Respuesta a la senadora/Sara Sefchovich
Publicado en El Universal, 8 de marzo de 2009;
En días pasados se publicó en la sección “Voz del lector” una carta de la senadora María Teresa Ortuño Gurza, en la cual se refiere al artículo que publiqué en este espacio de EL UNIVERSAL el pasado 22 de febrero (abajo). En dicho escrito critiqué que en la presentación de una propuesta legislativa sobre el tema de la familia se tomaron los planteamientos que hizo el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, pero se los adaptó a las conclusiones del Encuentro Mundial de las Familias, siendo que son dos posiciones de suyo contradictorias.
Dado que el tema compete a un asunto de importancia nacional, me permito usar este espacio para responder a la senadora.
Antes que otra cosa, debo dejar claro la agradable sorpresa que significó la actitud de la legisladora Ortuño de tomar el toro por los cuernos y responder a la crítica. En un país en el que ni nuestros gobernantes ni nuestros representantes se dan por enterados de lo que pensamos los ciudadanos, mucho menos cuando se los critica, esto resulta significativo. También le agradezco sus palabras sobre mi persona y mi trabajo.
Y ahora paso a responder: la senadora niega haber cometido el plagio y me exige “probar mis palabras o desistir públicamente” de ellas. Personalmente le mandé a su asesor jurídico los documentos probatorios subrayando las palabras que se copiaron. Este trabajo no lo hice yo, sino el observatorio. Ellos le enviaron una protesta a los legisladores en la que denunciaban “el uso amañado… de materiales elaborados por organizaciones y personas de pensamiento progresista y democrático para avalar posturas e ideas que no compartimos.”
El licenciado Gustavo Alfonso Olivas reconoció en un correo electrónico haber recibido dichos documentos y agregó: “En el documento inicial que es autoría y responsabilidad exclusiva de la senadora Ortuño, es decir, la propuesta de punto de acuerdo, no hay ninguna transcripción de lo que el observatorio publicó. Desafortunadamente el dictamen sí contiene, en sus considerandos, una gran cantidad de texto de autoría del observatorio, sin hacer la cita y otorgar el crédito correspondiente”.
Espero que la senadora comprenda que, como ciudadana, no tengo por qué conocer las minucias de quién participa o no en redactar un documento, y que lo único claro es que ella presentó la propuesta y que pertenece a la comisión que hizo el dictamen, razón por la cual le atribuí responsabilidad.
Cuando ella asegura que carece de fundamento mi afirmación de que se adaptó la propuesta a las conclusiones del sexto Encuentro de las Familias porque éste no había aún concluido, le recuerdo que el modelo de familia que allí se planteó es el mismo que sostiene siempre la Iglesia. Pero, además, no lo digo yo: en el dictamen que hicieron los propios legisladores se dice que ese encuentro les permitió “reflexionar sobre el tema” y agregan: “Como gobierno debemos aprovechar este espacio de reflexión social no obstante su aparente carácter religioso”.
Y todavía van más lejos hasta decir que “al gobernante no le deben ser ajenos los esfuerzos que lleva a cabo la sociedad civil organizada, independientemente de sus orientaciones religiosas o filosóficas”. Y sin embargo, a pesar de este discurso aparentemente incluyente, no escucharon a los grupos que tienen orientaciones diferentes y que desde hace años han venido trabajando sobre ese tema.
Por eso es difícil aceptar lo que sostiene la senadora, en el sentido de estar dispuesta al diálogo, porque de ser así, debió haber organizado dicho diálogo antes de pasar la propuesta a la Comisión Permanente. Esa habría sido la verdadera actitud democrática que afirma tener y la forma de construir una agenda social común que es lo que dice querer.
Porque nada de esto se construye solamente con buena voluntad como ella afirma, ni es cuestión sólo de palabras como ella dice. Interesarse por el mismo tema no significa que las posiciones sean iguales. Para llegar a una agenda común hay que escuchar a todas las partes, no nada más usar las mismas palabras y hablar de coincidencias y empatías.
