SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muy buenos días a todos.
Saludo con aprecio al Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, a los representantes del Consejo de la Judicatura; a los Magistrados titulares de los diferentes Tribunales de los estados; a los representantes de la Conferencia; a los funcionarios públicos Federales.
Vamos a dar inicio a este Diálogo, que integra el Sistema de Justicia de nuestro país en el orden Federal, local. El propósito, como sugerencia, para que todos puedan verter sus opiniones y sus reflexiones, como ha sido ya costumbre en estos diálogos, es sugerir a la mesa sus participaciones hasta por 10 minutos para poder tener la oportunidad de que todos tengan espacio de opinión.
Vamos a dar inicio solicitándole, pidiéndole atingentemente al Presidente Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, si nos hace el favor de dar inicio con este Diálogo.
Y enseguida, quien desee hacer uso de la palabra, solicitarlo para tomar registro de ello.
Muchas gracias.
-MINISTRO GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA: Muchas gracias.
Procedo.
Señor Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa; señores Secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública; señor Procurador General de la República; señores Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal; señores Magistrados Presidentes de diversos Tribunales Superiores de Justicia de los estados que nos acompañan.
Señor Senador y Diputado, y señor Diputado, que también están en esta mesa. Señor Secretario Técnico del Consejo Nacional Coordinador para Implementar la Reforma Constitucional en Materia Penal; señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil, y en particular, del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación.
Distinguidos asistentes:
Indudablemente, la crisis de seguridad ha sumergido a México en una de las situaciones más difíciles de su historia reciente.
En el Poder Judicial Federal hemos reconocido el riesgo, la urgencia y la necesidad de acciones contundentes y certeras, para fortalecer la paz social y a las instituciones de nuestro país.
En este camino, sabemos que el combate al crimen organizado debe pasar por el absoluto apego a la legalidad; por la procuración efectiva de la justicia y por la protección irrestricta de las Garantías Individuales, como bien lo apuntaba en su participación el señor Presidente de la República.
Entendemos y compartimos la preocupación de la ciudadanía. En la democracia, la fuerza del derecho es la única vía para enfrentar cualquier desafío al orden público. La legalidad es nuestro principio y nuestro objetivo, es el origen de la legitimidad de nuestra actuación y el único mecanismo para la búsqueda del bienestar social.
Sin duda, la intensidad de este momento demanda un esfuerzo mayor de todos los Poderes públicos del Estado mexicano. El Poder Judicial Federal conoce su responsabilidad y seguirá actuando en consecuencia. Resolveremos los casos que se nos presentan, estudiaremos su resolución conforme a lo que dicta el derecho y se dictarán sentencias y se hará justicia en los términos que indica nuestra Constitución.
Una vez más, asumimos la responsabilidad y el compromiso que nos corresponde. En ningún momento hemos bajado la guardia; estamos conscientes de lo que la sociedad espera de nosotros: dictar sentencias y hacer justicia.
Los jueces dictamos sentencia con los materiales y con la investigación que nos presentan otras instancias e instituciones. Debemos entender el alcance, la función y la tarea de cada uno de los eslabones del proceso penal. La solidez del combate a las amenazas del orden público depende igualmente de la fortaleza de la investigación ministerial, que de la agilidad y eficiencia en la ejecución procedimental de la justicia.
En esta tarea todos debemos mejorar incansablemente la calidad de cada parte del proceso, desde la investigación y construcción de cada caso, hasta su resolución final.
En la lucha contra las amenazas a la seguridad pública, todos los Poderes de la Unión estamos del mismo lado, del lado del derecho, del lado de los ciudadanos, del lado de la democracia.
Aún en estos años difíciles, el compromiso y determinación de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación se ha evidenciado en la evolución de su desempeño más eficiente y profesional.
Hoy, la ciudadanía debe tener muy claro el valor y la entrega de los jueces mexicanos, su compromiso y dedicación; el riesgo latente en el que cumplen con sus responsabilidades; pero la contundencia con la que saben del papel histórico que protagonizan y deben culminar es nuestra mejor garantía.
Ciertamente, señor Presidente, preservarnos de la intimidación a nuestros jueces y de la corrupción. Son dos preocupaciones constantes en quienes integramos el órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación.
La sociedad debe tener muy claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo particular, y el Poder Judicial de la Federación, en su conjunto; están y estarán a la altura de las necesidades, los retos y las demandas de la sociedad.
La lucha contra la delincuencia organizada ha sido y seguirá siendo con la ley en la mano. Es una lucha que, sin duda, demanda la colaboración y la cooperación estrecha entre los Poderes de la Unión, cada uno en el ejercicio pleno de sus funciones, con separación y autonomía, con profesionalización y contundencia.
El Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de sus atribuciones, está muy atento para velar por la honestidad y la integridad de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Todas las instituciones del Estado Mexicano estamos del mismo lado, combatiendo la corrupción y la infiltración por parte del crimen organizado.
En esta tarea ponemos nuestro mejor empeño, y no encubrimos ninguna actuación ilegal o indebida. Todas las denuncias son investigadas. De 2007 a la fecha, en el Consejo de la Judicatura Federal hemos sancionado, por faltas administrativas en diversos grados, a 42 jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, incluso, con suspensiones en el ejercicio de su encargo y con destituciones definitivas.
Las sanciones se imponen por conductas fuera de la ley, cuya realización haya sido debidamente comprobada, no por rumores. Se sanciona con base en datos objetivos, y no por acusaciones genéricas. La investigación de los delitos, incluso los cometidos por jueces y magistrados federales, es responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Esperamos de todas las instituciones la colaboración, la información y la actuación necesaria para preservar el honesto funcionamiento de la Judicatura Federal. La justicia es pilar de la confianza, de la pertenencia, de la identidad de una Nación. Confiar en los mecanismos que la alientan, es también el sustento de nuestra identidad como mexicanos.
El Poder Judicial de la Federación vela por esta identidad, por su certeza, y lo hace con experiencia, con profesionalización; con especialización, en decir el derecho y ejecutar la ley, siempre dentro del marco constitucional.
El espíritu del Constituyente del 17 dicta con toda precisión los mecanismos de colaboración y relación entre Poderes. Esta lógica de garantía de equilibrio que implica la separación de los Poderes del Estado, a la vez nos compromete a todos con la mejora continua del sistema de justicia.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal hemos tomado medidas profundas para agilizar y mejorar continuamente la operación del Poder Judicial, para ser cada vez más capaces de responder a los desafíos de la justicia en México, para estar más cerca de los ciudadanos y más cerca de ampliar los caminos que conducen a la justicia.
Desde 2008 hemos cumplido todos los compromisos derivados de la Firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que, puntualmente, enumeró el señor Presidente de la República en su participación.
En este marco, se han instrumentado medidas clave para la evolución de la operación del Poder Judicial en la materia; además, también nos sumamos al Sistema Nacional de Impartición de Justicia para la Implementación de la Reforma Penal, con el compromiso de fortalecer y modernizar la prevención y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la ejecución de las penas y la reinserción social.
Dado que la Constitución es el más alto mandato democrático y es la razón que guía el actuar de los juzgadores mexicanos, a ella se alinean nuestras conciencias; su contenido nos convoca a sociedad y Gobierno para trazar los caminos de la justicia en el México del nuevo siglo.
Hasta aquí los 10 minutos que preparé para esta participación, pero ruego a ustedes un poco más de tiempo para externar algunos comentarios en cuanto a las excitativas que esta mañana ha hecho el señor Presidente de la República.
Primero. Se pide la opinión y experiencias derivadas de las deliberaciones de estos foros. Como resultado del primer foro, en el que suscribimos el Acuerdo por la Legalidad, la igualdad y la justicia, en el que se planteaba, en dicho acuerdo, la creación de Observatorios Ciudadanos. Nos dimos a la tarea de convocar a organizaciones sociales interesadas en ejercer esta función, para que se constituyera el Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación.
Diecinueve organizaciones ciudadanas respondieron a este llamado. Se ha constituido un Observatorio que a lo largo de casi dos años se ha consolidado y estamos proponiendo ahora que su función se extienda a la observación de todos los Poderes Judiciales del Estado mexicano. Para ello hemos hablado con el Secretario Ejecutivo de AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a fin de que en la próxima reunión en la Asamblea General, de este organismo, podamos llevar la propuesta de que el Observatorio Ciudadano, integrado por organizaciones civiles de nuestra sociedad, pueda interesarse en el conocimiento de la actuación judicial en todo nuestro territorio.
En cuanto a mecanismos de evaluación y avances en la Administración de Justicia. En el Poder Judicial de la Federación pensamos, por lo que hace a evaluación, que las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son acertadas y nos permiten desarrollar esta actividad con los órganos administrativos que tenemos para esta finalidad.
Cada uno de los Juzgados Federales es visitado al menos dos veces al año y cuando hace falta alguna visita extraordinaria se ordenan también. Cada visita es dictaminada y se emiten las recomendaciones o se derivan las consecuencias que de esto resulta.
En cuanto a propuestas de cambios legales en materia judicial. Creo que el más importante y el que ocupa por ahora de manera muy principal la atención del Poder Judicial de la Federación, es la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal. Aquí están, dentro del organismo coordinador, el señor Ministro Gudiño Pelayo, quien no pudo acompañarnos esta mañana, y don Óscar Vázquez Marín. Ellos están muy al tanto de todas las actividades que se han hecho sobre el particular.
Está pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión la Ley de Amparo, perdón, Reforma Constitucional en Materia de Amparo; hay minuta aprobada ya por el Senado de la República, y es probable que gestionaremos, haremos lo que esté a nuestro alcance, para que la Cámara de Diputados pueda en este periodo de sesiones que se avecina, ocuparse de este tema.
En el tema de fortalecimiento de Poderes Judiciales, al constituirnos en una Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, hemos detonado proyectos muy importantes que llevan a estandarizar la calidad en la administración de la justicia, y a fortalecer la integración y el buen desempeño de los Poderes Judiciales del orden común.
Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de estabilidad de los magistrados de los Tribunales Superiores en el ejercicio de su encargo, han contribuido, también, de manera contundente al fortalecimiento de los Poderes judiciales estatales.
Pienso que si alcanzamos la garantía de presupuesto constitucional mínimo a la que hemos aspirado tanto en el Poder Judicial Federal, como en los Poderes Judiciales Estatales; esta garantía presupuestal constitucional mínima será una palanca determinante en el fortalecimiento de los poderes judiciales. Hacia eso encaminaremos, también, nuestros esfuerzos.
En el tema de consolidación de la carrera judicial, hemos tenido avances importantes a través del Fondo Jurica, que se constituyó con una aportación de 300 millones por parte de Presidencia de la República, y 300 más derivados de un fideicomiso de venta de libros que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han detonado muy importantes proyectos que tienden a elevar la calidad profesional de todos los jueces de nuestra República. Se han hecho muchas cosas, que sería cansado relatar en este momento y dejo asentada en esta mesa la conveniencia ya de incrementar los haberes de este fondo, de los cuales se han aplicado, aproximadamente, la mitad.
Nuestra preocupación por combate a la corrupción y preservar a los jueces, no sólo a los Federales, sino a la totalidad de los jueces mexicanos, de intimidaciones y amenazas, es compartida con los otros dos Poderes de la Unión.
Hemos escuchado en este momento, que el señor Presidente de la República reitera a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública, que nos sigan brindando la asistencia y los apoyos que eficazmente nos han venido proporcionando.
Nuevos compromisos del Poder Judicial Federal frente a estos Diálogos de Seguridad. Expreso con toda claridad que no veníamos preparados para este tema. Mi compromiso en este momento es comentarlo con amplitud en el Consejo de la Judicatura Federal y será delante del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación, donde podamos asumir nuevos compromisos y acciones de los cuales, daremos oportuna cuenta.
Gracias por su atención.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias al Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Concedemos el uso de la palabra al Consejero Óscar Vázquez Marín, es Representante del Poder Judicial de la Federación ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Adelante.
