Revista Proceso # 1703, 21 de junio de 2009;
Informe oficial: los responsables de la tragedia
DANIEL LIZáRRAGA
A través del IFAI, Proceso obtuvo un informe enviado a Los Pinos por Joel Ortega una semana después de la tragedia de la discoteca New’s Divine. En el documento, que Presidencia pretendía mantener “reservado” hasta 2021, el entonces jefe de la policía capitalina señala 19 errores cometidos el 20 de junio de 2008 y reparte culpas entre altos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal. Hasta Marcelo Ebrard resulta salpicado, pues estaba obligado a evaluar el desempeño de los mandos únicos operativos integrantes del Sistema de Coordinación Policial…
Once días antes de ser destituido como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega envió al presidente Felipe Calderón un informe oficial en el que cuestionó el fallido operativo en la discoteca New’s Divine –el cual costó la vida a nueve jóvenes y tres policías–, y dejó ver que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sí tuvo responsabilidad en estos hechos, pues entre sus obligaciones estaba la de evaluar periódicamente a los mandos policiacos cuya ineficacia provocó la tragedia.
En un expediente de más de 100 páginas con 11 apartados, el entonces funcionario capitalino presentó a Ebrard como el principal responsable del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal, quien desarrollaría una novedosa estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada.
No obstante, Joel Ortega reconoció que los uniformados enviados al New’s Divine no tenían la capacitación ni la preparación para controlar multitudes y reaccionar ante situaciones de riesgo.
El titular de la SSP incluyó en este expediente el Plan de Operación Policial Conjunta, por medio del cual también quedó al descubierto que dos altos mandos del gobierno capitalino en ese momento, Julio César Sánchez Amaya, director general de Policía Sectorial, y Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública, autorizaron el operativo pese a que acusaba graves deficiencias.
Las firmas de los dos funcionarios aparecieron en ese plan, pero ambos siguen eximidos de responsabilidad.
El informe fue recibido en Los Pinos el 27 de junio del 2008. Durante los siguientes 10 meses estuvo en calidad de “reservado” –se pretendía que el documento permaneciera en esa condición por 12 años, hasta 2021– en la secretaría particular, a cargo de Luis Felipe Bravo Mena.
No obstante, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desestimaron los argumentos para mantener la reserva y desclasificaron el documento, entre otras razones porque partes sustanciales del informe no están relacionadas con las averiguaciones previas.
A propuesta del comisionado Juan Pablo Guerrero, el IFAI ordenó a la Presidencia abrir ese expediente y entregar a Proceso una versión pública donde se omitieran las fotografías de los menores de edad, los nombres de los jóvenes muertos y cualquier otro dato que pudiera poner al descubierto información clave sobre las bandas delincuenciales. El resto del expediente ahora es público.
Reportes previos
En los informes oficiales preliminares al operativo –apartado desclasificado por completo– consta que la SSP, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol) sabían que el New’s Divine estaba repleto de jóvenes menores de edad a quienes se les vendían alcohol y drogas:
–Una de las demandas ciudadanas captada en las reuniones de seguridad pública vecinal en la Coordinación GAM 5 Pradera fue el funcionamiento de la discoteca New Divaine (sic), ubicada en Avenida Eduardo Molina 186, colonia Nueva Atzacualco (sic), en donde todos los viernes ingresan menores de edad, en su mayoría estudiantes de escuelas secundarias y de media superior de la zona, en donde se les venden bebidas alcohólicas y estupefacientes en forma desmedida.
–En el exterior de dicho inmueble se reúnen un grupo de aproximadamente entre 50 y 60 sujetos que obstruyen el paso peatonal pidiendo dinero a las personas que transitan en el lugar, molestando morbosamente a las femeninas. Se tiene conocimiento que el horario de operación de este local es de las 18:00 a las 22:00 horas, situación que no se respeta ya que, usualmente, permanecen en cantidad menor molestando con el ruido de las bocinas de sus vehículos e ingiriendo bebidas embriagantes.
–Dentro de la incidencia delictiva que se tiene registrada en el sistema de información policial esa zona es de riesgo en el rubro de robo a transeúnte y de vehículo con violencia.
En contraste con este tipo de datos, en el archivo desclasificado por el IFAI no hay órdenes específicas para poner a salvo a los jóvenes. La instrucción dada a los uniformados escogidos para el operativo sólo fue de “respetar y proteger los derechos humanos”.
Según el informe elaborado por Joel Ortega, eso jamás sucedió. Las investigaciones posteriores hechas por la procuraduría capitalina revelaron que los muchachos fueron vejados al tomárseles fotografías como responsables de delitos sobre los que no hubo pruebas; luego les marcaron las manos, supuestamente para identificarlos, y finalmente hubo testimonios en el sentido de que fueron golpeados.
Apenas un mes antes de la tragedia, el 21 de mayo de ese 2008, las autoridades capitalinas anunciaron en la Gaceta Oficial la creación del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal.
Se trataba de una nueva forma de enfrentar a la delincuencia, “indispensable” para generar un sistema de “acciones coordinadas entre los cuerpos policiales” en las diferentes zonas de la capital, debido a que la seguridad pública –justificaron– es una de las demandas más frecuentes de los habitantes de la Ciudad de México.
En el artículo 2 de este acuerdo se enlista a los funcionarios que integraron el Sistema de Coordinación Policial, por orden de importancia: jefe de Gobierno del Distrito Federal, como presidente; secretario de Seguridad Pública; procurador general de Justicia; subsecretario de Seguridad Pública; subsecretario de Desarrollo Institucional; jefe general de la Policía Judicial; director general de Estado Mayor de la Policía Judicial, y secretario técnico del Gabinete de Gobierno y Seguridad.
