José Gerardo Mejía, reportro
Publicado en El Universal, Lunes 23 de febrero de 2009:
Seguridad pública y de periodistas, entre los temas pendientes, señala documento
La seguridad pública, nacional y de los periodistas también están secuestradas en México. Atoradas en el Congreso de la Unión por falta de consensos, 18 iniciativas del Ejecutivo federal en esta materia se encuentran atoradas en comisiones.
Con base en un documento de la Secretaría de Gobernación (Segob), se muestra que la agenda del presidente Felipe Calderón está, en algunos casos, estancadas por la intención de todos los actores políticos y sociales, para aterrizar de manera paralela, sus propios temas.
La seguridad pública, nacional y de los periodistas también están secuestradas en México. Atoradas en el Congreso de la Unión por falta de consensos, 18 iniciativas del Ejecutivo federal en esta materia se encuentran atoradas en comisiones.
Con base en un documento de la Secretaría de Gobernación (Segob), se muestra que la agenda del presidente Felipe Calderón está, en algunos casos, estancadas por la intención de todos los actores políticos y sociales, para aterrizar de manera paralela, sus propios temas.
Cinco de ellas se encuentran en calidad de iniciativa con dictamen, pero que no alcanzan a ser votadas, como ocurrió con la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptible de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, que fue devuelta a comisiones desde el pleno por falta de quórum (¿?).
“Eso fue una irresponsabilidad que nos tocó pagar por la inasistencia de unos 40 legisladores del PAN, donde se justificará en algunos casos, además del no registro de asistencia de perredistas” comentó el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob Cuauhtémoc Cardona, en entrevista con EL UNIVERSAL sobre la agenda legislativa.
Otra iniciativa congelada es el Proyecto de Decreto para facultar al Congreso para que se establezca a favor de la autoridad federal, una facultad de atracción, sobre delitos del fuero común cuando éstos estén relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad y la seguridad nacional.
En este apartado, que promueve reformas a la fracción undécima del artículo 73 de la Constitución, presentado el 30 de octubre de 2008, se considera también las agresiones a los derechos humanos o la libertad de expresión.
“Eso fue una irresponsabilidad que nos tocó pagar por la inasistencia de unos 40 legisladores del PAN, donde se justificará en algunos casos, además del no registro de asistencia de perredistas” comentó el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob Cuauhtémoc Cardona, en entrevista con EL UNIVERSAL sobre la agenda legislativa.
Otra iniciativa congelada es el Proyecto de Decreto para facultar al Congreso para que se establezca a favor de la autoridad federal, una facultad de atracción, sobre delitos del fuero común cuando éstos estén relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad y la seguridad nacional.
En este apartado, que promueve reformas a la fracción undécima del artículo 73 de la Constitución, presentado el 30 de octubre de 2008, se considera también las agresiones a los derechos humanos o la libertad de expresión.
Sin embargo, la oposición, vía la comisión de puntos constitucionales, que preside Raymundo Cárdenas (PRD), quiere modificar la redacción, además de que la aprobación del decreto está sujeto a la activación de iniciativas “con falta de acuerdo político”.
Entre éstas se encuentran la de democracia participativa, es decir, plebiscito y referéndum; designación y remoción del procurador general de la República por el Congreso, el llamado veto de bolsillo y sobre derechos humanos, de acuerdo al análisis de la Segob.
Otro más es el proyecto de decreto que permitirá la pena máxima de 60 a 70 años, con la incorporación de prisión vitalicia para secuestradores, impulsada por la diputada del PAN Pilar Ortega, como subcoordinadora jurídica de ese partido, la cual, ha recibido “material para su apoyo y argumentos contra la pena de muerte que impulsa el PVEM”.
La aprobación de este proyecto, reformaría los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal y se encuentra pendiente en la comisión de origen desde el 13 de marzo de 2007.
En cuanto a la nueva Ley Orgánica de la PGR, en la que se busca reestructurar a la institución con el rediseño de procesos, procedimientos y sus operaciones, e intentar “armonizar” el sistema profesional de carrera pericial y ministerial con la reforma en materia de Justicia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de junio de 2008. Aún no hay acuerdo.
El último reporte de Segob establece que si bien el PAN respalda la propuesta del Ejecutivo, PRI y PRD sostienen que la PGR debe contar con una policía investigadora, por lo que en la dependencia se analizan los alcances del artículo 21 de la Constitución, respecto a que la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público (MP), y las policía actuarán bajo su conducción y mando.
Sobre ese tema, Cardona explicó que el conflicto es de organigrama: ya que actualmente, la policía está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aun la investigadora, pero constitucionalmente tendrá mando y conducción ante el MP.
“El debate o conflicto es muy sencillo, esto es, si yo tengo eso, por qué le va a pagar la SSP, así no me va a hacer caso, entonces, son paradigmas donde siempre ha funcionado como hasta ahorita que hay que ir viendo cómo se solventan.
