Morett y el punto de acuerdo

Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 28 de julio de 2009;
Hágase la ley… en los bueyes de mi compadre
¿Con quién está el compromiso de nuestros partidos?, ¿con la legalidad o con el oportunismo? Las preguntas son válidas porque no puede dejar de sorprender algunas de las decisiones que impulsan, dentro y fuera del Congreso, los partidos, al mismo tiempo que hablan y pregonan el respaldo de la legalidad. Un caso: Lucía Morett. Esta joven fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC, ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador, del lado ecuatoriano. Allí murió el hombre que a todos los efectos estaba al mando de esa organización considerada por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y también por México como terrorista, además de que es el principal productor de cocaína a nivel mundial. Allí murieron también un grupo de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC. Toda la información de esos hechos consta en el libro que escribimos Las FARC en México (Aguilar Nuevo Siglo, 2008) con base en la documentación encontrada, luego del ataque del ejército colombiano, en las computadoras de Raúl Reyes.
Deberíamos pensar que todas las fuerzas democráticas de México condenan el terrorismo, están en contra de los narcotraficantes y de todas las acciones colaterales desarrolladas por éstos. Pero, la verdad, no es así: la joven Morett es reclamada por el gobierno de Ecuador y el de Colombia, acusada de diversos delitos por su participación en las FARC. Los dos la solicitan para ser juzgada en ellos. No sé si México debe entregar a Morett a la justicia de esos países: en principio, si se garantiza que tendrá un juicio justo, debería ser obvio que ello así ocurriera. Pero lo que resulta inverosímil es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe un punto de acuerdo, impulsado por el PRD y el PT, para que el gobierno defienda a Morett y le brinde su apoyo o, también, que antes lo haya hecho el Consejo Universitario de la UNAM. Tanto o más inverosímil el que un partido, el PT, la haya lanzado como candidata con el único objetivo de que ganara una diputación y así tuviera fuero para no responder por esas acusaciones.
Un punto es central en todo esto: Lucía no está siendo juzgada en Colombia y Ecuador debido a sus ideas políticas, sino, en el primer país, por pertenecer a un grupo al que se considera terrorista, que está en guerra contra la democracia colombiana y profundamente involucrado en el narcotráfico (con socios y repercusiones, eso también debe ser destacado, en nuestro país). En Ecuador está siendo juzgada porque participaba en un grupo armado ilegal que operaba desde territorio ecuatoriano y afectaba la seguridad nacional de ese país. Y si hay dos gobiernos enfrentados, por éste y muchos otros temas, son los de Ecuador y Colombia. Mas, para los dos, Lucía era parte de las FARC.

¿Cómo puede la mayoría de la Comisión Permanente aprobar un punto de acuerdo donde le pide al gobierno que proteja a un connacional acusado de delitos tan graves por el solo hecho de serlo? Insisto, si Morett no cometió delitos en México, quizá por razones políticas y diplomáticas podría no ser extraditada y tal vez defender su causa en Ecuador y en Colombia desde México (aunque deberíamos preguntarnos si nos gustaría que esos gobiernos tomaran la misma decisión si se diera el caso de una persona de origen colombiano o ecuatoriano acusada de cometer delitos en nuestro país), pero de allí a exigir que sea defendida por el gobierno o, más aún, a proponerla como candidata a diputado para que de esa forma evada la justicia, hay una distancia enorme. Volvamos al mismo punto: Morett no está siendo acusada por sus posiciones políticas, sino debido a su presunta participación en una organización que la comunidad internacional considera terrorista y parte de las redes internacionales del narcotráfico.

Otro caso: Julio César Godoy, el medio hermano del gobernador Leonel Godoy, acusado de pertenecer al cártel de La Familia, actualmente prófugo y también diputado electo por el estado de Michoacán, posición a la que fue impulsado por el gobernador y su partido a pesar de que, mucho antes de la elección, por lo menos desde el famoso michoacanazo, se le habían presentado a Godoy indicios muy claros de que su medio hermano estaría involucrado con el crimen organizado. Una vez más, como había ocurrido con su ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, las advertencias fueron desoídas y se buscó proteger de la acción de la justicia a Julio César a través del fuero constitucional. Pero la historia no concluye allí: el PRD, el PT y Convergencia ahora tratan de lograr que, de todas formas, aunque esté prófugo de la justicia, Godoy pueda asumir su cargo como diputado. ¿Estaremos ante el futuro líder de una narcobancada?, ¿eso es a lo que apuestan esos legisladores?,¿no tienen ni la menor duda de que Godoy tiene algo o mucho que ver con el cártel de La Familia o es que sus convicciones en torno a la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada tienen, como en el caso Morett, límites marcados por la coyuntura política de muy corto plazo?, ¿no comprenden que lo único que le falta a nuestra Cámara de Diputados, para caer aún más en el descrédito, es que entre sus 500 integrantes estén personajes acusados de terrorismo internacional o de participar activamente en el narcotráfico?

Dicen los dirigentes de los partidos, sobre todo del PRD y del PT, que todavía no han sido sentenciados por esos presuntos delitos. Es verdad, pero, ¿no se les ocurre que ellos están tratando de impedir precisamente que sean juzgados?

Finalmente, esto nos lleva a otro punto: el del fuero. El mismo se ha establecido para que los legisladores no sean perseguidos por sus posiciones políticas, no para poder conducir borracho o evadir la ley. El fuero no debería ser sinónimo de patente de corso.

A Morett no la acusan por sus posiciones políticas, sino debido a su presunta participación en una organización terrorista.