También se describió la responsabilidad de Marcelo Ebrard:
Artículo 8.- El Jefe de Gobierno evaluará periódicamente el desempeño de los Mandos Únicos Operativos de las Coordinaciones Territoriales que formen parte del Sistema de Coordinación Policial, para que se proceda en términos de la legislación aplicable.
Entre las prioridades de este nuevo organismo destacan las de analizar, planificar y evaluar las acciones tendientes a erradicar las actividades ilícitas.
El 20 de junio de 2008 estos planes se vinieron abajo estrepitosamente cuando nueve mujeres y hombres menores de edad murieron por asfixia, aplastados por una multitud desbocada que buscaba salir de la discoteca, lo mismo que tres policías.
Los errores
El expediente oficial elaborado por Joel Ortega consta de 11 partes: Informe de hechos sobre la discoteca Club New’s Divine, Anexo Jurídico, Orden General de Operaciones, Parte de Novedades, Denuncias Ciudadanas, Informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa del DF sobre los hechos de la Discoteca New’s Divine, Informe a la Comisión de Derechos Humanos del DF, Anexo Fotográfico, Giros Negros en la Delegación Gustavo A. Madero, Anexo videos SSP y Anexo videos GAM.
En la parte superior derecha de cada hoja se le colocaron sellos de “reservado” o “confidencial”. Este tipo de leyendas aparecieron con mayor frecuencia en el Informe sobre los Hechos de la Discoteca Club New’s Divine y en la Orden General de Operaciones.
De los datos anotados en esta última se desprende que las autoridades sabían que ese bar estaba repleto de menores de edad y que tenían la certeza de que ahí se vendía alcohol y drogas de manera indiscriminada:
Derivado de las demandas ciudadanas captadas en reuniones de seguridad vecinal GAM Pradera, se determinó que (en) el funcionamiento de la discoteca New’s Divine se permitía el ingreso de menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes por los mismos, por lo que era necesario realizar la verificación administrativa en este lugar.
En ese mismo apartado, Joel Ortega exhibió que, a contrapelo de lo que el gobierno capitalino pretendía con su nueva forma de combatir a la delincuencia organizada, al momento de enfrentarse a la realidad dentro de la discoteca New’s Divine no hubo “ni acciones coordinadas entre los cuerpos policiacos” ni tampoco “mejoraron las formas de acción conjunta”, tal y como se anunció en la Gaceta Oficial.
En la subdivisión titulada “19 errores durante la Verificación Administrativa”, Joel Ortega señaló que los mandos medios de la policía y, sobre todo, los encargados del operativo, no debieron perder el control del acceso principal de la discoteca en ningún momento.
Según la explicación ofrecida por Ortega al presidente, el responsable del operativo, Guillermo Zayas González, entonces director ejecutivo regional VI, debió valorar con suficiente tiempo su estado de fuerza, las condiciones del lugar, el tipo de asistentes y todas aquellas circunstancias que, al pasarlas por alto, desembocaron en esa tragedia:
El estado de fuerza policial generalmente para controlar multitudes debe ser de 2 a 1 y en el presente caso fue lo contrario, aunado al hecho de que los elementos policiales convocados al operativo eran sectoriales y de UPC, los cuales no están debidamente capacitados para la contención de multitudes.
En la presentación del organismo y la descripción de sus alcances en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se ofreció que se analizaría y se planificaría de mejor manera la erradicación de actividades ilícitas.
Pero la tragedia del New’s Divine, apenas un mes más tarde, exhibió sus deficiencias. Joel Ortega describió así la falta de preparación:
De conformidad con declaraciones y una videograbación, se infiere que varios mandos y elementos de esta corporación abandonaron el lugar por miedo y por falta de control de mando, dejando a su suerte a un reducido número de elementos que realizaron labores de auxilio a los lesionados.
La misión encomendada fue que, a partir de las 17 horas del viernes 20 de junio del 2008, se pusiera en marcha un Plan de Operación Policial Conjunta dentro y en el entorno de la discoteca New’s Divine para asegurar a los presuntos responsables que permiten la venta y distribución de bebidas alcohólicas y drogas.
En la Orden General de Operaciones “Giros Negros en la Delegación Gustavo A. Madero” se precisó que al mando del operativo en el New’s Divine iría el jefe de zona de la Unipol, Guillermo Zayas, quien posteriormente resultó encarcelado y actualmente se encuentra en libertad gracias a un amparo obtenido el 27 de junio de 2008.
En el informe elaborado por Joel Ortega se reveló que Zayas no fue el único responsable del fallido operativo. Al final de ese documento aparecieron también las firmas de Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, y de Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública.
El 25 de junio, Francisco Chiguil, delegado de la Gustavo A. Madero, solicitó licencia para separarse del cargo. El dueño de la discoteca, Alfredo Maya, fue encarcelado acusado de corrupción de menores.
Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitiera un informe en el que condenó el operativo en la discoteca, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anunció el 8 de julio las renuncias de Rodolfo Félix Cárdenas, entonces procurador local, y del propio jefe de la SSP, Joel Ortega.
Esas dimisiones no bastaron. Varios diarios y algunos programas radiofónicos aseguraban que otros funcionarios habían participado en el diseño del operativo. Periódicos como La Crónica y Reforma, basados en fuentes anónimas, señalaron a Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, y a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública.
