Bolivia

Columna Diario de América Latina /Joaquim Ibarz
La Vanguardia, 7de marzo de 2009;
El recurso a la CIA no tapa el creciente escándalo de corrupción en YPFB
El escándalo de corrupción en la petrolera estatal YPFB implica al gobierno
1 El presidente Evo Morales creyó haber encontrado la madre del cordero para maquillar el caso de corrupción que ha hecho tambalear a su Gobierno. El escándalo desatado hace unas semanas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no cesa de crecer a pesar de que fue encarcelado Santos Ramírez, el presidente número seis de la empresa estatal petrolera en los tres años de gestión de Evo Morales.
Evo Morales acusó al ex capitán Rodrigo Carrasco, ex policía entrenado en Estados Unidos y encaramado en los más altos cargos ejecutivos de YPFB, de ser un agente infiltrado de la agencia estadounidense de espionaje CIA. Según el presidente, Carrasco cumplió con eficacia su misión de corromper a Santos Ramírez. Morales le culpó de crear la escasez de combustible que existe en Bolivia desde que decretó la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006; también le achacó el desbarajuste que impera en la empresa YPFB. Como no cuesta nada señalar a Estados Unidos como promotor de todos los males que aquejan a los bolivianos, asimismo responsabilizó a la CIA del nombramiento de media docena de ejecutivos incompetentes, que en un promedio de dos por año se han ido sucediendo en la presidencia de la empresa petrolera.
Evo Morales quiso resolver en un plis-plas el comprometedor problema de corrupción que mancha a su Gobierno. Por ello, proclamó que "el culpable de lo que sucede en YPFB es la CIA, el aparato operador del gobierno norteamericano, para acabar con los enemigos del capitalismo". Morales dijo que "la CIA defiende y protege al sistema capitalista (…), hace operaciones encubiertas contra gobiernos que no son parte de un sistema capitalista tan salvaje e inhumano que trae pobreza y saqueo a nuestros recursos naturales".
El asesinato de un empresario destapó el escándalo
Como ya expusimos hace unas semanas en este blog de Diario de América Latina, la mayor empresa de Bolivia, YPFB, que debía ser ejemplo de honradez y eficacia para todo el continente, está en tela de juicio por un espectacular escándalo de corrupción, cuyo principal responsable es su ex presidente Santos Ramírez, uno de los dirigentes más poderosos del partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
El escándalo, que surgió a raíz del asesinato por una banda criminal de un empresario que iba a entregar a la familia de Santos Ramírez un soborno equivalente a unos 350.000 euros, sigue acaparando titulares de los diarios, radio y televisión de Bolivia. Con las acusaciones formuladas contra el ex capitán Carrasco, el presidente Morales pretendía cerrar el escándalo. Sin embargo, el interés por el caso se prolonga, e incluso aumenta, al destaparse nuevas revelaciones que implican al Gobierno y a ejecutivos de la empresa petrolera. Colaboradores de confianza de Santos Ramírez siguen operando en diversas entidades del sector energético, lo que resulta inexplicable para el ciudadano común.
El caso YPFB representa un mosaico de hechos escabrosos en los que la realidad, por superar a la ficción, podría servir de trama a una novela de suspense.
YPFB fue intervenida por el Gobierno el pasado 31 de enero tras la destitución de Santos Ramírez. Al entonces presidente de la empresa se le acusó de firmar un contrato irregular con la compañía Catler Uniservice para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, por un valor de 86,3 millones de dólares.
El boliviano desconfía de la versión oficial porque la red de corrupción no se descubrió por una investigación oficial sino por el asesinato de Jorge O´Connor, ejecutivo de Catler Uniservice, a quien asaltaron en plena calle para robarle 450.000 dólares, dinero que la fiscalía cree que estaba destinado a pagar un soborno a Santos Ramírez.
