Este martes 10 de noviembre los diputados Jorge Herrera Caldera y Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI, presenataron un punto de acuerdo para que se consideren recursos para implementar el sistema de justicia penal en el estado de Durango. En concreto solicitan "asignar a Durango la cantidad que asciende a un total de 224 millones 251 mil 616 pesos con la finalidad de implementar el sistema de justicia penal en Durango."
Fue turnadado a comisiones
Los suscritos, diputados federales Jorge Herrera Caldera y Ricardo López Pescador, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se asigne el recurso necesario y suficiente para la implementación con éxito del sistema de justicia penal en Durango, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Con fecha 18 de junio de 2008, se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que da a conocer las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se ordena la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial.
El artículo segundo transitorio del decreto antes mencionado establece que "el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. En consecuencia, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La federación, los estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales".
De lo anterior, es importante rescatar que la intención del legislador fue la de enviar un mensaje a los órganos encargados de cumplir con dicha obligación la de establecer un proceso de planeación que les permita en el lapso de ocho años contar con todas las herramientas y los recursos humanos suficientes y necesarios para implementar el nuevo sistema de justicia penal.
Con la finalidad de que dichas instrucciones se lleven cabalmente en tiempo y forma y se logre la instauración del citado sistema de justicia penal, resulta urgente contar con las previsiones económicas suficientes para que los órganos encargados y obligados a ello en Durango lo hagan posible.
Para ello, es importante rescatar la obligación de esta Cámara de Diputados la de dotar por medio del Presupuesto de Egresos las aportaciones suficientes a los estados para dicho cometido, de manera que así lo expuso el legislador en el decreto que le da origen a la citada reforma constitucional, que a la letra dice:
• Artículo octavo transitorio el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el Presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los Presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
Es importante señalar que esta Cámara de Diputados no cumplió con su obligación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en la tesitura de que de los recursos asignados para los estados en el ramo 33, éstos deberían asignar lo que correspondiera según sus necesidades organizacionales. Sin embargo, esta fórmula no dio los resultados obtenidos y motivo por el cual, al no contar con los recursos económicos suficientes y etiquetados para cumplir con dicha obligación, los estados han retrasado el proceso de instauración del sistema penal a que se refiere el decreto en mención.
De tal manera que lo hoy propuesto y solicitado en este ocurso, y con base en los motivos expuestos, solicito la reasignación de recursos del ramo 33, con la finalidad de poder implementar el sistema de justicia penal en Durango como lo marcan los artículos segundo y octavo del decreto que da a conocer las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante señalar que no se trata de solicitar más recursos, sabiendo de las mermadas finanzas públicas y de la imperiosa necesidad de asignar lo suficiente en tareas que ayuden al desarrollo nacional, por ello es que de lo otorgado a los estados en el rubro de fortalecimiento al federalismo, se reasigne lo conducente de manera directa para la implementación del sistema de justicia penal.
Durango pretende lograr la aceptación y confianza de la sociedad duranguense en el nuevo sistema de justicia penal, abarcando todos los sectores que la componen, no sólo a nivel de funcionarios y operadores jurídicos, empresariado, profesionistas, medios de comunicación, universitarios, estudiantes de nivel medio superior y medio inferior, sino a los grupos mayoritarios de la población civil, mediante conferencias, pláticas personalizadas, publicaciones especializadas y hasta visitas domiciliarias, lo que resulta en un prototipo de socialización y difusión aplicado en forma muy concreta en el municipio de Durango, inicialmente.
Además de la creación de infraestructura y equipamiento necesario para la realización de las diversas audiencias del nuevo procedimiento penal, desde las etapas tempranas de investigación que corresponden al Ministerio Público (al establecer las nuevas unidades especializadas de control de detenidos, inmediata atención, justicia penal restaurativa y las específicas unidades de investigación); los edificios, equipos y tecnologías para el Departamento de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; la construcción y equipamiento (sistemas de video grabación), de salas de audiencia de control, de juicio oral, de ejecución de sentencia y especializadas para adolescentes infractores, así como las oficinas para defensores públicos, personal de administración de tribunales, informática y administrativo.
La capacitación inicial, seguimiento y fortalecimiento de los operadores jurídicos y personal de las distintas corporaciones de policía, peritos de administración de oficina, socialización de medios de comunicación, profesionistas, estudiantes, paramédicos, etcétera.
Todas estas consideraciones dejan en claro la obligación que tenemos como Estado para llevar a cabo la pronta y expedita procuración de justicia bajo el nuevo sistema de justicia penal y la fundamentación jurídica precisa que se requiere para la asignación del presupuesto solicitado.
A lo largo de esta exposición ha quedado clara la necesidad de actuar por una mejor calidad de justicia en razón de lo cual, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para asignar a Durango la cantidad que asciende a un total de 224 millones 251 mil 616 pesos con la finalidad de implementar el sistema de justicia penal en Durango.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2009.
Diputados: Jorge Herrera Caldera, Ricardo López Pescador (rúbricas)
Fue turnadado a comisiones
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