.
El crimen organizado ha segado vidas de ciudadanos, periodistas, fiscales, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas. Los secuestros, la extorsión y la violencia con la que actúan las bandas delictivas, así como la corrupción con la que erosionan a las instituciones, atentan contra los derechos de los mexicanos. Es en este sentido que una grave amenaza a los derechos humanos en México proviene del crimen organizado.
Por eso, la lucha para asegurar que México sea un país de leyes, en el que imperen el orden y la legalidad, es para salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales de las personas.
La magnitud del reto que enfrenta el Estado mexicano es enorme. Durante décadas, el crimen y la corrupción crecieron al amparo de la impunidad. En algunas regiones del país, la delincuencia había emprendido una ofensiva total contra la sociedad, rebasando en capacidad operativa y de armamento a algunas autoridades civiles.
Por ello, el Estado ha actuado con decisión y en uso de todos los instrumentos a su alcance en defensa de la ciudadanía. Así, la administración del Presidente Felipe Calderón determinó necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles para enfrentar al crimen organizado. El servicio que prestan las Fuerzas Armadas en esa tarea es invaluable, reconocido ampliamente por la sociedad mexicana y acorde con el marco constitucional.
Debe destacarse que el despliegue de las Fuerzas Armadas es subsidiario y sólo a petición de autoridades civiles. Es también estrictamente temporal. Además, debo enfatizar que la participación militar es únicamente un componente de una estrategia integral de seguridad. Dicha estrategia se funda en la debida depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno que asumirán, paulatinamente, el control total de las tareas de seguridad pública. La estrategia también incluye políticas de prevención del delito y las adicciones, reformas al marco legal y la promoción de la cooperación internacional.
Estamos conscientes de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de tareas de seguridad pública, así como sobre el funcionamiento de la justicia militar en México.
Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos. En México existen los mecanismos judiciales, así como la vigilancia constante de los órganos autónomos de derechos humanos, de los medios de comunicación y de la opinión pública para que toda violación sea debidamente investigada y sancionada.
El Programa Nacional de Derechos Humanos establece el compromiso de las fuerzas armadas de impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, de conformidad con nuestros compromisos internacionales.
La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con áreas especializadas para analizar las quejas y recomendaciones de órganos autónomos, aplicando procedimientos penales y administrativos; incluso para proceder a la reparación del daño.
La adecuación plena a los estándares internacionales de derechos humanos, requiere avanzar en una regulación y capacitación a las fuerzas de seguridad en el uso legítimo y proporcional de la fuerza en el combate a la delincuencia. Si bien tenemos todavía un trecho por caminar, recientemente la Secretaría de Seguridad Pública, que está a cargo de las policías federales, suscribió un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de capacitar y certificar a los policías federales en este tema. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está revisando la cuestión de la adecuación a estándares internacionales del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, a partir de la investigación sobre el caso de Atenco.
El gobierno de México ha emprendido una transformación a fondo del sistema de justicia penal con dos grandes propósitos: poner punto final a la impunidad y fortalecer las capacidades del Estado para la persecución de los delitos, con pleno respeto a los derechos humanos. Para ello, en el año 2008 se aprobó la Reforma al Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública.
Se trata de una reforma que implanta un sistema acusatorio; fortalece las garantías del debido proceso para quien sea acusado de un delito; la presunción de inocencia; plenas garantías para los derechos de las víctimas; y protección más efectiva para los ciudadanos ante los abusos de autoridad.
La reforma, de manera congruente con la Convención de Palermo, fortalece las capacidades del Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos, siempre con estricto apego a los derechos humanos.
Además, la regulación de dicha reforma, a través de una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obligará a las autoridades de todo el país no sólo a profesionalizar a sus fiscales, policías y peritos, sino también a someterlos a rigurosos procedimientos de selección y control de confianza en beneficio de la ciudadanía. Con policías honestos e instituciones confiables estaremos en mejor capacidad de proteger los derechos humanos.
Libertad de expresión, tortura y Derechos Humanos
Dos cuestiones incluidas en las preguntas que se nos formularon se refieren a agresiones contra periodistas, así como al combate a la tortura en México.
Para el Estado mexicano, la libertad de expresión es condición indispensable de la democracia. Por ello, en los últimos años se han registrado avances muy importantes tanto en materia de acceso a la información como en la despenalización de la calumnia, difamación e injuria, entre otros. Pero al mismo tiempo, compartimos las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los periodistas en México. Hoy, quienes más amenazan con violencia la labor de periodistas y comunicadores, son las organizaciones criminales que buscan vivir al cobijo de la opacidad, de la ilegalidad y de la impunidad.