El escándalo se agiganta al aparecer, día tras día, nuevos implicados. A medida que las investigaciones amplían la red de cómplices, el Gobierno reacciona con más nerviosismo. La estrategia de meter en la cárcel al principal acusado, quien era uno de los más estrechos colaboradores del presidente Morales, no acalló el interés de la opinión pública por un caso que sobrepasa los límites de lo judicial para entrar de pleno en el campo político.
La denuncia de Evo Morales de que la corrupción en YPFB había sido planificada y promovida por la CIA causó escepticismo, perplejidad, risas, burlas, desencanto... El presidente que había prometido luchar contra la corrupción, cayera quien cayera, sacó de la chistera un recurso fácil al responsabilizar a un gobierno extranjero del mayor caso de corrupción, de los muchos que han aflorado durante su Gobierno. Aunque la historia de Bolivia está repleta de escándalos de negociados, de estafas, de robos y desfalcos al erario público, el ciudadano común no sale de su asombro ante la historia de espías que divulga el presidente de la República.
Según Evo Morales, un simple capitán de policía, Rodrigo Carrasco, en realidad era un sofisticado agente secreto que logró convertirse en gerente comercial de la empresa estratégica y económica número uno del país, la recién nacionalizada YPFB.
De acuerdo con la denuncia presidencial, Carrasco no sólo saboteó la distribución de carburantes para provocar escasez artificial, sino convenció a Santos Ramírez, uno de los fundadores del MAS, muy cercano a Evo Morales, a perpetrar un fraude por más de 80 millones de dólares.
Evo Morales: "Carrasco es altamente peligroso"
Evo Morales dijo que Carrasco es "altamente peligroso. Con niveles y capacidades para realizar operaciones encubiertas, infiltración, sabotaje y control político". El presidente boliviano acusó al capitán de haber realizado un curso de inteligencia en Estados Unidos, al que fue enviado por sus superiores.
Al presidente Morales no le preocupa lo más mínimo que su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, otro de los hombres más poderosos del Gobierno, haya seguido cuatro cursos de espionaje en centros norteamericanos de inteligencia. Bernardo Montenegro, jefe del grupo parlamentario del partido opositor Podemos, denunció que Quintana estudió cuatro veces en la Escuela de las Américas. Quintana también está acusado de promover el contrabando de la carga que transportaron 33 camiones y de haber orquestado el enfrentamiento entre campesinos de Pando que provocó 13 muertos.
"Evo Morales debería fijarse primero en su entorno antes de acusar sin sentido al ex capitán Rodrigo Carrasco. Esta actitud raya en lo ridículo. Con cortinas de humo trata de tapar temas vitales, como el informe de violaciones a los Derechos Humanos y las investigaciones del contrabando en Pando y la corrupción en YPFB", manifestó Montenegro.
Rodrigo Carrasco desmintió las acusaciones de Morales pero admitió que sus superiores lo destinaron al Centro de Operaciones Especiales (Copes) de la Policía, creado para labores de Inteligencia.
"La acusación del presidente Morales es algo ridículo, no soy un infiltrado, no soy miembro de la CIA, soy un boliviano que ama a su país. He trabajado en YPFB gracias a mi capacidad (...). He estado en el Copes, pero uno no pide ir a esa unidad, a uno lo destinan", dijo Carrasco. Ramiro Vega, abogado defensor del ex capitán, aseguró que su cliente fue enviado por sus jefes a capacitarse en la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos.
Pese a que Rodrigo Carrasco fue acusado de ser agente de la CIA que corrompió a los dirigentes de la principal empresa del país, no ha sido detenido ni se ha formulado una denuncia formal en su contra. Carrasco compareció ante la justicia el 19 de febrero, pero el fiscal César Romano le dejó en libertad porque sólo encontró indicios de culpa. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que el espía Carrasco sólo podía ser enjuiciado por falsedad ideológica y material (falsificó un título de ingeniero comercial).
