Chihuahua La ley de “El General”
PATRICIA DáVILA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
El asesinato de los líderes mormones de Galeana, Chihuahua, Benjamín Le Baron y Luis Carlos Widmar, ponen en evidencia que la ley que priva en la región es la de los narcos, en particular del capo del cártel de Sinaloa a quien los lugareños y el presidente de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos del estado en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, denominan El General; incluso sospechan que ese mote es genérico y se aplica a quien ocupa la máxima jerarquía de la organización criminal.
GALEANA, CHIH.- Un nuevo capo al mando del cártel de Sinaloa siembra pánico entre los habitantes de 10 municipios del norte y noroeste de Chihuahua; se apodera de las comunidades e intimida, secuestra, tortura y ejecuta…
Se trata de José García García, El General. Sus víctimas recientes son Benjamín Le Baron y Luis Carlos Widmar, líderes mormones que defendían a su comunidad del crimen organizado.
A principios de este año, El General fue noticia debido a los secuestros realizados por su gente en los poblados de Nicolás Bravo y Benito Juárez en su disputa por la plaza con el cártel de Juárez, afirman el diputado perredista Víctor Quintana y Gustavo de la Rosa, presidente de la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez.
Desde entonces, los municipios Ascensión, Janos, Ignacio Zaragoza, Palomas, Buenaventura, Gómez Farías, Madera, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Galeana son rehenes de El General y de La Línea, la organización del cártel de Juárez. En los tres últimos poblados los lugareños tuvieron que formar cuerpos de policías auxiliares para defenderse de los embates.
Entrevistados por Proceso, habitantes de la colonia Juárez, perteneciente a Nuevo Casas Grandes, aseguran que aun cuando la zona es tranquila, han sufrido varios ataques, por lo que decidieron armar a cuatro ciudadanos para que custodien la comunidad. Hoy, su demanda es que las autoridades municipales les permitan portar armas a todos para defenderse.
Dicen que siempre están en alerta, y vigilan a todo el que entra o pasa por el pueblo; incluso evitan viajar solos para que los sicarios no los levanten o ejecuten.
Esta colonia mormona se fundó en 1887, cuando sus miembros llegaron de Estados Unidos. Venían huyendo de ese país, cuyas autoridades prohibieron la poligamia entre los adeptos a ese culto religioso. Se asentaron en esta región ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal –en donde se encuentra el centro arqueológico Paquimé– y se dedicaron al cultivo de huertos de durazno y a la agricultura.
La arquitectura de sus casas es de estilo virginiano de principios de siglo XX. Todas poseen jardines verdes y amplios.
De manera simultánea a los secuestros sufridos por los mormones de las colonias Juárez y Dublín, en el municipio de Galeana, varios habitantes de poblado de Le Baron empezaron a recibir llamadas de extorsión. Y el 2 de mayo último se consumó el primer secuestro en el poblado Parapetos, municipio de Ignacio Zaragoza. El de Erick Le Baron, hijo menor de la familia.
Los plagiarios se comunicaron por teléfono con Joel, padre de Erick, y le pidieron 1 millón de dólares por su liberación. La comunidad mormona se indignó: al día siguiente, junto con habitantes de Ignacio Zaragoza y Casas Grandes, le pidió a don Joel que “no tomara el secuestro como algo personal”, que debían unirse y exigir la liberación de Erick.
El 4 de mayo los colonos de los tres municipios organizaron una caravana hacia la capital del estado. Ahí, Benjamín Le Baron, hermano del secuestrado, exigió a la procuradora de Justicia, Patricia Rodríguez, y al gobernador, José Reyes Baeza, la liberación de su hermano Erick.
El 5 de mayo, Benjamín recibió la primera amenaza telefónica de los secuestradores, quienes le advirtieron: “Si sigues mandando a la policía tras nosotros, la vamos a agarrar en tu contra”. Benjamín habló con la procuradora y le pidió apoyo; pero sólo llegaron 10 ministeriales y no pudieron hacer nada, comenta uno de los hijos de don Joel. Erick fue liberado el 9 de mayo. Apareció en un cerro en el Valle de Zaragoza.
