Honduras

La Fiscalía hondureña pide la detención de la cúpula militar

El Ministerio Público solicita al Supremo la apertura de una causa por expulsar del país al derrocado presidente Manuel Zelaya

EFE / ELPAÍS.com - Tegucigalpa / Madrid - 06/01/2010

La Fiscalía de Honduras ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del entonces presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y la apertura de un proceso judicial por delitos de abuso de autoridad y expatriación (prohibida por la Constitución)

El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, ha explicado que el Ministerio Público ha presentado un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales. Según Salgado, el recurso ha sido enviado a la Corte Suprema porque se trata de "altos funcionarios" del Estado. El tribunal deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió.

Según el Gobierno de facto, que preside Roberto Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema como parte de un proceso incoado por la Fiscalía contra el depuesto mandatario por impulsar un referéndum declarado ilegal para promover una Asamblea Constituyente.

El general Romeo Vázquez ha declarado que desconoce la acción del Ministerio Público, pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia. "Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", asegura. Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del Ejército, general Miguel Angel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

Por su parte, Zelaya considera que la acción de la Fiscalía busca "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el pasado junio cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron. "Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme", ha explicado. Según el presidente depuesto, "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado [Luis Rubí] con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".

La acción de la Fiscalía contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, que se ha desplazado a Tegucigalpa para analizar la crisis política desatada por el derrocamiento de Zelaya. Kelly llegó a Tegucigalpa el martes y comenzó su agenda con una visita a Zelaya en la Embajada de Brasil, donde éste permanece refugiado desde su regreso por sorpresa al país, el 21 de septiembre pasado. Después, el alto cargo estadounidense se reunió con el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, que asumirá el cargo este 27 de enero tras haber ganado las elecciones del 29 de noviembre, y posteriormente mantuvo un encuentro con Micheletti.

El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.

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TRANSICIÓN | Estados Unidos presiona su salida

Micheletti dice que no renunciará ni asistirá a la posesión de Lobo

Agencias | Tegucigalpa

Actualizado miércoles 06/01/2010 18:59 horas

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, dijo el miércoles que no cederá a presiones de Estados Unidos para que renuncie antes del 27 de enero, cuando asumirá el poder el mandatario electo, Porfirio Lobo.

Además, añadió que no piensa asistir a la toma de posesión de Lobo, en el Estadio Nacional, para que no exista cuestionamientos de la comunidad internacional y que seguirá la ceremonia por televisión.

Micheletti, que asumió el poder el 28 de junio tras un golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya, ha resistido las presiones para abandonar el poder, una de las condiciones para que el país vuelva a recibir vital ayuda internacional.

"La sucesión constitucional dice que yo tengo que estar en el poder hasta el 27 de enero. No me voy a ir si no hay un acto legal que me permita a mí retirarme", dijo Micheletti en declaraciones al programa televisivo Frente a Frente.

"Yo no voy a cambiar porque vengan aquí a presionarme", dijo Micheletti poco antes de reunirse en la casa presidencial con el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.

Kelly, que ya intentó antes gestiones en Honduras, partió sin realizar declaraciones tras la reunión. La embajada estadounidense en Tegucigalpa dijo en un comunicado que "Estados Unidos cree que aún queda importante trabajo por hacer para restablecer el orden democrático y constitucional en Honduras", sin dar detalles del encuentro.

El funcionario se entrevistó el martes con Zelaya y con Lobo, quienes dijeron que Kelly planteó reactivar el acuerdo San José-Tegucigalpa -que prevé la creación de un Gobierno de unidad nacional- y la renuncia del presidente de facto.

"Estados Unidos está pidiendo la salida del señor Micheletti. Sin embargo, no tiene la fuerza para ejecutar esa resolución", dijo Zelaya a Radio Globo.

Amnistía

Washington, "apunta a que se cumpla el acuerdo San José-Tegucigalpa en su totalidad. Ellos están con su posición de que no debe haber ni vencedores ni vencidos para que el nuevo Gobierno inicie una relación internacional reconstruida", dijo Lobo a periodistas.

"Ellos consideran que es prudente que don Roberto se aparte del Gobierno", agregó.

Zelaya fue derrocado y expulsado del país a punta de rifle por militares, cuando se disponía a celebrar una consulta popular que había sido prohibida por un juez y que abría el camino a la reelección presidencial.

En septiembre regresó clandestinamente al país y desde entonces permanece refugiado en la embajada de Brasil, país que junto con varios países latinoamericanos no reconocen las elecciones de noviembre en las que resultó electo Lobo debido a que fueron organizados por un gobierno ilegítimo.

El Congreso hondureño podría votar el 15 de enero una amnistía que permitiría a Zelaya, acusado de violar la Constitución y sobre quien pende orden de arresto, abandonar la embajada.