Los jóvenes de Salvárcar

Los jóvenes de Salvárcar/Fred Alvarez Palafox

Publicado en Código Topo, Excélsior 1 de marzo de 2010, pags. 16-21

Un comando de 15 sicarios abordo de cuatro vehículos irrumpió violentamente los primeros minutos del domingo 31 de enero en una fiesta de adolescentes, en la calle Villa del Portal, fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

En este hecho murieron 16 personas e hirieron a otras más; los jóvenes celebraban el campeonato de futbol, así como el cumpleaños de uno de los ajusticiados. Los asesinos eligieron a las mujeres y cercaron a los hombres en el patio a quienes balearon sin piedad. Algunas de las víctimas intentaron protegerse en los patios traseros, y otras más, en su intento por dispersarse, saltaron las bardas, pero más adelante quedaron sin vida en la parte trasera de otras dos casas. 

Los hechos del primer crimen masivo de 2010 ―junto con el de Torreón, Coahuila― fueron difundidos ampliamente el lunes primero de febrero, pero en ningún medio impreso de la ciudad de México, salvo Excélsior le dio la jerarquía de nota principal.

En la radio se manifestó el lunes en la mañana la ola de indignación ciudadana, y lo primero que cuestionaron varios “especialistas” sin tener más información que el hecho, fue el cuestionar severamente la estrategia militar del combate antidrogas del gobierno federal, solicitando la salida del ejército de esa ciudad, como si el problema se resolviera con ello. La pregunta de especialistas es: ¿por qué la violencia no cede ante tal despliegue de fuerza del Estado en Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que no ha funcionado de esta estrategia en la ya considerada la ciudad más violenta de México? Esa son las preguntas clave.

Hay que resaltarlo, en Ciudad Juárez se han roto todos los récord. 

El 30% de las ejecuciones vinculadas al crimen organizado del país se realizan allí; de los 7 mil 724 ejecutados en 2009, 2 mil 635 ocurrieron en esa ciudad. Juárez tiene una tasa de más 100 homicidios por cada 100 mil habitantes ―la tasa nacional es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, claro muy por debajo de Medellín de los noventas que mantuvo una tasa de 320 durante varios años―. Además, esa ciudad fronteriza tiene un alto nivel de impunidad, la corrupción en los cuerpos policiacos es una constante , y por eso más de 60 mil familias juarenses están viven hoy el otro lado de la frontera provocando el cierre de 10 mil negocios y un éxodo calculado en 100 mil personas.

2010 empezó mal

El sábado 9 de enero fue considerado el día más violento del sexenio, según la agencia española Efe, registrándose 69 asesinatos; de las víctimas de ese día, 26 se contabilizaron en Ciudad Juárez; la jornada de ese sábado superó el récord de asesinatos que en un día se había registrado el 17 de agosto de 2009, con 57 crímenes, superando los 53 del 14 de julio pasado, y de los 52 del 15 de febrero de 2009.

Como consecuencia Ciudad Juárez concentra la mayor cantidad de policías y soldados efectivos encargados de la lucha contra el crimen organizado. Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública desplegados en la ciudad, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Púbica y La Justicia Penal AC, es de 16 mil 217 elementos en labores de seguridad pública, compuesta por 8 mil 500 soldados, 4 mil agentes de la Policía Federal, 2 mil 850 policías municipales, 487 policías preventivos estatales y 380 policías ministeriales (sin contar a 200 agentes del Ministerio Público, quienes andan armados). Entonces, ¿qué es lo que no funciona? ¿Por qué no hay resultados?

Ana Laura Magaloni en un artículo en Reforma ( 13 febrero 2010), señala que “una forma de entender las políticas de seguridad, en específico lo que está sucediendo en Juárez, es a partir de la distinción que (el procesalista argentino) Alberto Binder hace entre dos posibles formas o paradigmas para abordar el problema del crimen: el del "restablecimiento del orden" y el de la "gestión de la conflictividad".

