Requisa adelantada

El gobierno prepara la requisa
ROSALíA VERGARA

Proceso # 1719, 11 de octubre de 2009;

Desde hace seis meses, cuando comenzó la contienda para elegir al nuevo secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien buscaba reelegirse en el cargo, y Alejandro Muñoz Reséndiz, su contendiente, se enfrascaron en una gresca que se polarizó y hoy mantiene al gremio en la zozobra.

En entrevistas por separado, ambos insisten en que ganaron los comicios del pasado 27 de mayo, y además de llamarse traidores se acusan mutuamente de corruptelas en el gremio. Esparza Flores asegura que él obtuvo más votos y reclama a la Junta de Conciliación y Arbitraje y al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STPS), Javier Lozano Alarcón, que le reconozcan su triunfo y dejen de solapar a Muñoz Reséndiz. Esparza Flores, quien buscó la reelección para un tercer periodo que termina en 2011, insiste en que Lozano Alarcón se niega a entregarle la toma de nota, incluso llevó el conflicto intragremial a la Cámara de Diputados.

Cuenta con el apoyo del PRI, PRD, PT, Convergencia y el Verde Ecologista, además de sindicatos como el de los Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de los Telefonistas, así como de maestros disidentes y del Frente Sindical Mexicano. Sus seguidores se quejan porque, dicen, la STPS trata de entrometerse en la vida interna del SME y otros sindicatos. Muñoz Reséndiz, por su parte, cuenta con el apoyo de un núcleo numeroso de electricistas y trabajadores de base. Hasta hace unos meses ambos trabajaban de manera coordinada. Muñoz Reséndiz era el tesorero del Comité Central del SME encabezado por Esparza Flores. Pero los pasados comicios los enfrentaron y dividieron al gremio.

De acuerdo con Esparza, quien desde el lunes 12 despacha en el octavo piso del edificio ubicado en Insurgentes 98, los problemas se agudizaron debido a que un grupo de jubilados “de derecha” encabezados por el exsecretario general Jorge Sánchez García, quien fue expulsado del sindicato por corruptelas, recuperaron la representación de los jubilados e intentan quedarse también con la dirigencia del SME. Ese grupo, insiste, mantiene buena relación con el gobierno de Felipe Calderón, pues incluso su representante, Rodolfo Bonilla Gómez, fue diputado por el PAN “y tiene relación con Los Pinos”.

Además, el exsecretario general del SME, Rosendo Flores, apoyó a Muñoz Reséndiz en los pasados comicios y es cercano al senador panista Ulises Ramírez, quien a su vez tiene línea directa con el presidente Calderón. Rosendo Flores, dice Esparza, apoyó al panista Rubén Mendoza en los comicios del Estado de México en 2005, que ganó finalmente el priista Enrique Peña Nieto. E insiste: Muñoz Reséndiz, “quien fue tesorero del SME”, tuvo acercamientos con César Nava cuando el panista era secretario particular de Calderón en Los Pinos. Como prueba exhibe una carta con membrete de la Presidencia dirigida a Muñoz en la que el colaborador de Calderón le agradece al sindicalista “la fotografía que le envió en ocasión de su cumpleaños”. El escrito tiene fecha del 3 de septiembre de 2008.

Sin embargo, Muñoz sostiene que esa carta y otras que recibió en sus oficinas durante el proceso electoral son falsas. El 11 de mayo pasado, dos semanas antes de las elecciones en el SME, presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de falsificar su firma. Y el 28 de mayo, al día siguiente de los comicios, amplió la denuncia y atribuyó a su rival Esparza la falsificación del documento.

La PGR ya respondió la queja. Acepta que la firma es falsa, pero reserva la investigación hasta el 24 de agosto de 2012 “en virtud de que no existen datos que permitan demostrar quién falsificó y usó el documento”.Esparza, por su parte, reitera que el propio Muñoz admitió que Nava le había llamado para preguntarle sobre el Programa de Reducción de Pérdidas que él encabezó hasta mayo pasado.

Cuenta que en una ocasión platicó sobre ese tema en Los Pinos con el titular el Poder Ejecutivo en presencia de Lozano Alarcón. “Les pedí que dejaran de entrometerse en la vida de los sindicatos. Y Calderón me preguntó: ‘Por qué?’ Le respondí: ‘Cheque la agenda de César Nava’”, explica Esparza. Hoy, dice el entrevistado, el propósito de la STPS es intervenir en el SME y provocar una ruptura en el Comité Central del sindicato.

Recuerda que en Semana Santa preguntó a Muñoz si quería formar un proyecto opositor a su dirigencia; pero él lo negó. “Me dijo que estaba conmigo –afirma Esparza–. Pero el domingo de resurrección difundió un documento a la organización sindical en el que se deslindaba de la dirigencia.

Pura corrupción

Alejandro Muñoz alega que hubo fraude electoral y pide que las elecciones se anulen. Incluso demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que se convoque a nuevas votaciones. Esparza, quien es apoyado por el diputado priista Ardelio Vargas Fosado, está “enfermo de poder”, dice Muñoz; el y sus hermanos son dueños de taxis aéreos, aviones y helicópteros. Con ellos incluso hizo negocio con la construcción del nuevo edificio en Insurgentes 98, en el que se invirtieron poco más de 250 millones de pesos, incluso presume que puede haber lavado de dinero. Muñoz también asegura que Esparza ordenó elaborar un cheque a nombre de Constructora Bosco, S.A. de C.V., pero a mitad de la construcción pidió que se facturara al Grupo Grugopal, S.A. de C.V., para que éste pagara a Bosco.

Asimismo, sostiene que rompió con Esparza al enterarse de que el secretario general facturaba “por fuera” algunas erogaciones del SME. Además, aclara, no estuvo de acuerdo con el incremento de personal y la venta de plazas. Dice que cuando estuvo como tesorero, cargo en el que duró un año, encontró facturas falsas, gastos excesivos, algunos por de más de 5 millones de pesos en material no utilizable en la secretaría del Interior, a cargo de Humberto Montes de Oca.

“Todo lleno de corrupción y no se hace nada para evitarlo. Y si se hace, sólo es apariencia”, se queja Muñoz. Y pone un ejemplo: Esparza pagó 20 millones de pesos por uniformes a la empresa Vázquez y De la Vega, la misma que confecciona las prendas de los policías del gobierno de la Ciudad de México. El SME recibe 6 millones de pesos semanales por cuotas sindicales, así como otras contribuciones, entre ellas el pago de créditos de vivienda o hipotecas. Al mes, los ingresos alcanzan los 35 millones de pesos, según cálculos de algunos trabajadores consultados por la reportera.

Esparza advierte que en diciembre, durante el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo y cuando se haga una petición de aumento salarial, es posible que se emplace a huelga a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las autoridades laborales podrían ordenar una requisa. El dirigente electricista lamenta que, en lugar de hostigar al SME y a otras organizaciones gremiales, las autoridades deberían aprehender a Ramón Gámez, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aérea y Similares (STIAS), acusado de pederastia. Él maneja 2 mil contratos de protección que involucran a 350 mil trabajadores.

Esparza cita otros conflictos laborales que la STPS se niega a solucionar: “El de los trabajadores de la llantera Euskadi, a quienes la dependencia no les reconoce la demanda que interpusieron; el de los trabajadores de Querétaro, a quienes se les negó la toma de nota; el de los empleados de la empresa automotriz Volkswagen, y el de los afiliados al STUNAM, entre otros”.Y remata: “El gobierno federal tomó como pretexto el conflicto interno del SME para justificar una requisa (que puede darse en diciembre) y justificar la privatización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro”.