*¿ QUÉ ESTÁ DETRÁS DE LA SUCESIÓN EN LA CNDH?/Rosario Ibarra*
En días pasados hice pública una comunicación que dirigí a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República sobre el proceso de sucesión de la Presidencia de la CNDH que debe aprobar el Senado a más tardar en noviembre de este año.
Hice pública esa comunicación para precisar las bases legales sobre las que esta sucesión debe ocurrir y responder a muchas especulaciones que especialmente en estos días se han difundido en los medios de comunicación. Rumores y especulaciones, sin embargo, que han continuado, seguramente estimulados por el interés creciente sobre la Presidencia de la CNDH y el futuro de esa institución.
Se dice, por ejemplo, que la JUCOPO ha decidido que no sea la Comisión de Derechos Humanos del Senado que yo presido quien conduzca el proceso de sucesión, sino que sea en Comisiones Unidas con la de Justicia y de Estudios Legislativos que son presididas por Senadores del PAN y del PRI respectivamente.
Aclaro a la opinión pública que yo no he recibido una respuesta por escrito de la JUCOPO en ese sentido y que no es posible una determinación de esa naturaleza porque no tendría sustento legal.
Puede ser, como dicen algunos, un globo de sonda en el mar de especulaciones pero que la JUCOPO no aprobaría responsablemente ni yo la aceptaría.
En mi anterior comunicación expliqué los pasos y procedimientos que a partir de este mes de septiembre la Comisión de Derechos Humanos, como la comisión correspondiente de acuerdo a la ley, debe realizar para conducir el proceso.
A diferencia de los dictámenes de las comisiones senatoriales sobre iniciativas de leyes, reformas de las mismas o de reforma constitucional, en el caso de la sucesión en la CNDH se trata de un nombramiento, finalmente aprobado en el pleno, para lo cual no se requiere del apoyo de la Comisión de Estudios Legislativos, como nunca se ha requerido en estos casos o en los nombramientos anteriores. Menos justificación tiene agregar a cualquier otra comisión para el dictamen sobre la sucesión, además de que no tiene sustento en la ley.
También expliqué antes que la diferencia surgida en la propia Comisión de Derechos Humanos sobre la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH desde 2007 se resume en si el proceso es público, abierto a la sociedad, transparente o si es resultado de una negociación o acuerdo previo a la sesión en que deba aprobarse formalmente el dictamen.
Los grupos parlamentarios pueden ponerse de acuerdo o definir criterios, pero en mi calidad de Presidenta de la Comisión no participo de acuerdos previos privados para “planchar” una propuesta.
He insistido en que mi criterio es que para la sucesión del Presidente de la CNDH sostengo lo mismo.
Todo el sentido de mi propuesta, explicada antes, va en su carácter público y no estoy de acuerdo en las propuestas que antes se hicieron para cerrar la sesión de la Comisión y sacar de la misma a los representantes de la prensa o de las ONGs interesadas en el proceso.
Tampoco el criterio de quienes dicen que “no sé negociar” y que podría haber intercambiado alguna de mis candidaturas por las de otra de los partidos representados en la Comisión.
Si no lo hice con los integrantes de la Comisión, tampoco lo haría con Presidentes de otras comisiones en supuesto equilibrio político como si fuera parte de los acuerdos e intercambios de los que la sociedad está cansada de ver.
Además de que no sería legal, le quitaría también legitimidad al proceso de elección del Presidente de la CNDH.
Con justa razón cualquier candidato, precandidato o candidato perdedor podría impugnar el proceso o su resultado y yo no me prestaría a ser parte de un proceso que se viciara así desde el origen.
No deben ponerse obstáculos para la acción de la Comisión de Derechos Humanos, se debe respetar el proceso público que propongo, abandonarse toda táctica de boicot a las sesiones de la misma para concluir los procesos pendientes relativos al Consejo Consultivo y para iniciar el de la Presidencia de la CNDH.