El canciller David Choquehuanca dijo que su despacho no procederá a ninguna expulsión de espías, por lo que traspasó el caso al ministro Alfredo Rada. "Si de momento no hay querellas contra Carrasco es porque eso va a tomar su tiempo y su momento. Vamos a esperar que se acumulen más antecedentes para poder hacerlo, realizando las investigaciones que correspondan", admitió el ministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
La mayoría de los medios bolivianos coinciden en que la denuncia de Evo Morales parece un intento por desviar la atención hacia la CIA, medida que añade un ingrediente más de descomposición a las ya muy deterioradas relaciones boliviano-estadounidenses. La estrategia de distracción al culpar a la CIA de malos manejos en YPFB, se interpreta como un intento de tapar la corrupción estatal. Pero no ha funcionado bien ya que el Gobierno no ha logrado desviar la atención como pretendía y, el barro está salpicando cada día más alto a altos cargos del ejecutivo.
Jorge Lazarte: "La acusación no parece seria, en Bolivia no se la creen"
El analista Jorge Lazarte declara a "La Vanguardia" que "la acusación no parece seria, aquí en Bolivia no se la creen". Según el profesor Lazarte, el Gobierno ha dado a conocer con gran despliegue publicitario una serie de cursos y seminarios que ha seguido en Estados Unidos el ex capitán Carrasco, lo que no es extraño tratándose de un oficial de la policía.
"Lo más probable es que, siguiendo una paranoia conocida, el presidente Morales haya procedido a acusar sin tener ninguna prueba. Este escándalo es un golpe muy duro para el Gobierno, del que no puede reponerse. El caso se agrava porque un crimen hizo que se revelara lo que parece ser la punta del ovillo. La explicación que dan miembros del Gobierno es que la corrupción no es de ahora, con lo que ellos mismos terminan admitiendo que no son de otra tela. Estamos en los principios de una historia que el Gobierno no puede controlar, pero le hará mucho daño", manifiesta Lazarte a este periódico.
El diario "La Estrella de Oriente", de Santa Cruz de la Sierra, afirma que "la desesperación se hace cada día más evidente en el Gobierno, que no encuentran la forma de atenuar el impacto de los hechos de corrupción cometidos en YPFB, además de otros casos que se van destapando en la Aduana Nacional, Administradora Boliviana de Caminos, en la Caja Nacional de Salud, vivienda social y un largo etcétera". El periódico subraya que el intento de mostrar a la CIA como "la causante de todo el despelote en la empresa estatal del petróleo no salió bien; está claro que Santos Ramírez no manejó el asunto él solo. Los hechos están demostrando que en este caso y en otros que están surgiendo, está comprometido todo el equipo gubernamental".
El diario "La Prensa, editado en La Paz, afirma que el presidente Morales "debe apoyar las investigaciones y no tratar de justificar la corrupción descubierta con argumentos nada serios porque está en juego su prestigio". Según el periódico, "los asesores de Evo Morales deberían orientarlo en lo que debe decir y no exponerlo al ridículo, mostrando servilismo al defender lo que dice cuando se pudo haber evitado el desliz".
Por su parte, el sacerdote jesuita de origen catalán José Gramunt, fundador y director de la agencia informativa Fides, comenta a "La Vanguardia" que "llama la atención que el presidente Morales banalice los graves hechos de ilegalidad descubiertos en YPFB con historietas como la intervención de la CIA, a la que responsabiliza de ser el cerebro del bullado que comentamos y otros concomitantes". Según Gramunt, la corrupción no necesita de agentes secretos al servicio de un país extranjero, "le basta con los que tiene a mano en el propio país". El padre Gramunt insiste en que cada vez que el Gobierno ha tenido que afrontar escándalos de envergadura, "lanza cortinas de humo y otros procedimientos de distracción; si a esto se añade la prematura carrera electoral emprendida por el presidente, llegamos a la conclusión de que, para don Evo, lo primero es el discurso político, mientras que la gestión gubernamental queda para calendas griegas".
