La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, solicita al Ejecutivo Federal crear un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes, en la lucha contra las organizaciones criminales.
A través de un punto de acuerdo pide a la Secretaría de Gobernación llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos.
Refiere que en México 4 mil niños, niñas y adolescentes han sido ultimados, tanto en operativos militares como por parte de la actuación de las bandas delictivas.
Además, más de 3 mil 700 huérfanos cuyos ambos padres o uno de ellos, también ha fallecido por las mismas razones, afectando todas estas muerte en conjunto, a más de 20 mil familias en toda la República.
Incháustegui Romero puntualiza que la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha señalado que más de 400 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado, tan sólo en Ciudad Juárez.
“Esta escalada de civiles inocentes muertos, incluyendo infantes, ha ido en aumento año con año, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles han sido las circunstancias de su muerte ni se pueda determinar cuántos de los 22 mil caídos, reportados en los operativos militares, son efectivamente sicarios y personeros de las organizaciones criminales, ya que según datos de las propias autoridades, sólo 2 o 5 por ciento de los detenidos están o han sido procesados”, abunda.
Menciona que ninguna autoridad federal o local se ha dado a la tarea de documentar estos fallecimientos en términos de la efectiva participación o responsabilidad que pudieran haber tenido en materia delictiva.
Tampoco, expresa, se han preocupado las autoridades civiles y militares, por su debida identificación, “ya que en no pocos casos se les ha alterado incluso su identidad para incluirlos en los miles de mexicanos prescindibles, supernumerarios, incluidos en las listas de sicarios, que en la lógica de la guerra contra el narcotráfico son carne de cañón”.
Destaca que las familias y los parientes de los civiles inocentes han acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien señala que ha recibido 5 mil quejas de 2006 a 2009, por estas violaciones.
En el punto de acuerdo, canalizado a la Primera Comisión de la Permanente, la diputada enfatiza que es necesario que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con las Secretarías de Salud, de Desarrollo social y de Educación Pública, pongan en operación un Programa Integral de Atención a las Familias e Infantes afectados por la lucha contra el narcotráfico y la operación de organizaciones criminales.
Este tendrá como propósito brindarles servicios jurídicos, de atención médica y psicológica a las familias, rehabilitación física en casos necesarios y oportunidades para realizar proyectos económicos a las viudas y huérfanos.
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