Influenza y negligencia
Ejecentral.com.mx; 27/04/2009;
¿Por qué una noche, como de la nada, se nos anunció que había un brote de influenza y que se tenían que tomar medidas extraordinarias para evitar una epidemia? ¿Por qué en cuestión de horas se había desatado en el mundo una crisis de salud que puso todas las maquinarias de prevención y emergencias internacionales a funcionar? No hay lógica que explique esa dinámica. Pero algo fundamental que no se ha informado explica la aparente esquizofrenia: la ruta crítica del brote. La crisis no comenzó el jueves 23 de abril, cuando se dio a conocer oficialmente la existencia del brote y se dispusieron acciones radicales de emergencia, sino varias semanas antes. Las medidas preventivas que se tomaron fueron tímidas, cortas, y se puede plantear como hipótesis de trabajo que hubo negligencias, médicas o políticas, que impidieron atacar el problema a tiempo.
La alarma en el gobierno federal se dio el sábado 18 de abril, cuando el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que depende de la Secretaría de Salud federal, reconoció internamente que tenía un brote de neumonía atípica. Dos incidentes la detonaron. El primero fueron varios casos detectados en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, en Reforma, Oaxaca, de neumonía atípica. El segundo fue el reporte de un paciente muerto en el Hospital Balbuena, del Distrito Federal, presuntamente de la mortífera gripe aviar. La decisión del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, fue no sólo callar lo que estaba sucediendo, sino, como sucedió en la capital, ni siquiera tomar las medidas preventivas.
En el caso del gobierno del Distrito Federal, al paciente muerto siguió la infección del doctor que lo trató y que salvó su vida porque le inyectaron una medicina restringida por el gobierno federal en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INEAR). La decisión fue silenciar todo, pero el problema creció. Totalmente rebasado, el secretario de Salud del gobierno local, Armando Ahued, iba a dar a conocer que tenían un brote de influenza el jueves 23, pero el gobierno federal tomó la iniciativa porque la crisis ya había estallado en varias partes del país. El gabinete federal ya sabía de cinco mil casos de infección probable de influenza en varias entidades, 313 confirmados, y dotación de vacunas agotada, pero no había actuado con celeridad.
La primera llamada de atención fue el 30 de marzo, cuando ingresó a un hospital de Ottawa, la capital de Canadá, un paciente en coma que siete días antes había regresado de México. Su caso fue colocado en las alertas mundiales de los sistemas de prevención de enfermedades. Aunque en ese momento no se conectó el caso con un eventual brote de la enfermedad, en Veracruz ya se habían registrado acontecimientos dramáticos. Autoridades sanitarias locales reportaron un incremento de 15% de casos de neumonía y bronconeumonía, y el 6 de abril decretaron una emergencia sanitaria en La Gloria, una comunidad en Perote, Veracruz, donde más del 30% de sus tres mil habitantes tenían bronconeumonía. Desde ese momento, sin ninguna evidencia científica, los habitantes de La Gloria aseguraban que todo había comenzado por una contaminación en unas granjas cercanas, que habían contaminado el agua y los alimentos. Las autoridades locales establecieron un cordón sanitario alrededor de la comunidad, cuyos primeros casos se registraron el 10 de marzo.
Los sistemas de monitoreo y alerta transmitieron esa información. Uno de los recipientes fue el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta, que para mediados de abril estaba lidiando con siete casos de influencia porcina en California y Texas, con personas que recién habían regresado de México. En Newmarket, Ontario, a 45 kilómetros de Toronto, un paciente que recién había llegado de México, fue tratado en el Southlake Regional Health Center de enfermedades respiratorias, y su caso fue informado de inmediato al gobierno mexicano. En ese momento, el hospital “Aurelio Valdivieso” era el epicentro de la crisis que venía.
Para el 18 de abril ya habían muerto al menos dos pacientes y 16 trabajadores del hospital tenían problemas respiratorios, lo que había desatado el pánico en la institución. El IMSS entró rápidamente en apoyo y estableció una cuarentena, cerrando la sala de emergencias por 15 días para desinfectarla. La Secretaría de Salud no hizo nada hasta que el Centro Nacional de Prevención Epidemiológica decretó ese sábado la existencia de un brote de influenza. Tenían el recuento de víctimas en la zona metropolitana: dos muertos en el Hospital de la Secretaría de Salud, dos en el INEAR, y uno en el Hospital Ángeles, 120 casos de infectados. Además, el muerto en Balbuena.