“Si la administración pública no se pone de acuerdo, el Legislativo lo hará y va a dictaminar las iniciativas del Presidente con los mayores elementos que les proporcionemos o los que ellos tengan, porque este mes o principios de marzo esto quedará solventado”, apuntó.
Para Cardona, en las comisiones de la Cámara de Diputados el punto central de la discusión sobre el tema, son las comisiones, “ya que todavía tenemos diferencias para poder explicar cómo hacer funcional este mandato constitucional con la operatividad del Ministerio Público”.
—¿Hacia dónde va la última propuesta de la Segob?, se le preguntó.
—No tenemos la última propuesta. Tenemos las propuesta de la SSP y de PGR, pero aún no logramos encontrar el flujo, el diagrama o el mecanismo, de cómo puede ser funcional esto para luego plasmarlo en la ley y en este caso en el dictamen, abundó.
Un tema estancado más es el proyecto de decreto que reforma los artículos 116 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incluir como delitos del orden federal, los que se cometen contra periodistas.
A pesar de que el tema fue puesto en la mesa por José Jacques (PRD), tiene un fuerte cabildeo a favor por parte del presidente de la comisión especial de Seguimiento a las agresiones a periodistas, Gerardo Priego (PAN).
Sin embargo, de acuerdo con el reporte, “se han tenido reuniones con esta comisión especial en la que participan el PRD, la PGR, la propia Segob y distintas organizaciones no gubernamentales, donde se condiciona su viabilidad a la aprobación de la reforma constitucional del Ejecutivo en la materia”.
Entre éstas se encuentran la de democracia participativa, es decir, plebiscito y referéndum; designación y remoción del procurador general de la República por el Congreso, el llamado veto de bolsillo y sobre derechos humanos, de acuerdo al análisis de la Segob.
Otro más es el proyecto de decreto que permitirá la pena máxima de 60 a 70 años, con la incorporación de prisión vitalicia para secuestradores, impulsada por la diputada del PAN Pilar Ortega, como subcoordinadora jurídica de ese partido, la cual, ha recibido “material para su apoyo y argumentos contra la pena de muerte que impulsa el PVEM”.
La aprobación de este proyecto, reformaría los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal y se encuentra pendiente en la comisión de origen desde el 13 de marzo de 2007.
En cuanto a la nueva Ley Orgánica de la PGR, en la que se busca reestructurar a la institución con el rediseño de procesos, procedimientos y sus operaciones, e intentar “armonizar” el sistema profesional de carrera pericial y ministerial con la reforma en materia de Justicia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de junio de 2008. Aún no hay acuerdo.
El último reporte de Segob establece que si bien el PAN respalda la propuesta del Ejecutivo, PRI y PRD sostienen que la PGR debe contar con una policía investigadora, por lo que en la dependencia se analizan los alcances del artículo 21 de la Constitución, respecto a que la investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público (MP), y las policía actuarán bajo su conducción y mando.
Sobre ese tema, Cardona explicó que el conflicto es de organigrama: ya que actualmente, la policía está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aun la investigadora, pero constitucionalmente tendrá mando y conducción ante el MP.
“El debate o conflicto es muy sencillo, esto es, si yo tengo eso, por qué le va a pagar la SSP, así no me va a hacer caso, entonces, son paradigmas donde siempre ha funcionado como hasta ahorita que hay que ir viendo cómo se solventan.
“Si la administración pública no se pone de acuerdo, el Legislativo lo hará y va a dictaminar las iniciativas del Presidente con los mayores elementos que les proporcionemos o los que ellos tengan, porque este mes o principios de marzo esto quedará solventado”, apuntó.
Para Cardona, en las comisiones de la Cámara de Diputados el punto central de la discusión sobre el tema, son las comisiones, “ya que todavía tenemos diferencias para poder explicar cómo hacer funcional este mandato constitucional con la operatividad del Ministerio Público”.
—¿Hacia dónde va la última propuesta de la Segob?, se le preguntó.
—No tenemos la última propuesta. Tenemos las propuesta de la SSP y de PGR, pero aún no logramos encontrar el flujo, el diagrama o el mecanismo, de cómo puede ser funcional esto para luego plasmarlo en la ley y en este caso en el dictamen, abundó.
Un tema estancado más es el proyecto de decreto que reforma los artículos 116 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incluir como delitos del orden federal, los que se cometen contra periodistas.
A pesar de que el tema fue puesto en la mesa por José Jacques (PRD), tiene un fuerte cabildeo a favor por parte del presidente de la comisión especial de Seguimiento a las agresiones a periodistas, Gerardo Priego (PAN).
Sin embargo, de acuerdo con el reporte, “se han tenido reuniones con esta comisión especial en la que participan el PRD, la PGR, la propia Segob y distintas organizaciones no gubernamentales, donde se condiciona su viabilidad a la aprobación de la reforma constitucional del Ejecutivo en la materia”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario