FCH con legisladores, hoy

Primera intervención del Presidente en el Diálogo por la seguridad con legisladores 2010-08-19 |

Señor Presidente de la Cámara de Senadores.

Señoras y señores Coordinadores y Subcoordinadores de los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Señoras y señores legisladores presentes.

Señoras y señores:

Agradezco profundamente la participación tan distinguida de las señoras y señores legisladores en este Diálogo por la Seguridad.

El establecimiento de este foro de discusión obedece a la legítima exigencia ciudadana para que las autoridades asumamos la responsabilidad que nos corresponde en la salvaguarda de la seguridad de los mexicanos.

Es por esa razón que, desde hace tres semanas, me he reunido con organizaciones sociales y religiosas, con expertos y académicos, con medios de comunicación, con líderes sociales y políticos, con Gobernadores, con representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público a nivel Federal y a nivel estatal.

El propósito es poder analizar juntos esta dura problemática que vive México y también transformar la lucha por la seguridad pública en una verdadera política de Estado.

Es por ello que el Diálogo que hoy sostendremos reviste una importancia central, ya que reúne a representantes de dos Poderes de la Unión, del Legislativo y del Ejecutivo, que tenemos el deber de trabajar coordinadamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El papel que desempeñan los Grupos Parlamentarios es fundamental para la creación de leyes republicanas y democráticas, que incorporen las demandas de seguridad de los ciudadanos a los que representan.

Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer y agradecer la trascendente labor del Poder Legislativo en la discusión y aprobación de diversas leyes, que han sido fundamentales para robustecer la arquitectura legal del país en la materia.

Me refiero a un considerable número de ellas. Desde luego, a la aprobación de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia y Seguridad, a la Ley de Armas Químicas, a la Miscelánea Penal, a la Ley de Extinción de Dominio, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley contra el Narcomenudeo, así como a la Reforma Constitucional para Legislar en Materia de Delincuencia Organizada y Secuestro, y la Ley Orgánica, tanto de la Procuraduría General de la República, como de la Policía Federal.

Asimismo, he estado atento y he promulgado diversas reformas que, como Titular del Ejecutivo, me han sido enviadas, como la del Tráfico de Personas, la de Justicia para Adolescentes, que beneficia a menores procesados, así como la de Delitos contra el Transporte Ferroviario.

Les comparto que hoy fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma al Código Penal y otros Ordenamientos en Materia de Protección a Menores, incluyendo la tipificación de la pederastia, con lo cual no queda pendiente ninguna ley por promulgar por parte del Ejecutivo.

Mucho agradezco el esfuerzo de los legisladores para dotar a nuestras instituciones de mejores instrumentos para combatir la delincuencia.

Desde luego, hay aún, y para todos, tarea por hacer. El ejercicio del Gobierno exige una permanente revisión del marco legislativo, y de la estrategia, a fin de adecuarlos a los desafíos, siempre cambiantes, de la realidad nacional. Requiere del constante análisis de iniciativas y de propuestas de todos, pero especialmente de los legisladores.

Lo he dicho, y lo reitero: mi Gobierno está abierto a recibir, precisamente, señalamientos, críticas y propuestas para poder ser, cada día, más eficientes en esta lucha. Se trata, por supuesto, de estar atentos a las voces de la sociedad y de sus representantes.

He escuchado voces que señalan que la estrategia en materia de seguridad pública debe revisarse. Estamos abiertos a ello. Los Diálogos han girado, precisamente, sobre la pertinencia de revisar, fortalecer y corregir, donde sea necesario, este esfuerzo, que debe ser nacional.

Lo que pido, respetuosamente, en todo caso, en los planteamientos de revisión de la estrategia, es que se puedan formular propuestas concretas y viables, que señalen, precisamente, o sugieran el rumbo que entre todos debemos seguir para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Cómo es que llegamos a la situación que hoy enfrentamos.

Permítanme hacer un recuento sobre lo que, a mi juicio, ha sido la evolución de la violencia y la criminalidad.

Durante décadas, el crimen organizado centró su acción únicamente en el narcotráfico: es decir, en el exclusivo trasiego de droga a los Estados Unidos, que marca, por cierto, el origen de nuestro problema, al ser el mayor consumidor de drogas en el mundo, y hoy, también, el mayor exportador de armas en el mundo.

Pero entonces se trataba simplemente de un negocio de bajo perfil, donde la clave del éxito para el criminal era no ser visto, ni por los ciudadanos, ni por la autoridad.

Sin embargo, desde mediados de los años 90, ha tenido lugar un cambio sustancial en varias vertientes por parte de los criminales.

Primero. Un cambio en el modelo de negocio de las organizaciones criminales en México.

Sea, como se ha llegado a decir, porque los productores de droga en Sudamérica comenzaron a pagar los servicios de tráfico en México en especie; o sea, más bien, por el mero crecimiento del poder de compra de nuestra economía, que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio llegó a crecer, de poco menos de tres mil dólares anuales de ingreso per cápita, a más de 10 mil dólares anuales de ingreso per cápita en 2008, el hecho es que los criminales comenzaron a ver en México un mercado creciente, un mercado joven, cada día con mayor capacidad de compra, y por eso dejaron de ser meros exportadores de droga, para comenzar, además de narcotraficantes, a buscar un mercado de consumo, especialmente entre los jóvenes mexicanos.

La expansión de la delincuencia, entonces, conllevó varios cambios fundamentales. Pasó de ser una actividad centrada en el control de rutas y de logísticas lineales hacia la frontera con Estados Unidos, a ser una actividad que busca el control territorial de comunidades enteras en el país.

En consecuencia, y aquí hay otro cambio, dejó de ser una actividad de bajo perfil, que se suponía no se metía ni con la autoridad ni con la gente, a ser una actividad abierta, violenta y desafiante.

Me explico. Junto con el control de rutas y de puntos fronterizos, y el soborno a autoridades americanas para traficar estupefacientes hacia esa Nación, que era la clave del negocio del narcotráfico, los criminales comenzaron a buscar el control de plazas y mercados; es decir, de pueblos, comunidades y ciudades, al interior del país.

Ahora, además de buscar un punto de cruce en la Aduana, buscan controlar las áreas donde operan sus tienditas, los antros o los nuevos puntos de venta en la sociedad mexicana; así, los criminales se avocaron a buscar el control de pueblos y ciudades completas en el país.

Esto provocó un verdadero cambio de dimensión en su actividad. Si estuviéramos hablando de geometría analítica, diría que pasaron de un control meramente lineal, a la búsqueda de un control de superficie completa en su campo de acción.

A su vez, la búsqueda de dominio territorial los llevó a otro cambio: a dejar el bajo perfil, el no meterse con nadie, entre comillas, el no ser vistos, a tratar ahora de dominar a la autoridad; por eso la acosa, por eso la intimidan, por eso la asesinan, como infortunadamente hemos visto cada vez con mayor frecuencia en días recientes.

Buscan dominar a la autoridad y dominar a la sociedad; buscan dominar a la sociedad a través de sembrar el miedo entre la población con acciones extremadamente violentas, y buscan dominar a la autoridad a través de la cooptación, es decir, la corrupción, tan arraigada, por desgracia, en nuestro México; o través de la intimidación, del nuevo poder que les da su despliegue territorial y las armas que ahora adquieren con mucha mayor facilidad; es decir, a aplicar la ley de plata o plomo. Y, en consecuencia, el crimen organizado se volvió violento, agresivo y desafiante, tanto hacia a la autoridad, como al ciudadano.

Una vez logrado el control de una población determinada o en la búsqueda del control de esa población, su comportamiento registró otros cambios más.