La analista Jimena Costa subraya que si la denuncia de Morales es cierta y que un infiltrado de la CIA es capaz de descalabrar al gobierno del cambio, de la refundación, de la nacionalización, de los indígenas… "eso significa que son una manga de incompetentes e ignorantes que pueden ser fácilmente manipulados por un policía que apenas estuvo en un cursito de inteligencia de unos meses". Y agrega: "Propongo aceptar la idea de que el poder se les subió de tal forma a la azotea, que son capaces de creer sus propios cuentos". Jimena Costa apunta que los gobernantes asumen que Bolivia "es un pueblo estúpido que se cree el cuento de que la corrupción estructural en YPFB, Aduana, Plan de Vivienda Social, ABC, emigración, etc., es culpa de un infiltrado. El Gobierno cree que Bolivia es una isla donde sólo se recibe la información oficial en forma de propaganda, por lo que la gente puede ser manipulada".
Cuatro gobernadores piden el procesamiento del presidente Morales
Los gobernadores de los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, que mantienen una línea de oposición al gobierno del MAS, han pedido el procesamiento del presidente Morales por la supuesta comisión de tres delitos ligados al caso YPFB. De acuerdo con la demanda de juicio, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, que promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178. El decreto modificó las normas con el fin de permitir contratos directos de bienes y servicios en YPFB, sin someterlos a licitación pública. La acusación se sustentaría en que el presidente violó la ley al firmar un decreto que autoriza los contratos directos.
Mario Cossío, gobernador de Tarija, dijo que presentó la demanda de querella porque el presidente Morales aprobó un decreto que autorizó a Santos Ramírez a firmar un contrato de más de 80 millones de dólares con una empresa fantasma, sin licitación pública. "Este hecho vulnera todo el sistema jurídico nacional de contratación que dio y abrió la puerta a la corrupción en YPFB. La corrupción destroza la industria petrolera de Bolivia", dijo Cossío. La demanda fue presentada en primera instancia por Cossío; después se adhirieron sus colegas Rubén Costas (Santa Cruz), Sabina Cuellar (Chuquisaca) y Ernesto Suárez (Beni).
La iniciativa de Cossío contó con el respaldo del ex presidente Jaime Paz Zamora para quien las acusaciones son serias y parten de una realidad. "El prefecto ha cumplido con su responsabilidad, no debemos olvidar que la ineficiencia y corrupción en YPFB se hace sobre el dinero de Tarija", dijo.
La respuesta del Gobierno fue inmediata. Los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que la demanda es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el gobernador Mario Cossío.
Conforme avanzan las investigaciones de la comisión de multipartidaria que lleva adelante las investigaciones del caso de corrupción en YPFB, aparecen más elementos que implican al ex ministro Saúl Ávalos, al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, al ministro de Economía, Luis Arce, y al interventor de YPFB y ex ministro de hidrocarburos Carlos Villegas.
La oposición parlamentaria demandó la renuncia de tres autoridades del área económica a quienes acusan de tener responsabilidad directa en la corrupción en YPFB. El presidente del Senado, Oscar Ortiz, del partido opositor Podemos, explicó que el informe de la Comisión Especial que investigó este caso, establece que el ministro Luis Arce, el interventor Carlos Villegas y el superintendente Guillermo Aruquipa incurrieron en el incumplimiento de deberes y en conducta antieconómica.
El informe exime de responsabilidad a Evo Morales. Los senadores deslindaron de toda sospecha de falta al presidente, ni por omisión, menos por acción. El diario "La Estrella de Oriente" dice que el Senado "ha hecho el único papel que sabe hacer, el de instancia permisiva, de paternidad irresponsable, propia de los eternos clareadores, que no quieren jugarse por nada, que nunca pondrán la piedra en el zapato de nadie y así ayudaron a encaminar al país al estado de shock y de peligro en el que se encuentra".
El senador Oscar Ortiz aseguró que el presidente Morales no está exculpado en forma definitiva. Dijo que para acusarlo es necesario acumular pruebas. "La responsabilidad del presidente quizás no esté en el caso en sí de YPFB, pero ¿quién firmó los decretos para el uso de fideicomisos para contrataciones directas en YPFB?, fue él".