Dice la investigadora del CIDE que la intervención violenta del Estado en el conflicto siempre debe estar precedida o rodeada de intervenciones no violentas que atiendan otras caras o facetas del problema. Y en ese sentido es la propuesta que planteó el presidente Felipe Calderón en su primera visita a Ciudad Juárez (el 11 de febrero): rescatar espacios públicos, abrir escuelas, dar becas, atender a consumidores de drogas, el disminuir la pobreza, entre otros, son formas de gestión de la conflictividad violenta.

En lo que denominó Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, el presidente planteó que su estrategia comprende cuatro rubros a saber: la recomposición del factor institucional; el factor operacional; el factor social, que incluye los temas de educación, salud, becas, empleos, etcétera, y, la participación ciudadana, considerada crucial. Allí el presidente llamó a los tres órdenes de Gobierno a hacer un esfuerzo para trabajar unidos así como hacer a un lado las diferencias político-partidistas que existen, y dio voz a ciudadanos representantes de los diversos sectores: social, empresarial, derechos humanos, asociaciones religiosas y medios de comunicación; e instruyó a los secretarios federales a discutir esta estrategia con sus contrapartes estatales, para corregir o afinar las que conlleve a abatir la violencia. En esta visita, el Presidente Calderón mantuvo encuentros con el Gobernador Baeza Terrazas; el Alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, así como con familiares de los jóvenes asesinados en días pasados, así como con organizaciones sociales.

Ustedes disculpen

La reunión con los familiares de las víctimas fue durísima. La señora Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados, le dijo al presidente que no era bienvenido en Juárez, y su reclamo fue transmitido en vivo por televisión. Allí el presidente pidió disculpa y ofreció condolencias por la irreparable pérdida de los jóvenes

“Les señalé que comprendía perfectamente el malestar, la irritación, la incomprensión que pudieran haber generado las declaraciones que hemos hecho en el primer momento, cuando a pregunta de la prensa le di cuenta del estado que guardaban las primeras investigaciones y que señalaban, precisamente, el poder, el que las pesquisas llevaban a, según las primeras declaraciones del primer detenido, a una agresión de un grupo criminal, hacia otro con el que tenía una rivalidad y que eso llevo, precisamente, a una incomprensión y a una estigmatización.”

Y el asunto no era sólo el pedir disculpas sino que era necesario comprometerse con los padres de las víctimas a unir fuerzas entre los distintos órdenes de gobierno, entre los distintos cuerpos policíacos y entre la sociedad. Reiteró Calderón que no basta la acción policíaca o la presencia militar “sino que se requieren acciones mucho más amplias”, estrategias de carácter educativo, mejores alternativas de salud, particularmente en materia de prevención y tratamiento de adicciones; el de una visión integral de la sociedad que nos permita recomponer los espacios públicos.

Mi percepción ―dijo el presidente en la reunión― es que una de las causas principales de esta exacerbación del delito es la impunidad; y no le falta razón, la sensación es que en esa entidad la falta de castigo es altísima, hasta un 96% dice algunos especialistas, además de la corrupción en los cuerpos policiacos, incluso en aquellos que ya pasaron los controles de confianza. Por eso, yo pienso ―dijo el presidente―, que uno de los factores que tenemos que revisar es por qué razón cuando la gente nos denuncia, cuando la gente nos señala un delito, no somos capaces, en los tres niveles de gobierno, de actuar y de sancionar.

Con respecto a la presencia del Ejército en la entidad fue categórico dijo que no se retirará. Punto: “Si estuviera seguro señores, si yo tuviera la certeza que retirando al Ejército mexicano se acabarían los problemas de violencia en Juárez, tengan la certeza que lo haría. Pero mi temor es que es al revés.” Aprovechó para decir que se le ha delegado a la institución castrense “una responsabilidad que no puede ser sólo del Ejército”.