Por ejemplo:

Primero evolucionó a lo que ha evolucionado el crimen organizado en todo el mundo; es decir, en la búsqueda del control de plaza, el asumirse dueños de una plaza implicó que comenzaran a cobrar cuota a otros grupos criminales: a los robacoches, a los traficantes de piratería, a quienes venden gasolina robada o alcohol adulterado, a quienes se dedican a la trata de personas u otros delitos en esa comunidad.

Sin embargo, más pronto que tarde, el llamado cobro de piso a otros criminales derivó irremediablemente al cobro de cuotas de protección o de no agresión a los ciudadanos; es decir, a extorsiones, amenazas y secuestros.

Este cambio en la manera de actuar de las organizaciones criminales, tomó por sorpresa a unas debilitadas estructuras institucionales, particularmente en estados y municipios.

A su vez, el debilitamiento institucional de la autoridad, el poder de intimidación que los criminales logran a través de una política de terror hacia sus adversarios, hacia la autoridad y hacia la población, provocaron un problema todavía mayor: una semiparálisis en la acción policiaca, ministerial y judicial en varias partes del país.

Con ello, entonces, proliferaron, también, en muchas regiones, delincuentes que aún sin tener vínculos con el crimen organizado, actúan con una enorme impunidad, porque proliferan los delitos que más agravian al ciudadano; es decir, ha aumentado el robo, ha aumentado la extorsión, ha aumentado el secuestro.

El robo, de acuerdo con diversas encuestas, es el delito más cometido en el país; 84 por ciento de los delitos que se cometen en México cada año, son robos en sus distintas modalidades.

O la extorsión telefónica, que ahora se realiza masivamente y con la tecnología disponible en materia de telecomunicaciones, que por su sólo efecto aleatorio, la probabilidad de sorprender a ciudadanos en un entorno y en un ambiente de amenaza es, cada vez, más exitoso para los criminales. Ha proliferado, por supuesto, el secuestro y el homicidio.

Las Fuerzas Federales y las autoridades locales hemos detenido en el curso de estos años más de mil secuestradores; y, sin embargo, una buena parte de ellos son secuestradores primodelincuentes, que lo hacen por el poderoso efecto de imitación, de observar o de percibir que puede actuarse impunemente, puede conocerse el modus operandi criminal a través de la difusión de estos delitos cotidianos en la opinión pública; y, finalmente, no ocurre nada.

Se trata de una tendencia creciente del fenómeno delictivo, una tendencia que hay que detener cuanto antes, que hay que detener por todos los medios lícitos al alcance del Estado, y que hay que detenerla entre todos, cada quien en el ámbito de su responsabilidad y haciendo lo que tiene que hacer, a través de los Poderes, a través de los órganos, a través de los niveles de Gobierno.

Se trata de cambios en el comportamiento de la delincuencia en varias vertientes:

Primero. Del narcotráfico al narcomenudeo y, con ello, se da un segundo cambio: del control lineal del crimen al control territorial, que lleva a los criminales a una política agresiva de expansión por todo el territorio nacional, en la búsqueda de control de mercados.

Tercero. El cambio de la delincuencia, de únicamente a actividades relacionadas con las drogas, a verdadera criminalidad organizada; es decir, aquella que la teoría define como la que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas de una comunidad. Es decir, una suplantación del Estado.

Y cuarto. En un ambiente de deterioro, de debilidad institucional y de temor, se genera una parálisis en la autoridad policiaca y ministerial que exacerba, a su vez, la ocurrencia de la delincuencia común en muchas partes del país.

Desde el inicio de esta Administración decidimos enfrentar al crimen organizado y no evadir nuestra responsabilidad. Observantes de la velocidad con la que crecía este fenómeno, decidimos hacerle frente e implementamos la Estrategia Nacional de Seguridad.

Y, precisamente, con el fin de fortalecerla, de revisarla; si es necesario, rectificarla, estamos impulsando un foro franco y constructivo para consolidar una auténtica política de Estado, en la que los tres órdenes de Gobierno, los tres Poderes Públicos y la sociedad entera cerremos filas en contra del enemigo de México, que es, hoy por hoy, la criminalidad.

