Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Cassez: el delito no tiene pasaporte
Excélsior 9 de marzo de 2009;
Hoy comienza la visita oficial del presidente Nicolas Sarkozy a México. La misma reviste especial interés para los dos países. La administración de Calderón ha apostado a consolidar su relación con Sarkozy porque lo considera un interlocutor clave para la política exterior de México. Por eso también la visita tendrá un alto contenido político y económico.
Existe, sin embargo, una nube sobre ella: el caso de Florence Cassez, una joven francesa detenida desde el 9 de diciembre de 2005 y que sufre una condena de poco más de 60 años de cárcel, acusada de ser parte de una cruel banda de secuestradores, apodada Los Zodíacos. Florence era la compañera sentimental del jefe de esa banda, Israel Vallarta, y vivía con él en un rancho en donde permanecían secuestrados, al momento de su detención, la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo de entonces 11 años de edad. El secuestro, como otros que cometió esta banda, fue brutal, y Florence plenamente identificada por sus víctimas como su carcelera.
“Es indescriptible —acaba de escribir a los medios Cristina Ríos Valladares —, lo que mi hijo y yo vivimos del 19 de octubre del 2005 al 9 de diciembre del mismo año. Fueron 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual y, los tres (su esposo también había sido secuestrado y luego liberado para que pagara el rescate), de tortura sicológica. El 9 de diciembre fuimos liberados en un operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Acusados de nuestro secuestro fueron detenidos Israel Vallarta y Florence Cassez, esta última de origen francés, quien ahora se presenta como víctima de mi caso y no como cómplice del mismo.
“Florence Cassez continúa la señora Ríos Valladares — es la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio… la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviarla a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño. Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo (entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba) se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Ni mi familia ni yo tenemos ánimo ni fuerzas para hacer una campaña mediática, diplomática y política (como la que ella y su familia están realizando) para lograr que el gobierno francés y la prensa nacional e internacional escuchen la otra versión, es decir, la palabra de las víctimas de la banda a la que pertenece la señora Cassez. Pero no deja de estremecernos la idea de que Florence, una secuestradora y no sólo novia de un secuestrador (con el que vivía en el mismo rancho y durante el mismo tiempo en el que permanecimos mi hijo y yo en cautiverio), ahora aparezca como víctima y luche para que se modifique su sentencia. Si lo logra o no, ya no nos corresponde a nosotros, aunque no deja de lastimarnos”, dice la carta que acaba de publicar, desde el extranjero donde vive ahora, temerosa porque el resto de la banda no ha sido detenida, la señora Ríos Valladares.
Hay más víctimas que reconocen públicamente la participación de Cassez en sus secuestros. Puede ser que se hayan dado errores en el procedimiento del arresto de Cassez, pero es imposible no escuchar la voz de las verdaderas víctimas, de las que fueron objeto del secuestro, de los abusos, de los agravios, y hacer pasar a su victimaria como inocente. Dicen los abogados defensores de la joven Cassez que, de acuerdo con la Convención Europea, ella debe cumplir su condena en su país para poder estar en contacto con sus familiares, pero en realidad lo que están planteando es que sea remitida a Francia y que allí sea liberada de un “proceso injusto” en el cual se pone en el banquillo de los acusados a la procuración de justicia y no a la secuestradora.
Puede ser lógico que el presidente Sarkozy recibiera al padre de Cassez antes de viajar a México o que sea visitada en la cárcel (se decía que hoy sería visitada por la esposa del presidente, Carla Bruni, lo cual sería al menos poco diplomático en el contexto de la visita), pero de allí a exigir la liberación o el traslado de una mujer que se ha acreditado plenamente que ha intervenido en uno de los delitos más dolorosos para la sociedad, hay demasiada distancia. Más aún cuando toda la estrategia de Cassez ha pasado por desacreditar la justicia y ha mentido, primero con respecto a su relación con Israel Vallarta y luego incluso sobre la de sus padres con ella y su novio (para quitarle peso a la relación dijo que ni siquiera sus padres conocían a Vallarta…hasta que aparecieron las fotos de ellos con Cassez y el jefe de la banda), y tampoco ha reconocido su responsabilidad en el delito. En otras palabras, ni siquiera ha buscado colaborar con la justicia para desarticular la organización de la que era miembro.
