Traducido por Carlos Manzano
Publicado en EL PAÍS, 30/09/09;
El 2 de octubre, los votantes irlandeses acudirán por segunda vez a las urnas para decidir si aprueban el Tratado de Lisboa. En las capitales europeas cunde el nerviosismo a medida que se acerca el día de la votación: el futuro de la Unión Europea está de nuevo en manos de unos votantes imprevisibles. En dos de las tres últimas ocasiones en que se les ha pedido a los irlandeses que votaran sobre un tratado europeo, han rechazado la propuesta.
Para la UE lo que está en juego no puede ser más importante. El Tratado de Lisboa fue el compromiso alcanzado por los dirigentes de los países miembros a raíz del rechazo de la Constitución Europea en referendos populares celebrados en Francia y los Países Bajos en 2005. En las negociaciones sobre el Tratado de Lisboa se ha derramado mucha sangre, sudor y lágrimas, y su rechazo por segunda vez por los votantes irlandeses dejaría a la Unión en una situación de grave parálisis política y de deterioro institucional.
Durante la campaña actual para el referéndum de Irlanda ha habido un resurgimiento del conflicto entre una constelación ya conocida de fuerzas. En el bando del sí figuran todos los principales partidos políticos, los sindicatos, la comunidad empresarial y una amplia red de grupos de la sociedad civil. Su campaña ha estado mejor coordinada y ha sido más intensa que la última vez, con vistas a movilizar el máximo número de apoyos y lograr una gran participación de votantes, que, según la mayoría de los comentaristas, ayudaría al bando del sí.
En el bando del no figura una coalición dispar procedente tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, incluidos los ultracatólicos y los marxistas recalcitrantes, que ha intentado provocar histeria sobre supuestas amenazas que van desde el servicio militar hasta la eutanasia, pasando por el aborto. Pero ese bando parece carecer del dinamismo y del vigor de que dio muestras, y con éxito en las urnas, la vez anterior.
La razón principal del decaimiento de los euroescépticos es que Irlanda ha quedado traumatizada por la catástrofe económica sufrida durante el año pasado. La arrogancia de los años en que se hablaba del Tigre Celta es un recuerdo lejano, en vista de que la actual es la peor recesión de la historia de Irlanda como Estado independiente. Los economistas calculan que el crecimiento irlandés se contraerá hasta un 8% en 2009 y auguran que el año próximo habrá otra pronunciada reducción.
El déficit presupuestario de Irlanda es ahora el mayor de la Unión Europea y la deuda pública se ha disparado, pues el Gobierno se ha esforzado por compensar el pronunciado descenso de los ingresos. El sistema
bancario irlandés estuvo cerca del colapso total en septiembre de 2008 y sólo se salvó gracias a una garantía estatal de 400.000 millones de euros para todos los depósitos bancarios. En fecha más reciente, el Estado se hizo cargo de las responsabilidades de promotores inmobiliarios sin escrúpulos con la creación de un banco malo que podría hacer cargar a los contribuyentes irlandeses con una montaña de deuda durante los próximos decenios.
La intensidad del desplome de la economía ha ayudado al Gobierno irlandés en sus esfuerzos por conseguir el voto afirmativo. El Banco Central Europeo ha facilitado un salvavidas monetario que ha aportado una liquidez muy necesaria al sistema financiero y ha ayudado al Gobierno a contener la crisis de confianza creada por el desplome bancario. Los ministros del Gobierno y los representantes de la UE citan repetidas veces el ejemplo de Islandia, al señalar lo que le podría haber ocurrido a Irlanda si hubiese estado fuera de la UE.
Así, la segunda campaña para el referéndum ha hecho entrar en juego de nuevo la dimensión económica de la pertenencia de Irlanda a la UE, que estuvo en gran medida ausente del debate de 2008 sobre el Tratado. Irlanda se ha beneficiado desproporcionadamente de la generosidad de la UE durante sus 35 años de pertenencia a ella y en 2008 siguió recibiendo una suma neta de 500 millones con cargo al presupuesto de la Unión.