-LIC. ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN: Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Señores Secretarios de Gobernación y Seguridad Pública; señores representantes del Congreso de la Unión; señor Procurador General de la República; compañeros Consejeros de la Judicatura Federal; señores representantes de los Poderes Judiciales de los estados; señor Secretario Técnico del Consejo para la Implementación del Sistema Acusatorio Oral Adversarial en nuestro país.
Representantes del Observatorio Ciudadano de la Justicia; señoras y señores:
La justicia penal es una condición necesaria para un eficaz Estado de Derecho y, por tanto, para la seguridad, en armonía con el respeto a los Derechos Humanos.
Dedicar esfuerzos y recursos para su implementación es una prioridad, pero es también, y aún más importante, un Mandato Constitucional.
Por ello celebro que se asigne un lugar prioritario a este tema en la agenda pública de todos los aquí presentes. En mi carácter de representante del Consejo de la Judicatura Federal ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y como Titular de las instancias que han sido creadas al interior del Poder Judicial de la Federación, reitero el compromiso para impulsar la implementación de esta nueva justicia.
Los representantes del Poder Judicial Federal hemos trabajado de manera conjunta en una serie de acciones para avanzar en su implementación, acciones en materia de coordinación institucional.
Con el fin de agilizar los trabajos al interior del Poder Judicial Federal y teniendo como principal objetivo la vinculación con los distintos operadores, con la sociedad civil y con la academia; los representantes del Poder Judicial Federal hemos creado una instancia interna de seguimiento compuesta por dos grupos de expertos en temas de justicia penal: el Consejo Consultivo y el Consejo Asesor.
Dichos Consejos acompañan las labores de los representantes ante el Consejo de Coordinación Nacional, además de enriquecer las tareas de planeación, ejecución y reorganización del Poder Judicial Federal.
Asimismo, se ha mantenido una colaboración estrecha con los demás miembros del Consejo de Coordinación Nacional, a través del medio adecuado, como es la Secretaría Técnica, para la implementación del Sistema Justicia Penal en nuestro país.
En colaboración con dicha instancia se ha logrado la cobertura y transmisión de las sesiones de trabajo por parte del Canal Judicial, ejercicio de transparencia y difusión del cual nos enorgullecemos. Otras acciones de coordinación con los integrantes del Consejo a través de la Secretaría Técnica, incluyen:
Uno. La integración del Código Procesal Penal Modelo, elaborado por la CONATRIB, y financiado por el Fondo Jurica como base de los trabajos en materia normativa. Lo anterior impulsó el Proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales, elaborado por la Secretaría Técnica, que nos encontramos analizando al interior del Poder Judicial de la Federación.
Dos. El diseño de indicadores para el seguimiento y evaluación de la reforma en el Estado de Chihuahua.
Tres. El diseño de un Modelo de Planeación de la Reforma Penal Mexicana.
Cuatro. El diseño de un Sistema de Gestión Judicial en el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal.
Cinco. El Programa de Capacitación Nacional sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
La mayoría de dichos proyectos han sido desarrollados pos instituciones académicas, como el CIDE, y Tecnológico de Monterrey; y sirven como insumos comunes para todos los integrantes del Consejo de Coordinación Nacional.
Acciones en materia de difusión y cambio cultural.
El cambio cultural y la difusión son las bases del éxito del nuevo sistema. Si no se socializa y se internaliza el cambio por parte de los operadores y de la sociedad, es imposible el funcionamiento de un nuevo paradigma de justicia.
Bajo esa lógica, el Poder Judicial de la Federación, en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y la CONATRIB, además del acompañamiento de la Secretaría Técnica, creó el Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios en Colombia, Chile, Estados Unidos y México, en coordinación con el Instituto Cambio Cultural de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, en la que participan 101 juzgadores, 50 del fuero Federal y 51 del fuero local; así como diez Secretarios de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
El programa ha resultado un éxito, en el que se han formado a la punta de lanza a los juzgadores y funcionarios líderes que constituirán la base del nuevo Sistema Acusatorio Adversarial.
El programa es el fruto de la colaboración entre las diversas instancias mencionadas y es, también, la materialización de la unión de diversos fondos, que han comprendido la necesidad de apoyar respetando las competencias: USAID, Plan Mérida, Fondo Jurica, Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia. Han sido piezas vitales en este ejercicio.
En lo concerniente a la difusión, se han llevado a cabo diversos foros y eventos, así como publicaciones en la materia; acciones en materia de capacitación. El Instituto de la Judicatura Federal es el órgano del Poder Judicial que tiene competencia para el diseño de los programas de capacitación e implementación de las actividades académicas de los funcionarios del Poder Judicial Federal.
Se imparte ya, en las instalaciones del Instituto, que cuenta con una espléndida sala de audiencias, un curso básico sobre el sistema acusatorio-adversarial; pero, además, se han aprobado por el Comité Académico del propio Instituto, el Programa sobre Ejecución de Sentencias, dirigido a la primera generación de jueces de ejecución, a nivel Federal, figura que entrará en vigor el próximo año. De manera estricta se cumplirá el Mandato Constitucional.
También, se ha certificado como capacitadores, en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación de la Reforma, a un grupo de funcionarios que, sumados a nuestros juzgadores líderes, se convertirán en el motor principal para la puesta en marcha del nuevo proceso.
Acciones futuras. Una vez terminados los ejercicios de cambio cultural y cambio normativo, se iniciará la reorganización Institucional que ya se encuentra en etapa de planeación. Se prevé iniciar de manera pronta con algunos ejercicios de prueba en juzgados piloto. Además de la creación de jueces de ejecución de sentencias, la figura de jueces de control tiene ya un antecedente en los Juzgados Especializados de Cateos y Medidas Cautelares, que funcionan a buen ritmo.
El éxito de la nueva justicia no depende de la discusión sobre su posibilidad, sino de los esfuerzos por su implementación. En ese sentido, los esfuerzos deben ser coordinados, consensados e impulsados por todos los actores involucrados. El financiamiento de dichos esfuerzos es una prioridad, pero no es un obstáculo. Hasta ahora, la experiencia nos ha demostrado que existen vínculos financieros transparentes y oportunidades para el fondeo mixto de los proyectos. Dirijamos, entonces, nuestros recursos humanos a la consecución de nuestros objetivos.
Muchas gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias al Consejero Óscar Vázquez Marín.
Enseguida tiene el uso de la palabra el licenciado Felipe Borrego Estrada, Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Tiene el uso de la voz.
-LIC. FELIPE BORREGO ESTRADA: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Haré en estos momentos y solicitando, posteriormente, la oportunidad de volver a comentar algo de lo que ustedes hagan propio en esta mesa, algunos resultados que se han tenido y actividades que ha tenido el Consejo de Coordinación, que todos los miembros, la mayoría de los miembros, están presentes en esta mesa.
En estos momentos, con el inicio el día de hoy en Baja California, ocho entidades de la República ya iniciaron su proceso adversarial acusatorio; de ellas, nada más Chihuahua tiene todo el territorio abarcando el sistema y otros estados han avanzado como es Durango y Morelos de manera sustantiva.
Todos han optado, con excepción de Nuevo León, por la gradualidad geográfica; Nuevo León optó por ser una gradualidad en materia de delitos, y últimamente firmamos con ellos un convenio con el Gobierno del Estado y los tres Poderes, para modificar este sistema, y que sea también por medio de una implementación geográfica, que es lo que más favorece en estos momentos.
El 54 por ciento de las entidades cuentan con una instancia ya política, y la gran mayoría de ellas, el 85 por ciento de los estados, cuentan con una organización tal que tiendan a hacer ejecutores de la implementación.
Hay Estados como Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas que no tienen una instancia real de coordinación para implementar la reforma, aunque con excepción de Zacatecas, tiene ya implementada la reforma, pero no tiene una instancia técnica que la coordine.
Cada Poder y cada institución, llámese Policía, Ministerio Público o Poder Judicial; van separados sin una instancia que tenga la comunicación y la coordinación de los trabajos y de los acuerdos.
El proyecto presentado en la última sesión es un producto importante que debe ser valorado que es el Código de Procedimientos Penales para la Instancia Federal, como un producto que es necesario para poder conducir la reforma a nivel nacional. Es el primer producto que se presenta como algo que puede ser a la larga el Código Procesal Penal Único que ayer mismo, también hablaba el señor Presidente de la República, sobre el particular.
Está en la mesa del Consejo de Coordinación durante todo el mes de agosto, para el día 1º de septiembre, presentarlo como un producto terminado, después de las opiniones que todos tengan.
Lo que también es importante mencionar es el tema de los subsidios. Se nos dieron de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, 195 millones de pesos con ahorros internos de la Secretaría Técnica lo llevamos hasta 280 millones de pesos, transferimos del gasto corriente de nosotros a lo que es subsidios para los estados en 17 estados de la República. Más de la mitad.
A pesar del poco dinero que teníamos se pudo apoyar a las entidades con un criterio muy bien establecidos, primero los apoyos a aquellos estados que iban a entrar últimamente como es Baja California, también entran en muy poco tiempo, quizá a finales de este año a principios del próximo, Guanajuato, Yucatán e Hidalgo.
Con ese criterio y con los que ya van avanzando, y algunos indicadores, se otorgó el subsidio a las entidades de Baja California, Campeche, a Chiapas, a Chihuahua, a Colima, al Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán hasta la fecha. Diecisiete entidades, en total, 280 millones aproximadamente de pesos, en proyectos de técnico-sistemas de comunicación y de información, en capacitación, en normatividad, en difusión y reorganizaciones institucionales.
Tenemos nosotros prototipos, tenemos proyectos muy bien establecidos y estudiados con indicadores propios para crear modelos de simulación, modelos de ubicación y para tener, asimismo, modelos tipo de lo que son las nuevas instituciones y la reorganización de ellas; de atención temprana, de mediación, de Ministerios Públicos y Procuradurías y de juzgados.
Algo que es prioritario también, y que lo tocó el señor Presidente de la República, es el tema de ejecución de sanciones. En estos momentos, dentro de 11 meses, inicia lo que es la ejecución de sanciones, junto con lo que es jueces de control (Sic) y la nueva modalidad de reinserción social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de los estados, tienen participación activa.
Y existe la iniciativa ya dictaminada en la LX legislatura. Por el cambio de Legislatura se regresó a Comisiones y está por dictaminarse. Esa es una ley que es urgente y es necesaria para poder transitar a lo que es la ejecución de sanciones, con el término fatal de tres años, que nos dijo el Constituyente Permanente.
Como inicio, señor Presidente, es mi comentario. Muchas gracias por la participación.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias licenciado Felipe Borrego.
Alguien más que quisiera participar en la Mesa. Diputado Carlos Alberto, tiene el uso de la palabra.
-DIPUTADO CARLOS ALBERTO PÉREZ: Muchas gracias.
Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe Calderón Hinojosa; señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia; señor Secretario de Gobernación; señores integrantes de esta Mesa de Diálogo por la Seguridad.
Señoras y señores:
Desde la Cámara de Diputados nosotros observamos que la justicia es un anhelo ciudadano que se ha marcado en los últimos tiempos. Combatir la impunidad, es uno de los temas esenciales de los Sistemas de Justicia y de Seguridad Pública, generarán confianza en la ciudadanía respecto de sus instituciones; un sistema de justicia pronta y expedita que sancione a los responsables de la comisión de ilícitos, indistintamente de su condición de poder, económica o social, es lo que todos los mexicanos estamos esperando.
Desde la Cámara de Diputados le tomamos la palabra al señor Presidente con lo que hoy nos ha mencionado. El compromiso de su servidor como Representante ante este Consejo de Coordinación, hoy en este Mesa de la Cámara de Diputados, es llevar a la Junta de Coordinación Política este compromiso de asumir con responsabilidad el trabajo conjunto de los diversos Poderes.