La impunidad no puede tener pasaporte. Ningún otro crimen lastima y agrede más a la sociedad mexicana que el secuestro, sobre todo los violentos, plagados de abusos, como los que cometía esta banda de delincuentes. El presidente Sarkozy, por supuesto, debe hacer que se respeten los derechos de sus connacionales, pero no puede impulsar la impunidad.
Cassez: el delito no tiene pasaporte
Excélsior 9 de marzo de 2009;
Hoy comienza la visita oficial del presidente Nicolas Sarkozy a México. La misma reviste especial interés para los dos países. La administración de Calderón ha apostado a consolidar su relación con Sarkozy porque lo considera un interlocutor clave para la política exterior de México. Por eso también la visita tendrá un alto contenido político y económico.
Existe, sin embargo, una nube sobre ella: el caso de Florence Cassez, una joven francesa detenida desde el 9 de diciembre de 2005 y que sufre una condena de poco más de 60 años de cárcel, acusada de ser parte de una cruel banda de secuestradores, apodada Los Zodíacos. Florence era la compañera sentimental del jefe de esa banda, Israel Vallarta, y vivía con él en un rancho en donde permanecían secuestrados, al momento de su detención, la señora Cristina Ríos Valladares y su hijo de entonces 11 años de edad. El secuestro, como otros que cometió esta banda, fue brutal, y Florence plenamente identificada por sus víctimas como su carcelera.
“Es indescriptible —acaba de escribir a los medios Cristina Ríos Valladares —, lo que mi hijo y yo vivimos del 19 de octubre del 2005 al 9 de diciembre del mismo año. Fueron 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual y, los tres (su esposo también había sido secuestrado y luego liberado para que pagara el rescate), de tortura sicológica. El 9 de diciembre fuimos liberados en un operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Acusados de nuestro secuestro fueron detenidos Israel Vallarta y Florence Cassez, esta última de origen francés, quien ahora se presenta como víctima de mi caso y no como cómplice del mismo.
“Florence Cassez continúa la señora Ríos Valladares — es la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio… la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviarla a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño. Ahora escucho que Florence clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo (entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba) se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Ni mi familia ni yo tenemos ánimo ni fuerzas para hacer una campaña mediática, diplomática y política (como la que ella y su familia están realizando) para lograr que el gobierno francés y la prensa nacional e internacional escuchen la otra versión, es decir, la palabra de las víctimas de la banda a la que pertenece la señora Cassez. Pero no deja de estremecernos la idea de que Florence, una secuestradora y no sólo novia de un secuestrador (con el que vivía en el mismo rancho y durante el mismo tiempo en el que permanecimos mi hijo y yo en cautiverio), ahora aparezca como víctima y luche para que se modifique su sentencia. Si lo logra o no, ya no nos corresponde a nosotros, aunque no deja de lastimarnos”, dice la carta que acaba de publicar, desde el extranjero donde vive ahora, temerosa porque el resto de la banda no ha sido detenida, la señora Ríos Valladares.
Hay más víctimas que reconocen públicamente la participación de Cassez en sus secuestros. Puede ser que se hayan dado errores en el procedimiento del arresto de Cassez, pero es imposible no escuchar la voz de las verdaderas víctimas, de las que fueron objeto del secuestro, de los abusos, de los agravios, y hacer pasar a su victimaria como inocente. Dicen los abogados defensores de la joven Cassez que, de acuerdo con la Convención Europea, ella debe cumplir su condena en su país para poder estar en contacto con sus familiares, pero en realidad lo que están planteando es que sea remitida a Francia y que allí sea liberada de un “proceso injusto” en el cual se pone en el banquillo de los acusados a la procuración de justicia y no a la secuestradora.
