La justicia empantanada/ Emilio Rabasa Gamboa
Publicada en El Universal, 11 de junio de 2009
Publicada en El Universal, 11 de junio de 2009
México, país de máxima legislación y mínima observancia de la ley. Tiempos eternos dedicados al proceso legislativo, pero una vez aprobada una reforma, no damos el paso siguiente que es aplicarla para transformar una realidad que fue lo que motivó todo el trabajo legislativo. Mucho ruido y pocas nueces, diría Shakespeare. Tanto esfuerzo ¡para nada!
Así pasó con la reforma indígena. Debatida durante todo el sexenio del presidente Zedillo, finalmente aprobada en el de Fox, es letra constitucional muerta sin siquiera legislación secundaria.
Así está pasando con la reforma sobre el sistema procesal penal acusatorio, cuyo decreto promulgatorio firmó el presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional, el 17 de junio de 2008. A casi un año de distancia, nada de lo dispuesto sobre los juicios orales por el Poder Constituyente Permanente se ha cumplido.
No se cuenta con la legislación secundaria que indica el transitorio segundo del decreto. No se ha integrado la instancia de coordinación compuesta por los representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, en adición a otras instancias gubernamentales para que, con una secretaría técnica, se apoyara a las autoridades federales y locales en la implementación de la reforma, como se ordenó se integraría en dos meses, en el transitorio noveno.
El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal no han destinado los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, como se señaló en el transitorio octavo.
Así pasó con la reforma indígena. Debatida durante todo el sexenio del presidente Zedillo, finalmente aprobada en el de Fox, es letra constitucional muerta sin siquiera legislación secundaria.
Así está pasando con la reforma sobre el sistema procesal penal acusatorio, cuyo decreto promulgatorio firmó el presidente Felipe Calderón, en Palacio Nacional, el 17 de junio de 2008. A casi un año de distancia, nada de lo dispuesto sobre los juicios orales por el Poder Constituyente Permanente se ha cumplido.
No se cuenta con la legislación secundaria que indica el transitorio segundo del decreto. No se ha integrado la instancia de coordinación compuesta por los representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, en adición a otras instancias gubernamentales para que, con una secretaría técnica, se apoyara a las autoridades federales y locales en la implementación de la reforma, como se ordenó se integraría en dos meses, en el transitorio noveno.
El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal no han destinado los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, como se señaló en el transitorio octavo.
Sólo se ha nombrado por parte de la Secretaría de Gobernación (sin que el decreto le haya dado facultades expresas para hacerlo), como secretario técnico, al licenciado Felipe Borrego, abogado con experiencia en el campo jurisdiccional y quien se ha rodeado de juristas jóvenes e inteligentes como Carlos Natarem Nandayapa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Rafael Estrada, de la Escuela Libre de Derecho, pero sin los medios y recursos para impulsar la reforma.
El Poder Judicial en un año tan sólo creó 20 jueces de control, pero el Consejo de la Judicatura Federal no cuenta con un plan para cambiar el sistema inquisitivo-escrito que todavía siguen aplicando los más de 500 juzgados que administra, por el sistema acusatorio-oral, con todo lo que eso implica en capacitación del personal judicial, así como la adecuación física de las salas.
Tampoco se advierte mucha actividad reformatoria en los cuerpos policiales y ministerios públicos para su necesario ajuste al modelo oral.
Salvo contadas excepciones como Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Oaxaca y Morelos, la reforma no avanza en las entidades federativas.
Somos un país que legisla para que nada se cumpla una vez legislado. La reforma sobre la oralidad no camina. Pesan más los intereses del viejo, anacrónico y corrupto sistema escrito; por eso la justicia en México, está, una vez más, empantanada.
Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM
El Poder Judicial en un año tan sólo creó 20 jueces de control, pero el Consejo de la Judicatura Federal no cuenta con un plan para cambiar el sistema inquisitivo-escrito que todavía siguen aplicando los más de 500 juzgados que administra, por el sistema acusatorio-oral, con todo lo que eso implica en capacitación del personal judicial, así como la adecuación física de las salas.
Tampoco se advierte mucha actividad reformatoria en los cuerpos policiales y ministerios públicos para su necesario ajuste al modelo oral.
Salvo contadas excepciones como Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Oaxaca y Morelos, la reforma no avanza en las entidades federativas.
Somos un país que legisla para que nada se cumpla una vez legislado. La reforma sobre la oralidad no camina. Pesan más los intereses del viejo, anacrónico y corrupto sistema escrito; por eso la justicia en México, está, una vez más, empantanada.
Profesor investigador del Tec de Monterrey, CCM
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