Cuando se recuerda a los votantes el posible coste catastrófico de quedar excluidos, y no ya sólo de la zona del Mercado Único, sino también de las estructuras de adopción de decisiones del Consejo de Ministros y del Banco Central Europeo, resulta claro lo que está en juego en el referéndum.
Además, el Gobierno irlandés ha obtenido garantías jurídicas de sus socios de la UE sobre las cuestiones que más preocupan a quienes votaron negativamente o se abstuvieron en el primer referéndum. Esos compromisos manifiestan que nada hay en los tratados que vaya a afectar a las prerrogativas irlandesas sobre el aborto, la neutralidad militar y la fiscalidad. El Gobierno ha conseguido también un acuerdo a escala de la UE por el cual, en lugar de reducir el tamaño de la Comisión Europea, se permitirá a Irlanda conservar un puesto permanente en la mesa de la Comisión. Ese éxito negociador ha brindado al Gobierno considerable margen de maniobra gracias al cual hacer una campaña más eficaz para el referéndum.
Esa combinación de garantías jurídicas y circunstancias económicas diferentes está contribuyendo a movilizar a una mayoría a favor del Tratado de Lisboa. Las encuestas de opinión hechas en las últimas semanas indican que el bando partidario del sí cuenta con una fuerte mayoría del 62% frente al 23%, mientras que los indecisos representan el 15% del electorado.
Pero el panorama dista de ser nítido. Las encuestas indican que los irlandeses son muy partidarios de la pertenencia a la UE y del proceso de integración. El problema estriba en que esas actitudes favorables varían considerablemente en intensidad y constituyen un bloque blando de apoyo a la UE; en el referéndum de 2008, ese bloque blando se desplomó en la semana final de la campaña.
Parece claro que un segundo rechazo del Tratado de Lisboa por el electorado irlandés hundiría a la Unión Europea en una nueva crisis y amenazaría con desbaratar los considerables beneficios en materia de legitimidad democrática y capacidad colectiva para la adopción de decisiones que se desprenden del nuevo Tratado. Todo indica que los votantes parecen ahora dispuestos a aprobar el Tratado, pero nadie debería dar por sentados los votos irlandeses en los últimos días de la campaña.
Para la UE lo que está en juego no puede ser más importante. El Tratado de Lisboa fue el compromiso alcanzado por los dirigentes de los países miembros a raíz del rechazo de la Constitución Europea en referendos populares celebrados en Francia y los Países Bajos en 2005. En las negociaciones sobre el Tratado de Lisboa se ha derramado mucha sangre, sudor y lágrimas, y su rechazo por segunda vez por los votantes irlandeses dejaría a la Unión en una situación de grave parálisis política y de deterioro institucional.
Durante la campaña actual para el referéndum de Irlanda ha habido un resurgimiento del conflicto entre una constelación ya conocida de fuerzas. En el bando del sí figuran todos los principales partidos políticos, los sindicatos, la comunidad empresarial y una amplia red de grupos de la sociedad civil. Su campaña ha estado mejor coordinada y ha sido más intensa que la última vez, con vistas a movilizar el máximo número de apoyos y lograr una gran participación de votantes, que, según la mayoría de los comentaristas, ayudaría al bando del sí.
En el bando del no figura una coalición dispar procedente tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, incluidos los ultracatólicos y los marxistas recalcitrantes, que ha intentado provocar histeria sobre supuestas amenazas que van desde el servicio militar hasta la eutanasia, pasando por el aborto. Pero ese bando parece carecer del dinamismo y del vigor de que dio muestras, y con éxito en las urnas, la vez anterior.
La razón principal del decaimiento de los euroescépticos es que Irlanda ha quedado traumatizada por la catástrofe económica sufrida durante el año pasado. La arrogancia de los años en que se hablaba del Tigre Celta es un recuerdo lejano, en vista de que la actual es la peor recesión de la historia de Irlanda como Estado independiente. Los economistas calculan que el crecimiento irlandés se contraerá hasta un 8% en 2009 y auguran que el año próximo habrá otra pronunciada reducción.
