Legalizar la exportación de canabis

Columna Juegos de Poder/Leo Zuckermann

Excélsior, 6 de abril de 2010;

Legalizar la exportación de mariguana

En 14 estados de la Unión Americana ya es legal el consumo de la mariguana para fines médicos, entre ellos California, entidad que comparte cientos de kilómetros de frontera con México. Ahí se legalizó el uso de cannabis en 1996, siempre y cuando el consumidor tenga una recomendación escrita u oral de un médico. El paciente puede usar hasta 227 gramos para tratar enfermedades como cáncer, sida, epilepsia o esclerosis múltiple. Pero también se admite para padecimientos tan generales como dolor crónico, artritis o migrañas.

En la práctica, esta disposición ya legalizó el uso y el comercio de esta droga. Cualquier doctor puede recomendar su consumo. De acuerdo con estadísticas de la DEA, la agencia antinarcóticos del gobierno estadunidense, 40% de los usos médicos de la mariguana en California son para dolores crónicos y 15% tiene que ver con trastornos anímicos. Así de general.

La ley californiana le deja a las jurisdicciones locales que decidan cómo los pacientes adquieren la mariguana para su supuesto uso médico. De acuerdo con la DEA, hay una gran variedad de regulaciones: “Por ejemplo, el condado de Marin permite la posesión de seis plantas maduras y/o media libra de mariguana seca. El vecino condado de Sonoma autoriza la posesión de tres libras de mariguana y el cultivo de hasta 99 plantas, y los médicos pueden recomendar aún más para pacientes excepcionales”. La DEA admite que ninguna autoridad puede distinguir entre el cultivo de cannabis para consumo legal o ilegal: “Algunos cultivadores que se autodenominan para uso medicinal son, de hecho, cultivos para el uso recreativo ilegal”.

La legalización de la mariguana en California es un hecho. No por nada, en noviembre se podría dar ya el paso definitivo para terminar con la simulación “médica” actual. La idea ya fue respaldada por casi 700 mil firmas de californianos para incluir una iniciativa popular en las próximas elecciones de noviembre. Los votantes tendrán que sufragar a favor o en contra del Acto para Regular, Controlar y Recaudar el Cannabis que consiste en que todo adulto mayor de 21 años pueda poseer hasta 28 gramos de mariguana para consumo personal. Para tal efecto, se podría “sembrar poco más de dos metros cuadrados por residencia o parcela”. Las ciudades cobrarían “impuestos por los cultivos, transporte y venta de la droga”. El congresista local Tom Ammiano, quien apoya la iniciativa, propone tasar la mariguana con 50 dólares en impuestos por cada kilo y medio. Esto le generaría al erario californiano unos mil millones de dólares anuales que le vendrían como anillo al dedo a un estado que tiene una deuda pública superior a los 40 mil millones de dólares. El gobernador Arnold Schwarzenegger ha dicho que, en lo personal, no apoya la idea, pero que “se debería estudiar la posibilidad de legalizar la mariguana como fuente para obtener nuevos ingresos públicos”.

Según las encuestas, entre 55 y 60% de los votantes está a favor de la iniciativa. Sin embargo, el apoyo puede ir a la baja en la medida en que comience la campaña de grupos que están en contra de la legalización, como California Mothers Against Drunk Driving que argumenta que la legalización “incrementaría los accidentes de tráfico y que los costes en la sanidad superarían los beneficios derivados de los tributos”.

Yo propongo que, al día siguiente de que se legalice en definitiva el comercio y el consumo de la mariguana en California, México legalice el cultivo y la exportación de cannabis a ese estado. Y que también se les cobren impuestos a todos los empresarios involucrados en esta actividad que seguramente será muy lucrativa. No es que yo esté intoxicado al escribir esto. Es que, por fin, los californianos están admitiendo que la prohibición de la mariguana es una política pública errada que, simple y sencillamente, no funciona. Que ya llegó el tiempo de tratarla como a las otras dos drogas, el alcohol y el tabaco, que son un problema de salud pública, no de policías y narcotraficantes.