3° Año de Ejercicio. Segundo Receso
Comisión Permanente El pasado 27 de mayo el plen de la Comisión Permanente aprobó en votación económica el Dictámenes un punto de acuerdo n el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública del país, para que informen por escrito a esta Soberanía los saldos de su estrategia en el combate al crimen organizado, particularmente en materia de secuestros.
DICTAMEN
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia fue turnada para su análisis y dictamen la proposición del Dip. Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones concretas que permitan disminuir el alto índice de inseguridad que se presenta en el país, en particular el tema del secuestro.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
DICTAMENI. Análisis de la propuesta
Los suscritos integrantes de la Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública del país para que expliquen ante esta Soberanía los saldos de su estrategia en el combate al crimen organizado, particularmente en materia de secuestros.
Segundo.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo para que de manera inmediata se implementen acciones concretas que permitan disminuir el alto índice de inseguridad que se presenta en el país, en particular el tema del secuestro
Argumenta el proponente que la crisis de seguridad es, junto con la economía, el tema pendiente más importante en la agenda nacional. La inseguridad ahuyenta la inversión, ampliando las desigualdades y retardando la recuperación económica, que tanto le urge al país.
Zonas enteras son controladas por bandas delictivas o son campo de batallas en contra del Ejército y los cuerpos de seguridad a quienes han mandado a lidiar con un problema que va más allá de las armas. El combate a la delincuencia organizada ha carecido como muchas otras áreas de la administración pública de estrategia, riguroso análisis, pero sobre todo, de la implementación de una política multidisciplinaria y articulada en los distintos niveles de gobierno.
Los efectos y costos de la inseguridad inciden en todos por igual. Porque las bandas mejor organizadas, con más armamento y equipo, diversifican sus delitos y se mueven hacia otros negocios igualmente ilícitos, pero socialmente más nocivos; tal es el caso del secuestro. Señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que en el periodo de 2001 al 2008 el número de secuestros fue de 208 por mes, 2.4 veces más que lo reportado por el gobierno federal. Es decir un promedio de siete secuestros por día (6.8), por su parte, en su segundo informe especial menciona que sólo uno de cuatro secuestros o plagios se denuncia.
II. Consideraciones de la ComisiónLa Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la Propuesta que se analiza, en virtud de la enorme preocupación que genera la creciente violencia que se ha registrado en el país, y que afecta no sólo la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, sino también la economía regional y nacional.
Sin lugar a dudas, la inseguridad conlleva al deterioro en el estado de Derecho, desalienta la inversión, y, por ende, implica la pérdida de miles de empleos, que hoy más requiere el país.
Es por ello loable la participación de la sociedad civil en los actos de prevención y denuncia, en un ánimo de hacer frente a la inseguridad pública.
La Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la propuesta que se analiza, en virtud de la enorme preocupación que genera la la inseguridad y que afecta no sólo la seguridad sino también la economía regional y nacional.
La inseguridad pública ha estancado la inversión extranjera, y de continuar esta tendencia delictiva sus efectos pondrían ahuyentar aún más a los inversionistas y afectar el crecimiento económico.
Una verdadera política de Estado respecto de la seguridad pública no puede y no debe llevarse a cabo si no establece bases firmes de coordinación y cooperación institucional.La Primera Comisión considera por tanto, que la coordinación a las tres instancias de gobierno es un imperativo central del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En función de lo anterior, consideramos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da pleno sentido al federalismo como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, asumimos la participación indispensable de cada instancia de gobierno en un tema absolutamente prioritario para el país entero.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDOÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de todas las dependencias encargadas de la seguridad pública del país, para que informen por escrito a esta Soberanía los saldos de su estrategia en el combate al crimen organizado, particularmente en materia de secuestros.Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil nueve.
A la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia fue turnada para su análisis y dictamen la proposición del Dip. Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones concretas que permitan disminuir el alto índice de inseguridad que se presenta en el país, en particular el tema del secuestro.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
DICTAMENI. Análisis de la propuesta
Los suscritos integrantes de la Primera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que instruya a los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública del país para que expliquen ante esta Soberanía los saldos de su estrategia en el combate al crimen organizado, particularmente en materia de secuestros.
Segundo.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo para que de manera inmediata se implementen acciones concretas que permitan disminuir el alto índice de inseguridad que se presenta en el país, en particular el tema del secuestro
Argumenta el proponente que la crisis de seguridad es, junto con la economía, el tema pendiente más importante en la agenda nacional. La inseguridad ahuyenta la inversión, ampliando las desigualdades y retardando la recuperación económica, que tanto le urge al país.
Zonas enteras son controladas por bandas delictivas o son campo de batallas en contra del Ejército y los cuerpos de seguridad a quienes han mandado a lidiar con un problema que va más allá de las armas. El combate a la delincuencia organizada ha carecido como muchas otras áreas de la administración pública de estrategia, riguroso análisis, pero sobre todo, de la implementación de una política multidisciplinaria y articulada en los distintos niveles de gobierno.
Los efectos y costos de la inseguridad inciden en todos por igual. Porque las bandas mejor organizadas, con más armamento y equipo, diversifican sus delitos y se mueven hacia otros negocios igualmente ilícitos, pero socialmente más nocivos; tal es el caso del secuestro. Señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que en el periodo de 2001 al 2008 el número de secuestros fue de 208 por mes, 2.4 veces más que lo reportado por el gobierno federal. Es decir un promedio de siete secuestros por día (6.8), por su parte, en su segundo informe especial menciona que sólo uno de cuatro secuestros o plagios se denuncia.
II. Consideraciones de la ComisiónLa Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la Propuesta que se analiza, en virtud de la enorme preocupación que genera la creciente violencia que se ha registrado en el país, y que afecta no sólo la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, sino también la economía regional y nacional.
Sin lugar a dudas, la inseguridad conlleva al deterioro en el estado de Derecho, desalienta la inversión, y, por ende, implica la pérdida de miles de empleos, que hoy más requiere el país.
Es por ello loable la participación de la sociedad civil en los actos de prevención y denuncia, en un ánimo de hacer frente a la inseguridad pública.
La Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la propuesta que se analiza, en virtud de la enorme preocupación que genera la la inseguridad y que afecta no sólo la seguridad sino también la economía regional y nacional.
La inseguridad pública ha estancado la inversión extranjera, y de continuar esta tendencia delictiva sus efectos pondrían ahuyentar aún más a los inversionistas y afectar el crecimiento económico.
Una verdadera política de Estado respecto de la seguridad pública no puede y no debe llevarse a cabo si no establece bases firmes de coordinación y cooperación institucional.La Primera Comisión considera por tanto, que la coordinación a las tres instancias de gobierno es un imperativo central del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En función de lo anterior, consideramos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da pleno sentido al federalismo como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, asumimos la participación indispensable de cada instancia de gobierno en un tema absolutamente prioritario para el país entero.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDOÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de todas las dependencias encargadas de la seguridad pública del país, para que informen por escrito a esta Soberanía los saldos de su estrategia en el combate al crimen organizado, particularmente en materia de secuestros.Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil nueve.
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