Columna PLAZA PÚBLICA/Migel Angel Granados Chapa
Extinción de dominio... y de legislatura
Reforma, 6 de abril de 2009;
Extinción de dominio... y de legislatura
Reforma, 6 de abril de 2009;
El presidente de la República envió al Congreso, el 18 de septiembre pasado, una iniciativa de ley de extinción de dominio, un nuevo instrumento para el combate a la delincuencia organizada. Mal recibida por la bancada priista en el Senado, apenas fue aprobada el jueves pasado, seis meses y medio después. Por el receso de la Semana Santa, en el mejor de los casos correrá la misma suerte en la Cámara de Diputados en la semana de pascua, cuando la LX Legislatura esté a un paso de concluir su mandato constitucional. Si bien los diputados dejarán de serlo al final de agosto próximo, el que termina el 30 de abril es el último periodo de sesiones ordinarias en que participarán. En año de elecciones es difícil que se convoque a sesiones extraordinarias.
La extinción de dominio se convirtió en una pieza legislativa de difícil abordamiento, lo que a su vez dio lugar a un conflicto político. Germán Martínez, el líder nacional panista que escogió un tono áspero como eje de la campaña electoral de su partido (campaña que formalmente todavía no comienza pero ya enseñó sus alcances), acusó reiteradamente al PRI de entorpecer la emisión de la ley y llegó al extremo de incluir esa demora en una actitud general que dejaba al antaño partido oficial del lado del narcotráfico, en el falso dilema de estar con Calderón o con la delincuencia organizada.
La acusación panista disimuló el hecho de que la tardanza en estudiar y dictaminar la iniciativa de marras era, en rigor formal, atribuible al propio Partido Acción Nacional. La presidencia de la Comisión de Justicia en el Senado ha sido desde la LVI Legislatura, elegida en 1994, patrimonio del panismo, es decir, sus presidentes han pertenecido a la bancada blanquiazul. Ahora mismo encabeza dicha comisión Alejandro González Alcocer, que desde esa posición pudo haber acelerado el proceso respectivo y no lo hizo. Por fin, en marzo se emitió el dictamen correspondiente cuya presentación al pleno se demoró por una aparente confusión en que incurrió el propio González Alcocer, en lo que iba evidenciándose como una táctica dilatoria del PAN cuya factura se trasladaba al PRI, como si fuera el causante de la lentitud. La táctica llegó a su culminación el jueves pasado, cuando el presidente de la Mesa Directiva, Gustavo E. Madero, pretendió aplazar el abordamiento del dictamen. La tensión que han generado las reiteradas acusaciones de Germán Martínez y las desorganizadas respuestas que le han dado diversos voceros priistas estalló cuando el líder de la bancada tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, forzaron a Madero a incluir en el orden del día la discusión correspondiente. Aunque llegó a saberse que a última hora, para contribuir a la lentitud del proceso senatorial, la Secretaría de Gobernación pretendía que se rechazaran enmiendas de la oposición a la iniciativa, el dictamen fue aprobado por unanimidad.
La fracción priista estuvo desde siempre contra el proyecto tal como fue remitido desde Los Pinos. La ley se propone dotar al Estado de un mecanismo de apropiación de los bienes utilizados para la comisión de delitos y/o de los frutos obtenidos en la práctica delincuencial, sin tener que pasar por el tortuoso procedimiento judicial vigente ahora en esa materia, en que no es extraño que los delincuentes mantengan y aun recuperen la propiedad de bienes malhabidos. Se han dado casos en que la autoridad ha sido obligada a indemnizar a esa clase de propietarios por el deterioro o menoscabo que padecen los bienes asegurados. La expropiación, en materia de inmuebles, tampoco ha sido una vía idónea, porque no se acredita la causa de utilidad pública requerida en ese procedimiento. Por esas causas se introdujo esta innovación jurídica, que ya está vigente en el Distrito Federal.
Si bien el dictamen sobre la iniciativa de Calderón incluyó modificaciones a 55 de los 70 artículos de que consta el proyecto, la objeción priista a que se adosó el PRD se concentraba en el riesgo de que la aplicación mecánica de la extinción de dominio afectara a personas ajenas a la comisión del delito. Un ejemplo de los cambios introducidos al proyecto original consiste en que se penalizaba la pasividad de quien teniendo conocimiento de que sus bienes se utilizaban con fines ilícitos no lo comunicaba a la autoridad, y en el texto aprobado se pierde la propiedad del bien, se extingue el dominio, sólo si se prueba que el afectado prestó auxilio o cualquier forma de cooperación a los delincuentes. De ese modo se dio derecho de audiencia a los dueños de bienes involucrados en un delito, que deberán comparecer ante un juez dentro de los 10 días siguientes al aseguramiento de las propiedades de que se trate.
La extinción de dominio se convirtió en una pieza legislativa de difícil abordamiento, lo que a su vez dio lugar a un conflicto político. Germán Martínez, el líder nacional panista que escogió un tono áspero como eje de la campaña electoral de su partido (campaña que formalmente todavía no comienza pero ya enseñó sus alcances), acusó reiteradamente al PRI de entorpecer la emisión de la ley y llegó al extremo de incluir esa demora en una actitud general que dejaba al antaño partido oficial del lado del narcotráfico, en el falso dilema de estar con Calderón o con la delincuencia organizada.