El Poder Ejecutivo Federal envió recientemente al Congreso una iniciativa para considerar como delitos federales los ataques a los periodistas y que las autoridades federales sean las encargadas de investigar tales delitos. Esta iniciativa se encuentra actualmente en discusión en el Poder Legislativo. Estamos convencidos de que defender la libertad de expresión es defender un pilar del Estado democrático de derecho.
Por otra parte, el combate a la tortura es también una prioridad del Gobierno de México. En este terreno, el instrumental que provee el sistema internacional de los derechos humanos ha sido de gran importancia, sobre todo para la reducción del número total de quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A partir de que reconocimos la competencia del Comité contra la Tortura, se comenzó a aplicar el Protocolo de Estambul para dictaminar científicamente los posibles casos. En la presente administración suscribimos el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y se designó al mecanismo nacional de prevención de la tortura, y recientemente se recibió la visita del Subcomité en la materia.
Tenemos que reconocer los avances pero también los pendientes en esta materia crucial. Desde el punto de vista legal, la Constitución mexicana prohíbe expresamente la tortura, y se cuenta con legislación federal y estatal en la materia. No obstante, tenemos que asumir la necesidad de armonizar la legislación en todo el país; de contextualizar en todas las entidades federativas el Protocolo de Estambul; y de trabajar con la sociedad civil, en la creación de un registro nacional de quejas por tortura.
Tenemos la convicción de que la Reforma constitucional al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal y sus leyes reglamentarias serán también una herramienta crucial en la lucha contra la tortura, al establecer que sólo las confesiones rendidas ante un juez tendrán valor probatorio.
Discriminación, igualdad de género y Derechos Humanos
El combate a la discriminación por cualquier causa es una alta prioridad del Gobierno mexicano. Nuestra Constitución la proscribe. Contamos con una Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación y con un Consejo Nacional como autoridad en la materia, que cuenta con un sistema conciliatorio de quejas y reclamaciones.
La discriminación contra las mujeres, especialmente la que implica actos de violencia, es una preocupación y un tema de la más alta prioridad. En este terreno enfrentamos un gran desafío.
Un tema que indigna y preocupa a todos es el de los asesinatos de mujeres, en especial los casos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los lamentables casos de las mujeres víctimas de la violencia de género simbolizan la impunidad que tanto daño ha hecho. Por ello, las instituciones que conforman el Estado mexicano están trabajando junto con la sociedad para que estos crímenes sean completamente esclarecidos y, sobre todo, para evitar que se sigan presentando. Tanto en lo general, como en el caso particular de Ciudad Juárez, se realizan enormes esfuerzos legales, de fortalecimiento institucional y de respaldo presupuestal.
Se han promovido nuevos ordenamientos jurídicos, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 2008, se destinaron recursos por más de 163 millones de dólares para instrumentar esta Ley. A la fecha, la mayoría de los estados han armonizado su legislación estatal con la Ley General, y cuentan con un sistema estatal contra la violencia.
También hemos puesto en marcha políticas públicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Vale la pena destacar que en 2008, se aprobó un presupuesto destinado para las mujeres, de alrededor de 700 millones de dólares.
Por otra parte, la nueva Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres promueve el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado a nivel federal. Apenas diez entidades federativas cuentan con una ley estatal de igualdad. Seguiremos trabajando con los gobiernos locales, poderes de la Unión y el sector privado, a fin de contribuir a la adopción de políticas con perspectiva de género en todo el país. Destacan los programas de capacitación y sensibilización de las fuerzas armadas en materia de perspectiva de género.
El gobierno federal creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas, instancia que ha iniciado diversas investigaciones en la materia. En lo referente a prevención, ha desarrollado proyectos y programas de sensibilización y capacitación de funcionarios de justicia.
Grupos vulnerables y Derechos Humanos
El Gobierno Federal ha dado pasos importantes al cambiar la atención a grupos vulnerables de una perspectiva asistencialista, a un enfoque de derechos.
Para México es prioritario que todas sus niñas y niños tengan acceso a una vida sana, sin violencia y con oportunidades de desarrollo. Es por esto que el gobierno federal impulsa programas integrales de atención a la infancia enfocados al desarrollo de capacidades básicas en materia de salud, educación y alimentación, así como un programa específico para la atención de menores migrantes y repatriados que viajan solos. En los últimos años se estableció un sistema de justicia para adolescentes que se encuentra en proceso de implementación, aún cuando se ha topado con diversas dificultades.