Por último, le aseguro a la senadora que mis críticas no parten de una falta de respeto a su alto cargo como ella afirma, ni tampoco porque las decisiones de los legisladores me parezcan “poca cosa” como dice. Por el contrario, las hago porque considero mi deber como ciudadana expresar los desacuerdos a quienes nos gobiernan. Pero, además, al insistir en que deben retractarse, es porque no escucharon todas las posiciones antes de elaborar las propuestas y los dictámenes y ello me parece inadmisible.
Dado que el tema compete a un asunto de importancia nacional, me permito usar este espacio para responder a la senadora.
Antes que otra cosa, debo dejar claro la agradable sorpresa que significó la actitud de la legisladora Ortuño de tomar el toro por los cuernos y responder a la crítica. En un país en el que ni nuestros gobernantes ni nuestros representantes se dan por enterados de lo que pensamos los ciudadanos, mucho menos cuando se los critica, esto resulta significativo. También le agradezco sus palabras sobre mi persona y mi trabajo.
Y ahora paso a responder: la senadora niega haber cometido el plagio y me exige “probar mis palabras o desistir públicamente” de ellas. Personalmente le mandé a su asesor jurídico los documentos probatorios subrayando las palabras que se copiaron. Este trabajo no lo hice yo, sino el observatorio. Ellos le enviaron una protesta a los legisladores en la que denunciaban “el uso amañado… de materiales elaborados por organizaciones y personas de pensamiento progresista y democrático para avalar posturas e ideas que no compartimos.”
El licenciado Gustavo Alfonso Olivas reconoció en un correo electrónico haber recibido dichos documentos y agregó: “En el documento inicial que es autoría y responsabilidad exclusiva de la senadora Ortuño, es decir, la propuesta de punto de acuerdo, no hay ninguna transcripción de lo que el observatorio publicó. Desafortunadamente el dictamen sí contiene, en sus considerandos, una gran cantidad de texto de autoría del observatorio, sin hacer la cita y otorgar el crédito correspondiente”.
Espero que la senadora comprenda que, como ciudadana, no tengo por qué conocer las minucias de quién participa o no en redactar un documento, y que lo único claro es que ella presentó la propuesta y que pertenece a la comisión que hizo el dictamen, razón por la cual le atribuí responsabilidad.
Cuando ella asegura que carece de fundamento mi afirmación de que se adaptó la propuesta a las conclusiones del sexto Encuentro de las Familias porque éste no había aún concluido, le recuerdo que el modelo de familia que allí se planteó es el mismo que sostiene siempre la Iglesia. Pero, además, no lo digo yo: en el dictamen que hicieron los propios legisladores se dice que ese encuentro les permitió “reflexionar sobre el tema” y agregan: “Como gobierno debemos aprovechar este espacio de reflexión social no obstante su aparente carácter religioso”.
Y todavía van más lejos hasta decir que “al gobernante no le deben ser ajenos los esfuerzos que lleva a cabo la sociedad civil organizada, independientemente de sus orientaciones religiosas o filosóficas”. Y sin embargo, a pesar de este discurso aparentemente incluyente, no escucharon a los grupos que tienen orientaciones diferentes y que desde hace años han venido trabajando sobre ese tema.
Por eso es difícil aceptar lo que sostiene la senadora, en el sentido de estar dispuesta al diálogo, porque de ser así, debió haber organizado dicho diálogo antes de pasar la propuesta a la Comisión Permanente. Esa habría sido la verdadera actitud democrática que afirma tener y la forma de construir una agenda social común que es lo que dice querer.
Porque nada de esto se construye solamente con buena voluntad como ella afirma, ni es cuestión sólo de palabras como ella dice. Interesarse por el mismo tema no significa que las posiciones sean iguales. Para llegar a una agenda común hay que escuchar a todas las partes, no nada más usar las mismas palabras y hablar de coincidencias y empatías.