El 11 de junio, a las tres de la madrugada, elementos del 35 Batallón de Infantería detuvieron a 25 personas que vestían uniforme militar en el poblado de Nicolás Bravo, municipio de Madera. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dos días después, entre los arrestados se encontraba José García García, El General.
El 15 de junio fue secuestrado Meredith Romney, empresario y ganadero de esta región. Los pobladores de estos municipios volvieron a realizar una caravana y el miércoles 1 se trasladaron a la capital en más de 300 vehículos para protestar por la inseguridad.
Ese día se graduó el primer grupo antisecuestros instruido por asesores colombianos en las instalaciones de C4. Reyes Baeza se comprometió a apoyar la formación de una policía auxiliar en Galeana. Con apoyo de los instructores colombianos, comenzó la formación de 60 adolescentes mayores de 16 años.
La ejecución de Benjamín
El martes 7, a la 1:30 de la madrugada, llegó a la casa de Benjamín Le Baron un comando armado a bordo de cuatro camionetas: una Dodge Durango blanca; una pick up Mega Cab Dodge azul; una pick up Chevrolet y una Suburban beige. Bajaron de los vehículos alrededor de 20 hombres vestidos de militar.
La familia de Benjamín –su esposa Miriam Widmar y sus cinco hijos– dormía. Los golpes en la puerta los despertó y al ver los uniformes Benjamín pensó que los supuestos militares habían ido a custodiarlo. “Gracias a Dios que ya llegaron”, dijo a su esposa.
Sin embargo, los hombres comenzaron a romper vidrios, derribaron la puerta a golpes y entraron a las habitaciones. Comenzaron a golpear a Benjamín.
“Me fui corriendo al cuarto de mis hijos; les dije que se tiraran al piso, pero no quisieron. Entonces nos pusimos a orar. Al terminar me asomé por la ventana y vi que llegaba mi hermano Luis Carlos. Lo agarraron y lo empezaron a golpear. Lo pusieron boca abajo y le ataron las manos a la espalda; luego llegó Lorenzo, un primo de Benjamín, pero alcanzó a correr, relata Miriam.
Dice que los sicarios les preguntaban por las armas y el dinero. “Yo les dije que no teníamos. Subieron a una camioneta a Luis Carlos y a Benjamín. Ya no los volví a ver, hasta que me dijeron que los habían encontrado muertos. Les dieron el tiro de gracia”. Al lado de los cuerpos dejaron una manta con un mensaje:
“A los líderes de Le Baron, para los que no creen y siguen sin creer. Sigue Clary Jones. Esto es por los 25 muchachos (detenidos) en Nicolás Bravo. Atentamente El General”. Se refería a Jones, quien fue presidente municipal de Galeana.
En Chihuahua se registra un plagio cada 48 horas, lo que convierte a la entidad en la segunda con mayor índice de secuestros en el país, sólo detrás del Estado de México, con 109, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero el mayor índice de secuestros se registra en Nuevo Casas Grandes, asegura el alcalde por el PAN, Jesús Manuel Pendones. En lo que va del año, dice el edil, “llevamos 80 levantones. De éstos, 45 están desaparecidos”.
Según Pendones, “el operativo contra los narcotraficantes pegó a su economía”. Antes, dice, “pagaban en efectivo por el paso de la droga, ahora saldan sus cuentas en especie y esta droga se queda en la región. Ahora, la cocaína se vende en las escuelas de primaria, los consumidores son niños de nueve años en adelante.
“Los 10 municipios que conformamos este corredor de paso de la droga estamos olvidados de las autoridades. No nos visitan ni los candidatos. No puedo creer que el gobierno federal no tenga ni seis elementos realizando labor de inteligencia. Las labores contra el crimen organizado son acciones de la casualidad.”
El día de la entrevista, el jueves 9, el alcalde recibió una solicitud de la comunidad de mormones de la colonia Dublín en la que le solicitan permiso para instalar barricadas de 1.20 metros por 1.20 para acorralar sus calles.
“La población civil se está armando. Si el gobierno federal no pone atención, no sé qué pueda pasar. Hay psicosis”, afirma.
