Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
El Universal, 24 de agosto de 2009
¿Vuelven los mata-PRD?
Salvo los autores materiales e intelectuales del crimen de Armando Chavarría, el resto de los mortales no sabemos quién y por qué ejecutaron al diputado amarillo y aventajado precandidato al gobierno de Guerrero.
Al calor del crimen, chocaron las versiones de Jesús Ortega y Marcelo Ebrard —al aventurar la teoría del crimen político— con la expresada por el gobernador Zeferino Torreblanca, quien descalificó la hipótesis del crimen político y deslizó la intriga de un crimen pasional.
Hasta hoy ninguna de las partes ofreció pruebas en abono a su dicho, en tanto que pocos dan crédito a la eficacia de los procuradores de Justicia de Guerrero y federales. Y frente a una realidad que ofende, el de Chavarría parece condenado a terminar en uno más de los crímenes sin resolver.
Sin embargo, y en estricto apego al género periodístico de opinión —y al hecho de que si tiene cola de pato, patas de pato, pato y grazna como pato, podemos suponer que es un pato—, debemos entender que se trata de un crimen político, en tanto se privó de la vida a un líder social, legislador, jefe del Congreso local y aventajado aspirante al gobierno de Guerrero.
El crimen lo pudieron detonar muchos orígenes —pasión y/o narcos, como vulgarmente quieren hacer creer el gobernador y otros interesados—, pero lo cierto es que sus efectos son políticos; cambiarán la correlación de fuerzas en la contienda por renovar el gobierno estatal; en las fuerzas del PRD provocará una profunda mudanza de tácticas, estrategias y objetivos entre los amarillos y, en el fondo, incluso se pudiera alterar la jerarquía de los presidenciables amarillos. ¿Por qué?
Porque todos o casi todos en el PRD saben quién es el gobernador Zeferino Torreblanca, cómo llegó al gobierno de Guerrero, quién le dio el aval para llegar y —en la misma lógica— quién pudiera estar tocando a la puerta de su gobierno, para cobrar facturas. En Guerrero todos o casi todos dan por hecho el regreso del PRI al poder estatal. Pero hasta hace días eran sólo dos los políticos capaces de revertir esa tendencia; uno era Armando Chavarría. La otra es Ruth Zavaleta. Pero esa es sólo la lógica local. El fondo es que pudiera estar de vuelta la tentación de los mataperredistas rumbo a 2012. En Guerrero, los Figueroa.
Por lo pronto no es poca cosa la foto del homenaje a Chavarría en el Congreso local. Flanquean Marcelo Ebrard, Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Guadalupe Acosta… ¿Y AMLO? “Ni pío” dijo. En Guerrero el PRD paga caras sus desviaciones. De eso hablaremos después.
EN EL CAMINO Y a propósito de mensajes amenazantes, la preocupación llegó al góber de Veracruz, Fidel Herrera. Mataron a uno de los Borunda.
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¿Vuelven los mata-PRD?
Salvo los autores materiales e intelectuales del crimen de Armando Chavarría, el resto de los mortales no sabemos quién y por qué ejecutaron al diputado amarillo y aventajado precandidato al gobierno de Guerrero.
Al calor del crimen, chocaron las versiones de Jesús Ortega y Marcelo Ebrard —al aventurar la teoría del crimen político— con la expresada por el gobernador Zeferino Torreblanca, quien descalificó la hipótesis del crimen político y deslizó la intriga de un crimen pasional.
Hasta hoy ninguna de las partes ofreció pruebas en abono a su dicho, en tanto que pocos dan crédito a la eficacia de los procuradores de Justicia de Guerrero y federales. Y frente a una realidad que ofende, el de Chavarría parece condenado a terminar en uno más de los crímenes sin resolver.
Sin embargo, y en estricto apego al género periodístico de opinión —y al hecho de que si tiene cola de pato, patas de pato, pato y grazna como pato, podemos suponer que es un pato—, debemos entender que se trata de un crimen político, en tanto se privó de la vida a un líder social, legislador, jefe del Congreso local y aventajado aspirante al gobierno de Guerrero.
El crimen lo pudieron detonar muchos orígenes —pasión y/o narcos, como vulgarmente quieren hacer creer el gobernador y otros interesados—, pero lo cierto es que sus efectos son políticos; cambiarán la correlación de fuerzas en la contienda por renovar el gobierno estatal; en las fuerzas del PRD provocará una profunda mudanza de tácticas, estrategias y objetivos entre los amarillos y, en el fondo, incluso se pudiera alterar la jerarquía de los presidenciables amarillos. ¿Por qué?