Estoy consciente de que soy la garantía de que el proceso se conduzca con imparcialidad y no con los “dados cargados” hacia algún arreglo político externo y por eso defiendo el derecho de esta comisión a conducirlo y hacerlo en forma abierta.
Es el ofrecimiento que he hecho a respetables personas que me han hecho llegar en estos días su interés en participar en el proceso y que han tenido la confianza de expresármelo.
Pero si a pesar de que lo que ofrezco es conducir el proceso en forma pública e imparcial continúan los ataques y descalificaciones , es obvio -no soy ingenua- que detrás de la sucesión en la CNDH hay intereses políticos y materiales, mayores que van más allá de lo superficial y de las posibles comisiones dictaminadoras. En primer lugar por los cuantiosos recursos a disposición de la CNDH.
El escándalo no es solamente porque sea la más cara en el mundo, sino por sus resultados en términos del respeto a los derechos humanos en nuestro país.
“Cara e inútil” es conclusión de cada vez más analistas del caso.
Por supuesto que la transición en la CNDH debería examinar con atención esa contradicción y revisar la utilización de esos recursos afrentosos ante las necesidades lacerantes en nuestro país.
Pero el problema no son solamente los recursos sino sus funciones sustantivas.
Se habla cada vez más, desde el poder, de los “riesgos de estallidos sociales” que hay que agregar son producto del cansancio y desesperación populares frente una determinada política económica y social que se insiste en mantener.
Pero en vez de enfrentar los “riesgos de estallido social” con otra política económica y social, se ha venido fortaleciendo, incluso con las reformas legales que se nos han impuesto en esta Legislatura, respuestas autoritarias, represivas, policiacas.
Es hipócrita la preocupación por estallidos sociales cuando lo que se prepara -o se continúa- es la represión a los movimientos sociales o de resistencia.
La clase en el poder no acepta cambiar la política económica y social. Menos aún renunciar a sus privilegios.
Su “preocupación” es fortalecer el aparato represivo.
Ejemplo clarísimo lo hemos tenido estos días con el creciente movimiento social que se opone a la elevación de las tarifas de la luz eléctrica.
En vez de frenar el proceso de privatización, de cambiar el criterio de privilegio para las grandes empresas en detrimento de los consumidores domésticos, se encarcela a los dirigentes de uno de estos movimientos de resistencia más antiguos, como es el de Candelaria, Campeche, para armarles un proceso similar al seguido contra los presos de Atenco.
Es decir criminalizar la protesta social.
Por eso es que es mañosa la frase del “riesgo de estallidos sociales”.
Riesgo para los poderosos y privilegiados de este país.
Esperanza para nosotros de que haya más movimientos sociales, de lucha y resistencia pacífica contra esta situación, lo que no quiere decir “estallidos” como policiacamente se maneja en la lógica de criminalizar la protesta social.
Y por eso tampoco me hago eco de los que dicen que para evitar “los riesgos de estallido social” hay que conciliar, negociar, “corresponsabilizarnos” de la situación con los que son responsables de este desastre al que han conducido al país.
Pero si ellos están pensando en enfrentar el descontento social, manteniendo la misma política e intereses y privilegios y responder con mayor represión, autoritarismo, militarización, violaciones a derechos humanos, se entiende que quieran una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo con aquel interés, que no vigila y se hace cómplice por omisión o por acción, que descubre gastritis donde hay homicidio, que se opone a los derechos de las mujeres, que no reconoce el regreso de la práctica desaforada de desapariciones forzadas disfrazadas de “levantones”, que no ve la subordinación a la política de Estados Unidos, a la acción militar y policiaca de sus agencias en nuestro país y al proceso de militarización, ejemplificado con toques de queda, suspensión de garantías no legalizadas y prácticos golpes militares en Ciudad Juárez o en estados completos como Michoacán.
Para ellos, hay que asegurar el continuismo en la CNDH por el papel que deberá jugar cada vez más en el curso represivo que se viene. Por la política que continuarán y para usarla en la otra sucesión en que creen consolidarán su poder y control.
México, D.F. a 1 de septiembre de 2009.