Las amenazas
Jesús Manuel Pendones y otros 31 alcaldes de la entidad denunciaron durante una reunión del Consejo de Seguridad realizada el 17 de septiembre del año pasado que han sido amenazados de muerte por el crimen organizado. Desde entonces establecieron “filtros”, como cambiar sus números telefónicos cada mes.
A su vez, Gustavo de la Rosa ha recibido quejas sobre secuestros realizados por gente de El General.
En el expediente GR3509, abierto en marzo pasado, por ejemplo, se menciona que el día 17 de ese mes cuatro defensas rurales y un teniente salieron de Ciudad Juárez en una camioneta Chevrolet blanca rumbo al destacamento del municipio de Madera. Nunca llegaron.
En otro expediente, identificado como Alfa Omega (se omiten los nombres reales por cuestiones de seguridad), se indica que el 4 de junio reciente fue secuestrada una persona en el poblado Benito Juárez durante un jaripeo. Los autores iban vestidos de militar y viajaban en dos camionetas similares a las que usa el Ejército.
Nueve días después, en el mismo poblado, fue plagiada una persona identificada en el expediente como Alfa Fi. En esa ocasión, un comando armado con hombres vestidos de verde olivo llegó a Benito Juárez, donde levantó a Alfa Fi, quien se encontraba en la Plaza de Armas.
Después, el jueves 2, otro comando se introdujo en varias casas, de las cuales sacó a tres hombres y se los llevó. Este expediente es conocido con el nombre Beta Alfa 1, Beta Alfa 2 y Beta Alfa 3.
Los detenidos “eran mayores de 60 años, señores trabajadores que constituían la columna vertebral de la economía del pueblo y no se les conocía ningún vínculo con la delincuencia organizada”, afirma De la Rosa. Y añade: “Los habitantes del pueblo dicen que pueden identificar a los responsables, pero ninguna autoridad ha querido ir a tomarles su declaración, ni soldados, ni policías ministeriales”.
Familiares de los desaparecidos dijeron a De la Rosa que en un poblado cercano a Benito Juárez está acantonado un grupo de sicarios que visten uniforme de militar. Según esta versión, comenzó a operar bajo el mando de El General en la zona después del 11 de junio, cuando el Ejército detuvo a la banda de 25 sicarios.
Según De la Rosa, “gente de El General ha acorralado a gente de La Línea y llega a los pueblos diciendo ¡Sálganse, porque les vamos a quemar sus casas! Las familias de estas zonas viven en absoluto abandono y total peligro”.
–¿Quién es El General?
–En el municipio de Madera, Juan José Ramírez Sánchez, general comandante de las Fuerzas Rurales en el estado, estaba al mando de los nueve defensas rurales y el teniente desaparecidos. Para nosotros él incurrió en conductas extrañas, ya que tardó cinco días para iniciar la investigación sobre la desaparición de los defensas rurales y el teniente; y en lo que se refiere a los tres secuestros del jueves 2, abrió la investigación hasta que aparecieron los cadáveres.
Por eso, explica, “cuando recibimos las versiones de los familiares y de otros habitantes de los poblados, que responsabilizaban de los levantones a una persona llamada El General, sospechamos que podría tratarse del general Ramírez Sánchez, pero no tenemos datos que lo comprueben”.
Los lugareños aseguran que el mote de El General no es exclusivo de una persona. Es por eso que tras la captura de José García García, el pasado 11 de junio, es otro el personaje que se halla al frente de la organización; sus seguidores lo llaman El General, afirma De la Rosa.
El diputado perredista Víctor Quintana dice que escuchó hablar de El General el 22 de marzo pasado. Ese día fueron levantados dos profesores. “Le hablé a la procuradora Patricia Rodríguez para exponerle el caso y ella me dijo que era la forma de operar de El General. Hasta hoy, los maestros no han aparecido”.
Y mientras los pobladores sufren secuestros, levantones, extorsiones y ejecuciones, la PGR insiste en que estos actos los realiza la organización comandada por El General, pero la procuradora Patricia Rodríguez asegura que detrás de todo está La Línea, del cártel de Juárez.