En respuesta, el todavía procurador Rodolfo Félix Cárdenas exoneró a Luis Rosales en una rueda de prensa mediante una grabación en la que el subsecretario de Seguridad Pública –identificado con la clave Apolo– ordenó a Guillermo Zayas, su subalterno, que no trasladara a más menores de edad ante el Ministerio Público:
“A ver, este…Thor (clave usada por Zayas), no es necesario que te jales a todos. Si no tenemos los recursos, si no llegaron los camiones, hasta donde alcance y los demás revísenlos”. Según el procurador capitalino, esta indicación fue ignorada por Zayas.
El 9 de julio, el propio Ebrard separó a Rosales Gamboa de su cargo como subsecretario de Seguridad Pública, sin ofrecer detalles de su decisión. La participación de Rosales en el diseño del malogrado operativo quedó en una versión periodística sin pruebas.
Lejos de verse involucrado en las investigaciones sobre el New’s Divine, Rosales Gamboa fue nombrado jefe del estado Mayor de la SSP el 15 de agosto. A su cargo quedó la Dirección de Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia.
La suerte de Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, fue diferente. Pese a haber firmado el documento en el cual se respaldaba la puesta en marcha del operativo en la discoteca, continuó en el mismo puesto hasta que una circunstancia completamente diferente lo obligó a despachar desde otro sitio.
El 4 de septiembre de 2008, las autoridades federales y locales comprobaron que Sánchez Amaya, conocido como El Jefe Pegaso, había sido el blanco del atentado con una bomba que estalló en las inmediaciones de la SSP el 15 de febrero anterior, ordenado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Al director general de la Policía Sectorial se le asignaron otras tareas de investigación dentro de la propia SSP en las que no estuviera expuesto a la delincuencia organizada.
Las firmas de Rosales Gamboa y de Sánchez Amaya aparecen al final de la Orden General de Operaciones “Giros Negros de la Delegación Gustavo A. Madero”. Este apartado cuenta con ocho hojas desclasificadas por el IFAI.
Abajo a la izquierda dice: “Confidencial”. En la última página de ese apartado se precisa: Elaboró. Director Ejecutivo Regional VI, Guillermo Zayas González; Revisó. Director General de Policía Sectorial, Julio César Sánchez Amaya. Autorizó. Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa.
El diseño del operativo para la discoteca fue criticado duramente por Joel Ortega en el expediente enviado al presidente Felipe Calderón:
–Los policías ocuparon espacios inapropiados para un desalojo (se ubicaron a los costados del pasillo de salida y, en otro momento, frente a las puertas de salida).
–Dentro y fuera del inmueble muchos menores fueron vejados e incluso golpeados durante el desarrollo de los hechos en el pasillo de salida y tiene como consecuencia el pánico, las lesiones y la pérdida de vidas.
–Ningún mando instruyó que se permitiera la salida de los jóvenes, sino que se sostuvo el bloqueo de la puerta de salida y entrada provocando un aglutinamiento interior que produjo muertes y las lesiones.
Y acusó:
–En el momento de mayor crisis de las personas afectadas se nota una ausencia o abandono de las policías del lugar de los hechos.
–De los hechos se observa que existen indicaciones contradictorias. Por un lado, del interior al exterior la instrucción de desalojar el lugar y, por otro, del exterior la instrucción de contener para impedir la salida, lo que genera caos y el aprisionamiento en el pasillo de salida y tiene como consecuencia el pánico, las lesiones y la pérdida de vidas.
Informe oficial: los responsables de la tragedia
DANIEL LIZáRRAGA
A través del IFAI, Proceso obtuvo un informe enviado a Los Pinos por Joel Ortega una semana después de la tragedia de la discoteca New’s Divine. En el documento, que Presidencia pretendía mantener “reservado” hasta 2021, el entonces jefe de la policía capitalina señala 19 errores cometidos el 20 de junio de 2008 y reparte culpas entre altos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal. Hasta Marcelo Ebrard resulta salpicado, pues estaba obligado a evaluar el desempeño de los mandos únicos operativos integrantes del Sistema de Coordinación Policial…
Once días antes de ser destituido como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega envió al presidente Felipe Calderón un informe oficial en el que cuestionó el fallido operativo en la discoteca New’s Divine –el cual costó la vida a nueve jóvenes y tres policías–, y dejó ver que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sí tuvo responsabilidad en estos hechos, pues entre sus obligaciones estaba la de evaluar periódicamente a los mandos policiacos cuya ineficacia provocó la tragedia.
En un expediente de más de 100 páginas con 11 apartados, el entonces funcionario capitalino presentó a Ebrard como el principal responsable del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal, quien desarrollaría una novedosa estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada.
No obstante, Joel Ortega reconoció que los uniformados enviados al New’s Divine no tenían la capacitación ni la preparación para controlar multitudes y reaccionar ante situaciones de riesgo.
El titular de la SSP incluyó en este expediente el Plan de Operación Policial Conjunta, por medio del cual también quedó al descubierto que dos altos mandos del gobierno capitalino en ese momento, Julio César Sánchez Amaya, director general de Policía Sectorial, y Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública, autorizaron el operativo pese a que acusaba graves deficiencias.
Las firmas de los dos funcionarios aparecieron en ese plan, pero ambos siguen eximidos de responsabilidad.
El informe fue recibido en Los Pinos el 27 de junio del 2008. Durante los siguientes 10 meses estuvo en calidad de “reservado” –se pretendía que el documento permaneciera en esa condición por 12 años, hasta 2021– en la secretaría particular, a cargo de Luis Felipe Bravo Mena.