La acusación panista disimuló el hecho de que la tardanza en estudiar y dictaminar la iniciativa de marras era, en rigor formal, atribuible al propio Partido Acción Nacional. La presidencia de la Comisión de Justicia en el Senado ha sido desde la LVI Legislatura, elegida en 1994, patrimonio del panismo, es decir, sus presidentes han pertenecido a la bancada blanquiazul. Ahora mismo encabeza dicha comisión Alejandro González Alcocer, que desde esa posición pudo haber acelerado el proceso respectivo y no lo hizo. Por fin, en marzo se emitió el dictamen correspondiente cuya presentación al pleno se demoró por una aparente confusión en que incurrió el propio González Alcocer, en lo que iba evidenciándose como una táctica dilatoria del PAN cuya factura se trasladaba al PRI, como si fuera el causante de la lentitud. La táctica llegó a su culminación el jueves pasado, cuando el presidente de la Mesa Directiva, Gustavo E. Madero, pretendió aplazar el abordamiento del dictamen. La tensión que han generado las reiteradas acusaciones de Germán Martínez y las desorganizadas respuestas que le han dado diversos voceros priistas estalló cuando el líder de la bancada tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, forzaron a Madero a incluir en el orden del día la discusión correspondiente. Aunque llegó a saberse que a última hora, para contribuir a la lentitud del proceso senatorial, la Secretaría de Gobernación pretendía que se rechazaran enmiendas de la oposición a la iniciativa, el dictamen fue aprobado por unanimidad.
La fracción priista estuvo desde siempre contra el proyecto tal como fue remitido desde Los Pinos. La ley se propone dotar al Estado de un mecanismo de apropiación de los bienes utilizados para la comisión de delitos y/o de los frutos obtenidos en la práctica delincuencial, sin tener que pasar por el tortuoso procedimiento judicial vigente ahora en esa materia, en que no es extraño que los delincuentes mantengan y aun recuperen la propiedad de bienes malhabidos. Se han dado casos en que la autoridad ha sido obligada a indemnizar a esa clase de propietarios por el deterioro o menoscabo que padecen los bienes asegurados. La expropiación, en materia de inmuebles, tampoco ha sido una vía idónea, porque no se acredita la causa de utilidad pública requerida en ese procedimiento. Por esas causas se introdujo esta innovación jurídica, que ya está vigente en el Distrito Federal.
Si bien el dictamen sobre la iniciativa de Calderón incluyó modificaciones a 55 de los 70 artículos de que consta el proyecto, la objeción priista a que se adosó el PRD se concentraba en el riesgo de que la aplicación mecánica de la extinción de dominio afectara a personas ajenas a la comisión del delito. Un ejemplo de los cambios introducidos al proyecto original consiste en que se penalizaba la pasividad de quien teniendo conocimiento de que sus bienes se utilizaban con fines ilícitos no lo comunicaba a la autoridad, y en el texto aprobado se pierde la propiedad del bien, se extingue el dominio, sólo si se prueba que el afectado prestó auxilio o cualquier forma de cooperación a los delincuentes. De ese modo se dio derecho de audiencia a los dueños de bienes involucrados en un delito, que deberán comparecer ante un juez dentro de los 10 días siguientes al aseguramiento de las propiedades de que se trate.
En la misma sesión los senadores se mostraron sometidos al poder de la banca. A esta altura del periodo de sesiones ordinarias puede decirse que la reforma a diversas leyes financieras quedó aplazada ad calendas graecas, es decir, para nunca. El Senado dijo hace meses estar dispuesto a frenar el abuso de las instituciones de intermediación financiera que no sólo cobran elevadas tasas de interés (especialmente en el crédito al consumo) sino que esquilman a su clientela mediante la aplicación de comisiones onerosas e injustificadas. En diciembre el primer intento se frustró pero, no obstante la oposición de los banqueros y las autoridades encargadas de vigilarlos, se intentó de nuevo poner coto al exceso. No pudieron.
Cajón de Sastre
Marcos Moshinsky nació en Kiev el 20 de abril de 1921. Sus padres emigraron a México en 1927 y a los 11 años Marcos se hizo mexicano. Se educó en escuelas públicas, incluida la naciente Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, en la que se graduó como físico en 1944. De inmediato sus horizontes se expandieron y pudo formarse como el investigador científico mexicano con mayor reconocimiento en el mundo. El doctor Mariano Bauer recuerda que Moshinsky era un impulsor del trabajo ajeno y buscaba la formación de grupos de investigación de excelencia, y que "su integridad intelectual se manifiesta más claramente en los casos en que existen fuertes diferencias de opinión con los involucrados, en terrenos ajenos a la ciencia. Porque Moshinsky no es hombre de ciencia encerrado en torre de marfil, ajeno a su ámbito y su tiempo".
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
Cajón de Sastre
Marcos Moshinsky nació en Kiev el 20 de abril de 1921. Sus padres emigraron a México en 1927 y a los 11 años Marcos se hizo mexicano. Se educó en escuelas públicas, incluida la naciente Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, en la que se graduó como físico en 1944. De inmediato sus horizontes se expandieron y pudo formarse como el investigador científico mexicano con mayor reconocimiento en el mundo. El doctor Mariano Bauer recuerda que Moshinsky era un impulsor del trabajo ajeno y buscaba la formación de grupos de investigación de excelencia, y que "su integridad intelectual se manifiesta más claramente en los casos en que existen fuertes diferencias de opinión con los involucrados, en terrenos ajenos a la ciencia. Porque Moshinsky no es hombre de ciencia encerrado en torre de marfil, ajeno a su ámbito y su tiempo".
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