* Senadora de la República
En días pasados hice pública una comunicación que dirigí a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República sobre el proceso de sucesión de la Presidencia de la CNDH que debe aprobar el Senado a más tardar en noviembre de este año.
Hice pública esa comunicación para precisar las bases legales sobre las que esta sucesión debe ocurrir y responder a muchas especulaciones que especialmente en estos días se han difundido en los medios de comunicación. Rumores y especulaciones, sin embargo, que han continuado, seguramente estimulados por el interés creciente sobre la Presidencia de la CNDH y el futuro de esa institución.
Se dice, por ejemplo, que la JUCOPO ha decidido que no sea la Comisión de Derechos Humanos del Senado que yo presido quien conduzca el proceso de sucesión, sino que sea en Comisiones Unidas con la de Justicia y de Estudios Legislativos que son presididas por Senadores del PAN y del PRI respectivamente.
Aclaro a la opinión pública que yo no he recibido una respuesta por escrito de la JUCOPO en ese sentido y que no es posible una determinación de esa naturaleza porque no tendría sustento legal.
Puede ser, como dicen algunos, un globo de sonda en el mar de especulaciones pero que la JUCOPO no aprobaría responsablemente ni yo la aceptaría.
En mi anterior comunicación expliqué los pasos y procedimientos que a partir de este mes de septiembre la Comisión de Derechos Humanos, como la comisión correspondiente de acuerdo a la ley, debe realizar para conducir el proceso.
A diferencia de los dictámenes de las comisiones senatoriales sobre iniciativas de leyes, reformas de las mismas o de reforma constitucional, en el caso de la sucesión en la CNDH se trata de un nombramiento, finalmente aprobado en el pleno, para lo cual no se requiere del apoyo de la Comisión de Estudios Legislativos, como nunca se ha requerido en estos casos o en los nombramientos anteriores. Menos justificación tiene agregar a cualquier otra comisión para el dictamen sobre la sucesión, además de que no tiene sustento en la ley.
También expliqué antes que la diferencia surgida en la propia Comisión de Derechos Humanos sobre la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH desde 2007 se resume en si el proceso es público, abierto a la sociedad, transparente o si es resultado de una negociación o acuerdo previo a la sesión en que deba aprobarse formalmente el dictamen.
Los grupos parlamentarios pueden ponerse de acuerdo o definir criterios, pero en mi calidad de Presidenta de la Comisión no participo de acuerdos previos privados para “planchar” una propuesta.
He insistido en que mi criterio es que para la sucesión del Presidente de la CNDH sostengo lo mismo.
Todo el sentido de mi propuesta, explicada antes, va en su carácter público y no estoy de acuerdo en las propuestas que antes se hicieron para cerrar la sesión de la Comisión y sacar de la misma a los representantes de la prensa o de las ONGs interesadas en el proceso.
Tampoco el criterio de quienes dicen que “no sé negociar” y que podría haber intercambiado alguna de mis candidaturas por las de otra de los partidos representados en la Comisión.
Si no lo hice con los integrantes de la Comisión, tampoco lo haría con Presidentes de otras comisiones en supuesto equilibrio político como si fuera parte de los acuerdos e intercambios de los que la sociedad está cansada de ver.
Además de que no sería legal, le quitaría también legitimidad al proceso de elección del Presidente de la CNDH.
Con justa razón cualquier candidato, precandidato o candidato perdedor podría impugnar el proceso o su resultado y yo no me prestaría a ser parte de un proceso que se viciara así desde el origen.
No deben ponerse obstáculos para la acción de la Comisión de Derechos Humanos, se debe respetar el proceso público que propongo, abandonarse toda táctica de boicot a las sesiones de la misma para concluir los procesos pendientes relativos al Consejo Consultivo y para iniciar el de la Presidencia de la CNDH.
Estoy consciente de que soy la garantía de que el proceso se conduzca con imparcialidad y no con los “dados cargados” hacia algún arreglo político externo y por eso defiendo el derecho de esta comisión a conducirlo y hacerlo en forma abierta.