No obstante, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desestimaron los argumentos para mantener la reserva y desclasificaron el documento, entre otras razones porque partes sustanciales del informe no están relacionadas con las averiguaciones previas.
A propuesta del comisionado Juan Pablo Guerrero, el IFAI ordenó a la Presidencia abrir ese expediente y entregar a Proceso una versión pública donde se omitieran las fotografías de los menores de edad, los nombres de los jóvenes muertos y cualquier otro dato que pudiera poner al descubierto información clave sobre las bandas delincuenciales. El resto del expediente ahora es público.
Reportes previos
En los informes oficiales preliminares al operativo –apartado desclasificado por completo– consta que la SSP, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol) sabían que el New’s Divine estaba repleto de jóvenes menores de edad a quienes se les vendían alcohol y drogas:
–Una de las demandas ciudadanas captada en las reuniones de seguridad pública vecinal en la Coordinación GAM 5 Pradera fue el funcionamiento de la discoteca New Divaine (sic), ubicada en Avenida Eduardo Molina 186, colonia Nueva Atzacualco (sic), en donde todos los viernes ingresan menores de edad, en su mayoría estudiantes de escuelas secundarias y de media superior de la zona, en donde se les venden bebidas alcohólicas y estupefacientes en forma desmedida.
–En el exterior de dicho inmueble se reúnen un grupo de aproximadamente entre 50 y 60 sujetos que obstruyen el paso peatonal pidiendo dinero a las personas que transitan en el lugar, molestando morbosamente a las femeninas. Se tiene conocimiento que el horario de operación de este local es de las 18:00 a las 22:00 horas, situación que no se respeta ya que, usualmente, permanecen en cantidad menor molestando con el ruido de las bocinas de sus vehículos e ingiriendo bebidas embriagantes.
–Dentro de la incidencia delictiva que se tiene registrada en el sistema de información policial esa zona es de riesgo en el rubro de robo a transeúnte y de vehículo con violencia.
En contraste con este tipo de datos, en el archivo desclasificado por el IFAI no hay órdenes específicas para poner a salvo a los jóvenes. La instrucción dada a los uniformados escogidos para el operativo sólo fue de “respetar y proteger los derechos humanos”.
Según el informe elaborado por Joel Ortega, eso jamás sucedió. Las investigaciones posteriores hechas por la procuraduría capitalina revelaron que los muchachos fueron vejados al tomárseles fotografías como responsables de delitos sobre los que no hubo pruebas; luego les marcaron las manos, supuestamente para identificarlos, y finalmente hubo testimonios en el sentido de que fueron golpeados.
Apenas un mes antes de la tragedia, el 21 de mayo de ese 2008, las autoridades capitalinas anunciaron en la Gaceta Oficial la creación del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal.
Se trataba de una nueva forma de enfrentar a la delincuencia, “indispensable” para generar un sistema de “acciones coordinadas entre los cuerpos policiales” en las diferentes zonas de la capital, debido a que la seguridad pública –justificaron– es una de las demandas más frecuentes de los habitantes de la Ciudad de México.
En el artículo 2 de este acuerdo se enlista a los funcionarios que integraron el Sistema de Coordinación Policial, por orden de importancia: jefe de Gobierno del Distrito Federal, como presidente; secretario de Seguridad Pública; procurador general de Justicia; subsecretario de Seguridad Pública; subsecretario de Desarrollo Institucional; jefe general de la Policía Judicial; director general de Estado Mayor de la Policía Judicial, y secretario técnico del Gabinete de Gobierno y Seguridad.
También se describió la responsabilidad de Marcelo Ebrard:
Artículo 8.- El Jefe de Gobierno evaluará periódicamente el desempeño de los Mandos Únicos Operativos de las Coordinaciones Territoriales que formen parte del Sistema de Coordinación Policial, para que se proceda en términos de la legislación aplicable.
Entre las prioridades de este nuevo organismo destacan las de analizar, planificar y evaluar las acciones tendientes a erradicar las actividades ilícitas.
El 20 de junio de 2008 estos planes se vinieron abajo estrepitosamente cuando nueve mujeres y hombres menores de edad murieron por asfixia, aplastados por una multitud desbocada que buscaba salir de la discoteca, lo mismo que tres policías.
Los errores
El expediente oficial elaborado por Joel Ortega consta de 11 partes: Informe de hechos sobre la discoteca Club New’s Divine, Anexo Jurídico, Orden General de Operaciones, Parte de Novedades, Denuncias Ciudadanas, Informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa del DF sobre los hechos de la Discoteca New’s Divine, Informe a la Comisión de Derechos Humanos del DF, Anexo Fotográfico, Giros Negros en la Delegación Gustavo A. Madero, Anexo videos SSP y Anexo videos GAM.
En la parte superior derecha de cada hoja se le colocaron sellos de “reservado” o “confidencial”. Este tipo de leyendas aparecieron con mayor frecuencia en el Informe sobre los Hechos de la Discoteca Club New’s Divine y en la Orden General de Operaciones.
De los datos anotados en esta última se desprende que las autoridades sabían que ese bar estaba repleto de menores de edad y que tenían la certeza de que ahí se vendía alcohol y drogas de manera indiscriminada:
Derivado de las demandas ciudadanas captadas en reuniones de seguridad vecinal GAM Pradera, se determinó que (en) el funcionamiento de la discoteca New’s Divine se permitía el ingreso de menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes por los mismos, por lo que era necesario realizar la verificación administrativa en este lugar.