Le tomamos la palabra al Presidente de la República en el tema de corregir las lagunas y las omisiones en materia legislativa. Le tomamos la palabra en crear los marcos jurídicos. Necesitamos una ley de justicia para adolescentes que, verdaderamente, juzgue en este aspecto a los jóvenes que han delinquido. Un Código Procesal Penal, que ya hay un gran avance en la propuesta que hace este Consejo, y que seguramente una vez que tengan los comentarios, será llevado a la Cámara, y el cual, mediante el diálogo, trataremos de construir el acuerdo para poderlo sacar adelante.
Una Ley de Justicia Alternativa, una Ley de Justicia Restaurativa, sólo por mencionar algunos de los pendientes que desde el Poder Legislativo tenemos para sacar adelante.
Las Reformas de Amparo. Vale la pena comentarlo, en este momento está reunida la Comisión de Puntos Constitucionales ya logrando quórum y discutiendo justo este dictamen, y que ojalá en un rato más podamos tener el dato de que se haya aprobado ya, para en el siguiente proceso pasarlo al Pleno, una vez que inicie el siguiente Periodo Ordinario.
Sin duda, este tema de la seguridad pública y de la justicia en un nuevo modelo que implica un cambio total de ver a los sistemas de justicia, que es totalmente distinto a lo que conocemos, porque implica un cambio prácticamente de 180 grados, sin duda, e implicará resistencias como corrupción, como inmovilismo, como temor al cambio, como acabar con ciertos privilegios creados.
Creo que con este esfuerzo, que hoy a invitación del Ejecutivo empezamos a construir, podemos vencer todas estas resistencias y estos obstáculos haciendo cada quien lo que nos corresponde.
Quisiera comentarles que de alguna manera hemos empezado a hacer la tarea allá en la Cámara de Diputados. El día de ayer, por unanimidad, aprobamos un punto con exhorto, que el día de hoy sube ya a Tribuna, para exhortar a los congresos locales a que continúen con las reformas para implementar el Sistema de Justicia Penal en las entidades.
Quisiera dejar sentado en esta mesa parte, también, de los compromisos que llevaremos a la junta de coordinación y, en su momento, al propio Pleno de la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el diálogo y el acuerdo para lograr estas leyes en beneficio del país y de sus ciudadanos.
El tema de seguridad pública y de justicia no admite visiones de colores ni de partidos. Obliga a tener una visión de Estado, obliga a tener una visión donde cada quien hagamos lo que corresponde.
Asumimos, también, desde la Cámara de Diputados, y es el tema que llevaremos a discutir, la relación de trabajo permanente como lo ha solicitado el Ejecutivo, entre los Poderes de la Unión y los diversos órdenes de Gobierno.
Asumimos el compromiso de crear grupos de trabajo bicamarales para analizar los temas de justicia y de seguridad pública, en donde desde el inicio del proceso legislativo, Senadores y Diputados estemos discutiendo el propio proceso para poder sacar adelante los acuerdos.
Viene, pronto, el tema del presupuesto. Estaremos esperando la iniciativa del Ejecutivo, pero, sin duda, un tema que habrá que analizar será el presupuesto en materia de justicia, que desde la Cámara de Diputados buscaremos pueda tener algunos candados para lograr incentivos a las entidades que han avanzado en sus reformas, y a las que no, que este mismo tema pueda ser motivo de que puedan avanzar.
Señor Presidente.
Sabemos que las circunstancias del país son complicadas. En la Cámara de Diputados que estamos, integrada por diversas fuerzas políticas, no será fácil sacar adelante los temas; sin embargo, hemos encontrando un buen eco y posibilidad de diálogo para poder construir los acuerdos.
De parte de la representación de la Cámara de Diputados, tienen el compromiso de llevar estos temas a discusión, analizarlos, verificarlos con las diversas comisiones y, en su momento, estar informando de lo que sucede.
Muchas gracias. Es cuanto.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias al Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Magistrado Max Gutiérrez Cohen, Primer Vicepresidente Región Norte de CONATRIB, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Tiene el uso de la voz.
-MAGISTRADO MAX GUTIÉRREZ COHEN: Muchas gracias.
Señor Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación; distinguidos integrantes de esta Mesa y apreciables asistentes:
En primer lugar. Consideramos que es muy importante que se esté celebrando este Diálogo por la Seguridad, que es un campo propicio para que los Tribunales Superiores de Justicia del país entremos en esta área de contacto y de expresión de nuestros puntos de vista, sobre todo, en los aspectos que ha destacado el señor Presidente de la República, que estimamos que son vitales y trascendentales, sobre todo en estos momentos que se viven en nuestro país.
Yo creo que se ha hablado con bastante propiedad y amplitud sobre las diversas tareas que se están realizando en el Poder Judicial de la Federación, en el Consejo para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, y tenemos mucho interés en retirar este compromiso y esta responsabilidad que existe en los Tribunales Superiores de Justicia para fortalecer las instituciones.
Consideramos que es vital el mantener e incrementar condiciones para la gobernabilidad de los Poderes Judiciales locales; y en esa forma de ver las cosas, siempre hemos sostenido que los tiempos actuales de México no sólo es para los impartidores de justicia de aplicar las leyes vigentes, sino que nos llevan las circunstancias y la responsabilidad ante la sociedad a un ejercicio, precisamente, de corresponsabilidad.
En esa forma, nosotros estamos siempre en la posición de contribuir a la formulación de proyectos, de leyes, de participar a nivel nacional entre todos los Tribunales uniendo esfuerzos. Estamos en el seno de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y ya durante años, hemos sido partícipes y colaboradores de diversos procesos de reforma.
Desde la Reforma Constitucional que dio lugar al nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, las discusiones que se dieron, los trabajos que realizamos al interior de los estados para forjar esos nuevos proyectos de leyes y claro que derivamos de ahí a la fecha experiencias en esta administración de justicia especializada. Y también damos testimonio de esa urgente necesidad que hay de que el Congreso de la Unión establezca la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, independientemente del fortalecimiento de los presupuestos que se requieren para que esto se ejerza de mejor forma.
Es un sistema que ha nacido, es un sistema que tiene ya cierta historia, aunque reciente en los estados y consideramos que debe ser una Reforma Constitucional atinada, pero que requiere soportes presupuestales, y en esa corresponsabilidad, la Federación legisle al respecto y se empiecen a ejercer las atribuciones correspondientes.
Siguiendo esta historia reciente, fuimos partícipes, también, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, de los procesos que dieron lugar a la reforma constitucional del sistema para establecer este nuevo Sistema de Justicia Penal, siempre hemos estado presentes haciendo observaciones, y también destacando puntos de vista de aspectos en donde se tensiona con la seguridad pública, o con requerimiento de seguridad pública.
En el seno de la Comisión de Tribunales de Justicia se dio lugar a la formación de ese proyecto de Códigos Procedimientos Penales, CONATRIB, que de alguna forma ha sido tomado como referente en diversos estados de la República para implementar el Sistema de Justicia Penal; y por lo que hemos escuchado, también, en el seno del Poder Judicial de la Federación. Claro que es un proyecto referente, como son referentes legislaciones ya establecidas en el país o en otros países de Latinoamérica.
Creemos que es un documento que tiene varios aspectos que son de ajustarse para mejorarse, pero hay aspectos también de carácter constitucional en los que queremos hacer hincapié, de no perder de vista en este sano y necesario ejercicio de reflexión, como es uno que se ha notado en cuanto a la reestructuración o posibles reformas en materia constitucional en el Amparo; y consecuentemente en cómo se refleje en la Ley de Amparo, porque creemos y hemos sostenido que en materia de Amparo de alguna forma se difirieron las discusiones cuando se planteó la reforma constitucional para establecer el nuevo Sistema de Justicia Penal, y yo creo que eso es tiempo de retomarlo y de hacer los ajustes correspondientes para que el Juicio de Amparo tenga plena compatibilidad con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Particularmente, en lo que sea lo concerniente al análisis de violaciones al procedimiento, porque el Juicio de Amparo, como está previsto actualmente, y me estoy refiriendo al directo, infiltra totalmente toda la estructura en los procesos penales, que es un aspecto particular que creo, consideramos que se debe de revisar.
Y otro aspecto de la Reforma, que yo creo que está latente en todo el país, que habrá que reflexionar a nivel constitucional también, es el relativo a la seguridad de víctimas y de testigos, y también de jueces y demás actores del proceso penal.
Yo creo que hay que revisar, porque para el régimen de delincuencia organizada, se establecen unas situaciones especiales ahí que no privan para el proceso en general. Tenemos observaciones particulares a ese respecto, que a nuestro juicio ameritan una reflexión constitucional.
Y está en forma más reciente y urgente el tema de los jueces de ejecución de sentencias que, como bien se ha señalado, ya estamos a menos de un año que eso se tenga que aplicar. Consideramos que debe de apretarse el paso y administrarse muy bien los diseños procesales sobre esos que van a regir, que funcionen estos jueces; por el contacto directo que van a tener, precisamente para determinar la modificación de las penas. Yo creo que hay aspectos muy importantes que se tienen que reflexionar, y que tendrán que ver con el diseño del procedimiento correspondiente al respecto.
Otra cuestión a la que estamos abocados es en tratar lo del narcomenudeo. Como bien es sabido, en agosto del año pasado se establecieron las reformas correspondientes a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, y tiene los dos grandes rubros, que es el de la prevención y la atención a la farmacodependencia, que requiere de grandes dotaciones de recursos, precisamente para establecer un programa nacional en esta materia, y establecer, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, los Centros de Prevención y de Tratamientos de Farmacodependientes.
Consideramos que eso debe reflejarse en el Presupuesto de Egresos en lo que se refiere a nivel de la República Mexicana, y en los estados por lo que concierne a las atenciones correspondientes a la salud.
Pero está el otro aspecto toral de la reforma, que concierne a la competencia concurrente de las autoridades Federales con las autoridades del fuero común.
Estuvimos atentos desde el 2005 a cómo se trazó la reforma que dio base a esa competencia concurrente. Y hay un aspecto ahí. Se está trabajando en un Plan Nacional de Acción para Combatir el Narcomenudeo, donde concurrimos Tribunales Superiores de Justicia, Procuradores locales, en el seno de la Procuraduría General de la República. Y estimamos que se están corriendo los tiempos; que se tienen que hacer reformas a legislaciones estatales, programas de capacitación en los cuales se está trabajando. Pero hay un aspecto ahí que es importante puntualizarlo.
En este ejercicio de corresponsabilidad es muy relevante que se mantenga esa concurrencia y tratándose de narcomenudeos, efectivamente, para combatir este problema tan grave que es una de las especies de género del narcotráfico, que se mantenga y se fortalezca esa concurrencia, de manera, que de ninguna forma se reduzca o se demerite el trabajo que se hace por la Federación, tanto por la Procuraduría como por los Tribunales Federales, sino que a ese trabajo concurramos de una forma bien preparada, con la presupuestación correspondiente, los estados de la República, tal y como es el trazo de la reforma.
De esa manera, señor Presidente, estamos en ese compromiso, en ese ejercicio de corresponsabilidad. Y haciendo el máximo de los esfuerzos que nos corresponde, y lo vemos no nada más como un aspecto de relaciones interinstitucionales, sino básicamente, como bien se ha dicho, eso tiene que ver con la corresponsabilidad también, a nivel social, en todas las esferas: en las esferas de educación, en las esferas de la salud, de la cultura, para que esto siga adelante.
Muchas gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias al Magistrado Max Gutiérrez.
Enseguida ha solicitado el uso de la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. Tiene el uso de la palabra, Presidente.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Simplemente, Ministro Presidente, Ministros Magistrados, Consejeros.
Yo tengo algunas preguntas que me gustaría que con su experiencia, ojalá que pudiéramos considerar.
Primero. La pregunta esencial para mí es: Ante este grave problema de inseguridad, de violencia, de impunidad que se está viviendo en el país, qué realmente se puede hacer desde el Poder Judicial. La pregunta básica es: Está bien lo que están platicando, las reformas que van avanzando. Quizá para quienes no estamos familiarizados con los procesos judiciales, cuál es la trascendencia de estas reformas y en qué van a impactar para bien, supongo, todas estas reformas: la Reforma en Materia Penal, la Reforma de Amparo, qué implica para los ciudadanos.
