La Comisión de Justicia que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) no legislará al vapor la minuta del Senado en materia de secuestro, afirmó el diputado Josué Valdés Huezo, encargado de redactar el dictamen correspondiente.
“Más que cosa de urgencia o legislar al vapor, la opinión que se ha vertido al interior del grupo es revisar el articulado a fondo para sacar una buena ley, la que más convenga a la sociedad. El criterio de rapidez lo hemos sustituido por el de efectividad y eficacia”, subrayó el diputado del PRI.
En este sentido, Valdés Huezo destacó que a la fecha se han recibido 40 observaciones por parte de los diputados Ardelio Vargas Fosado, Carolina Viggiano Austria, Alfonso Navarrete Prida y Arturo Zamora, del PRI; Carlos Pérez Cuevas y Sonia Mendoza Díaz, del PAN; Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del PRD; Rodrigo Pérez Alonso y Eduardo Ledesma Romo, del PVEM y Pedro Vázquez González, del PT, integrantes del órgano legislativo.
En entrevista, Valdés Huezo refirió que muchas de las observaciones giran en torno a especificar los tipos de secuestro y sus penas; hacer más congruentes las sanciones para no incurrir en la inconstitucionalidad o en la impunidad, en su caso y evitar duplicidades.
“La cuestión de la competencia sigue siendo una inquietud de los diputados. Piden que se precise qué le corresponderá a la Federación y qué a las entidades. Está de igual forma el tema del fondo antisecuestro, sobre todo para precisar cómo se integrará, con qué recursos si federales o de la extinción de dominio y a quiénes va a beneficiar”, concluyó.
Entre las observaciones, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares (PRD) propuso que en la Ley antisecuestro se establezca que las unidades especiales que investigarán este tipo de delitos se integren con policías certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, hizo hincapié en que además de reparar el daño al ofendido o a la víctima, se haga a la comunidad donde se cometió el delito. Otra propuesta es incorporar la no sanción penal a quienes tengan amistad cercana con el secuestrador o funjan como sus defensores.
Consideró que se debe modificar el artículo 19 de la minuta y establecer que ningún secuestrador tenga la oportunidad de recibir el indulto o la amnistía.
También sugirió, como algo fundamental, que el fondo para las víctimas de secuestro no esté financiado con recursos públicos sino con aquellos que provengan de la extinción de dominio, es decir “que sean recursos que provengan de los propios secuestradores y que sirvan para reparar el daño”.
A su vez, en su pliego de observaciones, el diputado del PT, Pedro Vázquez González respaldó la propuesta perredista. Agregó que de operar el apoyo a víctimas de secuestro como se prevé en la minuta, tendría que hacerse también a aquellos delitos que se establecen en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida observó que en la minuta enviada por el Senado falta claridad en la competencia de las autoridades para la persecución del delito.
“No precisa si el secuestro va a ser perseguido por el Ministerio Público Federal en todos los casos, como parte de la delincuencia organizada, la cual se establece en la Constitución ni tampoco qué le corresponderá a las entidades federativas”.
Otro asunto, añadió, es clarificar la gradualidad de las penalidades. Un asunto más es la imprescriptibilidad del delito de secuestro a diferencia del homicidio, cuando el máximo valor jurídico que protege el derecho mexicano es la vida.
Planteó establecer una definición legal de lo que es el secuestro. “El secuestro no es el que priva de la libertad a otro, sino la privación ilegal de una persona, además de que no son varios secuestros, sino varias conductas; el error viene desde la Constitución”.
Por su parte, la diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) señaló que cualquier implementación de tecnología y algunos elementos electrónicos de localización y vigilancia de delincuentes, como se sugiere en la minuta, implica un impacto y costo presupuestal, por lo que sugirió contar con un estudio previo a la discusión del Presupuesto de 2011.
“La propuesta es girar un oficio al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a efecto de poder tener la opinión técnica respecto de los recursos que se requieren para la implementación de esta nueva tecnología”, indicó en sus observaciones.
En tanto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del PAN, pidió definir si la Ley antisecuestro “es general o reglamentaria”, así como especificar las competencias tanto de la Federación como de los estados y municipios en la persecución del delito.
Coincidió en que se debe dejar claro el asunto de la imprescriptibilidad del delito de secuestro, al igual que las penalidades.
“Un punto importante es el de las penalidades. Como se establecen en la minuta se vuelven desproporcionadas, ya que sanciona más gravemente al secuestro, hasta con 90 años de cárcel, en comparación con el delito de homicidio, que castiga al autor con una máxima de 70 años”.
Planteó finalmente, evitar la duplicidad en la tipificación de las conductas en los diferentes tipos penales, así como revisar el tema del fondo de atención a víctimas del secuestro, sobre todo, en cuanto de dónde provendrían los recursos, si de la Federación o de los bienes incautados al crimen organizado.
El diputado Josué Valdés Huezo señaló que por acuerdo de la Comisión, el próximo 22 de junio se cierra el plazo para recibir las observaciones por escrito, a fin de que sean incorporadas al dictamen final, toda vez que, afirmó, “no se puede hacer perpetua la recepción de las mismas, pese a que existe mucha inquietud de los legisladores por aspectos que no fueron considerados por la colegisladora”.
Lo que es un hecho, dijo, es que la minuta enviada por el senado será modificada por la Comisión de Justicia de forma sustancial, “tanto de fondo como de forma”.
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