En ese mismo apartado, Joel Ortega exhibió que, a contrapelo de lo que el gobierno capitalino pretendía con su nueva forma de combatir a la delincuencia organizada, al momento de enfrentarse a la realidad dentro de la discoteca New’s Divine no hubo “ni acciones coordinadas entre los cuerpos policiacos” ni tampoco “mejoraron las formas de acción conjunta”, tal y como se anunció en la Gaceta Oficial.
En la subdivisión titulada “19 errores durante la Verificación Administrativa”, Joel Ortega señaló que los mandos medios de la policía y, sobre todo, los encargados del operativo, no debieron perder el control del acceso principal de la discoteca en ningún momento.
Según la explicación ofrecida por Ortega al presidente, el responsable del operativo, Guillermo Zayas González, entonces director ejecutivo regional VI, debió valorar con suficiente tiempo su estado de fuerza, las condiciones del lugar, el tipo de asistentes y todas aquellas circunstancias que, al pasarlas por alto, desembocaron en esa tragedia:
El estado de fuerza policial generalmente para controlar multitudes debe ser de 2 a 1 y en el presente caso fue lo contrario, aunado al hecho de que los elementos policiales convocados al operativo eran sectoriales y de UPC, los cuales no están debidamente capacitados para la contención de multitudes.
En la presentación del organismo y la descripción de sus alcances en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se ofreció que se analizaría y se planificaría de mejor manera la erradicación de actividades ilícitas.
Pero la tragedia del New’s Divine, apenas un mes más tarde, exhibió sus deficiencias. Joel Ortega describió así la falta de preparación:
De conformidad con declaraciones y una videograbación, se infiere que varios mandos y elementos de esta corporación abandonaron el lugar por miedo y por falta de control de mando, dejando a su suerte a un reducido número de elementos que realizaron labores de auxilio a los lesionados.
La misión encomendada fue que, a partir de las 17 horas del viernes 20 de junio del 2008, se pusiera en marcha un Plan de Operación Policial Conjunta dentro y en el entorno de la discoteca New’s Divine para asegurar a los presuntos responsables que permiten la venta y distribución de bebidas alcohólicas y drogas.
En la Orden General de Operaciones “Giros Negros en la Delegación Gustavo A. Madero” se precisó que al mando del operativo en el New’s Divine iría el jefe de zona de la Unipol, Guillermo Zayas, quien posteriormente resultó encarcelado y actualmente se encuentra en libertad gracias a un amparo obtenido el 27 de junio de 2008.
En el informe elaborado por Joel Ortega se reveló que Zayas no fue el único responsable del fallido operativo. Al final de ese documento aparecieron también las firmas de Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, y de Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública.
El 25 de junio, Francisco Chiguil, delegado de la Gustavo A. Madero, solicitó licencia para separarse del cargo. El dueño de la discoteca, Alfredo Maya, fue encarcelado acusado de corrupción de menores.
Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitiera un informe en el que condenó el operativo en la discoteca, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anunció el 8 de julio las renuncias de Rodolfo Félix Cárdenas, entonces procurador local, y del propio jefe de la SSP, Joel Ortega.
Esas dimisiones no bastaron. Varios diarios y algunos programas radiofónicos aseguraban que otros funcionarios habían participado en el diseño del operativo. Periódicos como La Crónica y Reforma, basados en fuentes anónimas, señalaron a Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, y a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública.
En respuesta, el todavía procurador Rodolfo Félix Cárdenas exoneró a Luis Rosales en una rueda de prensa mediante una grabación en la que el subsecretario de Seguridad Pública –identificado con la clave Apolo– ordenó a Guillermo Zayas, su subalterno, que no trasladara a más menores de edad ante el Ministerio Público:
“A ver, este…Thor (clave usada por Zayas), no es necesario que te jales a todos. Si no tenemos los recursos, si no llegaron los camiones, hasta donde alcance y los demás revísenlos”. Según el procurador capitalino, esta indicación fue ignorada por Zayas.
El 9 de julio, el propio Ebrard separó a Rosales Gamboa de su cargo como subsecretario de Seguridad Pública, sin ofrecer detalles de su decisión. La participación de Rosales en el diseño del malogrado operativo quedó en una versión periodística sin pruebas.
Lejos de verse involucrado en las investigaciones sobre el New’s Divine, Rosales Gamboa fue nombrado jefe del estado Mayor de la SSP el 15 de agosto. A su cargo quedó la Dirección de Asuntos Internos y el Consejo de Honor y Justicia.
La suerte de Julio César Sánchez Amaya, entonces director general de la Policía Sectorial, fue diferente. Pese a haber firmado el documento en el cual se respaldaba la puesta en marcha del operativo en la discoteca, continuó en el mismo puesto hasta que una circunstancia completamente diferente lo obligó a despachar desde otro sitio.
El 4 de septiembre de 2008, las autoridades federales y locales comprobaron que Sánchez Amaya, conocido como El Jefe Pegaso, había sido el blanco del atentado con una bomba que estalló en las inmediaciones de la SSP el 15 de febrero anterior, ordenado por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Al director general de la Policía Sectorial se le asignaron otras tareas de investigación dentro de la propia SSP en las que no estuviera expuesto a la delincuencia organizada.
Las firmas de Rosales Gamboa y de Sánchez Amaya aparecen al final de la Orden General de Operaciones “Giros Negros de la Delegación Gustavo A. Madero”. Este apartado cuenta con ocho hojas desclasificadas por el IFAI.