En esa reunión, se comprometió a regresar el miércoles 17 de febrero, para darle seguimiento a los compromisos y cumplió, regresó en menos de una semana. En ese segundo encuentro, el presidente escuchó nuevamente las inquietudes de los juarenses, y dentro de las conclusiones planteó la revisión del sistema de los teléfonos de emergencia (reconstruir el número 066, y el 089, el número de denuncia, de los casos de secuestro y de extorsión), además, instruyó instruyó a sus secretarios para que se reunieran con los ciudadanos, organizados por mesas de trabajo, y escucharan sus propuestas. A las Secretarías de Economía y Seguridad Pública a que, junto con las autoridades estatales, se diseñe una propuesta para que todo vehículo que circule por Ciudad Juárez (por lo menos, sino es que en todo el estado y luego en todo México) sea plenamente identificable, dio instrucciones de integrar un equipo de especialistas en secuestro y extorsión; asimismo, pidió al Procurador general de la República Arturo Chávez para que designara al delegado de la PGR en Chihuahua. (Es impresionante que no haya delegado en la entidad). Destacó Calderón que todas las exigencias se harán con absoluto apego a la ley y a los derechos humanos. Y para dar seguimiento a las inquietudes de los juarenses, puso en marcha la página de internet http://www.todossomosjuarez.gob.mx/ (Que por cierto hasta el cierre de esta edición es trataba de una página vacía. Vaya desatino.)

Dejó como sus representantes en Ciudad, Juárez a Abelardo Escobar, Secretario de la Reforma Agraria, a Luis H. Álvarez y a al coordinador de Asesores, de la presidencia Antonio Vivanco. Se comprometió a regresar en pocos días para dar seguimiento a los acuerdos.

Por cierto, ese mismo día ―17 de febrero―, el presidente envió al Senado de la República una nueva propuesta de ley antisecuestro que contempla un paquete de medidas para endurecer el trato contra los delincuentes, castigar a las corporaciones policiacas involucradas, reparar en su totalidad el daño a las víctimas y obligar a los empresarios de telecomunicaciones a participar en el combate de este delito. La iniciativa de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, propone aumentar las penas que alcanzan incluso la cadena perpetua aplicable a los secuestradores que resulten ser miembros de instituciones policiacas públicas o privadas o cuando la víctima pierda la vida, se trate de un menor de edad, mayor de 70, una mujer embarazada o una persona disminuida de sus capacidades físicas o mentales. A los procesados y sentenciados se les restringirán las comunicaciones con terceros, además de que no gozarán de los beneficios de preliberación o reducción de la condena. En la propuesta se destina un capítulo completo a la restitución inmediata de derechos y a la reparación del daño con cargo a los recursos obtenidos por los procedimientos de extinción de dominio. Esta semana- primera de marzo- se discutirán en el Senado de la Republica en un Foro denominado “Alto al Secuestro”, el cual tiene el propósito de analizar las 14 iniciativas que se han presentado en el Senado en esta materia. La pelota está en la cancha de los legisladores, quienes seguramente legislarán en este periodo ordinario de sesiones.

Al margen:

Preguntas obligadas: ¿Por qué no se ha aplicado antes ese paradigma en Ciudad Juárez, y en otras partes del país donde la violencia es altísima? 

Por qué hemos dejado que crezca la violencia, año con año, y el ¿por qué reaccionamos hasta ahora?

 ¿Será porque 2010 es año electoral y Chihuahua ―junto con otros estados― es clave para la sucesión en el 2012? ¡Seguramente sí! 

Porque podríamos recordar ¿y el por qué no se reaccionó así hace dos años ―en agosto de 2008― cuando fueron ejecutados 13 personas en Bocoyna, Creel, Chihuahua?

¿O perdimos la memoria? Sólo para subrayar que aquella fue considerada una de las peores masacres que ha vivido la entidad, dentro de la guerra que se libra contra el crimen organizado. En aquel tiempo, once de los asesinados eran jóvenes estudiantes y el otro era su maestro, que al momento de ser acribillados con armas AK-47 tenía a su hijo en brazos, fue el primer infante caído en medio de la violencia vinculada al crimen organizado.

Recuerdo que nadie hizo nada, ni siquiera se intentó trasladar los poderes a esa comunidad de la sierra, como si se pretendió con la matanza en Salvácar, quizás debido a que no era época electoral. Esperamos que las medidas planteadas después de la masacre en Ciudad Juárez resulten un éxito ¡Porque Ciudad Juárez es México!, y no es eslogan.

