La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados solicitará la comparecencia del gabinete de Seguridad a fin de que explique el ejercicio del gasto aprobado por la Cámara de Diputados para el combate de la delincuencia e informe sobre la estrategia nacional en esta materia.
La presidenta de este órgano legislativo, Esthela Damián Peralta (PRD) informó que los funcionarios que componen dicho gabinete acudirán de forma escalonada, siendo el primero de ellos el de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dijo que es oportuno el acuerdo sobre la comparecencia del gabinete de Seguridad dadas las inconsistencias en el ejercicio del gasto, denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante el análisis al informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación informó a los diputados de la Comisión de Vigilancia que en materia de seguridad se registraron diversas irregularidades.
Entre otras, señaló la ASF, el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no logró consolidar los registros del Sistema Nacional de Información.
En el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, las entidades federativas cumplieron el 49 por ciento de las metas y ejercieron el 53 por ciento de los recursos transferidos para la Plataforma México, y en Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) los municipios alcanzaron el 73 por ciento de las acciones con el 84 por ciento de los recursos otorgados.
Asimismo, dijo, no controló ni supervisó la aplicación de los recursos federales otorgados a las entidades federativas en 2008, ya que sólo se ejercieron 4 mil 298 millones de pesos de un total de 7 mil 902 millones autorizados a los Fondos de Seguridad Pública (Foseg), lo que representó un subejercicio del 46 por ciento.
“Al igual que en 2007, este subejercicio se registró en todos los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en todas las entidades federativas”.
Además, añadió la ASF, la Secretaría de Seguridad Pública no estableció políticas de inversión de los recursos del patrimonio del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, realizó adquisiciones sin cumplir la normativa y omitió el registro contable de erogaciones por mil millones de pesos.
Destacó que en la auditoría practicada a la Policía Federal Preventiva se determinaron deficiencias en materia de partidas presupuestales, materiales para seguridad pública, maquinaria y equipo de defensa por 240 millones de pesos, además de ausencia de lineamientos para la adquisición de armamento y municiones, así como para la compra de camionetas y unidades médicas móviles que no se destinaron a lo que fueron adquiridas.
“Los fideicomisos para el manejo de la Plataforma México no han rendido cuentas ni cumplido con sus obligaciones”.
Por lo que respecta a la Procuraduría General de la República, la ASF dijo que se detectó que los recursos del Mandato de Administración y Pago para Programas de Procuración de Justicia no se aplicaron para los fines que fueron destinados; no se incorporaron en el Subsistema de Recaudación, como ingresos de ley, los rendimientos por 68 millones de pesos obtenidos por las inversiones asignadas al mandato ni tampoco se registraron en la contabilidad de la dependencia.
Además, se observó que el valor de los inventarios del activo fijo de la dependencia no coincidía con los registros, y al cierre de la auditoría, aún continuaban en conciliación y depuración cuentas por 400 millones de pesos.
Asimismo, refirió que la PGR omitió registrar 258 millones de pesos en la cuenta de “Bancos”. Por su parte, la Agencia Federal de Investigación (AFI) no reportó en la Cuenta Pública 755 millones de pesos ejercidos en servicios personales y generales.
En relación a los tratados sobre temas de combate al narcotráfico, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores no dispusieron de información para evaluar el impacto de la cooperación internacional.
La ASF determinó que en 2008 existían 466 policías por cada 100 mil habitantes, lo que significó un aumento del 218 por ciento con respecto a 1999. Añadió que las auditorías demostraron la falta de profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad: el 50 por ciento de los policías no estaban calificados para desarrollar sus funciones de manera óptima; el 21 por ciento tenían una escolaridad inferior al nivel básico, sólo 3 de cada 10 superaban ese nivel y el 14 por ciento no era apto psicológicamente.
En cuanto a los sistemas de información, dijo la ASF, después de 13 años del mandato para conformar el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, los registros que lo integran se encuentran inconclusos: el de personal de seguridad pública con un avance del 97 por ciento; el de seguridad privada 80 por ciento; el de procesados y sentenciados, 57 por ciento; el de armamento y equipo no reportó avance y la información sobre los mandamientos judiciales y huellas dactilares era inconsistente.