Porque todos o casi todos en el PRD saben quién es el gobernador Zeferino Torreblanca, cómo llegó al gobierno de Guerrero, quién le dio el aval para llegar y —en la misma lógica— quién pudiera estar tocando a la puerta de su gobierno, para cobrar facturas. En Guerrero todos o casi todos dan por hecho el regreso del PRI al poder estatal. Pero hasta hace días eran sólo dos los políticos capaces de revertir esa tendencia; uno era Armando Chavarría. La otra es Ruth Zavaleta. Pero esa es sólo la lógica local. El fondo es que pudiera estar de vuelta la tentación de los mataperredistas rumbo a 2012. En Guerrero, los Figueroa.
Por lo pronto no es poca cosa la foto del homenaje a Chavarría en el Congreso local. Flanquean Marcelo Ebrard, Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Guadalupe Acosta… ¿Y AMLO? “Ni pío” dijo. En Guerrero el PRD paga caras sus desviaciones. De eso hablaremos después.
EN EL CAMINO Y a propósito de mensajes amenazantes, la preocupación llegó al góber de Veracruz, Fidel Herrera. Mataron a uno de los Borunda.
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Columna Estrictamente PersonalCáncer en Guerrero (I)
Ejecentral.com, 24 de agosto de 2009
El asesinato del líder del Congreso de Guerrero y principal figura del PRD en el estado, Armando Chavarría Barrera, estaba anunciado. No se trata de jugar a diagnosticar el pasado para explicar el presente. Estaba anunciado por la continua descomposición en la cual se encuentra el cuerpo político guerrerense, y la poca atención que se le ha dado. La inquietud surge ahora arropada en la indignación, pero el deterioro ha sido una constante en el gobierno de Zeferino Torreblanca, que está débil, enfrentado a los viejos poderes caciquiles y a nuevos fenómenos que dibujan un caminar hacia el narcoterrorismo.
El PRD afirmó que el asesinato de Chavarría Barrera había sido político, sin aportar mayor contribución que la retórica. No se sabe cuál es el móvil, ni quién ordenó su muerte. Pero estaba sentado en el polvorín creado por el gobernador Torreblanca, un empresario que llegó a gobernador con la bandera del PRD -que ahora lo está enjuiciando políticamente por el crimen-, y contra quien contendió por la candidatura. En aquél entonces fue obligado a declinar y a esperar su turno, que llegaría en las próximas elecciones en 2011. La hipótesis de que la gubernatura se encuentra en el centro de su ejecución es una de las varias que se tienen que investigar. Si este es el caso, los poderes reales en Guerrero, como los que representa el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, van a ser examinados exhaustivamente.
El nombre de Figueroa Alcocer es un referente inmediato para los expertos en Guerrero en el contexto del crimen. Durante su gobierno cooptó a 17 ex guerrilleros del Partido de los Pobres que fundó Lucio Cabañas. Entre esos “arrepentidos” -como los llaman-, se encuentra Heriberto Noriega Cantú, que fue uno de los que denunció públicamente como “inmoral” a Francisco Fierro Loza, que pertenecía a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, el núcleo de la guerrilla de Cabañas, que realizó el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa. Fierro Loza, similar a Chavarría Barrera, fue asesinado por un comando -este, comprobado, de guerrilleros-, en las afueras de Chilpancingo en julio de 1984, después de visitar a sus hijos, cuya madre era, paradójicamente, la hermana de Noriega Cantú, una de las “desaparecidas” del entonces gobernador Figueroa Figueroa.
Noriega Cantú no era enemigo de Chavarría Barrera. Por el contrario. Era su director de Administración en el Congreso local, y de acuerdo con testigos, uno de los que más ha llorado el asesinato de su jefe administrativo, a donde había llegado sin importar las denuncias que la propia dirigencia local del PRD había hecho en su contra en la Fiscalía Especial que investigó el periodo de la guerra sucia, como un “delator” de guerrilleros durante el gobierno de Figueroa Alcocer. Igual desprecio generó otro miembro de “los arrepentidos”, y también cercano de Chavarría Barrera, Jesús Herrera Vélez, integrado al gobierno de Torreblanca, cuyo nombre de guerra era “Chuchín”, y alcalde en Coyuca de Benítez cuando se dio la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, que le costó la gubernatura a Figueroa Alcocer.