Por último vale la pena analizar el contexto cómo se dieron las cosas y declaraciones en torno a la muerte de los adolescentes de Salvácar.

1. Como ya se mencionó la madrugada del 31 de enero fueron asesinados vilmente por sicarios fuertemente armados 16 adolescentes y otros más resultaron heridos. En ese entorno el presidente Felipe Calderón andaba de gira por Japón y ante pregunta expresa dijo no saber a ciencia cierta qué es lo que había sucedido: “No sabemos qué haya ocurrido ahí, si estamos en presencia de simplemente un hecho de rivalidad entre dos grupos de jóvenes, prácticamente adolescentes.” Agregó ―y quizás este fue el quid de las críticas―“esto refleja una lógica de pandillas y de bandas criminales, que de suyo ya es una expresión de descomposición o de deterioro social muy preocupante.” Reiteró que lo que “no basta la acción policíaca o del Gobierno, de las Fuerzas Armadas. Se requiere una estrategia integral de recomposición social, de prevención y tratamiento de adicciones, de búsqueda de oportunidades de empleo, de esparcimiento y educación para jóvenes.” Y subrayó Felipe Calderón: que esas “tareas competen fundamentalmente al orden local (lo acentuó con reprobación) al tiempo que marcó que en “el orden Federal actúa de manera supletoria y de respaldo a las autoridades locales que, evidentemente, se han visto rebasadas.”

La segunda pregunta en Tokio, Japón, la hizo un periodista japonés ―incluso se hizo uso de un intérprete al español cuestionó : “Con respecto a este asesinato (se refiere a los de Ciudad Juárez)), aquí en el Japón durante un año hubo mil 97 casos de asesinatos, pero según la CNN en México durante un mes se han asesinado 800 personas, y me dio muchísima sorpresa, tanta gente asesinada. Señor Presidente. Usted qué opina sobre la buena seguridad de las calles del Japón. Y (si) el Japón qué contribución puede hacer para mejorar la seguridad de las calles en México. Cómo podemos contribuir.”

La repuesta del jefe del Ejecutivo fue amplia, dijo que en Ciudad Juárez “se da un grave problema de inseguridad. Y lo que hemos presenciado en los últimos años, en el último año fundamentalmente, es una cruenta lucha entre dos o más organizaciones del crimen organizado, que se disputan el control de, primero, un territorio, de una zona de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos; y segundo, también un territorio de consumo de drogas (…) Esta violencia entre grupos criminales se ha extendido de una manera muy preocupante a grupos de jóvenes, asociados en bandas, en pandillas juveniles, Los aztecas y Los mexicas, así llamados, y que han llevado a un enorme deterioro e incluso a actos de barbarie, como los que, probablemente sea el caso, se hayan presentado el domingo

2. Aquí conviene señalar el reproche que hace el presidente Calderón, por enésima vez a los Estados Unidos de Norteamérica, sobretodo cuando dice que ese país no tiene el menos escrúpulo de vender armas a México sin ningún control. Esas líneas seguramente causaron molestia al gobierno de EU. En efecto, México ha decomisado más de 50 mil armas, “la mayoría de ellas vendidas legalmente en Estados Unidos”, además de millones de cartuchos, y más de tres mil granadas.

3. Conviene precisar pues que el presidente no dijo textualmente que la muerte de los jóvenes en Salvácar fuera un pleito entre pandillas ―Aztecas y Artistas Asesinos―, sí dijo , que en esa ciudad como otros de la frontera norte y de varias entidades hay permanentemente pleitos por los espacios entre grupos del crimen organizado. Lo que es un hecho es que los medios interpretaron lo dicho por el presidente en la conferencia de prensa en Tokio, Japón. Y el gobierno de Calderón apechugó, con las disculpas públicas, pocos días después. Primero lo hizo el secretario de Gobernación, y después él, ante la mirada penetrante de familiares (sobretodo de la Sra. Luz María Dávila, la madre que perdió a sus dos hijos en la masacre), autoridades y medios de comunicación, dijo:

“Les señalé ―a los familiares de las víctimas― que comprendía perfectamente el malestar, la irritación, la incomprensión que pudieran haber generado las declaraciones que hemos hecho en el primer momento, cuando a pregunta de la prensa le di cuenta del estado que guardaban las primeras investigaciones y que señalaban, precisamente, el poder, el que las pesquisas llevaban a, según las primeras declaraciones del primer detenido, a una agresión de un grupo criminal, hacia otro con el que tenía una rivalidad y que eso llevo, precisamente, a una incomprensión y a una estigmatización.”