Abajo a la izquierda dice: “Confidencial”. En la última página de ese apartado se precisa: Elaboró. Director Ejecutivo Regional VI, Guillermo Zayas González; Revisó. Director General de Policía Sectorial, Julio César Sánchez Amaya. Autorizó. Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa.
El diseño del operativo para la discoteca fue criticado duramente por Joel Ortega en el expediente enviado al presidente Felipe Calderón:
–Los policías ocuparon espacios inapropiados para un desalojo (se ubicaron a los costados del pasillo de salida y, en otro momento, frente a las puertas de salida).
–Dentro y fuera del inmueble muchos menores fueron vejados e incluso golpeados durante el desarrollo de los hechos en el pasillo de salida y tiene como consecuencia el pánico, las lesiones y la pérdida de vidas.
–Ningún mando instruyó que se permitiera la salida de los jóvenes, sino que se sostuvo el bloqueo de la puerta de salida y entrada provocando un aglutinamiento interior que produjo muertes y las lesiones.
Y acusó:
–En el momento de mayor crisis de las personas afectadas se nota una ausencia o abandono de las policías del lugar de los hechos.
–De los hechos se observa que existen indicaciones contradictorias. Por un lado, del interior al exterior la instrucción de desalojar el lugar y, por otro, del exterior la instrucción de contener para impedir la salida, lo que genera caos y el aprisionamiento en el pasillo de salida y tiene como consecuencia el pánico, las lesiones y la pérdida de vidas.
***
El trauma
GLORIA LETICIA DíAZ
Resquebrajamiento del tejido social, rencor apenas contenido de los jóvenes hacia la policía capitalina y de los uniformados hacia ellos, criminalización de la juventud y un reclamo permanente de justicia es lo que prevalece entre habitantes de colonias aledañas a la discoteca New’s Divine, escenario del fallido operativo del 20 de junio de 2008 en el que murieron nueve jóvenes y tres policías.
Un año después de los acontecimientos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, así como representantes de organizaciones civiles como Cauce Ciudadano y Colectivo Marabunta, especializadas en la atención a adolescentes, consideran que el gobierno de Marcelo Ebrard dejó pasar el momento de transformar el sistema policiaco y dar los pasos necesarios para reconocerlos como sujetos de derecho.
Pese a ello el ombudsman capitalino y los representantes de los dos organismos civiles, Carlos Cruz y Miguel Barrera, reconocen los esfuerzos del gobierno de Ebrard para atender a las víctimas del New’s Divine. Lo mismo dice la responsable de aplicar el Plan Emergente de Atención a Víctimas y deudos, Martha Patricia Patiño.
Ella sostiene que a nivel nacional el gobierno de Ebrard Casaubon “sentó un precedente muy importante, si lo comparamos con otras experiencias lamentables. Sólo hay que preguntarle a las víctimas de San Salvador Atenco y de Oaxaca”.
En entrevista, la funcionaria apunta: “El Plan Emergente empezó a operar el 21 de junio de 2008, y desde ese momento el jefe de gobierno giró instrucciones para trabajar en la reparación de daños, en el aspecto médico y psicológico, y extendimos el trabajo a la comunidad, que también resultó muy lastimada por una acción policiaca que nunca debió haber existido”.
De acuerdo al último informe del Plan Emergente, el monto total ejercido, incluyendo indemnizaciones, fue de 28 millones 634 mil 684 pesos. En esta cifra se incluyen las contrataciones a instituciones especializadas de atención psicológica a 100 jóvenes, 48 familiares y ocho familias de deudos; atención médica a 42 jóvenes lesionados; un millón 650 mil pesos se destinó a apoyos educativos a cinco familias; se otorgaron 39 apoyos a madres de familia de jóvenes afectados por montos de entre 23 mil y 55 mil pesos. Así mismo, se entregaron 10 viviendas.
En cuanto a las acciones hacia la comunidad, el informe detalla la recuperación de 18 espacios públicos, así como la capacitación a 400 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes relevaron a los elementos de la Policía Auxiliar del Sector Pradera, donde se ubicaba la discoteca New’s Divine.
Cuestionada por las exigencias de justicia que con mayor énfasis se expresaron en la semana previa al primer aniversario de la tragedia, Patricia Patiño reconoce que para una familia lastimada “es difícil que entienda que la justicia no siempre va de la mano de la legalidad, y que el jefe de gobierno no puede actuar por encima de ella. Las familias quieren ver en la cárcel a (Guillermo) Zayas, pero ahí quien tiene que responder es el juez federal que le otorgó el amparo”.
Criminalización latente
En la fachada del local que alojó la New’s Divine, cruces de madera, flores frescas y cartulinas con textos muy elaborados, que responsabilizan al jefe de gobierno Marcelo Ebrard; exigen respuesta del juez Rafael Guerra que lleva el caso, y cárcel para Guillermo Zayas, quien llevaba el mando del operativo de la Unipol aquel 20 de junio.
El predio, expropiado por el gobierno capitalino en 2008 y sujeto a un litigio por los dueños, es vigilado permanentemente por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes sustituyeron a los elementos del Sector Pradera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que participaron en el despliegue policiaco encabezado por Zayas.
En esta colonia, la Nueva Atzacoalco, el gobierno de Ebrard Casaubon aplica un programa de policía de contacto con la población, como una respuesta a la recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHF).
Pero para adolescentes como Israel, vecino de la New’s Divine donde solía divertirse cada viernes, los esfuerzos del gobierno central se estrellan con una cotidianidad similar a la que antecedió al operativo policiaco, la criminalización de la juventud de los barrios pobres.