Aunque no hay información contundente que vinculen a Chavarría Barrera con la guerrilla de Lucio Cabañas, fuentes de inteligencia militar han dicho que en los 70s, era correo de la guerrilla. La vinculación del líder perredista asesinado con Noriega Cantú y Herrera Vélez, de acuerdo con personas que conocen la historia política de Guerrero, se dio porque los tres fueron enlaces del Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento con el legendario dirigente de la izquierda y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rosalío Wences Reza, que estaba al frente de la institución (durante el secuestro de Figueroa Alcocer, el rector era, sin embargo, Arquímides Morales, y que soportó los embates de su hijo, Figueroa Figueroa, que vinculaba a la universidad con grupos guerrilleros. En la época dura y represora de los 70s, cuando el Ejército barrió la sierra de Guerrero persiguiendo a Cabañas, Wences Reza defendió a los luchadores sociales y a los perseguidos por el Estado, combinando la labor académica con la política.
La Universidad Autónoma de Guerrero fue siempre -como sucede en todas las universidades del mundo- un lugar de agitación y efervescencia política. En ese sentido, Chavarría Barrera fue uno de sus principales exponentes, y llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes Guerrerenses en los 80s, cuya influencia en la institución no perdería con el paso de los años. En los 80s, antes de ser líder estudiantil, vivió en la Casa del Estudiante en Chilpancingo, a donde llegó procedente de Oaxaca un joven llamado Jacobo Silva Nogales. Estudiaba sociología y se vinculó al Partido de los Pobres, pero Chavarría Barrera y sus cercanos -sin saberse si sabía de ese vínculo o no-, lo despreciaban intelectualmente cuando compartían techo.
Silva Nogales participó en la fusión de las guerrillas oaxaqueña y guerrerense que dieron nacimiento al EPR, pero en febrero de 1997, por diferencias en la estrategia insurreccional, se separó de ellos. Junto con otros grupos de Guerrero, formaron el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), donde tomó el nombre de guerra “Comandante Antonio”.
Silva Nogales fue detenido junto con su esposa Gloria Arena en 1998, y actualmente se encuentran presos. Pero el ERPI no desapareció. Encabezado hoy en día por el ”Comandante Ramiro”, ha estado detrás de la oposición social a la construcción de la presa de “La Parota”, que enfrentó a la comunidad con el gobierno de Torreblanca, principalmente con Chavarría Barrera, que era su secretario de Gobierno, y realizado secuestros y ataques. Pero en los últimos años, el ERPI entró en un proceso de degradación, rompiendo los vasos comunicantes que tenía con políticos y estableció alianzas con cárteles de la droga contra las cuales el PRD ha estado luchando. La lucha en Guerrero es política y es a balazos. Transgrede acuerdos políticos y viejos pactos. Chavarría Barrera parece ser la primera gran víctima de la nueva cara del viejo México bronco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
El asesinato del líder del Congreso de Guerrero y principal figura del PRD en el estado, Armando Chavarría Barrera, estaba anunciado. No se trata de jugar a diagnosticar el pasado para explicar el presente. Estaba anunciado por la continua descomposición en la cual se encuentra el cuerpo político guerrerense, y la poca atención que se le ha dado. La inquietud surge ahora arropada en la indignación, pero el deterioro ha sido una constante en el gobierno de Zeferino Torreblanca, que está débil, enfrentado a los viejos poderes caciquiles y a nuevos fenómenos que dibujan un caminar hacia el narcoterrorismo.
El PRD afirmó que el asesinato de Chavarría Barrera había sido político, sin aportar mayor contribución que la retórica. No se sabe cuál es el móvil, ni quién ordenó su muerte. Pero estaba sentado en el polvorín creado por el gobernador Torreblanca, un empresario que llegó a gobernador con la bandera del PRD -que ahora lo está enjuiciando políticamente por el crimen-, y contra quien contendió por la candidatura. En aquél entonces fue obligado a declinar y a esperar su turno, que llegaría en las próximas elecciones en 2011. La hipótesis de que la gubernatura se encuentra en el centro de su ejecución es una de las varias que se tienen que investigar. Si este es el caso, los poderes reales en Guerrero, como los que representa el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, van a ser examinados exhaustivamente.