Pedir disculpas no resuelve los problemas, pero habla bien de quien lo hace.

El show mediático

3. En esa “confrontación” el día 5 de febrero, en un hecho insólito Baeza Terrazas convocó a un traslado por tiempo indefinido de los tres poderes del Estado a Ciudad Juárez. La propuesta fue anunciada la tarde del sábado 6 de febrero en conferencia de prensa, por cierto el gobernador estuvo acompañado por Rodolfo Acosta Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y Fernando Rodríguez Moreno, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, donde el tricolor es mayoría. De acuerdo con su planteamiento y esa era la idea original. Querían a más tardar el 15 de febrero estar en Ciudad Juárez todos los poderes, dijo el gobernador: “he decidido convocar a los poderes, lograr el traslado de los tres poderes del Estado a Ciudad Juárez durante el tiempo que sea necesario para que (...) estemos pendientes hasta en tanto logramos el aterrizaje del programa social que hemos venido comentando y que se ha anunciado por el Presidente". Tras la conferencia de prensa, el Gobernador firmó una solicitud que convoca al Congreso del Estado y al Supremo Tribunal a estar interactuando, evaluando y supervisando aspectos que tienen que ver con la seguridad. (El artículo 32 de la Constitución de Chihuahua establece que los poderes deben residir en la capital, que actualmente es Chihuahua, y no podrán trasladarse a otro lugar ni aun provisionalmente sino por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes. Esto significa que, para que se apruebe su propuesta, Baeza necesitará los votos de hasta 22 de los 33 diputados locales.). Los priistas de inmediato le dieron el apoyo; y pidieron al Gobierno federal despolitizar sus acciones y colaborar de manera incondicional con las autoridades estatales. También el aspirante del PRI al Gobierno de Chihuahua, el ex diputado César Duarte Jaques, consideró que la decisión del Mandatario fue la adecuada: "Demuestra su solidaridad con los habitantes de esta frontera".

4. Pero el PAN y el PRD calificaron como una maniobra teatral, mediática e ignorante la decisión del Gobernador: "ojalá el Gobernador pensara en otras medidas antes que en maniobras teatrales", dijo César Nava, presidente nacional del PAN. "Se trata de un acto meramente propagandístico, artificial, una medida unilateral tomada por el Gobernador que no tomó en cuenta a los partidos representados en el Congreso local", agregó.

5. Y en ese sentido el gobernador Reyes Baeza acusó directamente al presidente Calderón de querer promoverse con el “rescate” a Juárez, y sospechó de la aplicación de recursos que todavía ni siquiera se anuncian. Dijo que Calderón fue insensible ya que visitó las zonas inundadas del estado de México y el DF, y que está muy pendiente del futbolista Salvador Cabañas pero que no se ha parado por la ciudad ni siquiera para consolar a los miles de afectados por la guerra. El alcalde de Juárez, José Reyes Ferriz, aplaudió la decisión de su gobernador, y el debate se volvió mediático.

6. Y la respuesta institucional no se hizo esperar; el 6 de febrero un comunicado No.046-06/02/2010 de la Secretaría de Gobernación, dice:

“Es falso que el Gobierno Federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. En este sentido, las declaraciones del Gobernador relativas a la supuesta falta de interés del Gobierno Federal carecen de fundamento. Desde un inicio, la situación de inseguridad había rebasado a las autoridades locales y a petición de éstas, el Gobierno Federal acudió en ayuda del Gobierno de la entidad para restablecer el Estado de Derecho, desplegando el Operativo Conjunto Chihuahua, hoy Operación Coordinada Chihuahua….