A partir de estas reuniones, los planteamientos que me ha hecho la ciudadanía los puedo agrupar en cuatro preocupaciones centrales, como una sugerencia para poder enfocar nuestro debate.

Primera. La importancia de fortalecer el entramado institucional de los Poderes Públicos y orden de Gobierno. Es decir, en concreto, la importancia de fortalecer el entramado institucional contra el crimen, por la seguridad y la justicia. Es decir, a las policías, a los Ministerios Públicos y a los jueces.

En lo personal, estoy convencido de que si lográramos tener policías confiables y eficaces en cada una de las 32 entidades federativas, habremos avanzado en una parte medular en la tarea de derrotar a la delincuencia.

Segundo. La necesidad de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito, lo cual implica fundamentalmente abrir mayores espacios educativos, de recreación y de trabajo entre jóvenes y adolescentes en el país.

La necesidad de abordar una política preventiva y de tratamiento de adicciones, también entre ellos, y de fortalecer la perspectiva de salud en el abordaje de estos temas.

Tercera. La demanda de contar con mecanismos efectivos de evaluación y control de la política de seguridad. Es decir, un seguimiento puntual, a partir de información veraz, de lo que se registra en el país, y del avance que se da en cada una de las tareas comprometidas por las autoridades.

Y cuarto. Una creciente exigencia de definir corresponsabilidades en las tareas de seguridad en los niveles Federal, estatal y municipal. Es decir, más que una búsqueda de inculpaciones recíprocas, lo que hay que encontrar y definir pronto es la corresponsabilidad entre distintos órdenes de Gobierno.

A lo largo de estos Diálogos, quienes hemos participado coincidimos en la necesidad de compartir una visión estratégica en el combate a la delincuencia, así como en la urgencia de actuar en un solo frente, que cierre espacios de maniobra a todas las expresiones del crimen.

Hemos coincidido, también, que este desafío es un desafío nacional, que está por encima de visiones parciales, de visiones partidistas, o de visiones regionales en el país.

En especial, ha existido consenso en que la lucha por la seguridad no es lucha de un solo Gobierno, sino que debe ser una lucha del Estado mexicano. Es decir, una causa que debe compartirse en los tres órdenes de Gobierno, por los tres Poderes, por los medios de comunicación, y que requiere una activa participación de observación, exigencia y denuncia por parte de la ciudadanía.

En suma, señoras y señores Legisladores. Lo que ciudadanía está pidiendo en estos Diálogos es una política de Estado en materia de seguridad que trascienda diferencias ideológicas y que vaya más allá del alcance de un periodo de Gobierno determinado.

Una política de Estado que inspire acciones de Gobierno y sea guía del Gobierno. Una política de Estado que derive del acuerdo de las fuerzas políticas, y de ahí la importancia de las fuerzas políticas hoy representadas, no para respaldar al Presidente, menos para respaldar a su partido, sino para lograr un bien superior, que es construir un México de paz y justicia, un México de leyes, que la ciudadanía merece y reclama con urgencia.

Su participación, señoras y señores Legisladores, en la consolidación de una política de Estado, es crucial, es indispensable. Desde el Congreso de la Unión ustedes han contribuido y pueden contribuir aún más a darle un renovado ímpetu y mayor profundidad a la agenda de transformación de los sistemas de procuración, de justicia y de seguridad.

Ustedes tienen, además, un liderazgo indiscutible, que es respaldado por votos de los ciudadanos en sus distintas vertientes ideológicas. Con su indiscutible liderazgo pueden contribuir a fortalecer el entramado institucional, exigirnos a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, cumplir con nuestro deber; y, desde luego, modernizar el marco legal.

Sin duda, el Legislativo juega un papel clave para dar una respuesta contundente y unificada al desafío que hoy nos plantea la delincuencia. Por eso, en este encuentro y con pleno respeto a la división de Poderes, permítanme concluir en torno a dos temas en los que podemos trabajar conjuntamente.