Es el ofrecimiento que he hecho a respetables personas que me han hecho llegar en estos días su interés en participar en el proceso y que han tenido la confianza de expresármelo.
Pero si a pesar de que lo que ofrezco es conducir el proceso en forma pública e imparcial continúan los ataques y descalificaciones , es obvio -no soy ingenua- que detrás de la sucesión en la CNDH hay intereses políticos y materiales, mayores que van más allá de lo superficial y de las posibles comisiones dictaminadoras. En primer lugar por los cuantiosos recursos a disposición de la CNDH.
El escándalo no es solamente porque sea la más cara en el mundo, sino por sus resultados en términos del respeto a los derechos humanos en nuestro país.
“Cara e inútil” es conclusión de cada vez más analistas del caso.
Por supuesto que la transición en la CNDH debería examinar con atención esa contradicción y revisar la utilización de esos recursos afrentosos ante las necesidades lacerantes en nuestro país.
Pero el problema no son solamente los recursos sino sus funciones sustantivas.
Se habla cada vez más, desde el poder, de los “riesgos de estallidos sociales” que hay que agregar son producto del cansancio y desesperación populares frente una determinada política económica y social que se insiste en mantener.
Pero en vez de enfrentar los “riesgos de estallido social” con otra política económica y social, se ha venido fortaleciendo, incluso con las reformas legales que se nos han impuesto en esta Legislatura, respuestas autoritarias, represivas, policiacas.
Es hipócrita la preocupación por estallidos sociales cuando lo que se prepara -o se continúa- es la represión a los movimientos sociales o de resistencia.
La clase en el poder no acepta cambiar la política económica y social. Menos aún renunciar a sus privilegios.
Su “preocupación” es fortalecer el aparato represivo.
Ejemplo clarísimo lo hemos tenido estos días con el creciente movimiento social que se opone a la elevación de las tarifas de la luz eléctrica.
En vez de frenar el proceso de privatización, de cambiar el criterio de privilegio para las grandes empresas en detrimento de los consumidores domésticos, se encarcela a los dirigentes de uno de estos movimientos de resistencia más antiguos, como es el de Candelaria, Campeche, para armarles un proceso similar al seguido contra los presos de Atenco.
Es decir criminalizar la protesta social.
Por eso es que es mañosa la frase del “riesgo de estallidos sociales”.
Riesgo para los poderosos y privilegiados de este país.
Esperanza para nosotros de que haya más movimientos sociales, de lucha y resistencia pacífica contra esta situación, lo que no quiere decir “estallidos” como policiacamente se maneja en la lógica de criminalizar la protesta social.
Y por eso tampoco me hago eco de los que dicen que para evitar “los riesgos de estallido social” hay que conciliar, negociar, “corresponsabilizarnos” de la situación con los que son responsables de este desastre al que han conducido al país.
Pero si ellos están pensando en enfrentar el descontento social, manteniendo la misma política e intereses y privilegios y responder con mayor represión, autoritarismo, militarización, violaciones a derechos humanos, se entiende que quieran una Comisión Nacional de Derechos Humanos a modo con aquel interés, que no vigila y se hace cómplice por omisión o por acción, que descubre gastritis donde hay homicidio, que se opone a los derechos de las mujeres, que no reconoce el regreso de la práctica desaforada de desapariciones forzadas disfrazadas de “levantones”, que no ve la subordinación a la política de Estados Unidos, a la acción militar y policiaca de sus agencias en nuestro país y al proceso de militarización, ejemplificado con toques de queda, suspensión de garantías no legalizadas y prácticos golpes militares en Ciudad Juárez o en estados completos como Michoacán.
Para ellos, hay que asegurar el continuismo en la CNDH por el papel que deberá jugar cada vez más en el curso represivo que se viene. Por la política que continuarán y para usarla en la otra sucesión en que creen consolidarán su poder y control.
México, D.F. a 1 de septiembre de 2009.
* Senadora de la República
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