El nombre de Figueroa Alcocer es un referente inmediato para los expertos en Guerrero en el contexto del crimen. Durante su gobierno cooptó a 17 ex guerrilleros del Partido de los Pobres que fundó Lucio Cabañas. Entre esos “arrepentidos” -como los llaman-, se encuentra Heriberto Noriega Cantú, que fue uno de los que denunció públicamente como “inmoral” a Francisco Fierro Loza, que pertenecía a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, el núcleo de la guerrilla de Cabañas, que realizó el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa. Fierro Loza, similar a Chavarría Barrera, fue asesinado por un comando -este, comprobado, de guerrilleros-, en las afueras de Chilpancingo en julio de 1984, después de visitar a sus hijos, cuya madre era, paradójicamente, la hermana de Noriega Cantú, una de las “desaparecidas” del entonces gobernador Figueroa Figueroa.
Noriega Cantú no era enemigo de Chavarría Barrera. Por el contrario. Era su director de Administración en el Congreso local, y de acuerdo con testigos, uno de los que más ha llorado el asesinato de su jefe administrativo, a donde había llegado sin importar las denuncias que la propia dirigencia local del PRD había hecho en su contra en la Fiscalía Especial que investigó el periodo de la guerra sucia, como un “delator” de guerrilleros durante el gobierno de Figueroa Alcocer. Igual desprecio generó otro miembro de “los arrepentidos”, y también cercano de Chavarría Barrera, Jesús Herrera Vélez, integrado al gobierno de Torreblanca, cuyo nombre de guerra era “Chuchín”, y alcalde en Coyuca de Benítez cuando se dio la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, que le costó la gubernatura a Figueroa Alcocer.
Aunque no hay información contundente que vinculen a Chavarría Barrera con la guerrilla de Lucio Cabañas, fuentes de inteligencia militar han dicho que en los 70s, era correo de la guerrilla. La vinculación del líder perredista asesinado con Noriega Cantú y Herrera Vélez, de acuerdo con personas que conocen la historia política de Guerrero, se dio porque los tres fueron enlaces del Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento con el legendario dirigente de la izquierda y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rosalío Wences Reza, que estaba al frente de la institución (durante el secuestro de Figueroa Alcocer, el rector era, sin embargo, Arquímides Morales, y que soportó los embates de su hijo, Figueroa Figueroa, que vinculaba a la universidad con grupos guerrilleros. En la época dura y represora de los 70s, cuando el Ejército barrió la sierra de Guerrero persiguiendo a Cabañas, Wences Reza defendió a los luchadores sociales y a los perseguidos por el Estado, combinando la labor académica con la política.
La Universidad Autónoma de Guerrero fue siempre -como sucede en todas las universidades del mundo- un lugar de agitación y efervescencia política. En ese sentido, Chavarría Barrera fue uno de sus principales exponentes, y llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes Guerrerenses en los 80s, cuya influencia en la institución no perdería con el paso de los años. En los 80s, antes de ser líder estudiantil, vivió en la Casa del Estudiante en Chilpancingo, a donde llegó procedente de Oaxaca un joven llamado Jacobo Silva Nogales. Estudiaba sociología y se vinculó al Partido de los Pobres, pero Chavarría Barrera y sus cercanos -sin saberse si sabía de ese vínculo o no-, lo despreciaban intelectualmente cuando compartían techo.
Silva Nogales participó en la fusión de las guerrillas oaxaqueña y guerrerense que dieron nacimiento al EPR, pero en febrero de 1997, por diferencias en la estrategia insurreccional, se separó de ellos. Junto con otros grupos de Guerrero, formaron el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), donde tomó el nombre de guerra “Comandante Antonio”.
Silva Nogales fue detenido junto con su esposa Gloria Arena en 1998, y actualmente se encuentran presos. Pero el ERPI no desapareció. Encabezado hoy en día por el ”Comandante Ramiro”, ha estado detrás de la oposición social a la construcción de la presa de “La Parota”, que enfrentó a la comunidad con el gobierno de Torreblanca, principalmente con Chavarría Barrera, que era su secretario de Gobierno, y realizado secuestros y ataques. Pero en los últimos años, el ERPI entró en un proceso de degradación, rompiendo los vasos comunicantes que tenía con políticos y estableció alianzas con cárteles de la droga contra las cuales el PRD ha estado luchando. La lucha en Guerrero es política y es a balazos. Transgrede acuerdos políticos y viejos pactos. Chavarría Barrera parece ser la primera gran víctima de la nueva cara del viejo México bronco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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