También me surgen algunas cuestiones porque comentan ustedes que, por ejemplo, en Chihuahua es donde está más avanzada o más tiempo de aplicación en práctica la Reforma Penal a los Juicios Orales, y a mí, no puedo dejar de reflexionar que por lo menos Chihuahua ha sido también, es en los últimos dos años, ya el estado que más violencia está registrando en todo el país, prácticamente, quizá 30 ó 35 por ciento de los homicidios muy violentos, ejecuciones se están presentando en ese estado. Tiene algo que ver la Reforma Penal implementada en ese estado con este hecho o no tiene que ver.
De qué manera, verdaderamente, puede transformarse la justicia para abordar mejor ese tema o no es realmente un problema que tenga que ver con la justicia, sino simplemente, con la procuración de la misma o la policía.
También algo que percibo es: Hay un alto número de personas detenidas en acciones de la policía o de las Fuerzas Armadas, en fin, detenidas en flagrancia o en compañía de otros presuntos criminales. Sin embargo, también, y finalmente, el número de personas sujetas a proceso o condenadas es significativamente menor al número de personas que se detienen. Eso obedece realmente a deficiencias que estamos teniendo en el Ministerio Público Federal y estatales, a qué obedece, hay algo que se puede hacer con ello. También le pregunto al Procurador. Qué es lo qué está ocurriendo en este tema.
Y, finalmente, el tema que esbozaba decir, el tema de la impunidad, es decir, el hecho de que delitos que se comenten no se castiguen y que eso, por cierto, estimule la comisión de más delitos. De qué manera podemos acotar este asunto y, concretamente, qué podemos hacer, desde luego, el Gobierno Federal a mi cargo, pero también los Poderes Judiciales, Federal y local; qué pueden hacer o qué cosas debieran realmente revisarse a fondo para combatir este problema.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias Presidente.
En el registro del orden, tenemos la participación del licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Consejero de la Judicatura Federal.
Tiene el uso de la palabra.
-LIC. DANIEL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ: Muchas gracias señor Secretario.
Con su permiso, señor Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa; señor Ministro Presidente, don Guillermo Ortiz Mayagoitia; señores miembros de esta Mesa de Diálogo; señores asistentes:
En el Siglo XXI el Poder Judicial de la Federación ha refrendado su vocación por consolidarse como un Poder que adopta sus decisiones mediante procesos apegados a derecho, cada vez más transparentes, con miras a resolver los conflictos de forma pacífica.
Cito literalmente: Los mexicanos queremos un Estado de Derecho que asegure una convivencia civilizada, armónica y pacífica; un Estado que haga de la norma jurídica el sustento de la cohesión social y de la suma de nuestros esfuerzos. Fin de la cita. Se trata de un breve fragmento de la Exposición de Motivos, que dio origen a la Reforma Constitucional que transformó el Poder Judicial en 1994.
Por lo anterior, es indispensable contar con juzgadores acreditados para desempeñar la importante función de dictar sentencias. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación mediante estímulos y vigilancia, ha creado un Sistema de Carrera Judicial, el cual es un mecanismo que la Constitución Federal consagra para garantizar los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia en la impartición de justicia Federal.
El Consejo de la Judicatura Federal, desde su creación hace 15 años, cuenta con instrumentos de control y sanción; delegados en diversas áreas encargadas de vigilar, investigar y tramitar las conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, tanto consagrados en la Carrera Judicial, como los adscritos a las áreas administrativas. Y es así proponer una sanción al pleno al Órgano Colegiado, a efecto de ser valorada y ejecutada.
Como ya lo decía el Ministro Presidente, el Consejo desde el año 2007 ha venido sancionando a distintos servidores públicos, hasta haber llegado en el año 2009, sancionados a 51 servidores públicos, tanto de carrera como administrativos.
El Consejo tratando de responder a los retos que implica la situación actual de nuestro país, se ha tomado la decisión de modernizarse. Se han automatizado los procesos, se han modernizado los sistemas de cómputo, y se ha trabajado, sobre todo, en un punto bien importante, que es la determinación de indicadores para la rendición de cuentas y para la posible evaluación y medición del trabajo, donde pueda cumplir el Consejo con su principal función.
El principal problema que se ha enfrentado en el Consejo es, respetando la autonomía e independencia consagrada constitucionalmente a los juzgadores, establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación, que nos permita darle seguimiento y evaluación a sus actividades.
Esto es, que podamos nosotros conocer si ese Juez realmente está cumpliendo con las expectativas que la sociedad y el Consejo tiene de él; si ese Magistrado está realmente con el nivel que debiera de tener.
Y ese mecanismo de evaluación, esos estándares de evacuación y esos indicadores son reconocidos a nivel nacional, pero en nivel internacional se han aplicado ya en distintos países, y se requiere que se vayan implementando en nuestro país. Insisto, siempre respetando la frontera, respetando el límite de preservar la independencia, imparcialidad, autonomía de los juzgadores Federales.
Ese es el reto que enfrenta actualmente el Consejo de la Judicatura. Y para eso, también se han desarrollado distintos sistemas de cómputo, modernizando, que nos permite, por ejemplo, dar más transparencia a las resoluciones, nos permite generar versiones públicas para que puedan ser conocidos, prácticamente cualquier resolución por quien así le interese.
Nos permite en un teclazo, en un golpe de vista, en una computadora poder conocer el desempeño de un juzgador, sabiendo cuántas resoluciones ha emitido, qué nivel de rezago tiene, si es que lo tiene, saber si se le han revocado o no, sentencias, en qué sentido se han producido sus sentencias.
Y pensamos que esa transparencia, esa modernización de cara a la sociedad, tiene que darle mayor confianza a la gente en el Poder Judicial, a las propias instituciones, y es en beneficio de una adopción de un verdadero Estado de legalidad, en cuanto que la gente acepte que es mejor vivir respetando la ley.
Los procesos de establecimiento de seguimiento para los jueces y magistrados, son también sumamente importantes. Porque el Consejo ha desarrollado un sistema muy acabado, muy transparente, muy equilibrado para la selección de sus jueces y magistrados, en los cuales el proceso es totalmente abierto, transparente, con reglas igualitarias que dan oportunidad a los mejores miembros, a los mejores candidatos.
En lo que se está trabajando ahora es en ver que eso se mantenga. Ese nivel de selección tan óptimo que ha alcanzado el Consejo de la Judicatura, que bien puede ser perfectible en algunas cosas, pero pensamos que es un nivel bastante bueno que se ha conseguido en cuanto a la selección de servidores públicos, de jueces y magistrados. Debe ser complementado por mecanismos adecuados de actualización, capacitación, seguimiento y evaluación, que al final del día es la función principal del Consejo.
Por eso, como ya lo decía don Oscar Vázquez Marín, se han optado por un lado grandes programas de capacitación, se han optado grandes labores de cursos, posgrados por parte del Instituto de la Judicatura Federal y por parte de las distintas agrupaciones de jueces y magistrados.
Pero por otro lado, se establece el proceso de certificación, que también es un punto importante en el cual; pero también por otro lado, el Consejo ha reforzado lo que es el área de vigilancia y supervisión judicial, con visitas por lo menos dos veces al año en cada Tribunal, con visitas extraordinarias cuando así lo requiere; pero, sobre todo, con mecanismos que permiten la transparencia.
Se encuentra en la página del Consejo, prácticamente toda la información estadística de los Tribunales. Podemos conocer cuál es el desempeño de cada Juez, de cada Magistrado. Y estamos trabajando en que esto esté más al día, esté más actualizado y sea prácticamente, información en vivo.
Por último, quiero mencionar, y a respuesta directa de la pregunta del señor Presidente, que el Consejo está trabajando en fortalecer un sistema de vigilancia y control interno. Hemos adoptado una nueva área de seguridad, en primer lugar, para darle tranquilidad y seguridad y estabilidad a nuestros jueces, de que el Consejo, obviamente, con el apoyo de las dependencias Federales como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría está dando o puede darles las garantías que requieren, para poder actuar como lo requiere la Constitución, con imparcialidad, con justicia, con idoneidad; en general, libre de presiones.
Por otro lado, esos mecanismos de información que maneja actualmente el Consejo, tenemos la aspiración que nos lleve a podernos adelantar, que nos lleve a poder prever escenarios de posible presión para nuestros miembros, para nuestros jueces y magistrados, principalmente, y en general, a todos.
Y que puedan ser combatidos con tiempo, de tal forma que cumpla el Consejo con lo que para nosotros es la principal garantía del gobernado, que es un Juez Imparcial, un Juez Autónomo, un Juez Independiente. En ese sentido, el Consejo está trabajando, modernizándose, tratando de anticiparse, tratando de vigilar, y en los pocos casos que pudiera haber realmente algunas cuestiones disciplinarias, se está actuando con toda diligencia y con toda severidad.
Por último, quiero mencionar que el Poder Judicial, en general, está viéndose actualmente saturado en su capacidad de operación.
El índice de litigiosidad ha subido bastante, ha subido grandemente y empiezan a generarse rezagos, empiezan a generarse demoras en la tramitación de los juicios. Por eso requerimos, por un lado, las reformas, como ya lo mencionaba el Ministro Presidente, constitucionales de Amparo, la nueva Ley de Amparo, que son muy importantes; y, por otro lado, necesitamos el apoyo presupuestario para jueces y magistrados para poder crear los suficientes órganos que puedan atender esa creciente demanda.
Por otro lado. Dentro de esa creación se están ensayando distintos tipos de creación de nuevos órganos que atiendan, precisamente, el problema de la justicia penal.
Independientemente de las reformas penales que se tienen, fue muy exitosa la creación de los jueces especiales de cateos y arraigos. Hasta ahora han funcionado bastante bien, ya nos lo tendrá que decir, en todo caso, la Procuraduría General de la República, pero de acuerdo a la información que nosotros tenemos, se ha respondido con eso a lo que era un problema ancestral, que era la obtención de las órdenes de cateo, la fuga en la información, la dilación, en general; la distorsión de las órdenes tanto en intervenciones telefónicas, cateos, arraigos. Con estos jueces especiales se ha logrado resolver mayormente ese problema.
En ese mismo orden, en esa misma secuencia, es que estamos estudiando y estamos trabajando en buscar jueces que puedan colaborar con las autoridades Federales a resolver y atender cuestiones de delincuencia organizada y de criminalidad grave e importante. Tengan la seguridad que el Consejo estará dispuesto, atento, abriendo. Tenemos constantes reuniones con el señor Procurador para intercambiar estos puntos de vista y buscar soluciones a las problemáticas que se nos presentan.
Y seguiremos abiertos y trabajando. Y muy pronto creo que podremos anunciar nuevos, como decía el Ministro Presidente, nuevas propuestas, nuevas iniciativas que tiendan a apoyar, en general, la impartición de justicia en nuestro país, pero, sobre todo, este problema de la seguridad y el Estado de Derecho, que nos convoca ahora.
Muchas gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias al licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Representante de la Cámara de Senadores ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Tiene el uso de la voz Senador.
-SENADOR RICARDO FIDEL PACHECHO RODRÍGUEZ: Gracias señor Secretario de Gobernación.
Señor Presidente de la República; señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; compañero Diputado Federal; señores funcionarios del Poder Ejecutivo y de los Poderes Judiciales; señoras y señores:
Al inicio de esta reunión el Presidente de la República se refería a la aprobación de una reforma penal que implementa un nuevo sistema de justicia en el país, como una reforma de gran profundidad que, sin duda, es de las mayores que en el país se hayan hecho en las últimas décadas.