Puede ser lógico que el presidente Sarkozy recibiera al padre de Cassez antes de viajar a México o que sea visitada en la cárcel (se decía que hoy sería visitada por la esposa del presidente, Carla Bruni, lo cual sería al menos poco diplomático en el contexto de la visita), pero de allí a exigir la liberación o el traslado de una mujer que se ha acreditado plenamente que ha intervenido en uno de los delitos más dolorosos para la sociedad, hay demasiada distancia. Más aún cuando toda la estrategia de Cassez ha pasado por desacreditar la justicia y ha mentido, primero con respecto a su relación con Israel Vallarta y luego incluso sobre la de sus padres con ella y su novio (para quitarle peso a la relación dijo que ni siquiera sus padres conocían a Vallarta…hasta que aparecieron las fotos de ellos con Cassez y el jefe de la banda), y tampoco ha reconocido su responsabilidad en el delito. En otras palabras, ni siquiera ha buscado colaborar con la justicia para desarticular la organización de la que era miembro.
La impunidad no puede tener pasaporte. Ningún otro crimen lastima y agrede más a la sociedad mexicana que el secuestro, sobre todo los violentos, plagados de abusos, como los que cometía esta banda de delincuentes. El presidente Sarkozy, por supuesto, debe hacer que se respeten los derechos de sus connacionales, pero no puede impulsar la impunidad.
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Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán,
El UNiversal, 9 de marzo de 2009;
Bruni se va sin Cassez
En la casa presidencial nadie piensa que la francesa Florence Cassez —presunta secuestradora—, cumplirá su condena fuera de México. ¿Por qué? Por razones de carácter político, judicial, división de poderes y, el más importante, por imagen del gobierno de Calderón.
Las razones políticas abundan. Vale recordar que la detención de Cassez se produjo en medio de un circo mediático montado por Televisa y la AFI, cuyo jefe entonces era Genaro García Luna, hoy secretario de Seguridad Pública federal. La mayor irregularidad denunciada por la defensa de Cassez resulta ser, precisamente, el montaje y linchamiento mediático preparado por la AFI para una doble ganancia: dar la exclusiva a Televisa y llevar a García Luna a... los cuernos de la luna.
Queda claro que en el desaseo judicial del caso están involucrados Televisa —cuyos conductores y reporteros no se mandan solos, a pesar de que sin pudor sacrificaron una carrera periodística—, y uno de los preferidos del Presidente, García Luna, a quien apuntaló desde entonces la televisora. Y claro, lo sigue haciendo. ¿Cuánto más, de lo que ya es público, tienen que decir del caso Cassez, reporteros, conductores, directivos de Televisa y, por supuesto, policías al mando de García Luna?
A pesar de los tratados de extracción entre México y Francia, Calderón poco puede hacer legalmente para repatriar a Cassez. ¿Por qué? Porque es un proceso judicial fuera de la esfera del Ejecutivo. Y todos en México saben del celo extremo por la división de poderes. Pero además, meter la mano presidencial al asunto —porque se lo piden Sarkozy o la bella Bruni—, sería la cereza del cochinero.
El escándalo que ha generado en Francia y buena parte de Europa el juicio a la francesa Cassez —presunta secuestradora—, enseña al mundo la inmundicia del sistema judicial mexicano, la forma en que el circo mediático beneficia televisoras y ambiciones de poder, y el despropósito de valorar el juicio televisivo, por sobre el juicio legal.
¿A quién debemos creerle? ¿Al corrupto e ineficaz sistema judicial mexicano, que enjuicia a partir del corrupto sistema perseguidor de los delitos —con policías como la AFI?— y que se sirve de la televisión para ganar el juicio mediático? ¿O debemos creer en la defensa de Cassez, que denuncia irregularidades reales, pero pretende engañar con el cuento de que la novia del jefe de la banda de secuestradores no sabía nada? ¿O debemos creer el testimonio de los secuestrados?
En su encuentro con Nicolas Sarkozy y con Bruni, Felipe Calderón no puede más que garantizar que se hará cumplir la ley, igualito como se hace cumplir con todos los mexicanos. ¿O no?
En la casa presidencial nadie piensa que la francesa Florence Cassez —presunta secuestradora—, cumplirá su condena fuera de México. ¿Por qué? Por razones de carácter político, judicial, división de poderes y, el más importante, por imagen del gobierno de Calderón.