7. Finalmente la decisión de llevar los poderes estatales a Juárez fue desechada. El viernes 12 de febrero y después de seis horas de discusión, el Congreso del Estado se opuso al el traslado de los tres Poderes Ciudad Juárez. Por la vía del voto secreto, los 33 diputados totales se expresaron en la urna colocada para este propósito en la Torre Legislativa, en lo que representa un revés para el Gobernador Baeza Terrazas, impulsor de la iniciativa. La propuesta, que el mandatario estatal modificó en las últimas horas, se quedó a dos votos de reunir las dos terceras partes de los diputados que participaron en la sesión. Veinte legisladores votaron en favor de la iniciativa (15 del PRI, 3 del Panal, 1 del PT, y 1 del PVEM); hubo 11 abstenciones (PAN) y 2 dos legisladores votaron en contra (1 del PAN y 1 del PRD). Los diputados aprobaron por unanimidad sólo el traslado de una representación de los Poderes de Chihuahua a Ciudad Juárez. Esta aprobación parcial significaría que sólo las coordinaciones de las seis fracciones que componen el Congreso del Estado estarían trasladándose a la frontera y no los 33 diputados totales. En el caso de los Poderes Ejecutivo y Judicial, también se trasladará sólo una representación a la ciudad fronteriza.

8.- Días después, el Presidente fue a Ciudad Juárez a suavizar las cosas. Atrás quedaron ―y espero que no sea de momento― las confrontaciones que se dieron en la Cámara de Diputados entre el PRI y el PAN, el 2 de febrero de 2010, concretamente cuando los diputados de Acción Nacional pidieron la renuncia del gobernador y de la procuradora “por incompetentes”.

9. Y por ultimo no debemos dejar de mencionar que en medio de todo esto, la reunión ―inédita― que se dio el martes 16 de febrero de todo el gabinete de seguridad del presidente Calderón y senadores de la República. A fin de revisar la estrategia implementada para combatir el crimen organizado, el Gabinete de Seguridad Nacional en pleno se reunió con los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado y de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

En la comparecencia se abordaron los lamentables acontecimientos sucedidos el 31 de enero y en Torreón, Coahuila y se examinaron lo relativo al sistema de cooperación del Plan Mérida. La comparecencia del gabinete en pleno ante senadores constituyó un hecho inédito no sólo por el alto nivel que la distinguió, sino por sus implicaciones en materia de colaboración y corresponsabilidad de ambos poderes para hacer frente a los grandes problemas nacionales.

El encuentro tuvo un carácter privado en virtud de la información delicada, privilegiada y de seguridad nacional que los funcionarios federales compartieron con los legisladores y se apegó a lo establecido en las reservas establecidas en el artículo 60 de la Ley de Seguridad Nacional.

Los senadores de los seis grupos parlamentarios recibieron un informe de las actividades que el Ejército mexicano y los cuerpos policiacos desarrollan en el país, las estrategias que están aplicando, los resultados obtenidos y dónde se registran fallas.

Se reconoció que el combate al narcotráfico ha sido enfrentado por el gobierno federal desde hace varias administraciones pero su evolución ha demandado crecientes recursos humanos, materiales y financieros.

Coincidieron que los cambios en los modelos criminales, su articulación transnacional y el incremento en las adicciones, ha rebasado el ámbito de la seguridad pública para incidir en el ámbito de la seguridad interior de nuestro país y que la gravedad del problema y su complejidad requieren no solo una estrategia integral sino una visión transexenal de largo plazo.

Los senadores acordaron mantener en sesión permanente la reunión y convocar a la brevedad el siguiente encuentro con el gabinete de Seguridad Nacional, para continuar el desahogo de la agenda planteada.

Por el gabinete de Seguridad acudieron los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Gobernación, Fernando Gómez Mont —quien asistió como “invitado”—, y el titular de la PGR, Arturo Chávez.

Esa misma semana en la ceremonia para conmemorar el día del Ejército, el general secretario Guillermo Galván, dijo que a nadie conviene que se prolongue indefinidamente la lucha contra el narcotráfico, y consideró impostergables las reformas a la ley de seguridad nacional.