La expresión, creo que es una expresión atinada, que puede complementarse si se señala que las reformas a la Constitución, hechas en aquel momento, y algunas otras realizadas en momentos distintos y a leyes reglamentarias y secundarias, nos han llevado a modificar nuestro marco legal, a modificar nuestro marco constitucional con la idea, no sólo de la transformación del Sistema de Justicia Penal, sino también de dotar al Estado mexicano de mejores y mayores instrumentos para el combate a la delincuencia organizada que ha trastocado la seguridad pública en nuestro país y que tiene a este problema como el que los ciudadanos perciben de mayor agobio en este momento.
Así es que, creo que vale la pena acreditar que en estas dos vertientes de la transformación del Sistema de Justicia Penal y de los instrumentos para mejorar la seguridad pública, el Congreso de la Unión, así lo reconoce también el Presidente de la República, ha aprobado un número importantísimo de iniciativas que, por la vía del Ejecutivo o los propios legisladores, se han presentado en la anterior Legislatura y en esta Legislatura que corre.
Desde que iniciamos la discusión de las dos vertientes, que hicimos coincidir en la Reforma Constitucional, se nos generó la idea clara de que la reforma del sistema por sí, no iba a impactar en la percepción de una mejoría en la seguridad pública. Y creo que esa percepción ha venido confirmándose en la realidad. La pregunta realizada hace unos momentos por el Ejecutivo Federal, lo acredita realmente.
Y yo diría que de todo este trabajo que se ha realizado en modificar nuestro Marco Constitucional y legal, nos debe quedar la tarea, que considero es parte fundamental de este Diálogo por la Seguridad, de realizar, evidentemente, una evaluación detallada que si quisiéramos realizar en este momento alguna pincelada, tendríamos que reconocer la disposición y los avances, por ejemplo, que en el Poder Judicial Federal se han realizado en la implementación del Sistema Federal de Justicia Penal.
También reconocer la tarea de la Secretaría Técnica del Organismo en el impulso a la implementación en ya varios estados de la República Mexicana de este nuevo Sistema de Justicia Penal, pero tendríamos, creo, que visualizar también, y yo no sé si aquí tengamos, puede ser que sí, un problema de comunicación. La percepción del avance en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Federal creo que no es coincidente con lo que llevamos en algunos de los estados. Si bien es cierto que tenemos algunos años por delante, también es cierto que comienzan a prendérsenos algunos focos, por ejemplo, en la ya tratada situación de la ejecución de penas que hay que atender por mandamiento Constitucional en el próximo año.
Y yo creo que también, debemos reconocer que ha habido en la parte de la seguridad pública, instrumentos que han acreditado su eficiencia, como éste que mencionaba el Consejero de los Jueces de Control, que han dado desde nuestra perspectiva un magnífico resultado; pero que también tenemos que preguntarnos ante la insistencia y ante la final aprobación de instrumentos como la Ley de Extinción de Dominio qué ha ocurrido con este instrumento, qué tanto ha caminado y, en su caso, si tuviésemos que enmendar alguna situación que lo hiciera más efectivo a como lo dejamos en la norma que aprobamos ya hace algún tiempo y que fue publicada por el Poder Ejecutivo Federal.
Es decir, la consideración desde el Senado de la República es que hemos avanzado en nuestra tarea; hemos buscado darle respuesta al Poder Ejecutivo Federal ante sus iniciativas en esta materia de seguridad. Pero tenemos que reconocer que a lo mejor no han sido suficientes, o a lo mejor no han sido suficientemente aplicadas, y algo más tenemos que hacer.
En ese sentido, creo que la visión del Congreso, en términos generales, del Senado de la República, de manera particular, es manifestar su disposición para seguir avanzando en esta tarea de modificar nuestro entorno legal, de atender la parte de lagunas u omisiones, como aquí se ha señalado, que vayan cerrando el círculo a la impunidad en nuestro país.
Y en esa disposición es que hemos acudido a esta convocatoria, que agradecemos, y que esperamos seguir dejando constancia de que la preocupación de los ciudadanos mexicanos sobre su seguridad, es una preocupación del Estado mexicano, como bien se ha dicho, no sólo de uno de los Poderes, ni de dos, sino de tres, y de todos los órdenes de Gobierno; que hay que empeñarnos en modificar esta situación que nos aqueja y, en ese sentido, dejar bien claro que continúa nuestra disposición para seguir en este camino.
Gracias por su atención.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, Senador Ricardo Fidel Pacheco.
Enseguida ha solicitado el uso de la palabra el Magistrado Juan Gabriel Coutiño Gómez, IV Vicepresidente Región Sur de CONATRIB, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Tiene el uso de la palabra.
-MAGISTRADO JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ: Señor Presidente de la República, don Felipe Calderón Hinojosa; don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores Secretarios; señores Consejeros; Magistrados; señoras y señores:
Atendiendo a los cuestionamientos que ha hecho nuestro señor Presidente, respecto de qué podemos nosotros aportar, en la experiencia que tenemos como Presidentes de Tribunales, recuerdo y me nace el ánimo de comentarle la experiencia particular del Estado de Chiapas. En septiembre de 2008, en congruencia con la Firma del Pacto Nacional de Seguridad, se firmó el Pacto por un Chiapas aún más Seguro en septiembre del 2008.
Dentro de los compromisos que el Tribunal local generó para blindar al Poder Judicial y evitar con ello la injerencia, la delincuencia organizada en su interior, generamos la idea de crear un control de confianza al interior del Poder Judicial del estado.
Dicho control de confianza tiene el ánimo de realizar exámenes de carácter diversos como conocimientos, médicos, toxicológicos, polígrafo; así como dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales de nuestros funcionarios judiciales. Esto con el ánimo de detectar se regulen los requisitos de idoneidad para la función que ejercen los funcionarios del Poder Judicial del Estado.
Hecho que ha sido, a juicio nuestro, muy exitoso, porque además ha permitido que cuando se genera una convocatoria para ocupar los espacios de carácter de Secretarios de estudio y cuenta, de jueces, además que son convocatorias abiertas, todos ellos pasan todas estas etapas, de tal suerte que los nuevos integrantes del Poder Judicial, ciertamente están certificados y reúnen los requisitos de idoneidad para ejercer sus funciones.
Cuál es el detalle, en particular, que genera una problemática que nosotros tenemos.
Los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, creo yo, deberían de adecuarse de tal suerte que los Poderes Judiciales de los estados podamos acceder a mayores recursos para diversas funciones tales que permitan fortalecer ideas como la que se implementó en el Estado de Chiapas, en el Poder Judicial del Estado. Nosotros pagamos este Centro de Control de Confianza, que es caro, con recursos propios. Por qué. Porque los lineamientos de operatividad del FASP, sólo permite que haya un centro estatal, pero para la autoridad ejecutiva. Por un lado.
Por otro lado. También nos queda claro que todos debemos de caminar hacia la transparencia. Cuando se habla de transparencia, para el Poder Judicial y para los Poderes Judiciales locales; en particular, no sólo se refiere a la obligación que tenemos de informar a la sociedad respecto del uso y destino de los recursos públicos que ejercemos, sino también informarle al justiciable del camino que llevan sus asuntos desde su inicio hasta su resolución. Así, muchos tribunales estamos caminando en el tema de implementar páginas de Internet donde los ciudadanos puedan acceder y darle seguimiento a sus juicios.
Nosotros firmamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Consejo de la Judicatura, un Convenio de Colaboración para efectos de que ellos nos apoyarán en el tema del software que manejan para implementar dicho sistema en el estado.
Sin embargo, también tenemos una problemática en dicho tema. El FASP, nos permite comprar equipamiento, pero no de intercomunicación. El Estado de Chiapas tiene una orografía complicada, tenemos 21 Distritos Judiciales y, evidentemente, hay zonas donde es complicado comunicarnos de manera inmediata y poder utilizar estos recursos tecnológicos, con los que ahora contamos, a efecto de que de manera permanente, de carácter oportuno, podamos conocer qué está pasando en cada uno de nuestros juzgados.
Entonces, también es un tema que me gustaría aportar para efectos de que pudieran utilizarse dichos recursos para comprar tecnología de intercomunicación, que permitan que nuestros juzgados estén intercomunicados, y con ello, fortalecer nuestro Sistema de Transparencia.
Y, por último, hacer hincapié de quienes ya intervinieron, y reforzada la posición en cuanto a la necesidad de una Reforma Constitucional, que ha sido un tema permanente al interior de la Comisión Nacional de Tribunales, en cuanto a la autonomía financiera de los Poderes Judiciales de los estados.
Ello permitiría, también, tener seguridad de que los recursos que se utilizan en los poderes sociales del Estado están garantizados, a efecto de trabajar con un clima de certeza y, como consecuencia, de autonomía en las decisiones judiciales que se realizan en cada una de las entidades de la República.
Esa sería mi aportación, señor Presidente.
Muchas gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias al Magistrado Juan Gabriel Coutiño Gómez.
Enseguida tiene el uso de la palabra el licenciado Alfredo Higuera Bernal, Representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Tiene el uso de la voz.
-LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL: Muchas gracias.
Señor Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia; muy respetables, honorables miembros de esta mesa de trabajo.
En primer lugar queremos agradecer la oportunidad que se nos da de participar en esta, muy importante mesa de trabajo de Diálogos por la Seguridad.
Y, sin pretender erigirnos, señor Presidente, en voceros de los Procuradores de Justicia de los estados de la República, porque además aquí está nuestro Presidente de la Conferencia Nacional, señor Procurador Arturo Chávez; sí le expresaría que en los Procuradores de Justicia de los estados tiene usted todo el reconocimiento a la firmeza de su Gobierno en la decisión y acción, en la lucha indiscriminada contra la delincuencia y, en particular, contra la delincuencia organizada.
Referir a usted muy bien en su intervención inicial acerca de la política de Estado que se requiere en materia de seguridad. Una política de Estado que, naturalmente debe concebir a la seguridad pública como el problema central del país, y como la primera responsabilidad del Estado mexicano.
Y como tal, seguramente merecerá reglas diferentes a las de cualquier otra función pública. Mecanismos que garanticen un avance consistente y progresivo en atención al tema de la seguridad, y no como cualquier otra función pública, que pueda recibir interrupciones, alteraciones o incluso, retrocesos, motivados por las transformaciones de orden político.
Vencer o al menos debilitar seriamente a las organizaciones delincuenciales implica, como usted muy bien lo refería, fortalecer las estructuras y también la operación de las instituciones encargadas de la seguridad.
Qué hacer en este sentido. Optar, como lo plantea la disyuntiva tradicional, entre lo importante y lo urgente. Lo importante y lo de fondo está siendo, consideramos en nuestro particular punto de vista, bien atendido, con una Reforma al Sistema de Justicia Penal que actualiza, que moderniza y que beneficia a la justicia en México. No es sólo de forma, es de fondo, no es de apariencia. Que habrá que madurar en determinado tiempo es verdad, es la experiencia de otros países. Que habrá de incidir en la problemática delincuencial, seguramente sí. En qué proporción. Bueno, habrá que esperar los resultados de ello.
Sin embargo, lo urgente, es el problema que nos plantea la operación de la delincuencia organizada. La que convulsiona al país, o al menos a muchos de sus estados, y que preocupa de sobremanera a la población. Esa es la urgencia, y lo de fondo seguramente nos va a ayudar; y nos va a ayudar mucho el nuevo Sistema de Justicia con nuevas leyes, con nuevas herramientas y con todo lo que se pueda agregar al trabajo de fondo.
Sin embargo, ante la circunstancia actual, y que plantea, precisamente, el reto para todas las instituciones de seguridad, de todas las que componen la cadena: de prevención, de procuración y de administración de justicia medularmente es, qué hacer frente a esta circunstancia. Cómo hacer que en el ámbito local, que sería la circunstancia que nos corresponde atender en las Procuradurías estatales, haya mejores resultados frente a este gran problema.