El respeto a los derechos de los pueblos indígenas amerita atención prioritaria. La composición multiétnica de nuestra nación y los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos por la Constitución. De los 106 millones de mexicanos, alrededor del 10 por ciento viven en comunidades indígenas, y un gran número de ellos vive en condiciones de pobreza.
A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se llevan a cabo programas que contribuyen a superar esta situación. En 2008 México contó con un presupuesto histórico, aplicado por diversas dependencias para la atención de los pueblos indígenas, equivalente a más de 2 mil 800 millones de dólares, y que está enfocado preponderantemente a superar las condiciones de la pobreza extrema.
Un aspecto muy importante es el de los derechos culturales. A través de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que entró en vigor en 2003, se reconoce a las 68 lenguas indígenas como lenguas nacionales, y por ende tienen la misma validez que el español.
En 2005, se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a fin de elaborar materiales educativos, impulsar la formación básica y profesional de los docentes y promover la enseñanza de las lenguas indígenas en los procesos educativos. Sin embargo, uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país es garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural. En este frente, el gobierno federal está poniendo en marcha Universidades Interculturales en varios estados del país.
El derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas es también un desafío que reconocemos. La reforma constitucional de 2001 estableció el derecho para que, en todos los juicios y procedimientos en los pueblos y comunidades indígenas, se consideren sus costumbres y especificidades culturales. Además, tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura. No obstante, todavía persiste el desafío de garantizar defensores, intérpretes y traductores certificados en todos los juicios y procedimientos en que formen parte los indígenas.
Otro sector social expuesto a discriminación y violaciones a los derechos humanos es el de las personas que tienen que dejar sus comunidades y emigrar en busca de un mejor futuro. México está plenamente comprometido con la protección de los derechos humanos de los migrantes. Por ello, hemos promovido una política exterior de protección a los derechos de los mexicanos que viven fuera de nuestras fronteras. La acción del gobierno federal se ha dirigido al mejoramiento de los servicios que brindan nuestros consulados.
Debemos asegurar la coherencia entre el trato que exigimos para los mexicanos en el exterior y la forma en que garantizamos los derechos de los migrantes en territorio mexicano. Por ello, en julio de 2008 se despenalizó la migración indocumentada, armonizando el orden jurídico con los tratados internacionales, y contribuyendo a eliminar abusos contra migrantes indocumentados en México.
Atención a la pobreza
El Gobierno de México tiene un fuerte compromiso con la atención y superación de la pobreza. El destino del país sólo cambiará cuando desterremos la miseria y la marginación. Por ello, el gobierno federal lanzó en mayo de 2008 la Estrategia Vivir Mejor, acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. México está cumpliendo prácticamente con todos esos Objetivos e inclusive se han marcado metas adicionales reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Desde 2002 se cumplió la meta fijada para el año 2015 de reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar diario. También hemos cumplido anticipadamente las metas de matriculación en educación primaria y se ha alcanzado la equidad de género en la educación secundaria. También se han cumplido los objetivos en materia de reducción de las tasas de mortalidad de menores de cinco años y se está trabajando para lograr los objetivos relacionados con la salud materna. La epidemia del VIH-SIDA, por su parte, permanece estable.
En el contexto de la crisis financiera internacional, el gobierno del Presidente Calderón adoptó medidas orientadas a la reactivación económica y el mantenimiento de la red de protección social.
Sin perjuicio de lo anterior, México reconoce que aún enfrentamos grandes desafíos en esta materia, ya que 42 por ciento de la población todavía se encuentra en situación de pobreza.
Conclusión
El Gobierno de México reconoce los desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos. No tenemos tiempo que perder. Por ello, los gobiernos federal, estatales y municipales, los poderes públicos, y la sociedad mexicana asumimos sin titubeos, desde diferentes perspectivas, la tarea de promover y proteger los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Sabemos que en esa tarea contamos con el apoyo invaluable de la Organización de las Naciones Unidas, de este Consejo y de la comunidad internacional.
Por ello, agradezco la oportunidad que se me da de reafirmar el sólido compromiso del gobierno de México con la promoción y protección de los derechos humanos, y particularmente la oportunidad de dialogar con ustedes en esta sesión.
Muchas gracias.