El déficit presupuestario de Irlanda es ahora el mayor de la Unión Europea y la deuda pública se ha disparado, pues el Gobierno se ha esforzado por compensar el pronunciado descenso de los ingresos. El sistema
bancario irlandés estuvo cerca del colapso total en septiembre de 2008 y sólo se salvó gracias a una garantía estatal de 400.000 millones de euros para todos los depósitos bancarios. En fecha más reciente, el Estado se hizo cargo de las responsabilidades de promotores inmobiliarios sin escrúpulos con la creación de un banco malo que podría hacer cargar a los contribuyentes irlandeses con una montaña de deuda durante los próximos decenios.
La intensidad del desplome de la economía ha ayudado al Gobierno irlandés en sus esfuerzos por conseguir el voto afirmativo. El Banco Central Europeo ha facilitado un salvavidas monetario que ha aportado una liquidez muy necesaria al sistema financiero y ha ayudado al Gobierno a contener la crisis de confianza creada por el desplome bancario. Los ministros del Gobierno y los representantes de la UE citan repetidas veces el ejemplo de Islandia, al señalar lo que le podría haber ocurrido a Irlanda si hubiese estado fuera de la UE.
Así, la segunda campaña para el referéndum ha hecho entrar en juego de nuevo la dimensión económica de la pertenencia de Irlanda a la UE, que estuvo en gran medida ausente del debate de 2008 sobre el Tratado. Irlanda se ha beneficiado desproporcionadamente de la generosidad de la UE durante sus 35 años de pertenencia a ella y en 2008 siguió recibiendo una suma neta de 500 millones con cargo al presupuesto de la Unión.
Cuando se recuerda a los votantes el posible coste catastrófico de quedar excluidos, y no ya sólo de la zona del Mercado Único, sino también de las estructuras de adopción de decisiones del Consejo de Ministros y del Banco Central Europeo, resulta claro lo que está en juego en el referéndum.
Además, el Gobierno irlandés ha obtenido garantías jurídicas de sus socios de la UE sobre las cuestiones que más preocupan a quienes votaron negativamente o se abstuvieron en el primer referéndum. Esos compromisos manifiestan que nada hay en los tratados que vaya a afectar a las prerrogativas irlandesas sobre el aborto, la neutralidad militar y la fiscalidad. El Gobierno ha conseguido también un acuerdo a escala de la UE por el cual, en lugar de reducir el tamaño de la Comisión Europea, se permitirá a Irlanda conservar un puesto permanente en la mesa de la Comisión. Ese éxito negociador ha brindado al Gobierno considerable margen de maniobra gracias al cual hacer una campaña más eficaz para el referéndum.
Esa combinación de garantías jurídicas y circunstancias económicas diferentes está contribuyendo a movilizar a una mayoría a favor del Tratado de Lisboa. Las encuestas de opinión hechas en las últimas semanas indican que el bando partidario del sí cuenta con una fuerte mayoría del 62% frente al 23%, mientras que los indecisos representan el 15% del electorado.
Pero el panorama dista de ser nítido. Las encuestas indican que los irlandeses son muy partidarios de la pertenencia a la UE y del proceso de integración. El problema estriba en que esas actitudes favorables varían considerablemente en intensidad y constituyen un bloque blando de apoyo a la UE; en el referéndum de 2008, ese bloque blando se desplomó en la semana final de la campaña.
Parece claro que un segundo rechazo del Tratado de Lisboa por el electorado irlandés hundiría a la Unión Europea en una nueva crisis y amenazaría con desbaratar los considerables beneficios en materia de legitimidad democrática y capacidad colectiva para la adopción de decisiones que se desprenden del nuevo Tratado. Todo indica que los votantes parecen ahora dispuestos a aprobar el Tratado, pero nadie debería dar por sentados los votos irlandeses en los últimos días de la campaña.
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