PATRICIA DáVILA
Revista Proceso # 1706, a 12 de julio de 2009;
El asesinato de los líderes mormones de Galeana, Chihuahua, Benjamín Le Baron y Luis Carlos Widmar, ponen en evidencia que la ley que priva en la región es la de los narcos, en particular del capo del cártel de Sinaloa a quien los lugareños y el presidente de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos del estado en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, denominan El General; incluso sospechan que ese mote es genérico y se aplica a quien ocupa la máxima jerarquía de la organización criminal.
GALEANA, CHIH.- Un nuevo capo al mando del cártel de Sinaloa siembra pánico entre los habitantes de 10 municipios del norte y noroeste de Chihuahua; se apodera de las comunidades e intimida, secuestra, tortura y ejecuta…
Se trata de José García García, El General. Sus víctimas recientes son Benjamín Le Baron y Luis Carlos Widmar, líderes mormones que defendían a su comunidad del crimen organizado.
A principios de este año, El General fue noticia debido a los secuestros realizados por su gente en los poblados de Nicolás Bravo y Benito Juárez en su disputa por la plaza con el cártel de Juárez, afirman el diputado perredista Víctor Quintana y Gustavo de la Rosa, presidente de la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez.
Desde entonces, los municipios Ascensión, Janos, Ignacio Zaragoza, Palomas, Buenaventura, Gómez Farías, Madera, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Galeana son rehenes de El General y de La Línea, la organización del cártel de Juárez. En los tres últimos poblados los lugareños tuvieron que formar cuerpos de policías auxiliares para defenderse de los embates.
Entrevistados por Proceso, habitantes de la colonia Juárez, perteneciente a Nuevo Casas Grandes, aseguran que aun cuando la zona es tranquila, han sufrido varios ataques, por lo que decidieron armar a cuatro ciudadanos para que custodien la comunidad. Hoy, su demanda es que las autoridades municipales les permitan portar armas a todos para defenderse.
Dicen que siempre están en alerta, y vigilan a todo el que entra o pasa por el pueblo; incluso evitan viajar solos para que los sicarios no los levanten o ejecuten.
Esta colonia mormona se fundó en 1887, cuando sus miembros llegaron de Estados Unidos. Venían huyendo de ese país, cuyas autoridades prohibieron la poligamia entre los adeptos a ese culto religioso. Se asentaron en esta región ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal –en donde se encuentra el centro arqueológico Paquimé– y se dedicaron al cultivo de huertos de durazno y a la agricultura.
La arquitectura de sus casas es de estilo virginiano de principios de siglo XX. Todas poseen jardines verdes y amplios.
De manera simultánea a los secuestros sufridos por los mormones de las colonias Juárez y Dublín, en el municipio de Galeana, varios habitantes de poblado de Le Baron empezaron a recibir llamadas de extorsión. Y el 2 de mayo último se consumó el primer secuestro en el poblado Parapetos, municipio de Ignacio Zaragoza. El de Erick Le Baron, hijo menor de la familia.
Los plagiarios se comunicaron por teléfono con Joel, padre de Erick, y le pidieron 1 millón de dólares por su liberación. La comunidad mormona se indignó: al día siguiente, junto con habitantes de Ignacio Zaragoza y Casas Grandes, le pidió a don Joel que “no tomara el secuestro como algo personal”, que debían unirse y exigir la liberación de Erick.
El 4 de mayo los colonos de los tres municipios organizaron una caravana hacia la capital del estado. Ahí, Benjamín Le Baron, hermano del secuestrado, exigió a la procuradora de Justicia, Patricia Rodríguez, y al gobernador, José Reyes Baeza, la liberación de su hermano Erick.
El 5 de mayo, Benjamín recibió la primera amenaza telefónica de los secuestradores, quienes le advirtieron: “Si sigues mandando a la policía tras nosotros, la vamos a agarrar en tu contra”. Benjamín habló con la procuradora y le pidió apoyo; pero sólo llegaron 10 ministeriales y no pudieron hacer nada, comenta uno de los hijos de don Joel. Erick fue liberado el 9 de mayo. Apareció en un cerro en el Valle de Zaragoza.