Las razones políticas abundan. Vale recordar que la detención de Cassez se produjo en medio de un circo mediático montado por Televisa y la AFI, cuyo jefe entonces era Genaro García Luna, hoy secretario de Seguridad Pública federal. La mayor irregularidad denunciada por la defensa de Cassez resulta ser, precisamente, el montaje y linchamiento mediático preparado por la AFI para una doble ganancia: dar la exclusiva a Televisa y llevar a García Luna a... los cuernos de la luna.
Queda claro que en el desaseo judicial del caso están involucrados Televisa —cuyos conductores y reporteros no se mandan solos, a pesar de que sin pudor sacrificaron una carrera periodística—, y uno de los preferidos del Presidente, García Luna, a quien apuntaló desde entonces la televisora. Y claro, lo sigue haciendo. ¿Cuánto más, de lo que ya es público, tienen que decir del caso Cassez, reporteros, conductores, directivos de Televisa y, por supuesto, policías al mando de García Luna?
A pesar de los tratados de extracción entre México y Francia, Calderón poco puede hacer legalmente para repatriar a Cassez. ¿Por qué? Porque es un proceso judicial fuera de la esfera del Ejecutivo. Y todos en México saben del celo extremo por la división de poderes. Pero además, meter la mano presidencial al asunto —porque se lo piden Sarkozy o la bella Bruni—, sería la cereza del cochinero.
El escándalo que ha generado en Francia y buena parte de Europa el juicio a la francesa Cassez —presunta secuestradora—, enseña al mundo la inmundicia del sistema judicial mexicano, la forma en que el circo mediático beneficia televisoras y ambiciones de poder, y el despropósito de valorar el juicio televisivo, por sobre el juicio legal.
¿A quién debemos creerle? ¿Al corrupto e ineficaz sistema judicial mexicano, que enjuicia a partir del corrupto sistema perseguidor de los delitos —con policías como la AFI?— y que se sirve de la televisión para ganar el juicio mediático? ¿O debemos creer en la defensa de Cassez, que denuncia irregularidades reales, pero pretende engañar con el cuento de que la novia del jefe de la banda de secuestradores no sabía nada? ¿O debemos creer el testimonio de los secuestrados?
En su encuentro con Nicolas Sarkozy y con Bruni, Felipe Calderón no puede más que garantizar que se hará cumplir la ley, igualito como se hace cumplir con todos los mexicanos. ¿O no?
Simuladores/ Ricardo Raphael
El Universal, 9 de marzo de 2009
El jefe del Ejecutivo ha hecho explícito que su verdadero hombre de confianza en la lucha contra el crimen organizado se llama Genaro García Luna, hoy secretario de Seguridad Pública. Un funcionario cuya credibilidad está en franco deterioro.
En los días que corren —a propósito de la visita a nuestro país del presidente francés, Nicolas Sarkozy—, vuelve a exhibirse la torpe mascarada que García Luna montó en el mes de diciembre de 2005, siendo todavía director de la Agencia Federal de Investigaciones, cuando detuvo a Israel Vallarta y Florence Cassez, supuestos líderes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
Para defender su inocencia, Cassez ha afirmado que su expediente judicial está plagado de incoherencias. Y, en efecto, como la propia AFI confirmó, la principal de todas estas incoherencias la introdujo, en su día, el actual secretario de Seguridad Pública.
Según relató la ciudadana francesa, ella fue detenida al mediodía del 8 de diciembre de 2005, cuando viajaba desde el rancho Las Chinitas —propiedad de su ex novio—, hacia la ciudad de México en una camioneta conducida por el propio Israel Vallarta.
Antes de llegar a la zona urbana, ambos fueron interceptados por policías judiciales. Separada de su acompañante, Cassez fue confinada en un vehículo judicial donde permaneció cautiva toda la tarde y buena parte de la madrugada. A eso de las cuatro de la mañana del día 9, el mismo automóvil la condujo de vuelta al rancho que hubiera abandonado el día anterior.
En Las Chinitas la bajaron a empellones y la introdujeron en una habitación donde se encontró con un Vallarta bañado en sangre y vómito. Acto seguido, la policía colocó alrededor de ambos, armas de alto calibre y municiones. También sembraron fotografías y documentos que, según Cassez, habían sido extraídos previamente de su departamento ubicado en la ciudad de México. Como toque final para aquel montaje, se colocó un monitor de televisión frente a los detenidos.
Una vez que todo estuvo dispuesto, Cassez escuchó un tropel de pasos que irrumpió en la habitación donde se encontraba. Fue, frente al espejo de la pantalla de televisión, que ella se descubrió —en cadena nacional—, actuando para el noticiario matutino de Televisa, Primero Noticias. Afirma que, para su sorpresa, en ese momento Vallarta reconoció ser el líder de una banda de secuestradores, advirtiendo también que Cassez no tenía nada que ver con el asunto.
Gracias a una entrevista posterior concedida a la periodista Denisse Maerker, la ciudadana francesa dio a conocer la fabricación. A la postre, las autoridades se vieron en la necesidad de reconocer que sí habían recreado —y también manipulado— las circunstancias en las que ocurrió la captura. Un hecho producido por la colusión entre el director de la AFI, Genaro García Luna, y Amador Narcia, vicepresidente de información de la empresa Televisa.
Con la recreación artificiosa de la detención, el proceso seguido por el Estado mexicano en contra de Florence Cassez quedó viciado. Si los documentos y las fotos no estaban originalmente en Las Chinitas, si las armas habían sido sembradas y si la escena, por entero, había sido trucada —las pruebas en su contra extraviaron validez—. Además, se suma a su defensa que durante el primer careo las víctimas secuestradas no la hayan reconocido como una de las integrantes de la banda.
Con todo, la ciudadana francesa fue condenada por los tribunales mexicanos a cadena perpetua.
La inocencia o culpabilidad de Florence Cassez pasa por un momento a segundo plano: ¿es posible confiar en Genaro García Luna después de este relato? ¿Podemos los mexicanos, y de paso también la comunidad extranjera, estar tranquilos con respecto a la ética pública de quienes están conduciendo la ya internacionalmente célebre lucha de México en contra del narcotráfico?
El Universal, 9 de marzo de 2009
El jefe del Ejecutivo ha hecho explícito que su verdadero hombre de confianza en la lucha contra el crimen organizado se llama Genaro García Luna, hoy secretario de Seguridad Pública. Un funcionario cuya credibilidad está en franco deterioro.
En los días que corren —a propósito de la visita a nuestro país del presidente francés, Nicolas Sarkozy—, vuelve a exhibirse la torpe mascarada que García Luna montó en el mes de diciembre de 2005, siendo todavía director de la Agencia Federal de Investigaciones, cuando detuvo a Israel Vallarta y Florence Cassez, supuestos líderes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
Para defender su inocencia, Cassez ha afirmado que su expediente judicial está plagado de incoherencias. Y, en efecto, como la propia AFI confirmó, la principal de todas estas incoherencias la introdujo, en su día, el actual secretario de Seguridad Pública.
Según relató la ciudadana francesa, ella fue detenida al mediodía del 8 de diciembre de 2005, cuando viajaba desde el rancho Las Chinitas —propiedad de su ex novio—, hacia la ciudad de México en una camioneta conducida por el propio Israel Vallarta.
Antes de llegar a la zona urbana, ambos fueron interceptados por policías judiciales. Separada de su acompañante, Cassez fue confinada en un vehículo judicial donde permaneció cautiva toda la tarde y buena parte de la madrugada. A eso de las cuatro de la mañana del día 9, el mismo automóvil la condujo de vuelta al rancho que hubiera abandonado el día anterior.
En Las Chinitas la bajaron a empellones y la introdujeron en una habitación donde se encontró con un Vallarta bañado en sangre y vómito. Acto seguido, la policía colocó alrededor de ambos, armas de alto calibre y municiones. También sembraron fotografías y documentos que, según Cassez, habían sido extraídos previamente de su departamento ubicado en la ciudad de México. Como toque final para aquel montaje, se colocó un monitor de televisión frente a los detenidos.
Una vez que todo estuvo dispuesto, Cassez escuchó un tropel de pasos que irrumpió en la habitación donde se encontraba. Fue, frente al espejo de la pantalla de televisión, que ella se descubrió —en cadena nacional—, actuando para el noticiario matutino de Televisa, Primero Noticias. Afirma que, para su sorpresa, en ese momento Vallarta reconoció ser el líder de una banda de secuestradores, advirtiendo también que Cassez no tenía nada que ver con el asunto.
