Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 27 de marzo de 2009;
Excélsior, 27 de marzo de 2009;
El vértigo y los datos duros
La vertiginosa sucesión de acontecimientos que se han dado en torno al tema de la seguridad en los últimos días prácticamente ha impedido colocarlos en contexto.
La detención el martes de Héctor Huerta Ríos, apodado El Barba y responsable de la plaza de Monterrey por el cártel de los BeltránLeyva (que desde hace algunos años no tiene nada que ver con el de Sinaloa, pese a que así insisten en consignarlo algunos medios), en alianza con Los Zetas, fue el último de una sucesión de golpes que han sufrido las distintas organizaciones del crimen, que van desde capturas de sus jefes de plaza en Quintana Roo y Tamaulipas hasta la detención del hijo de El Mayo Zambada, y que se complementa con la divulgación de los nombres de los 37 principales narcotraficantes del país, con recompensas que van de los 30 millones a los 15 millones de pesos por información que lleve a su captura. Por lo pronto tres de esos 37 están ya detenidos.
Pero esa estrategia se ha complementado con un operativo en Ciudad Juárez de una dimensión que no habíamos visto hasta ahora. Hemos estado allí y la presencia de las fuerzas de seguridad federal es apabullante. En los hechos, en Juárez se vive una suerte de estado de excepción, que se combina con las acusaciones de la relación de candidatos y ex funcionarios con el narcotráfico. Y lo que se verá es que allí son muchos más de lo que se cree quienes están en esa condición. La detención hace ya algunos meses de Saulo Reyes, ex jefe de la policía de Juárez, en Estados Unidos, cuando transportaba personalmente drogas y dinero, es un golpe que tiene repercusiones en muchos ámbitos de la política local y quien fue su jefe, el aspirante a diputado Héctor Murguía, no puede desprenderse de ese hecho ni de esa relación. Pero el ex jefe de policía venía, también, con la recomendación de la Coparmex y de varios empresarios locales. El tema no es menor y no puede reducirse al engaño. Lo cierto es que, mientras todo eso se debate en ocasiones sin atenerse a los datos duros, Ciudad Juárez está ocupada por fuerzas de seguridad federales. Y las labores de inteligencia que se derivan de esa ocupación tendrán repercusiones que van más allá del caso Murguía.
Lo que no se puede comprender es cómo los partidos pueden seguir equivocándose tanto en estos temas. Olvidemos por un momento el debate entre el PAN y el PRI (y la defensa que hizo el PRD… del PRI), olvidemos el conocido caso del alcalde con licencia de Ixtapaluca, Mario Moreno Conrado, arraigado y acusado de ser el líder de una banda de secuestradores y ahora también candidato a diputado por el PRD, pero resulta incomprensible que el PRI designe como candidato al gobierno de Colima a Mario Anguiano, un hombre que podrá ser un político bueno o malo pero cuyo hermano y su primo están presos con condenas firmes por participar en el narcotráfico, en una entidad que se ha significado a lo largo de los años por la presencia de bandas dedicadas al tráfico de metanfetaminas. Hay acusaciones absolutamente infundadas y basadas a veces en presiones de los grupos del crimen organizado, como parte de su propia estrategia, pero existen otros casos, como éstos, en los que por simple lógica común se deberían desechar candidaturas de tan alto nivel y más aún cuando se trata de una designación de “unidad”. Pero casos como estos se están replicando en todo el país y los partidos, y el IFE, hablan de un blindaje que parece ser cada vez más endeble y en donde la denuncia ciudadana o mediática parece tener más efectividad que el propio control partidario.
Pero mientras eso ocurre en Juárez y en Colima, en la Ciudad de México, se estaba a punto de aprobar, finalmente, la Ley de Extinción de Dominio, con las modificaciones que propuso en su momento el priismo. Una ley que tendría que haberse aprobado, con o sin cambios, hace ya tiempo. Ahora los legisladores deben sacar las leyes de policía, PGR y narcomenudeo: es un imperativo casi moral no seguir retrasando esa legislación. No tienen por qué aprobarse como las envió el Ejecutivo federal, pero se debe terminar de establecer el marco legal para esas operaciones. Y allí es donde el PRI está fallando, aunque algunas de sus propuestas de modificación, como ocurre en la Ley de Extinción de Dominio, sean acertadas: el priismo se jacta, en ocasiones con razón, de conocer los tiempos de la política, pero en esta oportunidad ese cálculo le falló. Peor aún está el PRD que impulsó y aprobó en el DF una Ley de Extinción de Dominio mucho más dura que la propuesta por la Federación… a la que se opone ahora por “autoritaria”.
Y también, al momento de escribir estas líneas y ya con Hillary Clinton en la ciudad (que trae en su portafolio el programa de colaboración bilateral más ambicioso que se haya planteado entre Estados Unidos y México en temas de seguridad), se estaba por dar a conocer, finalmente, el nombramiento de Jorge Tello Peón como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), funciones que, en los hechos ya viene realizando, tanto en la coordinación con estados y municipios como con las distintas instancias federales, al colocar ya formalmente esa institución bajo el control de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. Un trabajo político y técnico que explica muchos de los avances que se han tenido en las últimas semanas. Alejandro Rubido García, quien estaba al frente del SNSP, se quedará en posiciones operativas clave en el nuevo esquema, pues se trata de uno de los funcionarios de mayor experiencia y confiabilidad en el área.
El hecho es que el panorama está cambiando con demasiada velocidad en el ámbito de la seguridad y estamos entrando en una suerte de torbellino donde no faltan las mentiras y la desinformación, como aquella que le atribuye a un secretario de Estado haber adquirido una casa en efectivo, misma que es de su propiedad desde hace algunos lustros.