De hecho, ninguna autoridad, ninguna Institución puede sustituir a otra en sus funciones. No podríamos pensar que la autoridad municipal o, incluso, la estatal tuviese que hacer lo que corresponde al ámbito Federal; pero igualmente, tampoco, puede ninguna autoridad de estos niveles de Gobierno eludir la gran responsabilidad que le corresponde. Lo expresaba usted muy bien, señor Presidente, es un ejercicio de corresponsabilidad y en el que tenemos que entrar todos con los mejores instrumentos que podamos tener.
El reto es a partir de que las instancias Federales encargadas de atender a la delincuencia organizada no tienen la dimensión que nos plantea el problema. Y las capacidades pero, sobre todo, las herramientas de que disponen las autoridades de mayor número que, pudiéramos decir, son, incluso, las municipales, después de ello las estatales, quizás, no les permitan dar ese salto que nos permita avanzar de manera consistente.
Tenemos que sumar esfuerzos, definitivamente. Tenemos que llevar no sólo el planteamiento de que municipios y estados se sumen a esta gran tarea, a esta colosal tarea, principal problema del país; sino dar la asistencia que se requiere para que ellos puedan agregarse al trabajo Federal de la mejor manera.
La policía única es un instrumento que consideramos nosotros de sumo provecho para estos fines. Pero quizá no baste sólo juntar policías municipales y estatales. Tendremos que orientar, tendremos que capacitar, tendremos que hacer que estas policías únicas, a nivel de estado, puedan agregarse de manera muy eficaz al trabajo de la Federación, que está haciendo y que está teniendo los resultados importantísimos que se han divulgado, con la gran contribución de las Fuerzas Armadas, indiscutible en todos los sentidos.
Tenemos, a nivel estados, participación en las instancias nacionales de procuración y administración de justicia, incluso, en materia de seguridad; y vemos los temas de fondo, los importantes, los que nunca podrán dejar de verse.
Pero también, creo que como en el resto de la atención al problema tenemos que ver lo urgente. Y se ha hablado de planteamientos que se han hecho en estos encuentros por la seguridad, señor Presidente, del establecimiento de mesas de trabajo, incluso, con participación social, y qué importante que lo sea, porque sin una base de unidad social, este problema será más difícil de solventar.
Pero en el plano institucional podemos aprovechar la gran comunicación que hay, la identificación de causa, de identidad en los objetivos, para avanzar en la coordinación, que es un presupuesto fundamental para progresar en este tema.
En lo particular, nosotros propondríamos, sobre todo en los estados que, como el nuestro, Sinaloa, padece una severa problemática acentuar el tratamiento institucional coordinado, colegiado; el establecimiento de mesas permanentes de trabajo del ámbito Federal y estatal, de procuración y administración de justicia, para hacer y llevar el análisis constante de la atención al fenómeno, de su comportamiento, de sus resultados, pero, sobre todo, de lo que tenemos que hacer de manera independiente, cada Poder, cada instancia, cada Institución, y lo que tenemos que hacer en lo factible de manera colegiada.
Finalizaría, señor Presidente, expresando que ciertamente padecemos un problema muy serio en el país, motivado por diversidad de factores que nuestras instituciones están haciendo con los mejores elementos lo mejor posible, que si bien no todo es blanco en ellas, en las instituciones de seguridad, de cualquier nivel, tampoco todo es negro como a veces se quiere hacer aparecer.
Tenemos que aprovechar todo lo rescatable, todo lo positivo; tenemos que depurar lo que nos sirve, lo que no nos ayuda. Y considero, finalmente, que este es un problema en el que podemos avanzar de manera significativa, si tenemos en cuenta que su naturaleza es de problema social, generado por las personas, no por la naturaleza y, por lo tanto, puede vencerse.
Gracias por la atención.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias licenciado Alfredo Higuera.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
-MINISTRO GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA: Gracias señor Secretario de Gobernación.
Empiezo por agradecer al señor Diputado Federal la actualización, ponernos al día esta mañana para dar a conocer que la minuta o el dictamen de la Reforma a la Constitución en Materia de Amparos se está discutiendo, precisamente, esta mañana, en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señor Presidente de la República, las preguntas que usted ha expresado esta mañana dan lugar a una serie de reflexiones. Yo quiero compartir con la Mesa las que personalmente me he hecho, con la aclaración de que son preguntas que no tienen una respuesta unívoca y que a lo mejor no todos compartimos la respuesta siquiera. Lo expreso solamente a nivel de opinión.
Con mucho sentido común pregunta usted, ante este problema tan grave de criminalidad, qué se puede hacer desde los Poderes Judiciales, o es una cuestión totalmente ajena a los Poderes Judiciales.
A título personal, sostengo que no es una cuestión ajena a los Poderes Judiciales, estamos inmersos en una sociedad, y como ciudadanos compartimos la misma problemática de todos los habitantes de las ciudades donde vivimos todos y cada uno de los jueces. Pero, además, formamos parte del Gobierno institucional y tenemos un compromiso de respuesta hacia la sociedad.
Ahora, qué se puede hacer. Yo encuentro tres acciones fundamentales que podemos desarrollar desde los Poderes Judiciales:
Acciones administrativas como órganos de Gobierno, es el caso del Consejo de la Judicatura Federal, es el caso de Consejos locales o de Tribunales Superiores de Justicia que son, a la vez, organismos de Gobierno; acciones administrativas, como los 10 compromisos que asumimos en la reunión anterior.
También podemos por la vivencia cotidiana de los problemas, es sugerir reformas legales, y en esto hemos sido históricamente proactivos en detectar problemas que genera la aplicación de la ley y sugerir la posible solución.
El Consejo de la Judicatura Federal tiene, además, la ventaja de que dentro de sus facultades está la de creación de nuevos órganos de administración de justicia, y la definición de sus competencias. Esto nos permitió, de manera un tanto audaz, generar los Juzgados de Distrito en Materia Penal Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones Telefónicas.
Podemos generar algunas acciones de carácter no solamente administrativo, cuando la Constitución nos da esta facultad; hemos definido competencias, a veces, de manera un tanto audaz ante la presencia de más de 200 mil demandas contra la Ley del ISSSTE, el Consejo determinó que se congregaran todas en un solo Juzgado de Distrito, que después fueron dos, dándole competencia territorial en toda la República.
Otro tanto hemos hecho con los jueces de proceso penal que están radicados en los lugares donde hay reclusorios de alta seguridad y de seguridad media. Estos jueces tienen competencia territorial en toda la República; y esto, para facilitar el conocimiento de las causas, que por razones de espacios físicos, de conveniencia, tienen que internarse a los detenidos en este tipo de centros de reclusión, y llevar el proceso en un juzgado distante genera muchos problemas.
En esto, es como hemos podido, desde el ámbito administrativo y dentro de las competencias que la Constitución nos da, apoyar las acciones coordinadas del Gobierno en contra de la criminalidad. Pero desde el ámbito jurisdiccional, propiamente dicho, creo que nuestra respuesta debe ser una conducta ejemplar como juzgadores. Estamos llamados al profesionalismo, a la objetividad, a la imparcialidad.
Y esto es de suma importancia. Los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia, porque en el momento en que lo hiciéramos dejaríamos de ser jueces. Nuestra cualidad esencial de jueces es la imparcialidad y juzgar con esta característica, que es atributo esencial de la jurisdicción.
Cada uno de los señores Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia estatales, probablemente pueden tener su propia opinión y sus propias respuestas a esta importantísima pregunta, tan de sentido común, tan sencilla de expresar, pero que nos mueve, como decía yo, a la reflexión.
También comentaba usted, que qué implican, qué significan, o en qué benefician las reformas constitucionales y legales a la ciudadanía.
Ahí me limito mi comentario. La Reforma Constitucional en Materia Penal, qué pretende: Recuperar la confianza social para los jueces mexicanos, a través del principio de oralidad y publicidad, que serán esenciales y de imperativa observancia en los nuevos procesos, se deben tramitar estos de cara a la sociedad, de manera abierta, y el beneficio social será que los jueces estemos expuestos a la consideración pública, y que un buen quehacer judicial nos lleve a alcanzar un grado mayor de confianza social.
Qué significan las Reformas en Materia de Amparo. La verdad, significan facilitar al Poder Judicial de la Federación la resolución de los más de un millón de asuntos anuales que ya son a su cargo; la posibilidad legal de concentrar todos los amparos en uno solo como si se tratara de una acción de inconstitucionalidad, y con una sola decisión resolver cientos o miles de casos, nos hará un Poder Judicial más eficiente en el desempeño.
Pero también, habrá una mayor ganancia social si se implementa, como se propone, el Amparo Colectivo. Hasta ahora, dentro o, más bien, generado dentro de un principio individualista y liberal, el Juicio de Amparo beneficia exclusivamente a quien lo promueva; y esto, por regla general, genera una injusticia si se trata de Amparo contra leyes. La inconstitucionalidad de la ley se declara solamente para quien tuvo la atingencia, la asesoría jurídica adecuada para ganar su Amparo, y quien no lo promovió o quien lo perdió sigue sometido al imperio de la ley que ha sido declarada inconstitucional. Solamente en este ejemplo del Amparo Colectivo, creo que el beneficio social, el impacto, es bastante relevante.
Decía usted, en un comentario, tiene algo qué ver la Reforma Penal con el aumento de criminalidad en el Estado de Chihuahua. Aquí se apuntó una consideración muy importante de parte del Secretario Técnico, don Felipe Borrego, en su Comisión Implementadora de la Reforma Penal. Tiene que llevarse de manera coordinada con todos los actores del nuevo proceso penal.
Si no hay una acción directa para que nuestra policía se convierta en una auténtica policía investigadora, que sepa resguardar todas las formalidades de un proceso de investigación; si no hay experiencia en quienes van a ejercer la labor de fiscales o de acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos, como estaba pasando en un caso emblemático del Estado de Chihuahua, que por el error en la forma de recabar una prueba estaba por decretarse la libertad, y la verdad ya no sé qué paso al final, de una persona por un delito muy grave.
Entonces, la Reforma Penal si no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que debemos participar en ella, puede generarse un riesgo de aumento de criminalidad. Esto, repito, es solamente opinión personal.
Comentaba usted también, señor Presidente, hay una gran cantidad de personas que son detenidas, pero el número de recluidos actualmente es mucho más bajo que esa cantidad. Desde mi perspectiva, esto obedece a que no todo detenido llega a ser consignado dentro del propio proceso de Averiguación Previa se determina su libertad, porque no hay méritos para formalizar una acusación; y además, los jueces dictan resoluciones, a través de las cuales liberan a otro porcentaje de quienes son consignados, bien en auto de libertad a las 72 horas, bien en sentencia absolutoria.
Comentaba yo en otra ocasión, que la actuación de la Procuraduría frente al Poder Judicial es de una alta eficiencia, porque el 85 por ciento de los asuntos donde se dicta auto de formal prisión llegan a sentencia condenatoria, es un 15 por ciento en donde los jueces Federales estiman que no se dan las pruebas suficientes para demostrar de manera irrefutable la responsabilidad del acusado.
El tema de impunidad. Qué podemos hacer desde los Poderes Judiciales para evitar este problema de impunidad. Yo lo ligo directamente con el grave problema de criminalidad y mis consideraciones son las mismas: Podemos desarrollar algunas acciones administrativas, algunas indicaciones o sugerencias para reforma de leyes, que permitan, en alguna medida, la evasión en el cumplimiento de la responsabilidad penal y ser rigurosos en la aplicación de la ley.
Le decía, señor, no son respuesta directa a sus preguntas, sino más bien una opinión personal. El señor Senador, en su intervención, nos decía que ha ocurrido con la Ley de Extinción de Dominio, está bien, está mal, podemos hacer otras cosas desde el Legislativo.
La verdad, señor Senador, es que la figura de la Extinción de Dominio que por primera vez registra nuestra Constitución, concurre con otras dos en esta decisión del Estado de incautar los bienes que son producto de actos ilícitos y que son: el abandono de los bienes y la otra, es cuando el Juez determina en sentencia firma su decomiso. Entonces, está: abandono de bienes, decomiso y, además, Extinción de Dominio. Tienen distintas oportunidades y circunstancias de funcionamiento.