Por último, le aseguro a la senadora que mis críticas no parten de una falta de respeto a su alto cargo como ella afirma, ni tampoco porque las decisiones de los legisladores me parezcan “poca cosa” como dice. Por el contrario, las hago porque considero mi deber como ciudadana expresar los desacuerdos a quienes nos gobiernan. Pero, además, al insistir en que deben retractarse, es porque no escucharon todas las posiciones antes de elaborar las propuestas y los dictámenes y ello me parece inadmisible.
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Legisladores tramposos/ Sara Sefchovich
El Universal, 22 de febrero de 2009
El 14 de enero pasado, la senadora panista María Teresa Ortuño Gurza presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo que en la jerga legislativa se llama “una proposición de mérito”, y que en idioma normal significa una propuesta.
Ese mismo día la Mesa Directiva dispuso que se turnara para su estudio y dictamen, lo cual se hizo, y dicho dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 21.
El tema es el siguiente: “Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que se implanten en la administración pública federal políticas que fortalezcan a las familias mexicanas”. Suena muy bonito y ¿quién no está de acuerdo?
El problema es el siguiente: resulta que la mencionada legisladora simple y llanamente usó, para su presentación de las consideraciones que avalaban su propuesta, los planteamientos del posicionamiento que hizo el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, y lo “adaptó” a las conclusiones del Encuentro Mundial de las Familias que se llevó a cabo en nuestro país en esas mismas fechas.
Por si el amable lector no sabe lo que esto significa, se lo explico: el Encuentro Mundial mencionado estuvo organizado por la Iglesia católica desde el Vaticano y el Observatorio es un organismo integrado por organizaciones civiles y académicas laicas que pretende “transformar la lógica normativa dominante sobre las familias que en la vida pública y privada existe en nuestro país, y crear un espacio de reconocimiento y comprensión de los procesos de transformación de las familias en México para incidir en la construcción de políticas y programas públicos que fortalezcan los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género y generacional, y la construcción de ciudadanía en el marco de un estado de derecho laico”.
Como se puede ver, son dos posiciones de suyo contradictorias, y lo que tramposamente hizo la legisladora panista fue juntar dos discursos que son irreconciliables para llevar agua a su molino ideológico. O sea que tomó textualmente (aunque sin darle crédito) las palabras que expresaron los laicos para avalar las posturas e ideas de los religiosos.
El resultado es que en su discurso aparecen los términos “políticamente correctos” de hoy, como equidad, respeto a los diversos arreglos de convivencia existentes, responsablididad del Estado, protección de los derechos humanos, pero para proponer que se reconozcan y acepten las conclusiones del Encuentro Mundial que apuntan a todo lo contrario.
La trampa se hace además en otros dos sentidos. Uno, en el argumento de que el gobierno debe aprovechar los espacios de reflexión social de la sociedad “independientemente de las orientaciones religiosas o filosóficas”, el cual sin embargo cae por tierra cuando sólo se proponen hacer esto con un grupo y no toman en cuenta a otros que están reflexionando sobre ese mismo tema. De hecho, por esos días se celebró en El Colegio de México el seminario “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”, cuyas conclusiones los legisladores no consideraron de la misma importancia, pese a que quienes allí participaron fueron las personas y grupos con más reconocimiento en el estudio de las familias.
Y dos, que el asunto se haya turnado para dictamen a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. ¿A cuento de qué les corresponde a ellos opinar sobre cuestiones sociales? ¿Puede cualquier comisión ver cualquier asunto? ¿Para qué hay, entonces, comisiones? Seguro que esto se hace para lograr acuerdos en puntos conflictivos eliminando que entre al debate un contrincante ideológico.