La vertiginosa sucesión de acontecimientos que se han dado en torno al tema de la seguridad en los últimos días prácticamente ha impedido colocarlos en contexto.
La detención el martes de Héctor Huerta Ríos, apodado El Barba y responsable de la plaza de Monterrey por el cártel de los BeltránLeyva (que desde hace algunos años no tiene nada que ver con el de Sinaloa, pese a que así insisten en consignarlo algunos medios), en alianza con Los Zetas, fue el último de una sucesión de golpes que han sufrido las distintas organizaciones del crimen, que van desde capturas de sus jefes de plaza en Quintana Roo y Tamaulipas hasta la detención del hijo de El Mayo Zambada, y que se complementa con la divulgación de los nombres de los 37 principales narcotraficantes del país, con recompensas que van de los 30 millones a los 15 millones de pesos por información que lleve a su captura. Por lo pronto tres de esos 37 están ya detenidos.
Pero esa estrategia se ha complementado con un operativo en Ciudad Juárez de una dimensión que no habíamos visto hasta ahora. Hemos estado allí y la presencia de las fuerzas de seguridad federal es apabullante. En los hechos, en Juárez se vive una suerte de estado de excepción, que se combina con las acusaciones de la relación de candidatos y ex funcionarios con el narcotráfico. Y lo que se verá es que allí son muchos más de lo que se cree quienes están en esa condición. La detención hace ya algunos meses de Saulo Reyes, ex jefe de la policía de Juárez, en Estados Unidos, cuando transportaba personalmente drogas y dinero, es un golpe que tiene repercusiones en muchos ámbitos de la política local y quien fue su jefe, el aspirante a diputado Héctor Murguía, no puede desprenderse de ese hecho ni de esa relación. Pero el ex jefe de policía venía, también, con la recomendación de la Coparmex y de varios empresarios locales. El tema no es menor y no puede reducirse al engaño. Lo cierto es que, mientras todo eso se debate en ocasiones sin atenerse a los datos duros, Ciudad Juárez está ocupada por fuerzas de seguridad federales. Y las labores de inteligencia que se derivan de esa ocupación tendrán repercusiones que van más allá del caso Murguía.
Lo que no se puede comprender es cómo los partidos pueden seguir equivocándose tanto en estos temas. Olvidemos por un momento el debate entre el PAN y el PRI (y la defensa que hizo el PRD… del PRI), olvidemos el conocido caso del alcalde con licencia de Ixtapaluca, Mario Moreno Conrado, arraigado y acusado de ser el líder de una banda de secuestradores y ahora también candidato a diputado por el PRD, pero resulta incomprensible que el PRI designe como candidato al gobierno de Colima a Mario Anguiano, un hombre que podrá ser un político bueno o malo pero cuyo hermano y su primo están presos con condenas firmes por participar en el narcotráfico, en una entidad que se ha significado a lo largo de los años por la presencia de bandas dedicadas al tráfico de metanfetaminas. Hay acusaciones absolutamente infundadas y basadas a veces en presiones de los grupos del crimen organizado, como parte de su propia estrategia, pero existen otros casos, como éstos, en los que por simple lógica común se deberían desechar candidaturas de tan alto nivel y más aún cuando se trata de una designación de “unidad”. Pero casos como estos se están replicando en todo el país y los partidos, y el IFE, hablan de un blindaje que parece ser cada vez más endeble y en donde la denuncia ciudadana o mediática parece tener más efectividad que el propio control partidario.
Pero mientras eso ocurre en Juárez y en Colima, en la Ciudad de México, se estaba a punto de aprobar, finalmente, la Ley de Extinción de Dominio, con las modificaciones que propuso en su momento el priismo. Una ley que tendría que haberse aprobado, con o sin cambios, hace ya tiempo. Ahora los legisladores deben sacar las leyes de policía, PGR y narcomenudeo: es un imperativo casi moral no seguir retrasando esa legislación. No tienen por qué aprobarse como las envió el Ejecutivo federal, pero se debe terminar de establecer el marco legal para esas operaciones. Y allí es donde el PRI está fallando, aunque algunas de sus propuestas de modificación, como ocurre en la Ley de Extinción de Dominio, sean acertadas: el priismo se jacta, en ocasiones con razón, de conocer los tiempos de la política, pero en esta oportunidad ese cálculo le falló. Peor aún está el PRD que impulsó y aprobó en el DF una Ley de Extinción de Dominio mucho más dura que la propuesta por la Federación… a la que se opone ahora por “autoritaria”.
Y también, al momento de escribir estas líneas y ya con Hillary Clinton en la ciudad (que trae en su portafolio el programa de colaboración bilateral más ambicioso que se haya planteado entre Estados Unidos y México en temas de seguridad), se estaba por dar a conocer, finalmente, el nombramiento de Jorge Tello Peón como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), funciones que, en los hechos ya viene realizando, tanto en la coordinación con estados y municipios como con las distintas instancias federales, al colocar ya formalmente esa institución bajo el control de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. Un trabajo político y técnico que explica muchos de los avances que se han tenido en las últimas semanas. Alejandro Rubido García, quien estaba al frente del SNSP, se quedará en posiciones operativas clave en el nuevo esquema, pues se trata de uno de los funcionarios de mayor experiencia y confiabilidad en el área.
El hecho es que el panorama está cambiando con demasiada velocidad en el ámbito de la seguridad y estamos entrando en una suerte de torbellino donde no faltan las mentiras y la desinformación, como aquella que le atribuye a un secretario de Estado haber adquirido una casa en efectivo, misma que es de su propiedad desde hace algunos lustros.
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