En primer lugar. El presupuesto para la seguridad. Sé que todas las fuerzas políticas en el Congreso han hecho un gran esfuerzo en los últimos cuatro años para destinar recursos crecientes a la lucha contra la criminalidad.

Me parece que en el caso del Congreso de la Unión, el Congreso Federal, esta tarea se está cumpliendo hasta el límite de los recursos disponibles, porque ha habido, verdaderamente, un incremento en materia de presupuesto destinado a las labores de orden y de seguridad a nivel Federal.

Sin embargo, a nivel de las entidades federativas hay que observar, con detenimiento, que el presupuesto en materia de seguridad se ha mantenido estable, e incluso en niveles relativos menores respecto a la proporción de gasto total a nivel local, en términos generales.

Es por ello que en el Diálogo que tuvimos con los Gobernadores hace una semana, surgió el tema y se hizo énfasis en la necesidad de que el Estado mexicano, también en las entidades federativas cuente con más fondos para enfrentar este flagelo.

Sé que ésta es una tarea que corresponde, precisamente, a los Congresos Locales, el de determinar las prioridades presupuestales y las fuentes para financiar el gasto público, pero también es una tarea en la que podemos concurrir, desde la Federación, tanto el Ejecutivo, como el Congreso, para abordar este tema.

Más allá, entonces, de lo que es mi deber plasmar en el Paquete Económico 2011 en esta materia, considero que aquí es relevante contar con la voluntad política y con la disposición de los Poderes para llegar a un acuerdo que nos permita responder a esta demanda.

Sin embargo, en un contexto de recursos limitados, como el que vivimos, es preciso que nos pongamos de acuerdo para explorar las posibilidades de cómo financiar esos recursos.

Es necesario, por ejemplo, identificar los programas que no han dado los resultados esperados y determinar la viabilidad de reasignar esos recursos al rubro de seguridad.

Si no hubiese una reasignación a fondo del gasto, lo que tendría que hacer el Estado es buscar nuevas fuentes de ingreso, lo cual constituiría una carga para los contribuyentes. Es factible buscar fuentes alternativas, pero tenemos que evaluar cuál es la mejor opción que tenemos.

Aquí me permito sugerir que pensemos cómo reasignar el gasto. Y con honestidad, y trascendiendo las naturales presiones, inercias e intereses, legítimos por lo demás, que hay en las bancadas y partidos, podamos observar cuáles programas han sido evaluados como eficientes, y cuáles no.

Que revisemos, por ejemplo, cuáles han sido las determinaciones del Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL, para buscar cuáles programas tienen menos rentabilidad social y económica; cuáles tienen un efecto más regresivo en la población y, si es el caso, poder destinar de esos programas menos eficientes, menos rentables o más regresivos, recursos a los programas de seguridad.

Dotar de mayores recursos a la Federación, a los estados y a los municipios en la lucha contra el crimen, es importante, pero no será suficiente, tampoco, para ganar esta batalla. Se necesitará también el ejercicio eficaz y eficiente de esos fondos.

Por ello, también será fundamental, señores legisladores, que se establezca que esos recursos presupuestales estén vinculados a resultados y al cumplimiento de compromisos. Porque solo con transparencia y rendición de cuentas podremos evitar desvíos, o administración insuficiente de los mismos. Y sobre todo, sólo así será posible que el esfuerzo se refleje en mejores condiciones de seguridad, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada estado y en cada región del país.

Al igual que muchos de ustedes, creo que todos los Gobernantes debemos actuar bajo el escrutinio permanente del Congreso y de la ciudadanía. De esta forma, las autoridades Federales, estatales y municipales estaremos obligadas a planear mejor el gasto, a ejercerlo a tiempo y de manera responsable, y a garantizar que se traduzca en impacto positivo para los mexicanos.

En segundo lugar. Tendremos que seguir en la tarea legislativa para una mejora permanente del marco normativo en esta materia. Así que pediré a ustedes, respetuosamente, el que se puede analizar, discutir, enriquecer y, si así lo consideran, aprobar algunas iniciativas que siguen el curso en el Congreso de la Unión, actualmente, tras haber sido presentadas.