El 11 de junio, a las tres de la madrugada, elementos del 35 Batallón de Infantería detuvieron a 25 personas que vestían uniforme militar en el poblado de Nicolás Bravo, municipio de Madera. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dos días después, entre los arrestados se encontraba José García García, El General.
El 15 de junio fue secuestrado Meredith Romney, empresario y ganadero de esta región. Los pobladores de estos municipios volvieron a realizar una caravana y el miércoles 1 se trasladaron a la capital en más de 300 vehículos para protestar por la inseguridad.
Ese día se graduó el primer grupo antisecuestros instruido por asesores colombianos en las instalaciones de C4. Reyes Baeza se comprometió a apoyar la formación de una policía auxiliar en Galeana. Con apoyo de los instructores colombianos, comenzó la formación de 60 adolescentes mayores de 16 años.
La ejecución de Benjamín
El martes 7, a la 1:30 de la madrugada, llegó a la casa de Benjamín Le Baron un comando armado a bordo de cuatro camionetas: una Dodge Durango blanca; una pick up Mega Cab Dodge azul; una pick up Chevrolet y una Suburban beige. Bajaron de los vehículos alrededor de 20 hombres vestidos de militar.
La familia de Benjamín –su esposa Miriam Widmar y sus cinco hijos– dormía. Los golpes en la puerta los despertó y al ver los uniformes Benjamín pensó que los supuestos militares habían ido a custodiarlo. “Gracias a Dios que ya llegaron”, dijo a su esposa.
Sin embargo, los hombres comenzaron a romper vidrios, derribaron la puerta a golpes y entraron a las habitaciones. Comenzaron a golpear a Benjamín.
“Me fui corriendo al cuarto de mis hijos; les dije que se tiraran al piso, pero no quisieron. Entonces nos pusimos a orar. Al terminar me asomé por la ventana y vi que llegaba mi hermano Luis Carlos. Lo agarraron y lo empezaron a golpear. Lo pusieron boca abajo y le ataron las manos a la espalda; luego llegó Lorenzo, un primo de Benjamín, pero alcanzó a correr, relata Miriam.
Dice que los sicarios les preguntaban por las armas y el dinero. “Yo les dije que no teníamos. Subieron a una camioneta a Luis Carlos y a Benjamín. Ya no los volví a ver, hasta que me dijeron que los habían encontrado muertos. Les dieron el tiro de gracia”. Al lado de los cuerpos dejaron una manta con un mensaje:
“A los líderes de Le Baron, para los que no creen y siguen sin creer. Sigue Clary Jones. Esto es por los 25 muchachos (detenidos) en Nicolás Bravo. Atentamente El General”. Se refería a Jones, quien fue presidente municipal de Galeana.
En Chihuahua se registra un plagio cada 48 horas, lo que convierte a la entidad en la segunda con mayor índice de secuestros en el país, sólo detrás del Estado de México, con 109, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero el mayor índice de secuestros se registra en Nuevo Casas Grandes, asegura el alcalde por el PAN, Jesús Manuel Pendones. En lo que va del año, dice el edil, “llevamos 80 levantones. De éstos, 45 están desaparecidos”.
Según Pendones, “el operativo contra los narcotraficantes pegó a su economía”. Antes, dice, “pagaban en efectivo por el paso de la droga, ahora saldan sus cuentas en especie y esta droga se queda en la región. Ahora, la cocaína se vende en las escuelas de primaria, los consumidores son niños de nueve años en adelante.
“Los 10 municipios que conformamos este corredor de paso de la droga estamos olvidados de las autoridades. No nos visitan ni los candidatos. No puedo creer que el gobierno federal no tenga ni seis elementos realizando labor de inteligencia. Las labores contra el crimen organizado son acciones de la casualidad.”
El día de la entrevista, el jueves 9, el alcalde recibió una solicitud de la comunidad de mormones de la colonia Dublín en la que le solicitan permiso para instalar barricadas de 1.20 metros por 1.20 para acorralar sus calles.
“La población civil se está armando. Si el gobierno federal no pone atención, no sé qué pueda pasar. Hay psicosis”, afirma.