Y lo que puedo comentarle a usted es que en la experiencia del Poder Judicial de la Federación, la Extinción de Dominio es una figura de poco uso. Por disposición legal, creamos un juzgado especializado, es un Juzgado de Distrito en Materia Civil especializado en Extinción de Dominio. No tengo el dato exacto del número de casos que lleva, pero no llegan a 10 con toda seguridad, entonces, son tan pocos, que tuvimos que ampliar su conocimiento jurisdiccional para no incurrir en desperdicios de recursos humanos y destinar un órgano jurisdiccional al tema como lo marca la ley, pero aprovecharlo para que resuelva mucho más asuntos de los que corresponden a la Extinción de Dominio.
Está en observación. La Suprema Corte acaba de validar, en un estudio de constitucionalidad, el Código Penal de Veracruz, la figura del abandono con el requisito de audiencia, así sea por edictos, pero esta figura, entiendo, que es la que ha sido de mayor eficacia que las otras dos.
Estos son mis comentarios a la Mesa y quedan a su consideración.
Gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
En seguida, tiene el uso de la palabra el licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República.
Tiene el uso de la voz.
-LIC. ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ: Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; distinguidos integrantes de la mesa y asistentes. Muy buenos días.
Efectivamente, la gravedad del fenómeno delincuencial que enfrentamos obligó a una participación decisiva del Estado, con toda su fuerza.
Y subrayo eso. Fue precisamente, la nueva manifestación de la delincuencia, que empieza a corroer las estructuras básicas del Estado, la que obliga al Estado, al Gobierno Federal, a participar con toda su fuerza en labores, primero, de contención; y, ahorita, a través de estos diálogos, al fortalecimiento de sus instituciones.
Desde luego que esta nueva manifestación del fenómeno también ha migrado la forma de actuación de los delincuentes. Anteriormente había grupos delictivos, que prácticamente circunscribían sus ilícitas acciones a cuestiones de delitos contra la salud, del narcotráfico. Había otros grupos delictivos que afectaban a la sociedad a través del robo, Y así las diferentes expresiones delictivas respondían a grupos absolutamente independientes.
En la actualidad, el fenómeno delincuencial prácticamente se ha homogenizado. Las bandas ya, particularmente, de delincuencia organizada y del narcotráfico se han empoderado de otro tipo de expresiones delictivas. Es claro que los delincuentes no reconocen, ni fueros, ni límites territoriales y, por tanto, es obligación de todos los que integramos el Estado Mexicano, sea en los tres Poderes o en los tres niveles de Gobierno, el coordinarnos, de tal manera, que no generemos ningún espacio que pueda significar una ventaja para la proliferación del fenómeno delictivo.
Esto, precisamente, se ve correspondido, este esfuerzo, en una serie de modificaciones y reformas legales a las que se ha hecho alusión de manera prolija y muy, muy acertada en esta Mesa. Y que empezaría por mencionar el nuevo Sistema de Justicia Penal, que actualmente se ha implementado en ocho entidades federativas de la República, con diferentes interpretaciones de lo que son los principios de gradualidad y de integralidad que deben de regir su aplicación. Y algunas de estas interpretaciones son las que han significado en que en los hechos no se den los resultados esperados.
Ciertamente, el objetivo del Constituyente Permanente, que compartimos, desde luego, es proveer a los mexicanos de una justicia más pronta y expedita, y darle migrar la figura del Ministerio Público a la de Fiscal, para que el Juez de Oralidad conozca por primera vez, durante la audiencia, las pruebas que se imputan a una persona, y de esta forma resuelva de una manera muy imparcial.
Este tema se ha abordado a profundidad en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y actualmente se está concluyendo un ejercicio en el que estamos recopilando las diferentes experiencias que los estados que se adelantaron ya en sus reformas legislativas y en la aplicación del sistema, han tenido. Generosamente, las Procuradurías nos han proporcionado los datos, y en ellos nos sustentamos para realizar la afirmación que aquí, hace un momento expusimos.
En lo que se refiere al ámbito Federal, desde luego, que es imprescindible el que contemos ya con un Código de Procedimientos Penales; y como lo han mencionado los señores Consejeros, y desde luego el señor Presidente de la Suprema Corte, tenemos reuniones frecuentes para analizar, junto con el licenciado (Felipe) Borrego, lo que son los avances y la manera como lo vamos a empezar a implementar a nivel Federal.
Sí, es importante el profundizar y el seguir profundizando en este análisis porque, efectivamente, hay entidades en donde, no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo Sistema de Justicia Penal.
El análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales; y, desde luego, sus resultados están siendo compartidos también con la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, con la CONATRIB.
La idea de compilar estas experiencias es diseñar un protocolo que permita aterrizar con más éxito la reforma en las entidades que aún no lo tienen, evitando el que, precisamente, estas deficiencias se puedan repetir.
Otro tema que se ha abordado aquí y es muy importante subrayar, es el que tiene que ver con las reformas a la Ley de Salud en materia de Narcomenudeo. Hace unos días se expuso, precisamente, ante los representantes de la CONATRIB, por parte del Consejo Mexicano para la Prevención de Adicciones, la estrecha vinculación que existe entre la comisión de delitos del fuero común y la farmacodependencia y, dentro de la farmacodependencia, lo que es el narcomenudeo.
Como sabemos, la mayor expresión delictiva que afecta a la sociedad es el robo que concentra arriba del 50 por ciento de los delitos y, que desde luego, vulnera la tranquilidad y la percepción de seguridad de la ciudadanía.
La vinculación que existe entre el narcomenudeo y la farmacodependencia y el robo, es muy estrecha. Por esa razón, en agosto del año pasado, se legisló generando la competencia concurrente, y de acuerdo con los transitorios de la misma legislación, en agosto de este año entrará en pleno vigor, incluso, de acuerdo con algunas tesis que sobre el particular ha emitido el Poder Judicial de la Federación.
Este tema, como lo han afirmado los señores Magistrados, representa preocupación en las entidades. Nosotros subrayamos la corresponsabilidad que debe de existir, plena entre las Procuradurías de los estados, la Procuraduría General de la República, entre los Tribunales de los Estados y la Suprema Corte, para la atención de este delicado tema, de este delicado asunto.
Y para esos efectos, diseñamos los Centros de Operación Estratégica, en donde buscamos potenciar, sinergizar los esfuerzos, a través de una integración de células mixtas de atención a este flagelo, que al mismo tiempo generen inteligencia, para así combatir eficazmente el narcomenudeo, pero también, para detectar y ubicar las bandas delincuenciales de robo y asalto y daño que están muy correlacionadas con este delito.
Constantemente, señor Presidente, revisamos las figuras que la ley nos da con el Poder Judicial y somos testigos de la eficiencia del trabajo de los Jueces de Control en Cateos, Arraigos, Intercepciones Telefónicas, que cada vez agilizan más sus resoluciones para responder con mayor celeridad a las exigencias de seguridad de la ciudadanía.
En lo que se refiere expresamente a Extinción de Dominio, a la que hizo alusión el señor Senador, es una figura que se ha utilizado poco, como bien comentaba el Ministro Presidente; esencialmente porque en su configuración hay una estrecha vinculación entre lo que es la averiguación previa, que constituye los documentos base de la acción para el ejercicio de la acción de Extinción de Dominio que se maneja por la vía civil.
El Artículo XVI del Código de Procedimientos Penales nos obliga a la secrecía del contenido de la averiguación y, sin embargo, ésta tiene que ser vertida dentro de un Juicio Civil, dejando a potestad del Juez Civil el que decrete o no su secrecía. Entonces, nos representa en la práctica una serie de problemas. Desde luego, estamos trabajando en una propuesta de iniciativa para tratar de superar estos escollos.
Y, en la práctica, la figura que está teniendo más éxito, sin lugar a dudas, es la de abandono, por la agilidad y la contundencia. Sin embargo, la figura de Extinción de Dominio nos da una potencia mucho mayor que el abandono, porque nos permite ampliar el rango de afectación a otras áreas patrimoniales del delincuente.
De suerte, que con algunas modificaciones que nos vamos a permitir sugerir, creemos que va a ser una herramienta muy importante en el combate a la delincuencia.
En lo que se refiere a propuestas, yo creo que es importante, y esto lo rescatamos de, precisamente, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el recuperar el arraigo para las Procuradurías estatales.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias Procurador.
Haré una recomendación del tiempo para tener la oportunidad de poder agotar las participaciones.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Juan Carlos Cruz Razo. Enseguida también, tenemos registrado al Magistrado Edmundo Román Pinzón. Son las dos participaciones registradas.
Le damos el uso de la palabra al licenciado Juan Carlos Cruz Razo, Consejero de la Judicatura Federal.
-LIC. JUAN CARLOS CRUZ RAZO: Gracias señor Secretario de Gobernación.
El señor Presidente de la República; señor Presidente de la Suprema Corte; distinguidos representantes del Poder Legislativo y asistentes a este Diálogo por la Seguridad.
Deseo agradecer la invitación a participar en él, porque es trascendental y fundamental que la opinión de juzgadores se escuche en este tipo de foros.
Es sumamente importante, y no cabe ninguna duda de ello, de que la Reforma Constitucional en Materia Penal es uno de los elementos más trascendentales en el combate a la delincuencia, porque es esta materia la que mayor incidencia y un impacto social más directo tiene en todos los estratos sociales.
Sin embargo, un Diálogo por la Seguridad no debe de pasar por alto que la seguridad no radica única y exclusivamente en la materia penal. La seguridad jurídica en su conjunto, implica una seria revisión de nuestro Sistema Jurídico y de las propuestas que deben formularse en materias de propiedad industrial, en materia agraria, en materia laboral, de competencia económica, tributaria, etcétera; porque son todas estas materias las que influyen y tienen su vertiente final en los problemas de seguridad pública que estamos afrontando.
Ojalá que estos Diálogos por la Seguridad también puedan avocarse en otro momento, desde luego, a poder abordar toda la problemática existente en estas materias, y que se pueda advertir, claramente, en los problemas de justicia.
Desde un punto de vista muy personal; considero que uno de los principales problemas de la seguridad pública y de la soluciones que pueden darse a los problemas de seguridad pública radica en la unificación del Sistema de Justicia Federal, hoy día tenemos justicias Federales dispersas en el ámbito del Poder Ejecutivo y en el ámbito del Poder Judicial, que provoca una dilación en la solución de los conflictos, a veces de muchos años y esta tardía justicia no constituye una auténtica justicia.
Por ello, reitero, es muy importante que estos foros se amplíen hacia esas materias y podamos tener un verdadero análisis de conjunto de todas estas materias que inciden en el desarrollo económico.
Qué podemos hacer en materia de justicia los juzgadores. Creo que yo que fortalecer la carrera judicial, porque en los principios que inspiran a ésta, de excelencia, profesionalismo, independencia y autonomía, son los auténticos valores que nos permiten resistir los embates de la delincuencia y del crimen organizado.
Qué necesitamos, entre otras cosas, para hacer frente a esta problemática. Ya había hecho mención de ello el señor Presidente de la Suprema Corte y el Consejero Cabeza de Vaca, y también los Tribunales estatales, representados en esta mesa, es una asignación presupuestal que nos permita realizar una auténtica y verdadera planeación estratégica.
Pongo solamente un ejemplo: el Consejo de la Judicatura Federal, el año pasado había realizado estudios y determinado que era necesario establecer un número aproximado de 59 órganos jurisdiccionales, las limitaciones presupuestales, que lo entendemos como un fenómeno nacional, desde luego, sólo nos permitirán instalar 17 órganos para este año, y estamos haciendo verdaderos esfuerzos para que este número se incremente a cuatro más. Pero estas medidas que no nos permiten tener una adecuada planeación, inciden en estos problemas de seguridad pública, sin duda alguna, también.
