Transparencia

Los Pinos da marcha atrás...
Daniel Lizárraga, reportrero
Revista Proceso # 1754, 13 dre junio de 2010;
En el curso de la semana pasada se destrabó la información presidencial. Luego de que Proceso publicó los resultados de una investigación periodística acerca del patrimonio de la familia Calderón-Zavala, Los Pinos decidió dar a conocer esa misma información, sólo que previamente pasada por el tamiz de la Secretaría de la Función Pública.
El gobierno federal retrocedió en su cerrazón sobre las declaraciones patrimoniales completas del presidente Felipe Calderón al reconocer, oficialmente y por primera vez, la existencia de terrenos y casas compradas a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y que se habían ocultado del escrutinio público desde hacía más de tres años.
Desde el domingo 14 de marzo pasado, una investigación de este semanario (Proceso 1741, 1742 y 1753) reveló presuntas inconsistencias en las listas de bienes inmuebles del mandatario presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Luego de un rastreo en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal (RPPC), Proceso localizó dos terrenos y una casa nueva que aumentó hasta 11 veces el tamaño original de la vivienda de clase media alta que se conocía, hasta ese momento, de la familia Calderón Zavala, sin que ello constara en las declaraciones patrimoniales del presidente difundidas en internet.
La investigación periodística demostró que el 6 de junio de 2008 Scotiabank otorgó un crédito a Calderón por 3 millones 800 mil pesos para la compra de una residencia. Según el folio 9544968 del RPPC, la vivienda quedó a nombre de Margarita Zavala y costó 4 millones 860 mil pesos.
En la declaración patrimonial de 2008, disponible en el portal oficial Declaranet, se inscribió la línea de crédito pactada a 20 años pero no apareció la vivienda número 9 de la privada de Cóndor 231, con 234 metros cuadrados de terreno, lo que dificultaba medir el aumento de los bienes de la familia Calderón-Zavala en plena crisis financiera internacional.
En la primera de las entregas de esta investigación (Proceso 1741) también se describió cómo fue que la familia Calderón-Zavala, en sociedad con una pareja de vecinos, compró un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados contiguo a su casa ya conocida. Esta adquisición se hizo entre los años 2003 y 2009. Esto tampoco fue inscrito nítidamente en las declaraciones patrimoniales del presidente.
Vista desde afuera, la casa de la familia Calderón-Zavala en la privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, en el poniente de la Ciudad de México, no ha cambiado. Sin embargo, puertas adentro pueden encontrarse una alberca, una cabaña, un amplio jardín y la casa marcada con el número 9.
Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –inmueble de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto, un estacionamiento para varios autos y una pequeña bodega. Estas propiedades se conectan por dentro.
Apenas el viernes 11 de junio, la SFP subió a Declaranet estas propiedades compradas por Calderón a nombre de su esposa.
Otros bienes
Además de lo anterior, también se inscribieron otros terrenos a nombre de Magarita Zavala; presumiblemente se localizan fuera de la Ciudad de México.
El primero de ellos mide 9 mil 805 metros cuadrados y se compró al contado el 1 de mayo de 2007 con un valor de 1 millón de pesos. De acuerdo con estos datos, la adquisición se hizo cuando Calderón tenía seis meses despachando en Los Pinos.
El segundo es un terreno en obra de 19 mil 475 metros cuadrados que costó 1 millón 380 mil pesos, en Chalco, Estado de México. Este predio también se pagó al contado.
Confidenciales
A lo largo de la primera parte de la investigación, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, rechazó que el mandatario omitiera información sobre sus bienes –lo que podría acarrearle sanciones– y él mismo asumió la responsabilidad de eliminar las casas y terrenos a nombre de Zavala para “resguardar los datos personales” (Proceso 1741).
Ante esta postura, el 16 de marzo este semanario hizo dos solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Función Pública y a la Presidencia de la República en las que se pidieron las declaraciones patrimoniales completas de Feipe Calderón. En éstas deberían aparecer los bienes a nombre de Margarita Zavala.
En la tercera entrega de la investigación (Proceso 1753) se publicó que la SFP clasificó de “confidenciales” las declaraciones patrimoniales completas de Felipe Calderón.
De acuerdo con el marco legal eso significaba que no podrían conocerse jamás las propiedades a nombre de Margarita Zavala. Este fue el primer cerrojo sobre la puerta de acceso a la información.
En ese momento, según la Función Pública, la declaración de los bienes de Calderón no era extensiva a su esposa, hijos o dependientes económicos. Estos datos sobre la familia sólo guardan “relación tangencial” con el mandatario, según la dependencia.