Gracias a una entrevista posterior concedida a la periodista Denisse Maerker, la ciudadana francesa dio a conocer la fabricación. A la postre, las autoridades se vieron en la necesidad de reconocer que sí habían recreado —y también manipulado— las circunstancias en las que ocurrió la captura. Un hecho producido por la colusión entre el director de la AFI, Genaro García Luna, y Amador Narcia, vicepresidente de información de la empresa Televisa.
Con la recreación artificiosa de la detención, el proceso seguido por el Estado mexicano en contra de Florence Cassez quedó viciado. Si los documentos y las fotos no estaban originalmente en Las Chinitas, si las armas habían sido sembradas y si la escena, por entero, había sido trucada —las pruebas en su contra extraviaron validez—. Además, se suma a su defensa que durante el primer careo las víctimas secuestradas no la hayan reconocido como una de las integrantes de la banda.
Con todo, la ciudadana francesa fue condenada por los tribunales mexicanos a cadena perpetua.
La inocencia o culpabilidad de Florence Cassez pasa por un momento a segundo plano: ¿es posible confiar en Genaro García Luna después de este relato? ¿Podemos los mexicanos, y de paso también la comunidad extranjera, estar tranquilos con respecto a la ética pública de quienes están conduciendo la ya internacionalmente célebre lucha de México en contra del narcotráfico?
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Columna Estrictamente personal/Raymundo Riva Palacio
Ejecentral.com, 9 de marzo de 2009;
De la nada el lunes pasado, a la saturación este domingo. De ser un tema completamente olvidado por la opinión pública, a uno abrumadoramente abordado durante las siguientes 168 horas. El domingo en La Jornada, su principal titular: “Entrega Francia la petición formal para extraditar a Cassez”.
El mismo domingo en Excélsior, primera plana: “Asesor de Sarkozy aboga por expatriar a Florence Cassez”. Sábado en El Universal, en casi un cuarto de plana en su portada: “Florence Cassez: ¿culpable o inculpada?”. Mismo día en Reforma, primera plana: “Piden no trasladar a Cassez a Francia”. Preámbulo del escándalo político que ha venido creciendo en Francia desde noviembre pasado, las cosas llegaron a los medios mexicanos como siempre: sin prolegómenos, ni contexto, ni seguimiento que evitara sorpresas. Todo porque este lunes se reúnen los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, y el tema de la ciudadana francesa condenada a 60 años por secuestro y otros delitos, estará sobre la mesa.
Sarkozy necesita presionar y sugerir la repatriación, porque se lo prometió a la familia de Cassez en un par de reuniones en El Eliseo, la sede de la Presidencia francesa, el año pasado y hace unos días. Lo necesita porque lo que comenzó como un movimiento de diputados de su partido en el norte de Francia para restar votos a los socialistas, se convirtió en el tema de interés político nacional por la raja política, precisamente, que puedan hacer de él. Calderón está evaluando qué hacer, en una decisión que será por la vía fast track porque prácticamente todo este tiempo, de noviembre hasta hace poco más de una semana, la PGR se durmió en los laureles de la indolencia. El subprocurador a cargo del tema, Juan Miguel Alcántara, lleva la voz en jefe de la negligencia, pues cuando le plantearon hace unos pocos meses el tema en su oficina, respondió que era un caso cerrado, con condena y todo, por lo que ya no era de interés mexicano.
En las manos, les explotó la bomba.
¿Qué estamos viviendo? La dramatización del caso hace pensar, como dice un abogado sazonado en estas lides, que se está reeditando la “Guerra de los Pasteles“, que se desató cuando amparados en un convenio firmado en 1827, varios ciudadanos franceses exigieron compensaciones por lo que consideraban abusos de la justicia mexicana. Entre ellos estaba un restaurantero de apellido Remontel que tenía su negocio en Tacubaya, y que exigió en 1832 al gobierno de México el pago de 60 mil pesos porque unos militares aprovechados del ejército del general Antonio López de Santa Ana, se habían comido sus pasteles sin pagar la cuenta. El gobierno mexicano se negó, por lo que Francia envió su flota a bloquear Veracruz, y el Príncipe Francois Ferdinand de Joinville, hijo del rey Luis Felipe, decidió bombardear el puerto, ataque durante el cual, por cierto, perdió su pierna Santa Ana. Al final México cedió y pagó la indemnización.