Por ello, reiteramos que es muy necesaria realizar esta planeación estratégica, no sólo en el Poder Judicial Federal, sino también en los Poderes Judiciales estatales para atender los reclamos sociales con prontitud y oportunidad, y tener una justicia de calidad.
El Sistema de Carrera Judicial que ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, con base en las normas y directrices que le ha dictado el Poder revisor de la Constitución está dando sus frutos y lo ponemos a disposición, desde luego, de los Tribunales estatales, de las Procuradurías y de los Sistemas de Seguridad Pública, porque considero que son estos sistemas y esta auténtica carrera lo que nos puede permitir hacer frente a nuestros problemas de seguridad.
La educación, la excelencia, el auténtico conocimiento de lo que es el servicio público es lo que nos puede permitir afrontar los retos en materia de seguridad.
Concluyo aquí, para ser breve.
Muchas gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, licenciado.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Magistrado Edmundo Román Pinzón, Tercer Vicepresidente de la Región Centro de CONATRIB.
-MAGISTRADO EDMUNDO ROMÁN PINZÓN: Gracias señor Secretario. Señor Presidente de la República; señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia; distinguidos integrantes de la Mesa.
Señor Presidente:
La creación del Sistema Acusatorio Adversarial, evidentemente, que la sociedad lo está aceptando. Guerrero ha hecho lo propio en la difusión, recorriendo regiones propias, haciendo con lenguaje amigable una exposición del mapeo procesal y es, precisamente, la que está empujando la reforma, porque hay severas reacciones de la sociedad jurídica.
Es importante también destacar que me siento halagado de esta invitación, porque siempre históricamente no se conceptualizaba a los Tribunales como integrantes de Seguridad Pública. Es importante.
Efectivamente, en casos cuando llega un Tribunal es cuando, si me vale la expresión, es una revisión que se hace a todo lo que es cuando se conforma un delito, y se da con él o los responsables. De ahí, la importancia a esta transformación o la inmigración que se comenta a un nuevo sistema donde se va a transparentar lo que se hace en un equilibrio de las partes que van a intervenir en ese conflicto procesal.
Yo reitero que una de las medidas que deberíamos tomar es lograr ese anhelo de una garantía judicial, que es tener la autonomía presupuestal y a los Tribunales, necesaria para no estar año con año estar cabildeando para pedir que se nos incremente tal porcentaje.
También es importante destacar que el 18 de junio del 2008 se hizo latente esta reforma, y como una manera de demostrarles a ustedes que los Tribunales del país a tres meses de su reforma, el 16 de septiembre del 2011, creo que fue como que el veinteavo borrador que hicimos, se logró, ya, por unanimidad aprobar el Código Modelo. Como respuesta, precisamente, y el reflejo Nacional de que los Tribunales no queremos evitar esa responsabilidad, sino asumirla con mucha responsabilidad.
El problema, que lo quiero dejar aquí, porque eso sirven este tipo de invitaciones. Con todo respeto lo voy a comentar. Que desde 1993 se han hecho reformas a la Constitución, y ahora parece la modalidad como que ahora se está legislando desde el Federal, del centro hacia los estados, creando más responsabilidades, más carga de trabajo. Bienvenidas, pero queremos ser congruentes con las mismas. Y también se respeten los transitorios.
Quiero destacar enunciativamente que se crearon ya reformas o garantías, a las víctimas: la Ley de Adolescentes, el Sistema Acusatorio Adversarial, ahora narcomenudeo; y ya está en puerta la oralidad, en el Código de Comercio. Solamente para ejemplar en qué pocos años tenemos una carga de trabajo que, repito, no estamos rechazándola, simplemente ser congruentes en su integridad.
Me parece importantísimo el Sistema Acusatorio Adversarial, pero también, hay que retomar que no es simplemente ir por las etapas de investigación: intermedia, juicio oral y ejecución.
Los estados ahorita estamos comprobando que el éxito de la reforma es, que entre menos asuntos lleguen a la etapa de la oralidad, es que el sistema funciona, pero esto va dirigido a los delitos no graves, porque los delitos graves van por sistemática, se va a aplicar la prisión preventiva oficiosa.
Qué implica esto, señores. Que van a crearse las mediaciones, conciliaciones, que son las salidas alternas, y también se podrían incluir los juicios abreviados. Es decir, tenemos que fortalecer, crear y fortalecer, y ahí viene de la mano el cambio de cultura, en estos mediadores, donde vamos a provocar que las partes realicen voluntariamente una autocomposición.
Y si logramos, en su momento o a futuro, que esto funcione, lo ideal es que llegue, que se fructifique la justicia restaurativa. A qué va la justicia restaurativa; porque hay una confusión, que creen que es lo mismo que mediación.
La justicia restaurativa implica que logremos sanar el círculo de violencia en la parte acusada, y el círculo de daño en la victima. Ese es el ideal. Y esas son las mejores prevenciones del delito que podemos llevar los Tribunales, pero ningún estado de la República lo hemos logrado por tanta carga que se nos está acumulando, aunado a la tradicional que tenemos.
Nada más como ejemplo, el Juez de Ejecución, estamos hablando que ya se va a vencer, viene menos en de un año, pero no es solamente la figura del Juez de Ejecución, implica la capacitación o creación de nuevos operadores, del sistema, que tiene que ver con el centro de internamiento.
Cómo van a dar cuenta, cómo van a cumplir el mandamiento del Juez de Ejecución, los auxiliares del Juez de Ejecución. Hablamos de presupuesto que implican necesariamente la capacitación.
Un ejemplo, y tengo que ponerlos, señores, de ejemplo, ahorita. Las consignaciones que hacen de adolescentes en Juzgados de Adolescentes estatales, no lo hacen con el Sistema Acusatorio Adversarial.
Entonces, qué hace un Juez de Adolescentes, que tiene incluso su sistema acusatorio. Va a crear impunidad, y más cuando viene un adulto. Es un caso real que estamos viviendo los estados de la República.
-PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA: Puede repetir eso Magistrado.
-MAGISTRADO EDMUNDO ROMÁN PINZÓN: Sí señor. Existe la competencia adolescente la tenemos los estados, porque cada uno, salvo Guerrero, que no la tenemos, tenemos la competencia adolescente, delitos Fuero Común y Fuero Federal.
Si bien un asunto de delito grave, la consignación viene tradicional, como tradicionalmente, por decir, el penal ahorita.
Entonces, qué hace un Juez de Ejecución con la incorporación de un nuevo sistema, que no tiene nada que ver con lo tradicional. Podríamos genera impunidad también. Entonces, la sociedad dónde le pega. Al Poder Judicial Estatal. Entonces yo sí alabo este momento porque es importante.
Estamos en comisiones con la Procuraduría, también estamos trabajando para ver la forma de equilibrar esta situación que a todos nos involucra.
Y por eso, quiero hablar de otra reflexión. Que a la reforma es pareja en todos los estados de la República, sin embargo, cada estado tiene diferente naturaleza, diferente geografía, lo comentaba Juan Gabriel, Magistrado: diferentes economías, diferentes culturas. Solamente pido comprensión. En que se dé un trato igual a los estados desiguales. Esa compresión también deberíamos tener en esa implementación. No hay un solo estado de la República que no quiera comenzar a implementar las nuevas reformas.
Y por último. El Consejero acaba de hablar que no es únicamente de la materia penal. Efectivamente.
En Guerrero, le quiero comentar, que estamos por implementar el Centro de Atención al Usuario Judicial, lo que usted conocen como Centro de Atención a Víctimas pero ampliado al activo, al violentador, porque entonces a veces hay delitos de querella que son perdonables y ahí se va, y entonces empeora la situación, y ahí generamos focos alarmantes porque se agrava la situación familiar o de comunidad.
Entonces, psicólogos que estamos incrementando es para hacer terapias y lograr también en convivencia familiar que tiene que ver con separación de parejas, que el niño crezca, sepa crecer con padres separados, y los padres sepan convivir con un hijo, de por medio entre ambos.
Esa es otra modalidad de la prohibición del delito. Pero que por las prisas, por tantas reformas, yo sí exhortaría que también se exigiera darle cumplimiento, por ejemplo, al Octavo Transitorio, donde se habla que se debe dar a partir del siguiente presupuesto de la Reforma Constitucional, dar presupuestos, incluso, particularizan para qué conceptos se debe de dar el rubro del Presupuesto Federal y estatal.
Y otro, permítame para terminar. Finalizando, señores, que orgullosamente los Tribunales del país tenemos desde hace dos años, estamos certificados para capacitar en toda las reformas que han implementado el Constituyente Permanente.
Gracias a todos.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, Magistrado.
Enseguida tiene el uso de la palabra el Magistrado Etienne Llano, Segundo Vicepresidente Región Norte-Centro de CONATRIB.
Tiene el uso de la palabra.
-MAGISTRADO ALEJANDRO ETIENNE LLANO: Gracias, señor Secretario.
Señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; señor Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia; distinguidos miembros de esta mesa y auditorio.
Antes que nada, yo quisiera decirle que, por supuesto, los Tribunales nos sumamos a esta convocatoria que usted hace, y ver de qué manera podemos participar en este problema que a todos aqueja.
Creo que el Ministro Presidente de la Corte, ya también, puntualizó de una manera muy clara la forma que los tribunales podríamos hacerlo. Yo quisiera aprovechar este espacio, también, para expresarle una gran preocupación que tenemos los tribunales con relación, particularmente, a las reformas derivadas del narcomenudeo.
Ahorita acaba de señalar el señor Procurador General del inicio de vigencia ya en agosto, y si bien parece ser que ha habido algunas discrepancias en cuanto a la interpretación de algunos de los transitorios, si es un año o tres años; lo importante, y así lo hemos establecido en algunas reuniones de trabajo, es que los estados asumamos esta competencia cabalmente.
Nosotros los Tribunales lo vemos con gran preocupación porque al asumir esta competencia, para la cual hoy no estamos preparados, creemos que nos va a generar serios problemas.
Hace un momento, el Presidente de la República señalaba la necesidad de que a los juzgadores se les garantice, también, las condiciones de seguridad para que en el momento de resolver, no se vean presionados para resolverlo de acuerdo a criterios distintos de la imparcialidad que debe prevalecer en todo juzgador.
Esta preocupación la tenemos, porque en los Tribunales locales lamentablemente, no tenemos las fortalezas y recursos con que se cuenta en el Poder Judicial Federal, e incluso, en el Poder Ejecutivo Federal.
Lamentablemente y, aquí tal vez, sea un poco reiterativo de lo que algunos de mis compañeros han señalado; la carencia de recursos nos ve limitados para afrontar cabalmente estas reformas.
En el Estado de Tamaulipas, afortunadamente, tenemos ya garantizado, Constitucionalmente el presupuesto. Pero esto no es suficiente, porque ha habido una serie de reformas a los ordenamientos legales Federales que inciden de una manera u otra en las estructuras administrativas que tenemos para hacerle frente, y no son suficientes los recursos.
Ciertamente, los Poderes, los estados tienen la obligación Constitucional de proveer los recursos a los Poderes Judiciales locales, pero ante lo limitado de estos y ante la competencia que se nos está derivando por ordenamientos Federales, yo sí quisiera hacer el planteamiento de que si se hace una revisión para canalizar dentro de los recursos que regularmente se derivan a los estados, poderes, recursos ya etiquetados para los Poderes Judiciales locales.
De otra forma, difícilmente podemos asumir cabalmente estas importantes reformas que se están haciendo, especialmente en materia de narcomenudeo. Mi compañero Magistrado ya refirió también las derivadas de la oralidad en materia mercantil, las derivadas de Justicia para Adolescentes, en fin.
Hay un sinnúmero de ordenamientos que se han ido modificando, que nosotros tenemos que tener cambios administrativos y legales hacia dentro de los Poderes Judiciales, pero que sin los recursos necesarios para ellos, difícilmente podríamos abordarlos cabalmente.
Y es cuanto lo que quisiera comentar, muchas gracias.
-SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias Magistrado. Para concluir esta parte de los diálogos tiene el uso de la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. (aparte)
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