La SFP también argumentó que si abría las declaraciones completas de bienes del presidente se invadiría la privacidad de su familia, ya que quedarían al descubierto datos personales como direcciones, registros federales de contribuyentes o los números de cuentas bancarias.
Estos candados a la transparencia alejaron a México de las políticas aplicadas en Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de nuestro país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En esos países las declaraciones patrimoniales y los pagos de impuestos son públicos. La ley obliga a que se incluyan los bienes de las consortes de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.
Apenas una semana después de que este semanario reflejara ese contraste en las políticas de transparencia, el gobierno federal no sólo aceptó dar a conocer los bienes de Magarita Zavala, sino que usó el mismo formato aplicado por Estados Unidos para difundir las propiedades del presidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama (Proceso 1753).
En este repentino giro, por ejemplo, ahora puede verse en internet que los Calderón-Zavala invirtieron en collares, aretes y relojes alrededor de 81 mil 500 pesos. Sólo la primera dama reportó un dije de 3 mil pesos. Los Obama plasmaron incluso que su perro Bo está valuado en mil 600 dólares.
La carta de aceptación
El jueves 10 la Presidencia notificó a este semanario que las declaraciones patrimoniales completas de Felipe Calderón no existen en sus archivos. En un oficio emitido por la Secretaría Particular, en manos de Luis Felipe Bravo Mena, sugirieron dirigir la petición hacia la Función Pública, es decir, la misma dependencia que ya había decretado esa información como confidencial.
No obstante, ese mismo día la oficina de la primera dama mandó una carta a Proceso a fin de poner sobre la mesa algunas precisiones. Enviada al director, dice textualmente:
La licenciada Margarita Zavala Gómez del Campo siempre que ha desempeñado cargos públicos, ha informado sobre sus bienes en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables mediante la presentación de las declaraciones de situación patrimonial.
Contrario a lo publicado por el semanario, y si bien la ley no la obliga dado que no se desempeña como servidor público, el pasado mes de mayo, ante la Secretaría de la Función Pública, la licenciada Margarita Zavala voluntariamente expresó su consentimiento para hacer pública la información relativa a sus bienes e información de contenido patrimonial.
La autorización otorgada por la Lic. Zavala para hacer pública la información sobre su situación patrimonial consiste un hecho sin precedente en los registros de la Secretaría de la Función Pública por lo que corresponde a un cónyuge de un servidor público.
La licenciada Zavala tiene la convicción de que el acceso a la información de contenido patrimonial de los servidores públicos, fortalece la rendición de cuentas a los ciudadanos y contribuye a transparentar su gestión.
A solicitud expresa del periodista Daniel Lizárraga, el 11 de marzo del 2010 se le mostró la información sobre los bienes patrimoniales de la licenciada Zavala.
Como refirió esta carta, el pasado 11 de marzo el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, aceptó dar una postura oficial ante la investigación de Proceso.
En esa reunión, el funcionario efectivamente “mostró” un juego de hojas engrapadas con el membrete de la Secretaría de la Función Pública. Según él, esa era la declaración patrimonial completa del Presidente y, con el dedo índice de la mano derecha, señaló los datos catastrales sobre las propiedades de Margarita Zavala que sí estaban reportadas “en tiempo y forma”.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el verbo mostrar tiene dos acepciones principales: 1) Exponer a la vista algo; enseñar algo o enseñarlo para que se vea; y 2) Explicar, dar a conocer algo o convencer de su certidumbre.
Esto fue justamente lo que hizo Cortázar: “mostrar”. No obstante no entregó una copia de esa presunta declaración patrimonial completa y tampoco se pudieron tomar datos de ella para contrastarlos con el expediente integrado por Proceso durante seis meses.
A petición de este semanario, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) abrió un par de juicios de revisión contra la “confidencialidad” de la declaración patrimonial completa esgrimida por la Función Pública.
En la carta enviada al director de la revista, la directora de Información de la Oficina de la Primera Dama, Karin Oechler, afirmó que en abril pasado Margarita Zavala permitió que sus bienes fueran del dominio público.
Es decir que esta autorización surgió alrededor de un mes después de que Proceso publicara la primera entrega de la investigación sobre posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Calderón.
Durante la tarde del viernes 11 imprevistamente Declaranet dejó de funcionar. Era imposible verificar si había cambios, como lo dejó ver Zavala en su carta. Alrededor de las 22:00 horas se liberó la información sobre la primera dama.
Pese a que se han colocado en internet los bienes de Zavala, aún está por resolverse si el IFAI aprueba que las declaraciones patrimoniales del Presidente sean del dominio público, en papel, sin que estén procesadas por la Función Pública.