¿Qué sucederá ahora? Quien abrió la puerta a la repatriación de Cassez fue el propio presidente Calderón, durante una entrevista la semana pasada con la agencia AFP. Le quedó perfecto a los políticos, que merman con el escándalo, a las ONG que por su activismo pueden acceder a más fondos, y a la familia, a la que le abrió la esperanza que la hija pródiga regrese a casa. Pero ¿qué piensa Florence? En público, a través de una catarata de nuevas entrevistas, se muestra deprimida, desesperada, sin mañana ni futuro. Sugiere que se puede morir, por lo cual acusa de antemano al gobierno mexicano. No es culpable de nada, asegura contra los testimonios que dicen que sí se mereció la sentencia. Pero ¿qué piensa en privado?
Florence Cassez sí podría ser repatriada, en los términos que establece la Constitución mexicana, recientemente -sustentado en el artículo 18, recientemente reformado que permite que los extranjeros condenados en México puedan seguir la pena en su territorio-, sujetándose a los tratados internacionales suscritos por México. El gobierno del presidente Calderón ratificó el 13 de julio de 2007 la Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas en el Consejo de Europa, que quedó abierto a la firma de países miembros y no miembros. México es uno de los 63 signatarios hasta la fecha, y el convenio entró en vigor el primero de noviembre de ese año. O sea, el escándalo político sólo ha banalizado el fondo jurídico.
El presidente Calderón tiene todo el margen de maniobra para la repatriación de Cassez, sin socavar la soberanía mexicana, ni parecer un sirvo humillado ante el poderoso Sarkozy. Más aún, aquellos senadores que están gritando que Calderón no se doble ni ceda, y mucho menos se le ocurra poner en el avión del mandatario francés a una condenada, son parte de los mismos que cuando se puso a discusión el convenio con el Consejo de Europa, ratificaron la suscripción del mismo, como bien lo marca la ley. ¿Y las ONG? ¿Habrán leído la Constitución y el convenio internacional? Por supuesto que sí, pero como todos los agentes que movilizan opinión pública, es mucho más redituable para ellas montarse en la ola mediática del momento, que operar en la discreta sombra de la aplicación de la ley, donde no se capitaliza -cuando menos en un país de no leyes- lo legal.
Todo está en agitación y expectativa política, pero falta un detalle, pequeño, pero fundamental. Para que todo el proceso de repatriación pueda llevarse a cabo, la ley establece un requisito fundamental: que la condenada, o sea Florence Cassez, lo pida. La Ley no se mueve sola, y tiene que ser accionada por aquella persona que desee la repatriación. El capitulado lo dice claramente: “El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso”. Y hasta este domingo, sépalo usted, Florence Cassez no había pedido la aplicación del tratado internacional.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
El mismo domingo en Excélsior, primera plana: “Asesor de Sarkozy aboga por expatriar a Florence Cassez”. Sábado en El Universal, en casi un cuarto de plana en su portada: “Florence Cassez: ¿culpable o inculpada?”. Mismo día en Reforma, primera plana: “Piden no trasladar a Cassez a Francia”. Preámbulo del escándalo político que ha venido creciendo en Francia desde noviembre pasado, las cosas llegaron a los medios mexicanos como siempre: sin prolegómenos, ni contexto, ni seguimiento que evitara sorpresas. Todo porque este lunes se reúnen los presidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, y el tema de la ciudadana francesa condenada a 60 años por secuestro y otros delitos, estará sobre la mesa.