Los legisladores tienen que retractarse de la aprobación del punto de acuerdo referido y la senadora plagiaria tiene que encontrar sus propios argumentos, si quiere defender su posición o reconocer que es indefendible, porque en estos tiempos y en este país exigimos el respeto irrestricto al Estado laico y a políticas públicas, cuyo criterio permita regular la vida social en la diversidad y dando cabida a distintas concepciones religiosas y modelos de familia.
sarasef@prodigy.net.mx
El Universal, 22 de febrero de 2009
El 14 de enero pasado, la senadora panista María Teresa Ortuño Gurza presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo que en la jerga legislativa se llama “una proposición de mérito”, y que en idioma normal significa una propuesta.
Ese mismo día la Mesa Directiva dispuso que se turnara para su estudio y dictamen, lo cual se hizo, y dicho dictamen fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 21.
El tema es el siguiente: “Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que se implanten en la administración pública federal políticas que fortalezcan a las familias mexicanas”. Suena muy bonito y ¿quién no está de acuerdo?
El problema es el siguiente: resulta que la mencionada legisladora simple y llanamente usó, para su presentación de las consideraciones que avalaban su propuesta, los planteamientos del posicionamiento que hizo el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, y lo “adaptó” a las conclusiones del Encuentro Mundial de las Familias que se llevó a cabo en nuestro país en esas mismas fechas.
Por si el amable lector no sabe lo que esto significa, se lo explico: el Encuentro Mundial mencionado estuvo organizado por la Iglesia católica desde el Vaticano y el Observatorio es un organismo integrado por organizaciones civiles y académicas laicas que pretende “transformar la lógica normativa dominante sobre las familias que en la vida pública y privada existe en nuestro país, y crear un espacio de reconocimiento y comprensión de los procesos de transformación de las familias en México para incidir en la construcción de políticas y programas públicos que fortalezcan los derechos humanos, la justicia social, la equidad de género y generacional, y la construcción de ciudadanía en el marco de un estado de derecho laico”.
Como se puede ver, son dos posiciones de suyo contradictorias, y lo que tramposamente hizo la legisladora panista fue juntar dos discursos que son irreconciliables para llevar agua a su molino ideológico. O sea que tomó textualmente (aunque sin darle crédito) las palabras que expresaron los laicos para avalar las posturas e ideas de los religiosos.
El resultado es que en su discurso aparecen los términos “políticamente correctos” de hoy, como equidad, respeto a los diversos arreglos de convivencia existentes, responsablididad del Estado, protección de los derechos humanos, pero para proponer que se reconozcan y acepten las conclusiones del Encuentro Mundial que apuntan a todo lo contrario.
La trampa se hace además en otros dos sentidos. Uno, en el argumento de que el gobierno debe aprovechar los espacios de reflexión social de la sociedad “independientemente de las orientaciones religiosas o filosóficas”, el cual sin embargo cae por tierra cuando sólo se proponen hacer esto con un grupo y no toman en cuenta a otros que están reflexionando sobre ese mismo tema. De hecho, por esos días se celebró en El Colegio de México el seminario “Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas”, cuyas conclusiones los legisladores no consideraron de la misma importancia, pese a que quienes allí participaron fueron las personas y grupos con más reconocimiento en el estudio de las familias.
Y dos, que el asunto se haya turnado para dictamen a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. ¿A cuento de qué les corresponde a ellos opinar sobre cuestiones sociales? ¿Puede cualquier comisión ver cualquier asunto? ¿Para qué hay, entonces, comisiones? Seguro que esto se hace para lograr acuerdos en puntos conflictivos eliminando que entre al debate un contrincante ideológico.
Los legisladores tienen que retractarse de la aprobación del punto de acuerdo referido y la senadora plagiaria tiene que encontrar sus propios argumentos, si quiere defender su posición o reconocer que es indefendible, porque en estos tiempos y en este país exigimos el respeto irrestricto al Estado laico y a políticas públicas, cuyo criterio permita regular la vida social en la diversidad y dando cabida a distintas concepciones religiosas y modelos de familia.
sarasef@prodigy.net.mx
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