“Si son las 11 de la noche y vas caminando, los de la PBI hacen una revisión a los chavos, no lo hacen ni a las mujeres ni a los señores; hacen que saques tus pertenencias y te revisan. No son corruptos, no nos quitan nada, pero no se meten con Los Negros, la banda más gruesa y peligrosa de estos rumbos”, dice Israel.
El adolescente, quien perdió amigos en el operativo policiaco del 20 de junio de 2008, reconoce la recuperación de espacios públicos que ha hecho el gobierno del Distrito Federal, pero confiesa que la inseguridad y la desconfianza a los cuerpos policiacos sigue.
En el Sector Quiroga, cuyos agentes también estuvieron implicados en el trágico operativo, no hubo cambios en la estrategia policiaca, y esto lo resiente la población, descrita en voz de familias de sobrevivientes a la acción policiaca del 20 de junio.
Ángela Ham Calvillo, madre de Wendy Viridiana López, así como Francisco Javier Alfaro Duarte y su hijo Juan Carlos, coinciden en que al trato cotidiano de criminalización de los jóvenes por parte de las policías, se sumó el rencor hacia quienes estuvieron el 20 de junio en la New’s Divine.
Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano y Miguel Barrera, del Colectivo Marabunta, no ocultan su decepción al hacer la evaluación del primer aniversario de la tragedia del New’s Divine.
Carlos y Miguel, ambos expandilleros, recibieron amenazas de muerte que nunca fueron esclarecidas, a pesar de que en el caso de Miguel, hubo fotografías de policías que acosaron a jóvenes del Colectivo Marabunta por exigir justicia.
Una de las labores que encabezó Marabunta fue la contención social: “Fueron noches de llorar con la banda, porque los pesados querían vengar a los compitas que murieron en el Divine, pero dialogamos con ellos y contuvimos la bronca, pero el rencor sigue ahí guardado, porque no vieron cambios y en cualquier momento puede reventar”, cuenta Miguel.
Tanto él como Carlos esperaban que de los esfuerzos y riesgos que tomaron, el gobierno de Marcelo Ebrard reconociera los derechos de los jóvenes, e instrumentara cambios con perspectiva juvenil en la formación de los policías.
Para Carlos “la recomendación de la CDHDF fue asumida como un control de daños y no como una oportunidad de transformación sistémica sobre todo de las corporaciones policiacas. Mientras siga así, dice, puede ocurrir otra tragedia en cualquier parte de la ciudad, no sólo en la GAM”.
Lamenta, además, que entre las medidas que tomó la delegación política esté la de cerrar opciones de diversión para los jóvenes, lo que derivó en la apertura de locales clandestinos en esa demarcación ubicada al norte de la Ciudad de México y en los municipios conurbados de Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyolt, “donde no hay controles de ningún tipo”.
El ombudsman capitalino coincide con los activistas: “Sin minimizar la atención que el gobierno de Marcelo Ebrard dio a las víctimas, el New’s Divine rompió el tejido social, era el momentum para restructurar la policía”.
Por lo que atañe a la recomendación 11/2008, Álvarez Icaza considera que el gobierno capitalino cumplió con 18 de 34 puntos, pero no atendió los relativos a la justicia –“que es el eje central”–, resaltó la falta de una política pública y renovación de la policía con perspectiva juvenil.
Y concluye: “A un año del New’s Divine no se ha recompuesto la confianza ni el tejido social.”
GLORIA LETICIA DíAZ
Resquebrajamiento del tejido social, rencor apenas contenido de los jóvenes hacia la policía capitalina y de los uniformados hacia ellos, criminalización de la juventud y un reclamo permanente de justicia es lo que prevalece entre habitantes de colonias aledañas a la discoteca New’s Divine, escenario del fallido operativo del 20 de junio de 2008 en el que murieron nueve jóvenes y tres policías.
Un año después de los acontecimientos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, así como representantes de organizaciones civiles como Cauce Ciudadano y Colectivo Marabunta, especializadas en la atención a adolescentes, consideran que el gobierno de Marcelo Ebrard dejó pasar el momento de transformar el sistema policiaco y dar los pasos necesarios para reconocerlos como sujetos de derecho.
Pese a ello el ombudsman capitalino y los representantes de los dos organismos civiles, Carlos Cruz y Miguel Barrera, reconocen los esfuerzos del gobierno de Ebrard para atender a las víctimas del New’s Divine. Lo mismo dice la responsable de aplicar el Plan Emergente de Atención a Víctimas y deudos, Martha Patricia Patiño.
Ella sostiene que a nivel nacional el gobierno de Ebrard Casaubon “sentó un precedente muy importante, si lo comparamos con otras experiencias lamentables. Sólo hay que preguntarle a las víctimas de San Salvador Atenco y de Oaxaca”.
En entrevista, la funcionaria apunta: “El Plan Emergente empezó a operar el 21 de junio de 2008, y desde ese momento el jefe de gobierno giró instrucciones para trabajar en la reparación de daños, en el aspecto médico y psicológico, y extendimos el trabajo a la comunidad, que también resultó muy lastimada por una acción policiaca que nunca debió haber existido”.
De acuerdo al último informe del Plan Emergente, el monto total ejercido, incluyendo indemnizaciones, fue de 28 millones 634 mil 684 pesos. En esta cifra se incluyen las contrataciones a instituciones especializadas de atención psicológica a 100 jóvenes, 48 familiares y ocho familias de deudos; atención médica a 42 jóvenes lesionados; un millón 650 mil pesos se destinó a apoyos educativos a cinco familias; se otorgaron 39 apoyos a madres de familia de jóvenes afectados por montos de entre 23 mil y 55 mil pesos. Así mismo, se entregaron 10 viviendas.