Las amenazas
Jesús Manuel Pendones y otros 31 alcaldes de la entidad denunciaron durante una reunión del Consejo de Seguridad realizada el 17 de septiembre del año pasado que han sido amenazados de muerte por el crimen organizado. Desde entonces establecieron “filtros”, como cambiar sus números telefónicos cada mes.
A su vez, Gustavo de la Rosa ha recibido quejas sobre secuestros realizados por gente de El General.
En el expediente GR3509, abierto en marzo pasado, por ejemplo, se menciona que el día 17 de ese mes cuatro defensas rurales y un teniente salieron de Ciudad Juárez en una camioneta Chevrolet blanca rumbo al destacamento del municipio de Madera. Nunca llegaron.
En otro expediente, identificado como Alfa Omega (se omiten los nombres reales por cuestiones de seguridad), se indica que el 4 de junio reciente fue secuestrada una persona en el poblado Benito Juárez durante un jaripeo. Los autores iban vestidos de militar y viajaban en dos camionetas similares a las que usa el Ejército.
Nueve días después, en el mismo poblado, fue plagiada una persona identificada en el expediente como Alfa Fi. En esa ocasión, un comando armado con hombres vestidos de verde olivo llegó a Benito Juárez, donde levantó a Alfa Fi, quien se encontraba en la Plaza de Armas.
Después, el jueves 2, otro comando se introdujo en varias casas, de las cuales sacó a tres hombres y se los llevó. Este expediente es conocido con el nombre Beta Alfa 1, Beta Alfa 2 y Beta Alfa 3.
Los detenidos “eran mayores de 60 años, señores trabajadores que constituían la columna vertebral de la economía del pueblo y no se les conocía ningún vínculo con la delincuencia organizada”, afirma De la Rosa. Y añade: “Los habitantes del pueblo dicen que pueden identificar a los responsables, pero ninguna autoridad ha querido ir a tomarles su declaración, ni soldados, ni policías ministeriales”.
Familiares de los desaparecidos dijeron a De la Rosa que en un poblado cercano a Benito Juárez está acantonado un grupo de sicarios que visten uniforme de militar. Según esta versión, comenzó a operar bajo el mando de El General en la zona después del 11 de junio, cuando el Ejército detuvo a la banda de 25 sicarios.
Según De la Rosa, “gente de El General ha acorralado a gente de La Línea y llega a los pueblos diciendo ¡Sálganse, porque les vamos a quemar sus casas! Las familias de estas zonas viven en absoluto abandono y total peligro”.
–¿Quién es El General?
–En el municipio de Madera, Juan José Ramírez Sánchez, general comandante de las Fuerzas Rurales en el estado, estaba al mando de los nueve defensas rurales y el teniente desaparecidos. Para nosotros él incurrió en conductas extrañas, ya que tardó cinco días para iniciar la investigación sobre la desaparición de los defensas rurales y el teniente; y en lo que se refiere a los tres secuestros del jueves 2, abrió la investigación hasta que aparecieron los cadáveres.
Por eso, explica, “cuando recibimos las versiones de los familiares y de otros habitantes de los poblados, que responsabilizaban de los levantones a una persona llamada El General, sospechamos que podría tratarse del general Ramírez Sánchez, pero no tenemos datos que lo comprueben”.
Los lugareños aseguran que el mote de El General no es exclusivo de una persona. Es por eso que tras la captura de José García García, el pasado 11 de junio, es otro el personaje que se halla al frente de la organización; sus seguidores lo llaman El General, afirma De la Rosa.
El diputado perredista Víctor Quintana dice que escuchó hablar de El General el 22 de marzo pasado. Ese día fueron levantados dos profesores. “Le hablé a la procuradora Patricia Rodríguez para exponerle el caso y ella me dijo que era la forma de operar de El General. Hasta hoy, los maestros no han aparecido”.
Y mientras los pobladores sufren secuestros, levantones, extorsiones y ejecuciones, la PGR insiste en que estos actos los realiza la organización comandada por El General, pero la procuradora Patricia Rodríguez asegura que detrás de todo está La Línea, del cártel de Juárez.
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