Con los antecedentes, no fue sino semanas después de los primeros casos de neumonía atípica en La Gloria, Veracruz, y de la crisis sanitaria en el hospital “Aurelio Valdivieso”, cuando el gobierno federal entendió la magnitud de lo que tenía en las manos. Las autoridades en Veracruz y Oaxaca dieron alerta temprana de lo que sufrían, pero en la Secretaría de Salud no hubo respuesta. En el Distrito Federal, el brote les estalló en las manos y decidieron, probablemente por razones políticas, silenciarlo. De haber actuado con diligencia, ¿se habrían salvado más vidas? La respuesta es retórica. Lo que no debe faltar es el esclarecimiento de responsabilidades y una investigación federal y en el gobierno del Distrito Federal para determinar quiénes son los funcionarios que no actuaron con la competencia debida. En el brote de influenza, sí hay responsables por la respuesta tardía, y quienes provocaron que escalara la crisis, no pueden quedar impunes.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.ejecentral.com.mx
La alarma en el gobierno federal se dio el sábado 18 de abril, cuando el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que depende de la Secretaría de Salud federal, reconoció internamente que tenía un brote de neumonía atípica. Dos incidentes la detonaron. El primero fueron varios casos detectados en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, en Reforma, Oaxaca, de neumonía atípica. El segundo fue el reporte de un paciente muerto en el Hospital Balbuena, del Distrito Federal, presuntamente de la mortífera gripe aviar. La decisión del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, fue no sólo callar lo que estaba sucediendo, sino, como sucedió en la capital, ni siquiera tomar las medidas preventivas.
En el caso del gobierno del Distrito Federal, al paciente muerto siguió la infección del doctor que lo trató y que salvó su vida porque le inyectaron una medicina restringida por el gobierno federal en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INEAR). La decisión fue silenciar todo, pero el problema creció. Totalmente rebasado, el secretario de Salud del gobierno local, Armando Ahued, iba a dar a conocer que tenían un brote de influenza el jueves 23, pero el gobierno federal tomó la iniciativa porque la crisis ya había estallado en varias partes del país. El gabinete federal ya sabía de cinco mil casos de infección probable de influenza en varias entidades, 313 confirmados, y dotación de vacunas agotada, pero no había actuado con celeridad.
La primera llamada de atención fue el 30 de marzo, cuando ingresó a un hospital de Ottawa, la capital de Canadá, un paciente en coma que siete días antes había regresado de México. Su caso fue colocado en las alertas mundiales de los sistemas de prevención de enfermedades. Aunque en ese momento no se conectó el caso con un eventual brote de la enfermedad, en Veracruz ya se habían registrado acontecimientos dramáticos. Autoridades sanitarias locales reportaron un incremento de 15% de casos de neumonía y bronconeumonía, y el 6 de abril decretaron una emergencia sanitaria en La Gloria, una comunidad en Perote, Veracruz, donde más del 30% de sus tres mil habitantes tenían bronconeumonía. Desde ese momento, sin ninguna evidencia científica, los habitantes de La Gloria aseguraban que todo había comenzado por una contaminación en unas granjas cercanas, que habían contaminado el agua y los alimentos. Las autoridades locales establecieron un cordón sanitario alrededor de la comunidad, cuyos primeros casos se registraron el 10 de marzo.
Los sistemas de monitoreo y alerta transmitieron esa información. Uno de los recipientes fue el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta, que para mediados de abril estaba lidiando con siete casos de influencia porcina en California y Texas, con personas que recién habían regresado de México. En Newmarket, Ontario, a 45 kilómetros de Toronto, un paciente que recién había llegado de México, fue tratado en el Southlake Regional Health Center de enfermedades respiratorias, y su caso fue informado de inmediato al gobierno mexicano. En ese momento, el hospital “Aurelio Valdivieso” era el epicentro de la crisis que venía.
Para el 18 de abril ya habían muerto al menos dos pacientes y 16 trabajadores del hospital tenían problemas respiratorios, lo que había desatado el pánico en la institución. El IMSS entró rápidamente en apoyo y estableció una cuarentena, cerrando la sala de emergencias por 15 días para desinfectarla. La Secretaría de Salud no hizo nada hasta que el Centro Nacional de Prevención Epidemiológica decretó ese sábado la existencia de un brote de influenza. Tenían el recuento de víctimas en la zona metropolitana: dos muertos en el Hospital de la Secretaría de Salud, dos en el INEAR, y uno en el Hospital Ángeles, 120 casos de infectados. Además, el muerto en Balbuena.
Con los antecedentes, no fue sino semanas después de los primeros casos de neumonía atípica en La Gloria, Veracruz, y de la crisis sanitaria en el hospital “Aurelio Valdivieso”, cuando el gobierno federal entendió la magnitud de lo que tenía en las manos. Las autoridades en Veracruz y Oaxaca dieron alerta temprana de lo que sufrían, pero en la Secretaría de Salud no hubo respuesta. En el Distrito Federal, el brote les estalló en las manos y decidieron, probablemente por razones políticas, silenciarlo. De haber actuado con diligencia, ¿se habrían salvado más vidas? La respuesta es retórica. Lo que no debe faltar es el esclarecimiento de responsabilidades y una investigación federal y en el gobierno del Distrito Federal para determinar quiénes son los funcionarios que no actuaron con la competencia debida. En el brote de influenza, sí hay responsables por la respuesta tardía, y quienes provocaron que escalara la crisis, no pueden quedar impunes.
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