Los procuradores del país acordaron adoptar la figura de extinción de dominio para atacar las estructuras financieras y operativas de la delincuencia organizada, contar con la figura del arraigo como medida cautelar en investigación ministerial, proponer a la Cofetel la posibilidad de extender al fuero federal la solicitud de cancelación de líneas telefónicas involucradas en ilícitos, definir los recursos asignados a los estados para la implementación de reformas al sistema de Justicia Penal y hacer propuestas para una posible modificación constitucional para crear la policía única en cada entidad.
Asimismo, los fiscales estatales revisan con el Consejo Nacional Contra las Adicciones un plan general para la instrumentación de las reformas en materia de narcomenudeo.
Los procuradores generales de Justicia de todo el país establecieron veintiún acuerdos para preservar el Estado de Derecho, para redoblar los esfuerzos para abatir la delincuencia y avanzar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país. Además, avanzan en la preparación del Programa General de Acción para la instrumentación de las reformas legales en materia de narcomenudeo, en coordinación con el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales.
Los 31 procuradores acordaron por unanimidad suscribir los anteriores puntos, además de firmar a la brevedad un convenio sobre preservación de indicios y cadena de custodia y en el caso de la problemática de la frontera sur, la Asamblea Plenaria coincidió en sumar capacidades y sumar políticas que articulen los esfuerzos de los tres ordenes de gobierno en los ámbitos administrativo, de prevención, seguridad y procuración de justicia. También, conocieron de las recientes reformas legales en materia de combate a la piratería, del contrabando y se comprometieron a coadyuvar en la lucha contra este tipo de ilícitos.
Al clausurar la XXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Ensenada, Baja California, el Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez señaló que la seguridad es una de las razones de ser del Estado. “La seguridad no se puede alcanzar sin la justicia, sin dar a cada quien lo suyo, por eso la decisión del presidente Felipe Calderón de enfrentar con toda la fuerza del Estado a la delincuencia es para restablecer el Estado de Derecho, fundamento sin el cual no se puede presentar la justicia y consecuentemente la seguridad”, agregó el abogado de la Nación.
Precisó que el gobierno federal está consciente del grado de tragedia que significa para los mexicanos de bien la delincuencia organizada, particularmente la que se dedica a la extorsión, al secuestro al igual que el narcotráfico.
Expresó el funcionario que, ahora la coordinación va a ser eficaz en la medida en que se tengan confianza uno con otros, así como una fluida comunicación, en donde se le diga a las cosas por su nombre y ajustarlas a las características propias de cada entidad.
Por su parte, Patricia Lucila González Rodríguez, Procuradora del estado de Chihuahua, al dar lectura a los acuerdos indicó que, los procuradores ahí reunidos, hicieron un recuento de los avances alcanzados durante el período 2007-2010, en materia de normatividad, suscripción de convenios, coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las obligaciones marcadas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Viernes, 14 de Mayo de 2010 Boletín 578/10
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