Por lo que respecta a las fuerzas armadas, la ASF reportó que en 2008 la Secretaría de la Defensa Nacional pagó percepciones por 65 millones de pesos correspondientes a 2 mil 848 plazas no autorizadas por la Secretaría de Hacienda; además, no cubrió el impuesto local sobre nómina por 568 millones de pesos.
“En el fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar no se registraron adecuadamente operaciones por mil 558 millones de pesos, asimismo se otorgó un anticipo del 40 por ciento a un proveedor sin justificación”.
A su vez, dijo, en la Secretaría de Marina se identificaron ajustes contables por 13 mil 243 millones de pesos que no fueron debidamente documentados, así como diferencias entre los registros contables y los inventarios físicos. También se registraron como ejercidos mil 442 millones de pesos, pendientes de devengar y pagar por la Agregaduría Naval en Washington, D.C.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación indicó que en materia de política interior, la Secretaría de Gobernación no integró el Registro Nacional de Población, ni definió procedimientos para incorporar a mexicanos residentes en el extranjero. Tampoco depuró la base de datos de la CURP, pues esta contabilizó 152 millones de habitantes a diferencia de los 106 millones cuantificados por el Consejo Nacional de Población, ni estableció un plan para cumplir con la meta del Programa Sectorial de Gobernación de expedir 80 millones de cédulas de identidad para 2012.
En su análisis, la ASF mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no asignó la CURP al cien por ciento de las actas de nacimiento (47 mil 754) ni al 99 por ciento de los 966 mil 617 certificados de matrículas consulares y al 99 por ciento de los pasaportes (un millón 78 mil 177).
Durante su intervención, el diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia), presidente de la Comisión de Marina, indicó que el informe en materia de seguridad y justicia es abrumador.
Al mismo tiempo, dijo, vemos otro aspecto preocupante: a partir de ese año, el Presupuesto para la SSP pasa de 9 mil millones a 32 mil millones en 2008. Cada vez que se da más dinero a este sector los resultados son más catastróficos”
Reconoció que no existe capacidad para poner orden no sólo en el gasto, sino en los resultados. “Estamos creando un monstruo, ya casi es una guerra santa, en la cual nada más hay muertos y resultados negativos. Resulta que un periodista puede encontrar a un capo y una Plataforma (México) de 30 mil millones de pesos no puede hacerlo. Y más grave aún, ya no se le puede tomar cuentas a quienes ejecutan el gasto porque están protegidos por el halo de la opacidad”.
Gertz Manero señaló que un 97 por ciento de las adquisiciones de armamento de la Secretaría de Seguridad Pública no están ya sujetas al control de licitaciones y ahora lo hace a través de adjudicación directa.
“También la partida 4310, correspondiente a gastos que se denominan secretos, merece un análisis de auditoría muy serio, porque en estos ámbitos se destinan para la compra de armamento y equipos cientos de millones de pesos y llegan quizá a miles, sin ningún tipo de comprobación”.
Por su parte, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada dijo que son graves los niveles de opacidad y “de cinismo”, que escudados en una norma bien intencionada, para proteger a la seguridad nacional, nos podríamos llevar la sorpresa de que alguien está haciendo un gran negocio.
Pidió a la Auditoría Superior de la Federación profundizar en este tema y abordarlo como un aspecto central por parte de la Comisión de Vigilancia. “Es un tema que no puede quedar en la anécdota y a nadie le conviene”.
Asimismo, la ASF informó sobre las revisiones a los poderes Judicial y Legislativo. Indicó que el valor del patrimonio inmobiliario del primero se incrementó en 16 por ciento, al pasar de 4 mil 969 millones de pesos en 2007 a 5 mil 888 millones en 2008.
No obstante, agregó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se coordinaron con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para registrar el total de inmuebles a su cargo en el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal no realizó los procedimientos para acreditar jurídicamente la propiedad de 24 de sus 122 inmuebles.
Participaron los diputados José Francisco Rábago Castillo, Marcela Guerra Castillo y María Esther Sherman Leaño, del PRI; Gastón Luken y Daniel Ávila Ruiz, del PAN y Pablo Escudero, PVEM.
Al final de la reunión, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián Peralta solicitó al auditor Juan Manuel Portal Martínez ser más estricto en cuanto a la subsanación o presentación de documentación de las irregularidades por parte de las dependencias auditadas en materia de seguridad pública.
Fuente CD
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