Sarkozy necesita presionar y sugerir la repatriación, porque se lo prometió a la familia de Cassez en un par de reuniones en El Eliseo, la sede de la Presidencia francesa, el año pasado y hace unos días. Lo necesita porque lo que comenzó como un movimiento de diputados de su partido en el norte de Francia para restar votos a los socialistas, se convirtió en el tema de interés político nacional por la raja política, precisamente, que puedan hacer de él. Calderón está evaluando qué hacer, en una decisión que será por la vía fast track porque prácticamente todo este tiempo, de noviembre hasta hace poco más de una semana, la PGR se durmió en los laureles de la indolencia. El subprocurador a cargo del tema, Juan Miguel Alcántara, lleva la voz en jefe de la negligencia, pues cuando le plantearon hace unos pocos meses el tema en su oficina, respondió que era un caso cerrado, con condena y todo, por lo que ya no era de interés mexicano.
En las manos, les explotó la bomba.
¿Qué estamos viviendo? La dramatización del caso hace pensar, como dice un abogado sazonado en estas lides, que se está reeditando la “Guerra de los Pasteles“, que se desató cuando amparados en un convenio firmado en 1827, varios ciudadanos franceses exigieron compensaciones por lo que consideraban abusos de la justicia mexicana. Entre ellos estaba un restaurantero de apellido Remontel que tenía su negocio en Tacubaya, y que exigió en 1832 al gobierno de México el pago de 60 mil pesos porque unos militares aprovechados del ejército del general Antonio López de Santa Ana, se habían comido sus pasteles sin pagar la cuenta. El gobierno mexicano se negó, por lo que Francia envió su flota a bloquear Veracruz, y el Príncipe Francois Ferdinand de Joinville, hijo del rey Luis Felipe, decidió bombardear el puerto, ataque durante el cual, por cierto, perdió su pierna Santa Ana. Al final México cedió y pagó la indemnización.
¿Qué sucederá ahora? Quien abrió la puerta a la repatriación de Cassez fue el propio presidente Calderón, durante una entrevista la semana pasada con la agencia AFP. Le quedó perfecto a los políticos, que merman con el escándalo, a las ONG que por su activismo pueden acceder a más fondos, y a la familia, a la que le abrió la esperanza que la hija pródiga regrese a casa. Pero ¿qué piensa Florence? En público, a través de una catarata de nuevas entrevistas, se muestra deprimida, desesperada, sin mañana ni futuro. Sugiere que se puede morir, por lo cual acusa de antemano al gobierno mexicano. No es culpable de nada, asegura contra los testimonios que dicen que sí se mereció la sentencia. Pero ¿qué piensa en privado?
Florence Cassez sí podría ser repatriada, en los términos que establece la Constitución mexicana, recientemente -sustentado en el artículo 18, recientemente reformado que permite que los extranjeros condenados en México puedan seguir la pena en su territorio-, sujetándose a los tratados internacionales suscritos por México. El gobierno del presidente Calderón ratificó el 13 de julio de 2007 la Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas en el Consejo de Europa, que quedó abierto a la firma de países miembros y no miembros. México es uno de los 63 signatarios hasta la fecha, y el convenio entró en vigor el primero de noviembre de ese año. O sea, el escándalo político sólo ha banalizado el fondo jurídico.
El presidente Calderón tiene todo el margen de maniobra para la repatriación de Cassez, sin socavar la soberanía mexicana, ni parecer un sirvo humillado ante el poderoso Sarkozy. Más aún, aquellos senadores que están gritando que Calderón no se doble ni ceda, y mucho menos se le ocurra poner en el avión del mandatario francés a una condenada, son parte de los mismos que cuando se puso a discusión el convenio con el Consejo de Europa, ratificaron la suscripción del mismo, como bien lo marca la ley. ¿Y las ONG? ¿Habrán leído la Constitución y el convenio internacional? Por supuesto que sí, pero como todos los agentes que movilizan opinión pública, es mucho más redituable para ellas montarse en la ola mediática del momento, que operar en la discreta sombra de la aplicación de la ley, donde no se capitaliza -cuando menos en un país de no leyes- lo legal.
Todo está en agitación y expectativa política, pero falta un detalle, pequeño, pero fundamental. Para que todo el proceso de repatriación pueda llevarse a cabo, la ley establece un requisito fundamental: que la condenada, o sea Florence Cassez, lo pida. La Ley no se mueve sola, y tiene que ser accionada por aquella persona que desee la repatriación. El capitulado lo dice claramente: “El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso”. Y hasta este domingo, sépalo usted, Florence Cassez no había pedido la aplicación del tratado internacional.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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