Por ejemplo: el proyecto que reforma el Código de Justicia Militar, de manera que se sancione penal y severamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que traicionen a los suyos, y se incorporen a la delincuencia organizada, entre otros supuestos.

O el proyecto por el que se reforma la Ley de Seguridad Nacional, que ya ha sido por el Senado de la República. Es importante que el resultado de este proceso sea una ley que, con pleno respeto a las Fuerzas Armadas, les brinde mayor certeza y claridad a todas las autoridades sobre sus responsabilidades, preserve la seguridad interior del país, y no vulnere los derechos de los ciudadanos.

La reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, que busca incrementar las restricciones a la portación y posesión de armas de fuego y cartuchos.

La Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Éste es uno de los delitos que más agravian a la sociedad, y es necesario responder al clamor de la ciudadanía. Nos permitirá mejorar la prevención, investigación, persecución y sanción de este delito.

En lo particular, presenté un Proyecto de Decreto de Reformas de los Artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, en los que se propone sancionar con cadena perpetua a quienes cometan el delito de secuestro bajo ciertas modalidades.

Las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, para sancionar delitos que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad personal de los familiares de los servidores públicos, de instituciones de seguridad y de candidatos de elección popular.

Finalmente. En el curso de los próximos días y los primeros del próximo Periodo de Sesiones, les pediré respetuosamente el análisis de varios cuerpos legales que pondré a su consideración.

Uno. Para la creación de la policía con mando único estatal, que ha surgido, precisamente, tanto en el Consejo de Seguridad Pública, como en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Otra. Una ley para prevenir el lavado de dinero, que verdaderamente dañe las estructuras financieras de la delincuencia.

Y otra más. Para imputar corresponsabilidad a integrantes de bandas criminales en los delitos cometidos por las bandas criminales, y así cerrar espacios a la impunidad, que lagunas en la ley hacen posible que criminales pisen rápidamente la calle a pesar de haber sido detenidos.

Señoras y señores legisladores:

He revisado con atención sus planteamientos y, en particular, las plataformas y los programas presentados por los distintos partidos y grupos parlamentarios.

Hay en todas ellas un denominador común: un compromiso por la seguridad de los ciudadanos. Ha llegado el momento de darle cauce a nuestras amplias coincidencias en esta materia.

Reitero lo que es mi convicción. Las diferencias no debilitan ni desprestigian a la política, lo que daña profundamente a la Nación es que la política no pueda trascender esas diferencias. El diálogo no supone renunciar a las tesis que nos distinguen, ni sacrifica el juicio crítico sobre la realidad o sobre la acción de los gobiernos.

El enemigo común es, precisamente, el crimen en todas sus expresiones, desde la delincuencia organizada, hasta el crimen común y diario que sufre el ciudadano en la calle, el estudiante cuando va a la escuela, el trabajador que va en el transporte a su oficio.

La lucha contra la criminalidad exige de todos conciencia y compromiso, valentía y decisión; unidad y acción. Esto es particularmente cierto para quienes desempeñamos una tarea pública frente a los ciudadanos.

Ratifico la apertura y disposición del Gobierno Federal para valorar todas las ideas, todas las propuestas, todos los planteamientos. Aquí no hay ni tabúes, ni temas prohibidos. Lo que queremos es forjar desde la discusión ciudadana y de sus representantes, una política de Estado en materia de seguridad que nos permita resolver el mayor desafío del país y construir para las futuras generaciones un México seguro y libre, donde queremos que vivan los nuestros.

Tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de cambiar el destino en esta materia.

Construyamos hoy una nueva institucionalidad cuyos efectos sean permanentes y beneficien a las futuras generaciones de mexicanos.

Estamos aquí para hablar y para escuchar.

Estoy atento a sus planteamientos y reitero mi gratitud por su presencia en este foro.

Muchísimas gracias.