En cuanto a las acciones hacia la comunidad, el informe detalla la recuperación de 18 espacios públicos, así como la capacitación a 400 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes relevaron a los elementos de la Policía Auxiliar del Sector Pradera, donde se ubicaba la discoteca New’s Divine.
Cuestionada por las exigencias de justicia que con mayor énfasis se expresaron en la semana previa al primer aniversario de la tragedia, Patricia Patiño reconoce que para una familia lastimada “es difícil que entienda que la justicia no siempre va de la mano de la legalidad, y que el jefe de gobierno no puede actuar por encima de ella. Las familias quieren ver en la cárcel a (Guillermo) Zayas, pero ahí quien tiene que responder es el juez federal que le otorgó el amparo”.
Criminalización latente
En la fachada del local que alojó la New’s Divine, cruces de madera, flores frescas y cartulinas con textos muy elaborados, que responsabilizan al jefe de gobierno Marcelo Ebrard; exigen respuesta del juez Rafael Guerra que lleva el caso, y cárcel para Guillermo Zayas, quien llevaba el mando del operativo de la Unipol aquel 20 de junio.
El predio, expropiado por el gobierno capitalino en 2008 y sujeto a un litigio por los dueños, es vigilado permanentemente por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes sustituyeron a los elementos del Sector Pradera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que participaron en el despliegue policiaco encabezado por Zayas.
En esta colonia, la Nueva Atzacoalco, el gobierno de Ebrard Casaubon aplica un programa de policía de contacto con la población, como una respuesta a la recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHF).
Pero para adolescentes como Israel, vecino de la New’s Divine donde solía divertirse cada viernes, los esfuerzos del gobierno central se estrellan con una cotidianidad similar a la que antecedió al operativo policiaco, la criminalización de la juventud de los barrios pobres.
“Si son las 11 de la noche y vas caminando, los de la PBI hacen una revisión a los chavos, no lo hacen ni a las mujeres ni a los señores; hacen que saques tus pertenencias y te revisan. No son corruptos, no nos quitan nada, pero no se meten con Los Negros, la banda más gruesa y peligrosa de estos rumbos”, dice Israel.
El adolescente, quien perdió amigos en el operativo policiaco del 20 de junio de 2008, reconoce la recuperación de espacios públicos que ha hecho el gobierno del Distrito Federal, pero confiesa que la inseguridad y la desconfianza a los cuerpos policiacos sigue.
En el Sector Quiroga, cuyos agentes también estuvieron implicados en el trágico operativo, no hubo cambios en la estrategia policiaca, y esto lo resiente la población, descrita en voz de familias de sobrevivientes a la acción policiaca del 20 de junio.
Ángela Ham Calvillo, madre de Wendy Viridiana López, así como Francisco Javier Alfaro Duarte y su hijo Juan Carlos, coinciden en que al trato cotidiano de criminalización de los jóvenes por parte de las policías, se sumó el rencor hacia quienes estuvieron el 20 de junio en la New’s Divine.
Carlos Cruz, director de la organización Cauce Ciudadano y Miguel Barrera, del Colectivo Marabunta, no ocultan su decepción al hacer la evaluación del primer aniversario de la tragedia del New’s Divine.
Carlos y Miguel, ambos expandilleros, recibieron amenazas de muerte que nunca fueron esclarecidas, a pesar de que en el caso de Miguel, hubo fotografías de policías que acosaron a jóvenes del Colectivo Marabunta por exigir justicia.
Una de las labores que encabezó Marabunta fue la contención social: “Fueron noches de llorar con la banda, porque los pesados querían vengar a los compitas que murieron en el Divine, pero dialogamos con ellos y contuvimos la bronca, pero el rencor sigue ahí guardado, porque no vieron cambios y en cualquier momento puede reventar”, cuenta Miguel.
Tanto él como Carlos esperaban que de los esfuerzos y riesgos que tomaron, el gobierno de Marcelo Ebrard reconociera los derechos de los jóvenes, e instrumentara cambios con perspectiva juvenil en la formación de los policías.
Para Carlos “la recomendación de la CDHDF fue asumida como un control de daños y no como una oportunidad de transformación sistémica sobre todo de las corporaciones policiacas. Mientras siga así, dice, puede ocurrir otra tragedia en cualquier parte de la ciudad, no sólo en la GAM”.
Lamenta, además, que entre las medidas que tomó la delegación política esté la de cerrar opciones de diversión para los jóvenes, lo que derivó en la apertura de locales clandestinos en esa demarcación ubicada al norte de la Ciudad de México y en los municipios conurbados de Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyolt, “donde no hay controles de ningún tipo”.
El ombudsman capitalino coincide con los activistas: “Sin minimizar la atención que el gobierno de Marcelo Ebrard dio a las víctimas, el New’s Divine rompió el tejido social, era el momentum para restructurar la policía”.
Por lo que atañe a la recomendación 11/2008, Álvarez Icaza considera que el gobierno capitalino cumplió con 18 de 34 puntos, pero no atendió los relativos a la justicia –“que es el eje central”–, resaltó la falta de una política pública y renovación de la policía con perspectiva juvenil.
Y concluye: “A un año del New’s Divine no se ha recompuesto la confianza ni el tejido social.”
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